PROPUESTA CIUDADANA EN EL MARCO DE LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA

La presente aportación se realiza al amparo del artículo 60.1 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, con el objeto de trasladar una propuesta concreta para su consideración en la elaboración del Anteproyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Comunidad de Madrid.

Sobre la naturaleza del trabajo investigador y su compatibilidad con el trabajo a distancia

Una parte significativa del personal investigador vinculado al sistema madrileño de ciencia e innovación desarrolla una actividad cuya naturaleza es plenamente compatible con el trabajo a distancia: análisis de datos, redacción y revisión de publicaciones científicas, elaboración de informes y propuestas de proyectos, revisión bibliográfica, modelización computacional, participación en reuniones y congresos virtuales, entre otras tareas habituales en numerosas disciplinas. Para este colectivo, la obligación de desplazamiento presencial al centro de trabajo, cuando la totalidad o la mayor parte de sus funciones pueden ejercerse con igual eficacia desde un entorno remoto, supone una pérdida de tiempo productivo, un coste personal y económico injustificado, y una rigidez organizativa que no responde a las necesidades reales del trabajo científico moderno.

Esta situación se agrava en el contexto actual de episodios de calor extremo, cada vez más frecuentes e intensos en la Comunidad de Madrid, que generan condiciones adversas para el desplazamiento y para el trabajo en determinados espacios físicos, con el consiguiente impacto sobre la salud, el bienestar y la productividad del personal.

Propuesta concreta

Se propone que la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Comunidad de Madrid incorpore de forma expresa el reconocimiento del trabajo a distancia como modalidad ordinaria para el personal investigador cuyas funciones sean objetivamente compatibles con su ejercicio en remoto, con los siguientes elementos:

En primer lugar, el establecimiento de un derecho al teletrabajo para el personal investigador cuya actividad no requiera presencia física en instalaciones, laboratorios o equipamientos específicos, garantizando que la modalidad presencial se reserve para aquellas tareas que la justifiquen de forma real y objetiva.

En segundo lugar, la implantación de mecanismos de supervisión y evaluación del rendimiento basados en resultados y producción científica, y no en el control horario de la presencia física, en línea con los estándares de las instituciones científicas europeas de referencia y con la naturaleza propia de la actividad investigadora.

En tercer lugar, la obligación de que los centros e institutos de investigación financiados con fondos públicos cuenten con políticas de trabajo a distancia formalizadas, claras y no discrecionales, que eviten la disparidad de criterios entre centros y garanticen la igualdad de trato del personal.

Conclusión

La modernización del marco jurídico del sistema científico madrileño que persigue esta ley no puede limitarse a aspectos de gobernanza o financiación. Debe también actualizar las condiciones en que se desarrolla el trabajo investigador, adaptándolas a la realidad del siglo XXI. Permitir el teletrabajo donde es posible no es una concesión, sino una medida de eficiencia, de salud laboral y de coherencia con los valores de un sistema científico que aspira a ser competitivo y atractivo para el talento.

APORTACIONES A LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA

Anteproyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Comunidad de Madrid

Presentan: Grupo de investigadores en etapa postdoctoral (R2) del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Trámite: Consulta pública previa (artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Plazo de presentación de aportaciones del 19 de junio al 9 de julio de 2026, ambos incluidos.

Consejería competente: Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Viceconsejería de Universidades, Investigación y Ciencia.

Presentación y legitimación

El presente documento recoge las aportaciones del colectivo de investigadores e investigadoras en etapa postdoctoral (R2, según la clasificación de la Comisión Europea) que desarrollan su actividad en el IRYCIS, instituto de investigación sanitaria acreditado por el Instituto de Salud Carlos III. Como colectivo directamente afectado por la futura norma, en los términos previstos para el trámite de consulta pública previa, consideramos oportuno trasladar nuestras observaciones con el fin de contribuir a orientar el contenido del Anteproyecto.

La Ley 5/1998, de 7 de mayo, vigente en la actualidad, es anterior a la consolidación del modelo de institutos de investigación sanitaria y no refleja la realidad actual de un colectivo numeroso (estimado en más de 3000 investigadores postdoctorales que representan en torno a un 15% de los investigadores regionales), altamente cualificado, contratado en convocatorias competitivas y con financiación competitiva propia, que sin embargo carece hoy de un encaje estable dentro del sistema regional de investigación e innovación. Las medidas que se proponen se formulan atendiendo prioritariamente a su impacto sobre la competitividad, la capacidad de captación de fondos y el retorno de la inversión pública del sistema madrileño de investigación e innovación. Las aportaciones que se exponen a continuación se estructuran asimismo conforme a los cuatro apartados de la memoria de la consulta y se vinculan expresamente con los objetivos que la propia memoria declara: promover la excelencia, impulsar la transferencia y valorización del conocimiento, reforzar el papel de los agentes del sistema y del personal vinculado a dichos agentes, favorecer la internacionalización y avanzar en la simplificación del marco regulador.

1. Problemas que se pretenden solucionar

Compartimos el diagnóstico de la memoria sobre la necesidad de un marco jurídico completo y actualizado. Desde nuestra experiencia como personal investigador en etapa postdoctoral del sistema sanitario madrileño, identificamos los siguientes problemas estructurales que afectan a la competitividad del sistema y que la nueva Ley debería abordar de forma expresa:

Invisibilidad de los institutos de investigación sanitaria. El marco vigente no reconoce a los institutos de investigación sanitaria como agentes del sistema regional. En la práctica, el IRYCIS opera a través de su fundación de gestión, sin un reconocimiento jurídico autonómico propio, lo que diluye su papel y el de su personal dentro del sistema madrileño de ciencia.

