Buenos días.
Escribo en relación al registro de personas objetoras de conciencia para realizar abortos en la Comunidad de Madrid.
En primer lugar, agradezco a Isabel Díaz Ayuso las medidas a favor de la mujer embarazada, del no nacido y del recién nacido como la ayuda de los 500 euros al mes, el cómputo del no nacido a los efectos favorables de la familia numerosa y su oposición inicial a crear la lista de objetores de conciencia a realizar abortos.
Aunque el aborto, el homicidio voluntario de un niño inocente en el vientre de su madre, es un tema que parece socialmente aceptado, sigue siendo un pecado gravísimo y un crimen atroz, provocando la muerte de un ser humano inocente, igual en dignidad que las personas nacidas. 
Estando esta cuestión de fondo el gobierno actual de nuestro país propone facilitar aún más el acceso al aborto en los hospitales públicos, pagados por los impuestos de todos los trabajadores. Esta es otra cuestión injusta, ya que actualmente no hay ningún mecanismo para objetarse a financiar abortos con nuestros impuestos.
El actual gobierno socialista-comunista-independentista propone señalar a todos los profesionales sanitarios que no estén de acuerdo a realizar abortos o a ser cómplices de ello.
Este mismo señalamiento atenta directamente contra la libertad religiosa y la libertad de conciencia, ya que obliga a los profesionales sanitarios a exponer sus convicciones morales o religiosas, ya sea ante sus jefes directos o indirectos o ante sus compañeros de profesión. Además, con esta lista se estarían recopilando datos muy sensibles que afectan de forma muy directa a la privacidad de los profesionales.
Por otro lado, supone que muchos profesionales que no quieran realizar abortos, no se atrevan a apuntarse en la lista de objetores por miedo o por evitar posibles problemas.
Además, es un atentado contra el propio juramento hipocrático que defienden los médicos.
La defensa de la vida es el núcleo central del juramento hipocrático y se manifiesta principalmente a través de la prohibición de causar daño, la negativa a facilitar la muerte y el compromiso con la salud del paciente.
En el juramento hipocrático original, se defiende la vida de forma explícita como se puede leer en las siguientes citas, entre otras.
"No administraré a nadie un fármaco mortal, aunque me lo pida, ni tomaré la iniciativa de una sugerencia de este tipo" y "Asimismo, no recetar a una mujer un pesario abortivo".
Por lo que se está obligando a los médicos a ir en contra de lo que juraron al graduarse. 
Además, los médicos en ese juramento hipocrático se comprometen a defender el bienestar del paciente, no a obedecerle en todo lo que pida, ya sea el aborto, la eutanasia o la aplicación de cualquier fármaco o tratamiento que el paciente pida a su antojo.
El aborto provocado en la mujer precisamente no contribuye a su bienestar psicológico ni emocional, ni por supuesto al bienestar del niño que lleva dentro, cuya vida es eliminada directamente.
Es una barbaridad lo que se pretende hacer desde el gobierno imponiendo a las comunidades autónomas esta lista negra.
No debería haber lista de ningún tipo, ni de médicos objetores ni de médicos a favor de practicar abortos, ya que la medicina de por sí busca favorecer la vida, no lo contrario. 
Con esa lista se está cometiendo un atropello a la vida de los niños abortados, dejándolos aún más desprotegidos, a las madres embarazadas quitando la vida a sus hijos y provocando secuelas de distinto tipo, a la profesión médica en sí misma yendo contra su núcleo fundamental, a la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios al obligarles a manifestar sus convicciones, al uso injusto de los impuestos de los ciudadanos para manchar de sangre inocente las manos de los profesionales sanitarios.
¿Dónde queda el derecho a la vida, a la libertad de conciencia, al ejercicio de la profesión médica sin coacciones políticas?
Esta lista negra de hecho puede llevar a la estigmatización de los profesionales que se auto señalen. Puede provocar discriminación a la hora de contratación o de promoción y presiones directas o indirectas contra los profesionales objetores.
Como responsables políticos de la Comunidad de Madrid tenéis el deber de defender la vida, la profesión médica no desvirtuada y la libertad de conciencia de cada ciudadano.
Por todo ello pido a la Comunidad de Madrid en mi nombre y en el de todos los miles de niños abortados que no continúe con el trámite de la lista de objetores al aborto.
No os lavéis las manos ante tanta sangre inocente.
Es una responsabilidad muy grave.

Me opongo q no he se lleve un Registro de Objetores de conciencia a los profesionales que no practiquen abortos, con todas las implicación que esto con lleva a su desempeño profesión y a su señalamiento público con todo lo que ello implica.