Discontinuidad de la carrera postdoctoral y paradoja del investigador principal. Existe un vacío crítico entre la finalización de los contratos postdoctorales competitivos (por ejemplo, los Sara Borrell o Juan de la Cierva de ámbito estatal) y el acceso a una posición estable o a una ayuda de consolidación. Este vacío provoca la pérdida de personal altamente formado justo en su etapa de mayor productividad. Una de sus manifestaciones más ineficientes se da cuando un investigador en etapa postdoctoral obtiene financiación competitiva como investigador principal de un proyecto (del Instituto de Salud Carlos III, de la Agencia Estatal de Investigación o de la Unión Europea): el sistema actual le confía la dirección de esos fondos y la contratación de su equipo, pero no le proporciona una vía estable para cubrir su propio salario durante la ejecución del proyecto que la misma persona ha captado, con el consiguiente riesgo de pérdida del proyecto y del talento que lo ha atraído a la región.

Traslado del coste de las cuotas patronales de la Seguridad Social. La financiación competitiva de proyectos suele cubrir las retribuciones del personal contratado para su ejecución, pero no siempre la totalidad de las cuotas patronales a la Seguridad Social asociadas a esos contratos. Cuando ni la convocatoria ni la entidad gestora del centro asumen el coste, este recae de facto sobre el investigador principal, que carece normalmente de medios para sufragarlo dado que difícilmente resulta asumible con cargo a la propia financiación pública del proyecto. Las consecuencias de esta disfunción trascienden al investigador y afectan al conjunto del sistema madrileño en varios planos. En el plano de la captación de fondos, penaliza especialmente a los grupos liderados por personal en etapa postdoctoral, cuyos presupuestos son más ajustados, y desincentiva la concurrencia a convocatorias competitivas, reduciendo el volumen de financiación externa que la región es capaz de atraer. En el plano de la ejecución, compromete la viabilidad económica de proyectos ya concedidos y merma la capacidad de la Comunidad de Madrid para materializar los fondos que ha logrado captar. En el plano del talento, agrava la paradoja del investigador principal descrita más arriba y refuerza los incentivos para que los investigadores más competitivos desarrollen su actividad en otras regiones o países donde este coste está cubierto. El resultado agregado es una pérdida de competitividad y de retorno de la inversión pública del sistema regional de investigación e innovación.

Falta de portabilidad entre entidades. La movilidad del personal investigador entre universidades, institutos de investigación sanitaria, el Servicio Madrileño de Salud y los organismos públicos de investigación implica con frecuencia la pérdida o el reconocimiento insuficiente de méritos, experiencia y derechos acumulados. Esta fricción interna desincentiva la circulación de talento entre agentes del propio sistema madrileño, que debería ser una fuente de enriquecimiento mutuo, y empuja a los investigadores más competitivos hacia otras regiones o países donde su trayectoria se reconoce sin discontinuidades. El resultado es que la Comunidad de Madrid dificulta la retención del capital humano en el que ya ha invertido y debilita la cohesión de su propio ecosistema de investigación.

Ausencia de reconocimiento del personal técnico y de gestión de la I+D. El personal técnico y de gestión constituye un elemento esencial para el funcionamiento y la competitividad del sistema de investigación. Sin embargo, perfiles hoy imprescindibles para la competitividad científica (gestores de proyectos, personal técnico de plataformas y personal especializado en gestión y análisis de datos) carecen de un reconocimiento y encaje estable, y su continuidad depende con frecuencia de la financiación asociada a proyectos concretos. Esta precariedad impide al sistema madrileño consolidar capacidades estratégicas que son acumulativas por naturaleza, provoca la pérdida recurrente de conocimiento especializado cada vez que un contrato finaliza y merma la capacidad de la región para ejecutar proyectos y competir por fondos que exigen infraestructuras y equipos técnicos estables.

Inadecuación de las infraestructuras de soporte a la actividad investigadora. El personal investigador de los institutos de investigación sanitaria desarrolla su labor sobre infraestructuras y servicios (espacios, equipamiento, sistemas de información, correo institucional, redes y procedimientos de gestión) diseñados prioritariamente para la actividad asistencial y administrativa del sistema sanitario, y no siempre adaptados a las exigencias de la investigación científica. Esta inadecuación limita la productividad de los grupos, dificulta el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad que imponen las convocatorias competitivas y los consorcios internacionales, y resta eficiencia al retorno de la inversión que la región realiza a través de sus institutos.

2. Necesidad y oportunidad de la norma

Coincidimos en que la aprobación de una nueva Ley es necesaria para adecuar el marco regional a la Ley 14/2011, de 1 de junio, y a la normativa de la Unión Europea. Más allá de esta adaptación, la reforma constituye una oportunidad para corregir los problemas señalados y para situar a la Comunidad de Madrid a la altura de otras comunidades autónomas que ya han desarrollado instrumentos eficaces de carrera investigadora y de atracción y retención de talento. La experiencia comparada que se cita en el apartado siguiente demuestra que estas medidas son viables en el marco competencial autonómico y que su ausencia coloca a la región en desventaja para retener y atraer investigadores. En particular, la nueva norma debería corregir disfunciones que el marco actual no resuelve, como la pérdida de proyectos y talento por falta de continuidad del personal que capta financiación competitiva, con el consiguiente impacto sobre la capacidad científica y la competitividad del sistema.

3. Objetivos: propuestas concretas

Proponemos que el Anteproyecto incorpore las siguientes medidas, estructuradas según los objetivos declarados en la memoria. Para cada una se indica, cuando procede, la experiencia autonómica que sirve de referencia.

3.1. Agentes y ámbitos estratégicos del sistema

1. Reconocimiento expreso de los institutos de investigación sanitaria. Que la Ley reconozca a los institutos de investigación sanitaria acreditados por el Instituto de Salud Carlos III, y a sus fundaciones de gestión, como agentes de pleno derecho del sistema madrileño de investigación e innovación, con reconocimiento de la especificidad de su personal, compartido entre el sistema sanitario, la universidad y las fundaciones. Este reconocimiento es la condición previa sobre la que se sostienen el resto de las medidas propuestas.
2. Reconocimiento y adecuación de la investigación clínica y traslacional. La Ley debería reconocer expresamente la investigación clínica y traslacional como un ámbito estratégico del sistema madrileño de investigación e innovación, favoreciendo la integración entre asistencia sanitaria, investigación y docencia, así como la colaboración entre los institutos de investigación sanitaria, el Servicio Madrileño de Salud, las universidades y los organismos públicos de investigación. Este reconocimiento debería comportar que las infraestructuras y servicios de soporte sobre los que se desarrolla la actividad investigadora en el entorno sanitario (espacios, equipamiento, sistemas de información y procedimientos de gestión) atiendan de forma efectiva las necesidades específicas de la investigación, y no únicamente las derivadas de la actividad asistencial, garantizando que los institutos dispongan de las condiciones materiales y técnicas necesarias para competir en el entorno científico nacional e internacional.

3.2. Personal vinculado a los agentes del sistema

3. Programa autonómico de continuidad postdoctoral. La ley debería prever la creación de un instrumento regional que facilite la continuidad del personal investigador entre la finalización de un contrato postdoctoral competitivo y el acceso a una posición estable o a una ayuda de consolidación. En particular, este instrumento debería atender de forma prioritaria la paradoja ya señalada en el apartado primero: que una persona en etapa postdoctoral pueda dirigir fondos competitivos y financiar a su equipo, pero carezca de una vía estable para mantener su propio contrato o salario durante la ejecución de ese mismo proyecto. Con este fin, se propone que la Comunidad de Madrid articule un mecanismo de apoyo mediante cofinanciación o complemento autonómico que permita retener en la región los proyectos y la financiación ya captados de fuentes estatales y europeas, evitando que la falta de continuidad del investigador que los ha obtenido se traduzca en la pérdida de fondos externos atraídos al sistema madrileño. Dicho mecanismo aseguraría la continuidad del investigador principal al menos durante el periodo de ejecución del proyecto concedido, con las condiciones y límites que se establezcan. La concreción del instrumento (cofinanciación, complemento, contrato puente u otras fórmulas) podría determinarse reglamentariamente. La Comunidad Valenciana ofrece un precedente próximo: dentro de su Plan GenT ha establecido líneas específicas para dar continuidad al personal investigador al concluir su contrato competitivo.
4. Itinerario de estabilización con criterios públicos y predecibles. Que la Ley habilite y cofinancie, en el ámbito del sistema sanitario y en coherencia con la modalidad de contrato indefinido vinculado a actividades científico-técnicas de la legislación estatal, un itinerario de estabilización con hitos de evaluación públicos y predecibles. La predictibilidad de la carrera es determinante para atraer y retener talento. Como referencia, Andalucía ha articulado mecanismos que permiten dar continuidad al personal investigador, asumiendo el compromiso de creación de plazas estables exigido en programas competitivos nacionales. En este sentido, el programa Miguel Servet del Instituto de Salud Carlos III exige, ya en el momento de la solicitud, el compromiso formal (suscrito por el centro y, cuando la creación de la plaza depende de ella, por la propia comunidad autónoma) de crear un puesto permanente que pueda ocuparse de forma inmediata al finalizar el contrato; Andalucía ha asumido ese compromiso a través del Servicio Andaluz de Salud y de sus propios programas de estabilización, situando la estabilización entre las prioridades de su estrategia regional de I+D+i en salud. Proponemos incorporar este principio a la norma madrileña corrigiendo su principal debilidad, esto es, acompañándolo de la dotación presupuestaria autonómica que garantice su cumplimiento efectivo, de modo que el compromiso de estabilización que hoy exige el Instituto de Salud Carlos III cuente en la Comunidad de Madrid con un respaldo institucional y financiero equivalente.
5. Cobertura de las cuotas patronales de la Seguridad Social. Que la Comunidad de Madrid garantice, mediante el instrumento que se determine reglamentariamente, la cofinanciación o cobertura de las cuotas patronales a la Seguridad Social correspondientes a los contratos de investigación financiados con fondos competitivos, evitando que este coste no cubierto reduzca la capacidad de ejecución de proyectos ya financiados y desincentive la captación de fondos competitivos por parte de los grupos madrileños, en detrimento del volumen de financiación externa que la región es capaz de atraer. Andalucía ofrece asimismo un precedente en este ámbito, al incluir expresamente estos costes en la financiación de sus ayudas para la contratación de personal investigador.
6. Portabilidad de méritos y derechos entre entidades. La ley debería garantizar el reconocimiento de los servicios prestados, los méritos y la experiencia profesional, así como el tiempo trabajado, de forma homogénea en las transiciones del personal investigador entre las distintas entidades del sistema madrileño de investigación e innovación (universidades, institutos de investigación sanitaria, Servicio Madrileño de Salud y organismos públicos de investigación), evitando que la fricción entre entidades desincentive la movilidad interna que enriquece al conjunto del sistema madrileño y favorezca la fuga de capital humano a otras regiones o al extranjero, de modo que la Comunidad retenga el talento en el que ya ha invertido.
7. Reconocimiento del personal técnico y de gestión de la I+D. Que la Ley regule de forma expresa las figuras del personal técnico de apoyo a la investigación, del personal de gestión de proyectos y del personal especializado en datos, como parte integrante y estable del sistema. La estabilidad de estos perfiles es una condición para que la región retenga el conocimiento especializado que hoy pierde cada vez que finaliza un contrato, para que sus centros puedan concurrir a convocatorias y consorcios internacionales que exigen equipos técnicos consolidados, y para que la inversión en infraestructuras y plataformas científicas rinda todo su potencial en lugar de infrautilizarse por falta de personal cualificado estable. Las leyes de ciencia de Cataluña y de Andalucía ya reconocen expresamente a este personal, precisamente por su contribución a la competitividad del sistema de investigación.