Me opongo firmemente a que se cree este registro de objetores, cuya única finalidad es señalar a quienes defienden la vida; señalar a quienes defienden el principio fundamental de libertad de conciencia y a quienes defienden la Constitución como el marco regulatorio básico de convivencia que recoge, expresa y defiende la libertad de los ciudadanos por encima de las dictaduras ideológicas que solo imponen su “ley”,

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, asociación registrada en el Registro Nacional de Objetores, con número 588984, se opone al registro de objetores porque esta medida constituye un ataque directo a derechos fundamentales por las siguientes razones:

- Este registro vulnera los derechos humanos: La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias.

- Discriminación: Un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica discriminación, e incluso estigmatización, de los que en él aparezcan.

- Privacidad: La creación de un registro puede implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible.

- Represalias: Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo.

Por todo ello, considero que la Comunidad de Madrid debe seguir defendiendo con firmeza la libertad de conciencia de los profesionales y recurrir la sentencia del TSJM hasta donde sea necesario”

MARCO LEGAL APLICABLE Y PRINCIPIOS RECTORES

En las siguientes alegaciones se hará referencia a la Ley Orgánica 1/2023, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010.

El artículo 3 de la citada norma establece los principios rectores que deben guiar la actuación de los poderes públicos en materia de salud sexual y reproductiva, entre los que se incluyen la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y no discriminación, así como la garantía de acceso efectivo a las prestaciones sanitarias en condiciones de equidad y calidad.

En este sentido, la correcta organización de los profesionales sanitarios mediante el Registro de Personas Objetoras de Conciencia resulta un instrumento imprescindible para hacer efectivo el acceso a la prestación, debiendo interpretarse conforme al principio de proximidad y accesibilidad recogido en la norma.

Asimismo, la objeción de conciencia debe interpretarse de forma restrictiva, como un derecho individual cuyo ejercicio no puede limitar ni dificultar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo.

PRIMERA.- Función del Registro y garantía de prestación efectiva

El Registro de Personas Objetoras de Conciencia debe configurarse como un instrumento eficaz para evitar situaciones de objeción de conciencia de carácter colectivo o estructural, incompatibles con su naturaleza de derecho estrictamente individual.

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) debe garantizarse como una prestación sanitaria ordinaria dentro del sistema sanitario público, sin obstáculos organizativos, demoras indebidas ni derivaciones sistemáticas fuera de la red pública.

La experiencia en la Comunidad de Madrid pone de manifiesto que los actuales “procedimientos internos” a los que alude el proyecto no están asegurando de forma efectiva ni el acceso a la prestación en la sanidad pública ni el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia conforme a la ley.

En particular, dichos procedimientos presentan deficiencias relevantes: ausencia de criterios homogéneos entre centros, falta de planificación pública de profesionales disponibles, opacidad en la identificación de personal objetor, concentración de la prestación fuera de la red pública y derivaciones sistemáticas a centros privados con la consecuente extensión del procedimiento por las gestiones administrativas que, además están centralizadas en un único lugar de Madrid centro.

Estas disfunciones provocan, en la práctica, que la prestación no se garantice en condiciones de proximidad, accesibilidad y equidad, y que el ejercicio de la objeción de conciencia pueda adquirir un carácter colectivo o estructural, contrario a lo previsto en el artículo 19 ter de la Ley Orgánica 1/2023.

Asimismo, la actual externalización de la prestación tampoco garantiza plenamente el derecho en condiciones de igualdad. Según datos recientes, más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid se realizan en centros privados concertados, lo que evidencia una ausencia estructural de la prestación en la red pública.

Este modelo genera desigualdades en el acceso efectivo, al depender de la derivación administrativa, introduce barreras adicionales (especialmente para mujeres en situación de vulnerabilidad) y debilita el cumplimiento del principio de proximidad y accesibilidad recogido en la normativa estatal.

En consecuencia, el Registro debe permitir una planificación real de los recursos humanos que garantice la prestación efectiva dentro del sistema sanitario público, evitando que la objeción de conciencia se traduzca en una limitación estructural del derecho.

SEGUNDA.- Garantía de prestación efectiva en la red pública

Resulta imprescindible que la orden incluya medidas organizativas concretas que aseguren la disponibilidad de personal no objetor en los centros hospitalarios de la red pública.

La concentración de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo fuera del sistema público sanitario compromete los principios de equidad, accesibilidad y proximidad establecidos en la normativa estatal.

Por ello, la planificación derivada del Registro debe garantizar que la prestación se realice de forma efectiva en centros públicos, evitando desplazamientos innecesarios o derivaciones sistemáticas.

TERCERA.- Protección del personal sanitario no objetor

De conformidad con el artículo 19 ter.4 de la Ley Orgánica 1/2023, la regulación del Registro debe incorporar garantías que eviten cualquier forma de discriminación hacia el personal sanitario no objetor.