3.3. Excelencia, atracción de talento e internacionalización

8. Instrumento estable de atracción y contratación de talento. Que la Comunidad de Madrid se dote de un instrumento autonómico orientado a la captación y contratación estable de investigadores de excelencia, basado en procesos de selección internacional por evaluación por pares y una estructura administrativa ágil. Cataluña (mediante ICREA) y el País Vasco (mediante Ikerbasque) disponen de agencias de este tipo desde hace más de quince años, con un retorno demostrable: el programa ICREA, con un presupuesto anual en torno a 40 millones de euros, genera más de 150 millones y ha logrado que más de una cuarta parte de sus investigadores capte ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC). El efecto agregado sobre la región es medible. Según los datos del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), en el periodo 2021-2024 Cataluña captó el 31,6% de los fondos españoles de Horizonte Europa (1.424,9 millones de euros), frente al 21,6% de la Comunidad de Madrid (971,5 millones), una diferencia superior a 450 millones de euros en cuatro años. Una brecha especialmente significativa si se considera que las cifras regionales incluyen la actividad del CSIC y de los organismos públicos estatales, particularmente cuantiosa en Madrid, lo que indica que la ventaja se explica en gran medida por la fortaleza del ecosistema autonómico de captación de talento. Un instrumento análogo elevaría la captación de fondos europeos competitivos y la posición de la Comunidad de Madrid en los indicadores internacionales de excelencia, con un retorno económico y reputacional medible, al tiempo que ofrecería al personal formado en el sistema un horizonte de carrera que reduzca su emigración.

3.4. Gobernanza, evaluación y compromiso financiero

9. Objetivo de inversión regional en I+D con horizonte temporal. Que la Ley fije un objetivo de inversión regional en investigación e innovación con un horizonte temporal definido. La Ley de la ciencia de Cataluña incorpora un compromiso de inversión pública con horizonte plurianual; un compromiso equivalente dotaría de estabilidad estructural a las medidas previstas en la Ley y reforzaría su credibilidad, eficacia y aplicabilidad real.
10. Principios de evaluación responsable. Que la Ley adopte los principios de evaluación responsable de la actividad investigadora promovidos en el ámbito europeo, desplazando el peso desde los indicadores puramente cuantitativos hacia la calidad y la diversidad de las contribuciones científicas. Con ello se favorecería una evaluación más equilibrada, alineada con las mejores prácticas internacionales y con los objetivos de excelencia e innovación del sistema madrileño de investigación.

3.5. Simplificación

11. Reducción de cargas administrativas. Que la Ley incorpore medidas concretas de simplificación administrativa: reducción de la carga en la justificación económica de los proyectos (por ejemplo, mediante costes simplificados o financiación por módulos, como ya ha implantado Andalucía), agilización de los procedimientos de contratación con cargo a fondos competitivos, que hoy constituyen un cuello de botella para la incorporación de personal, y tramitación ágil de las autorizaciones de compatibilidad para actividades de divulgación, consultoría o docencia. Estas medidas permitirían dedicar más recursos y tiempo a la investigación, redundando así en una mayor capacidad de ejecución de los proyectos y la mejora de la competitividad del sistema regional de investigación e innovación.

4. Posibles soluciones alternativas

Coincidimos con la memoria en que no existe alternativa a la aprobación de una nueva Ley para alcanzar los objetivos planteados, dada la existencia de normativa básica estatal y europea más reciente que la Ley 5/1998. Subrayamos, no obstante, que la mera adaptación formal al marco básico sería una oportunidad desaprovechada: el valor diferencial de la nueva norma residirá en que incorpore instrumentos propios de carrera investigadora, atracción de talento y compromiso financiero como los aquí propuestos, y no únicamente en su alineación con la legislación estatal.

Disponibilidad para fases posteriores

El colectivo de investigadores R2 del IRYCIS manifiesta su disposición a participar en las fases posteriores de tramitación del Anteproyecto, en particular en el trámite de audiencia e información pública, y queda a disposición de la Consejería para aportar el detalle y los datos que se estimen oportunos sobre la realidad del personal investigador en etapa postdoctoral del sistema sanitario madrileño.

En Madrid, a 6 de julio de 2026.

 

En términos generales, una Ley de la Ciencia de la Comunidad de Madrid debe incorporar medidas sobre los siguientes aspectos.

 

Medidas para la incorporación de investigadores en la Comunidad. Para ello, es necesario que la ley contemple la convocatoria regular de plazas de personal investigador, en todas las categorías, desde personal predoctoral hasta investigadores consolidados. Todo esto se desarrolla más adelante. 

La ley debe contemplar unas condiciones de trabajo adecuadas para el personal investigador. Estas condiciones se deben desarrollar a través de la negociación colectiva. Por tanto, la ley debe contemplar la creación  de una mesa de negociación del sector de la investigación. 

Mejoras salariales. La ley debe contemplar unos salarios mínimos adecuados para el personal investigador y el derecho al acceso a complementos similares a los que tienen los investigadores en los centros de investigación estatales 

Políticas de igualdad. La ley debe contemplar el desarrollo obligatorio de políticas de igualdad en el ámbito de la investigación. 

Apoyo presupuestario. Para poder desarrollar un sistema de investigación adecuado para la comunidad de Madrid, se debe garantizar en la ley que la Comunidad de Madrid presupueste al menos el 3% del PIB en políticas de investigación. 

 

Otras propuestas específicas se desarrollan más adelante. 

Situación de los investigadores

Propuestas específicas para el personal investigador. 

Inclusión obligatoria del Personal Investigador adscrito a programas oficiales y de excelencia (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Marie Curie) con vinculación a tiempo completo y en exclusividad, al Convenio Colectivo del PDI con Vinculación Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid o, en su defecto, al Convenio Colectivo específico que se establezca para el personal laboral de esta categoría.

Obligación de integrar al Personal Investigador como parte de la comunidad universitaria de su respectivo centro/institución, evitando el aislamiento y la discriminación respecto a figuras PDI, PTGAS a nivel de comunicaciones institucionales, garantías laborales, planes de prevención de riesgos, procesos electorales, etc.

Obligación de permitir al Personal Investigador la solicitud de evaluaciones de su actividad investigadora (sexenios), de cara a garantizar su progresión académica, en condiciones similares al PDI.

Garantizar la libertad del ejercicio docente en universidades del Personal Investigador acreditado a tal efecto (acreditaciones PAD, PCD, PPL, PTU, etc.), prohibiendo la imposición de normativas y restricciones adicionales que diferencien su ejercicio docente de aquel que ejerce el profesorado, más allá de la limitación de horas de docencia anuales establecidas por la Ley de la Ciencia (100h/año en la actualidad).

Garantizar la estabilización de los investigadores Ramón y Cajal a la finalización de sus contratos según lo establecido en sus convocatorias respectivas, en figuras PPL o PTU según acreditación de los investigadores a estabilizar. 

Propuesta de CCOO sobre los IMDEA. 

Regulación integral de la carrera profesional del personal investigador de los centros de investigación de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid dispone actualmente de una red de centros de investigación de excelencia entre los que destacan los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA), fundaciones pertenecientes al sector público autonómico, financiadas mayoritariamente con fondos públicos de la Comunidad de Madrid y adscritas al sistema regional de investigación.

Desde la aprobación de la Ley 5/1998 se han producido profundas transformaciones normativas y organizativas en el sistema español de ciencia e innovación. Entre ellas destaca la aprobación de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como la consolidación de los IMDEA y de otros agentes de investigación de la Comunidad de Madrid. 

Sin embargo, pese a que los investigadores de estos centros desarrollan actividades permanentes de investigación científica, captación de recursos competitivos, transferencia de conocimiento, formación de personal investigador e internacionalización, continúa existiendo una ausencia casi total de regulación específica de su carrera profesional dentro del ámbito autonómico madrileño.

Esta situación genera importantes desequilibrios respecto a:

Los investigadores de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado (CSIC, ISCIII, CIEMAT, INIA y otros).

El personal docente e investigador de las universidades públicas.

Otros sistemas regionales de investigación que han desarrollado marcos propios de ordenación profesional.

Como consecuencia, cientos de profesionales que desarrollan su actividad científica en centros públicos de investigación de la Comunidad de Madrid carecen de un sistema estable y homogéneo de progresión profesional, evaluación, promoción y reconocimiento de méritos.

La propia documentación de consulta pública reconoce la necesidad de regular los aspectos relativos a los profesionales del sistema madrileño de investigación e innovación. Por todo esto, realizamos la siguiente propuesta: 

Solicitamos que la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Comunidad de Madrid incluya un título específico dedicado a la carrera profesional investigadora.

1. DEFINICIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR DEL SISTEMA MADRILEÑO DE I+D+i

La ley debería reconocer expresamente la existencia de personal investigador no docente que desarrolla su actividad en:

Fundaciones públicas de investigación de la Comunidad de Madrid.

Institutos IMDEA.

Centros públicos de investigación dependientes de la Comunidad de Madrid.

Consorcios y entidades integrantes del sistema madrileño de I+D+i.

Entidades del sector público autonómico cuya actividad principal sea la investigación.

Asimismo, debería reconocer su papel como profesionales dedicados a:

Investigación básica.

Investigación aplicada.

Desarrollo tecnológico.

Innovación.

Transferencia y valorización del conocimiento.

Captación de financiación competitiva.

Formación y supervisión de personal investigador.

Gestión científica de infraestructuras y proyectos.

2. RECONOCIMIENTO DE UNA CARRERA PROFESIONAL INVESTIGADORA

La nueva ley debería establecer el derecho a una carrera profesional basada en los principios de:

Mérito.

Capacidad.

Publicidad.

Transparencia.

Evaluación objetiva.