En este sentido, deben establecerse medidas que impidan su estigmatización, sobrecarga asistencial o limitación en su desarrollo profesional, garantizando condiciones laborales equitativas dentro del sistema sanitario.

CUARTA.- Acceso universal a la prestación

La normativa estatal garantiza que los derechos en materia de salud sexual y reproductiva se apliquen a todas las mujeres, con independencia de su situación administrativa.

Por ello, la regulación autonómica debe asegurar de forma expresa el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema sanitario público, eliminando cualquier barrera administrativa que pueda dificultarlo.

QUINTA.- Garantía de información objetiva y entorno asistencial adecuado

La prestación sanitaria debe desarrollarse en un entorno basado en la evidencia científica, la objetividad y el respeto a la autonomía de las mujeres.

En consecuencia, la organización del servicio debe garantizar que la información proporcionada sea veraz, clínica y libre de sesgos ideológicos, evitando cualquier forma de presión, estigmatización o interferencia en la toma de decisiones.

En este sentido, debe garantizarse el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2010, en cuanto a la obligación de los servicios públicos de salud de asegurar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de calidad, accesibilidad y equidad dentro del sistema sanitario público.

ALEGACIÓN FINAL

La correcta organización de los profesionales mediante el Registro de Personas Objetoras de Conciencia es indispensable para garantizar el derecho a una maternidad libremente decidida, así como el acceso efectivo, seguro y en condiciones de igualdad a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema sanitario público.

Por todo ello, se solicita que la norma aplicada en la Comunidad de Madrid refuerce su contenido organizativo para asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación estatal y de los principios rectores que la inspiran.

Este registro no debería ni de plantearse, el mero hecho de hacer un listado de un profesional por sus opiniones morales ya debería de hacer saltar las alarmas.

- Vulnera los derechos humanos: La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias.

- Discriminación: Un registro de objetores del aborto implica discriminación y estigmatización, de los que en el aparecen.

- Privacidad: la anula, millones de datos filtrados en empresas privadas y públicas, muchos locos que hacen escraches a quien no tiene su ideología y se les quiere dar en bandeja la información de sus objetivos.

- Represalias: esto abre a puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo, como despidos, acoso laboral, bloquear ascensos, subidas, todo por su moral.

La Comunidad de Madrid es la única con cabeza y debe seguir defendiendo y recurrir la sentencia del TSJM hasta donde sea necesario. El gobierno actual tiene una cruzada contra la juventud del país que ve como está hundiendo su país y no tendrán ni la mitad de lo que tuvieron sus padres. Y ya directamente no quieren ni que los tengamos y hará todo lo posible por ello, esto es solo una medida para ir a por el personal médico que todavía respeta la vida.

Es evidente que el único objetivo de este registro es controlar y represaliar a aquellas personas que, en conciencia, no están dispuestas a cumplir imposiciones contrarias tanto a sus valores personales como a su código deontológico. El objetivo es acabar con ellos. Y ahora es pretender obligar a asesinar bebés no nacidos... mañana será asesinar personas indefensas y con debilidades tanto físicas como mentales. No es tanto porque sea más barato como por demostrar que ellos tienen el poder: sobre la vida, la muerte, el ser humano, la libertad. Es intenso su trabajo y la presión que ejercen sobre estos profesionales y sobre la sociedad (gran parte vencida ya pues exige estas actuaciones). Nadie tiene derecho a matar a nadie y menos aún a imponérselo a otros. Su falta de humanidad y su afán de poder resultan perversos y han destrozado esta sociedad.

Considero que dicho Registro vulnera la libertad de conciencia reconocida en el artículo 16 de la Constitución Española, al obligar a declarar convicciones personales y almacenar datos especialmente sensibles, poniendo en riesgo derechos como la intimidad y el honor.
Además, este sistema puede facilitar situaciones de discriminación profesional, como ya refleja la propia Ley 1/2023 al excluir de determinados órganos a quienes hayan formado parte del Registro.

No tiene sentido ni equivalencia en otros asuntos de gran trascendencia, me opongo rotundamente a este señalamiento inconstitucional. 
 

Buenos días, no estoy de acuerdo para nada en que se registre un censo de profesionales médicos que se niegan a realizar abortos, es un atentado contra la vida y contra esos profesionales. Me opongo firmemente.

Al hilo de mi anterior comentario, decir que es evidente que lo más eficiente sería un registro de aquellos profesionales que sí están dispuestos a realizar éstas intervenciones. Sería mucho más rápido, barato y eficaz, lo que demuestra que la finalidad no es ésta sino tener controlados y atacar a quienes no se someten.

El registro va contra la libertad de conciencia avalada por la Costitución por lo cual es claramente inconstitucional, es discriminatorio como el propio texto de la ley reconoce y puede fomentar el odio y los enfrentamientos entre los profesionales.