Igualdad de oportunidades.

3. ESTRUCTURA DE CATEGORÍAS PROFESIONALES

Se propone una estructura homologable a la existente en organismos públicos de investigación y universidades.

Por ejemplo:

Personal Investigador Predoctoral

Investigador/a predoctoral.

Etapa Postdoctoral

Investigador/a postdoctoral junior.

Investigador/a postdoctoral senior.

Carrera Investigadora Estable

Científico/a titular o equivalente.

Investigador/a científico/a o equivalente.

Profesor/a o Investigador/a agregado o equivalente.

Liderazgo Científico

Investigador/a principal.

Director/a científico/a.

Investigador/a distinguido/a.

La denominación concreta puede adaptarse al modelo autonómico, pero debe existir una estructura claramente definida y común para todos los centros públicos de investigación.

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

La ley debería prever procedimientos periódicos de evaluación externa basados en:

Producción científica.

Liderazgo de proyectos.

Captación de financiación.

Transferencia de conocimiento.

Innovación.

Impacto social.

Formación de investigadores.

Colaboración internacional.

Actividades de divulgación.

Las evaluaciones positivas deben permitir la promoción profesional y retributiva.

5. RECONOCIMIENTO DE SEXENIOS Y COMPLEMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Se solicita que la ley incorpore mecanismos equivalentes a los existentes para los investigadores estatales y el personal docente e investigador universitario.

Entre ellos:

Reconocimiento autonómico de sexenios de investigación.

Complementos de transferencia e innovación.

Complementos por liderazgo científico.

Complementos ligados a la excelencia investigadora.

Reconocimiento de evaluaciones realizadas por la ANECA o por agencias equivalentes.

6. ESTABILIZACIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO

La ley debería incorporar medidas destinadas a:

Reducir la temporalidad estructural.

Facilitar la consolidación de personal investigador excelente.

Favorecer el retorno de talento investigador.

Evitar la fuga de investigadores estratégicos.

Garantizar itinerarios previsibles de estabilización.

7. MOVILIDAD EQUIVALENTE ENTRE AGENTES DEL SISTEMA

Se propone el reconocimiento de mecanismos que permitan la movilidad entre:

Universidades.

IMDEA.

Organismos Públicos de Investigación.

Sistema Nacional de Salud.

Centros tecnológicos.

Empresas innovadoras.

Garantizando siempre el mantenimiento de los derechos profesionales adquiridos.

8. TABLAS RETRIBUTIVAS HOMOGÉNEAS

La ley debería prever un marco retributivo de referencia para el conjunto de centros públicos de investigación de la Comunidad de Madrid.

Este marco debería:

Evitar desigualdades injustificadas entre centros y dentro de cada centro.

Relacionar retribuciones y responsabilidades científicas.

Facilitar la captación de talento internacional.

Garantizar condiciones competitivas respecto al Estado y a otros sistemas autonómicos.

JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La Comunidad de Madrid constituye uno de los principales focos científicos de España y Europa y alberga una concentración extraordinaria de universidades, centros de investigación, organismos públicos e institutos IMDEA.

La excelencia científica requiere no sólo financiación e infraestructuras sino también un marco profesional estable y atractivo para sus investigadores.

La ausencia de una carrera investigadora autonómica definida representa actualmente una debilidad estructural del sistema madrileño de I+D+i.

Por ello solicitamos que la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Comunidad de Madrid incorpore una regulación específica de la carrera profesional del personal investigador no docente de los centros públicos de investigación de la Comunidad de Madrid, equiparando progresivamente sus derechos, reconocimiento profesional y oportunidades de desarrollo a los existentes en los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y en las universidades públicas.

 

Anteproyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Comunidad de Madrid

 

Aportaciones del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid

 

 

El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid agradece la oportunidad de participar en el trámite de consulta pública previa del Anteproyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Comunidad de Madrid, una iniciativa de especial relevancia para fortalecer el ecosistema científico e innovador de nuestra región y orientar el conocimiento hacia la respuesta a los retos presentes y futuros de la sociedad.

 

Desde el compromiso de la Psicología con el avance del conocimiento científico y su transferencia a la sociedad, el Colegio considera que esta futura norma representa una oportunidad para reforzar una concepción de la investigación y la innovación centrada en las personas, promoviendo la generación de evidencia científica, la colaboración interdisciplinar y la aplicación del conocimiento para mejorar el bienestar, la salud, la calidad de vida y la eficacia de las políticas públicas.

 

En este marco, las aportaciones que se presentan a continuación tienen como finalidad contribuir al fortalecimiento del Sistema Madrileño de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante el reconocimiento del valor que aporta la investigación psicológica al conocimiento del comportamiento humano, la promoción de la innovación social basada en la evidencia, el impulso de la transferencia del conocimiento científico y el desarrollo de soluciones innovadoras que respondan de manera eficaz a las necesidades de la ciudadanía y al interés general.

 

Aportaciones

 

Reconocimiento de la Psicología como disciplina científica estratégica para la investigación y la innovación

Se propone incorporar una referencia expresa a la Psicología entre las disciplinas científicas cuya contribución resulta estratégica para el Sistema Madrileño de Ciencia, Tecnología e Innovación, reconociendo su aportación al conocimiento del comportamiento humano, los procesos cognitivos, emocionales y sociales, así como al diseño de soluciones innovadoras orientadas a mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.

 

Justificación técnica e institucional

Los principales retos a los que se enfrenta actualmente la Comunidad de Madrid (la salud mental y el bienestar psicológico, el envejecimiento, la transformación digital, la educación, la empleabilidad, la cohesión social, la transición ecológica o el uso de tecnologías en todas las esferas de la vida profesional y social), dependen en gran medida de cómo las personas perciben, deciden, aprenden, se relacionan y modifican su comportamiento.

 

La Psicología constituye una disciplina científica que genera conocimiento sobre estos procesos mediante metodologías de investigación rigurosas y basadas en la evidencia.

Este conocimiento resulta imprescindible para comprender los factores que facilitan o dificultan la eficacia de las políticas públicas, la implantación de innovaciones, el cambio de hábitos, la adherencia a intervenciones sanitarias, educativas o sociales, y la incorporación y uso de los avances tecnológicos por parte de la ciudadanía.

 

La experiencia desarrollada por organismos internacionales demuestra que la incorporación del conocimiento psicológico en el diseño de políticas públicas y procesos de innovación incrementa su eficacia, eficiencia e impacto social. Por ello, resulta conveniente que la futura Ley reconozca expresamente la aportación científica de la Psicología como disciplina clave para afrontar los retos estratégicos de la Comunidad de Madrid.

 

Impulso de la innovación social basada en la evidencia científica

Se propone incorporar la innovación social basada en la evidencia como una de las modalidades de innovación que impulse la Comunidad de Madrid, promoviendo el desarrollo, evaluación y transferencia de intervenciones dirigidas a mejorar el bienestar, la inclusión, la participación social y la calidad de vida de la población.

 

Justificación técnica e institucional

La innovación no se limita al desarrollo de nuevos productos o tecnologías. Una parte sustancial de las soluciones con mayor impacto para la ciudadanía se materializa en nuevas formas de organizar servicios, diseñar intervenciones, mejorar procesos o generar respuestas innovadoras a necesidades sociales complejas.

 

La Psicología contribuye de forma significativa a este ámbito mediante el diseño y evaluación de programas e intervenciones dirigidos, entre otros objetivos, a promover la salud, prevenir problemas psicológicos, favorecer el envejecimiento activo, mejorar la convivencia, impulsar la inclusión social, promover entornos laborales saludables o fortalecer la participación comunitaria.

 

Reconocer expresamente la innovación social basada en la evidencia permitiría ampliar el alcance del sistema madrileño de I+D+i, favoreciendo la transferencia efectiva del conocimiento científico a la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida de la ciudadanía.

 

Promoción de la investigación orientada al bienestar psicológico y la salud mental

Se propone incorporar el bienestar psicológico y la salud mental entre los ámbitos prioritarios de investigación e innovación de interés estratégico para la Comunidad de Madrid.

 

Justificación técnica e institucional

La salud mental constituye uno de los principales retos sanitarios, sociales y económicos de las sociedades actuales. Su impacto trasciende el ámbito asistencial y afecta a la educación, el empleo, la productividad, la cohesión social y la sostenibilidad de los sistemas públicos.

 

La investigación en Psicología aporta evidencia científica para comprender los factores que influyen en el bienestar psicológico, identificar factores de protección y riesgo, evaluar intervenciones preventivas y desarrollar estrategias eficaces de promoción de la salud mental y el bienestar psicológico. Su consideración como ámbito prioritario permitiría reforzar la capacidad del sistema madrileño de investigación para responder a una necesidad creciente de la sociedad.

Refuerzo de la transferencia del conocimiento científico hacia las políticas públicas

Se propone incorporar mecanismos específicos que impulsen la utilización sistemática de la evidencia científica en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de la Comunidad de Madrid.

 

Justificación técnica e institucional

Uno de los principales objetivos de los sistemas modernos de ciencia e innovación consiste en garantizar que el conocimiento generado revierta de manera efectiva en la sociedad. Para ello resulta necesario fortalecer la transferencia de conocimiento hacia las administraciones públicas y promover modelos de decisión basados en la evidencia.

 

La Psicología cuenta con una amplia trayectoria en el diseño, evaluación y mejora de intervenciones dirigidas a la salud, la educación, la inclusión, la justicia, el empleo y los servicios sociales, aportando metodologías consolidadas para medir resultados, evaluar impacto y mejorar la eficacia de las políticas públicas.

 

Impulso de la investigación interdisciplinar para afrontar retos complejos

Se propone incorporar la interdisciplinariedad como principio rector del Sistema Madrileño de Ciencia, Tecnología e Innovación, favoreciendo la colaboración entre distintas disciplinas científicas para abordar los grandes retos sociales, sanitarios, tecnológicos y ambientales.

 

Justificación técnica e institucional

Los desafíos actuales requieren integrar conocimientos procedentes de diferentes ámbitos científicos. El desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, la digitalización de los servicios públicos o la transición ecológica solo alcanzarán plenamente sus objetivos si incorporan el conocimiento sobre el comportamiento humano, la toma de decisiones, la adaptación al cambio y la interacción entre las personas y los entornos en los que viven.

 

La participación de la Psicología en equipos interdisciplinares permite diseñar soluciones más eficaces, favorecer la aceptación de la innovación por parte de la ciudadanía y maximizar el impacto social de la investigación.

 

Incorporación del impacto social como criterio de evaluación de la investigación y la innovación

Se propone promover la consideración del impacto social de la investigación y la innovación como uno de los criterios de valoración de las actuaciones financiadas por la Comunidad de Madrid.

 

Justificación técnica e institucional

La excelencia científica constituye un objetivo esencial del sistema de I+D+i, pero debe complementarse con la capacidad de generar beneficios tangibles para la sociedad. La incorporación de indicadores relacionados con el bienestar, la salud, la inclusión, la reducción de desigualdades, la calidad de vida o la mejora de los servicios públicos permitiría reforzar la orientación social de la inversión pública en investigación e innovación.

 

La evaluación del impacto social favorece, además, una mayor transferencia del conocimiento científico y una utilización más eficiente de los recursos públicos destinados a la investigación.

Investigación e innovación responsables y centradas en las personas

Se propone incorporar entre los principios rectores de la Ley el desarrollo de una investigación y una innovación responsables, éticas, inclusivas y centradas en las personas, promoviendo que el progreso científico y tecnológico contribuya a mejorar el bienestar, la autonomía, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la protección de los derechos fundamentales, con especial atención a las personas y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.

 

Justificación técnica e institucional

La aceleración de los procesos de digitalización, automatización e inteligencia artificial ofrece importantes oportunidades para el progreso científico y social, pero también plantea desafíos relacionados con la equidad, la accesibilidad, la privacidad, los sesgos en la toma de decisiones automatizadas, la salud mental y el riesgo de profundizar desigualdades sociales y territoriales.

 

La investigación y la innovación deben orientarse a garantizar que sus beneficios alcancen al conjunto de la ciudadanía y, especialmente, a aquellas personas y colectivos que presentan mayores necesidades de apoyo o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como las personas mayores, las personas con discapacidad, quienes experimentan problemas de salud mental, las personas en situación de exclusión social o aquellas que afrontan barreras derivadas de su contexto socioeconómico o territorial.

 

La Psicología aporta conocimiento científico esencial para comprender cómo interactúan las personas con las nuevas tecnologías, identificar los factores que favorecen o dificultan su adopción y anticipar los posibles impactos sobre el bienestar, la participación, la autonomía y la calidad de vida. Asimismo, contribuye al diseño de soluciones innovadoras accesibles, inclusivas y adaptadas a la diversidad de las personas, favoreciendo una innovación que reduzca desigualdades, promueva la inclusión social y responda de manera efectiva a los retos derivados del envejecimiento de la población y de la creciente complejidad de las necesidades sociales.

 

En este sentido, incorporar estos principios a la futura Ley permitirá reforzar el compromiso de la Comunidad de Madrid con un modelo de ciencia e innovación que sitúe a las personas en el centro, genere valor social y contribuya a construir una sociedad más equitativa, inclusiva y cohesionada.

 

Anteproyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Comunidad de Madrid.

Fase de consulta pública

Desde la Conferencias de Decanas y Decanos de las Facultades de la Universidad Complutense de Madrid se considera importante la actualización de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Comunidad de Madrid, así como la necesidad de garantizar que, con ella, se contemplen y cubran las necesidades actuales y futuras, tanto del personal investigador como de las estructuras de investigación, con vistas a poder ser una región con alto nivel de competitividad en ciencia, tecnología e innovación, tanto a nivel nacional como internacional.

En consecuencia, proponen que la ley incluya los siguientes puntos:

1. Que, en el órgano pertinente, equivalente o igual al denominado Consejo de Ciencia y Tecnología en la Ley 5/1998, de 7 de mayo, se garantice que haya un representante de todas y cada una de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.

2. Que, de forma similar a lo reflejado en el artículo 13 de la Ley 5/1998, de 7 de mayo, no solo se facilite, sino que se garantice, la existencia de ayudas para la formación de personal investigador, bien mediante contratos doctorales y postdoctorales, además de ayudas para estancias complementarias en centros de investigación nacionales e internacionales, así como para estancias temporales de investigadores en empresas.

3. Que se garantice que el número de contratos doctorales que se oferten anualmente sea acorde con el volumen de investigadores/grupos de investigación existentes en la Comunidad de Madrid, con el fin de asegurar la continuidad formativa en los diferentes ámbitos de conocimiento y especialidades existentes en ciencia y tecnología.

4. Que, además, se garantice que, en los contratos postdoctorales de atracción de talento, como el programa César Nombela o programas de características similares, la ley incluya explícitamente el compromiso de estabilización del personal contratado.

5. Que, de forma similar a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 5/1998, de 7 de mayo, no solo se facilite, sino que se garantice, la existencia de ayudas para la formación de personal de apoyo a la investigación.

6. Que se garantice la convocatoria y financiación de programas de doctorado industrial.

7. Que se garantice financiación específica para que las universidades públicas de la Comunidad de Madrid tengan pleno acceso a acuerdos transformativos con editoriales científicas de prestigio que permitan la publicación en acceso en abierto.

8. Que se garantice financiación específica para que el personal investigador de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid disponga de acceso institucional a herramientas profesionales de inteligencia artificial.

9. Que se promueva la existencia de oficinas de apoyo a la investigación en las facultades, institutos y centros de investigación, dotadas de gestores de proyectos cualificados, con formación técnica adecuada y dominio del idioma inglés, para facilitar la gestión de proyectos a los investigadores y grupos de investigación. Para ello, deberán impulsarse convocatorias específicas para la contratación de gestores especializados.

10. Que la Comunidad de Madrid disponga de una Oficina Europea de apoyo a la preparación de proyectos europeos, con el objetivo de mejorar la competitividad y la tasa de éxito de las propuestas presentadas por los investigadores de la región, y, en consecuencia, incrementar la financiación para la investigación desarrollada en la misma.

Carlos Rivero Rodríguez como presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de la Universidad Complutense de Madrid.