Estoy en contra de este registro, vulnera los derechos de los médicos.

Mi oposición al Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia

Manifiesto mi firme oposición al registro de objetores. Esta medida constituye un ataque directo a derechos fundamentales por las siguientes razones:​

Este registro vulnera los derechos humanos: La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias.

Discriminación: Un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica discriminación, e incluso estigmatización, de los que en él aparezcan.

Privacidad: La creación de un registro puede implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible.

Represalias: Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo.​

Por todo ello, considero que la Comunidad de Madrid debe seguir defendiendo con firmeza la libertad de conciencia de los profesionales y recurrir la sentencia del TSJM hasta donde sea necesario

“Manifiesto mi firme oposición al registro de objetores. Esta medida constituye un ataque directo a derechos fundamentales por las siguientes razones:

​Este registro vulnera los derechos humanos: La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias.

Discriminación: Un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica discriminación, e incluso estigmatización, de los que en él aparezcan.

Privacidad: La creación de un registro puede implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible.

Represalias: Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo.

​Por todo ello, considero que la Comunidad de Madrid debe seguir defendiendo con firmeza la libertad de conciencia de los profesionales y recurrir la sentencia del TSJM hasta donde sea necesario”.

“Manifiesto mi firme oposición al registro de objetores. Esta medida constituye un ataque directo a derechos fundamentales por las siguientes razones:

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Este registro vulnera los derechos humanos: La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias.

Discriminación: Un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica discriminación, e incluso estigmatización, de los que en él aparezcan.

Privacidad: La creación de un registro puede implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible.

Represalias: Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo.

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Por todo ello, considero que la Comunidad de Madrid debe seguir defendiendo con firmeza la libertad de conciencia de los profesionales y recurrir la sentencia del TSJM hasta donde sea necesario”.

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Manifiesto mi firme oposición al registro de objetores. Esta medida constituye un ataque directo a derechos fundamentales por las siguientes razones:

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Este registro vulnera los derechos humanos: La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias.

Discriminación: Un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica discriminación, e incluso estigmatización, de los que en él aparezcan.

Privacidad: La creación de un registro puede implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible.

Represalias: Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo.

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Por todo ello, considero que la Comunidad de Madrid debe seguir defendiendo con firmeza la libertad de conciencia de los profesionales y recurrir la sentencia del TSJM hasta donde sea necesario”.

Manifiesto mi firme oposición al registro de objetores. Esta medida constituye un ataque directo a derechos fundamentales por las siguientes razones:

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Este registro vulnera los derechos humanos: La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias.

Discriminación: Un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica discriminación, e incluso estigmatización, de los que en él aparezcan.

Privacidad: La creación de un registro puede implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible.

Represalias: Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo.

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Por todo ello, considero que la Comunidad de Madrid debe seguir defendiendo con firmeza la libertad de conciencia de los profesionales y recurrir la sentencia del TSJM hasta donde sea necesario.

“Manifiesto mi firme oposición al registro de objetores. Esta medida constituye un ataque directo a derechos fundamentales por las siguientes razones:

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Este registro vulnera los derechos humanos: La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias.

Discriminación: Un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica discriminación, e incluso estigmatización, de los que en él aparezcan.

Privacidad: La creación de un registro puede implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible.

Represalias: Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo.

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Por todo ello, considero que la Comunidad de Madrid debe seguir defendiendo con firmeza la libertad de conciencia de los profesionales y recurrir la sentencia del TSJM hasta donde sea necesario”.

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Manifiesto mi firme oposición al registro de objetores. Esta medida constituye un ataque directo a derechos fundamentales por las siguientes razones:

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Este registro vulnera los derechos humanos: La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias.

Discriminación: Un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica discriminación, e incluso estigmatización, de los que en él aparezcan.

Privacidad: La creación de un registro puede implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible.

Represalias: Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo.

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Por todo ello, considero que la Comunidad de Madrid debe seguir defendiendo con firmeza la libertad de conciencia de los profesionales y recurrir la sentencia del TSJM hasta donde sea necesario.

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Manifiesto mi firme oposición al registro de objetores. Esta medida constituye un ataque directo a derechos fundamentales por las siguientes razones:

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Este registro vulnera los derechos humanos: La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias.

Discriminación: Un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica discriminación, e incluso estigmatización, de los que en él aparezcan.

Privacidad: La creación de un registro puede implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible.

Represalias: Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo.

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Por todo ello, considero que la Comunidad de Madrid debe seguir defendiendo con firmeza la libertad de conciencia de los profesionales y recurrir la sentencia del TSJM hasta donde sea necesario.

Manifiesto mi firme oposición al registro de objetores. Esta medida constituye un ataque directo a derechos fundamentales por las siguientes razones:​

Este registro vulnera los derechos humanos: La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias.

Discriminación: Un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica discriminación, e incluso estigmatización, de los que en él aparezcan.

Privacidad: La creación de un registro puede implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible.

Represalias: Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo.​

Por todo ello, considero que la Comunidad de Madrid debe seguir defendiendo con firmeza la libertad de conciencia de los profesionales y recurrir la sentencia del TSJM hasta donde sea necesario.

Presento alegaciones al Proyecto de Orden por el que se crea el Registro de Personas Objetoras de Conciencia por considerar que, tal y como está planteado, no garantiza el acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.

Desde una perspectiva feminista, el derecho al aborto es un derecho fundamental que forma parte de la autonomía corporal y de la capacidad de las mujeres para decidir sobre sus vidas. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid este derecho se encuentra gravemente limitado en la práctica, con una prestación casi inexistente en la red sanitaria pública y una derivación sistemática a centros privados.

La creación de un registro de personas objetoras no puede servir para consolidar esta situación. La objeción de conciencia, tal y como recoge la Ley Orgánica 2/2010, es un derecho individual del personal sanitario, pero no puede ejercerse de forma que impida o dificulte el acceso a un derecho reconocido legalmente.

El propio planteamiento del proyecto, al contemplar como alternativa el mantenimiento de los procedimientos actuales, evidencia una falta de voluntad política para garantizar este derecho en la sanidad pública, perpetuando un modelo que genera desigualdad territorial, social y económica.

Esta situación afecta de manera especialmente grave a mujeres en situación de vulnerabilidad, incluidas aquellas en situación administrativa irregular, que encuentran mayores barreras para acceder a una prestación sanitaria que debería ser universal, pública y gratuita.

Por todo ello, solicito:

Que se garantice la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid.

Que el registro de objetores no sirva en ningún caso para obstaculizar el acceso a este derecho.

Que se asegure la disponibilidad de profesionales no objetores en todos los centros públicos.

Que se eliminen las barreras administrativas y se garantice el acceso universal, sin discriminación.

Que se establezcan mecanismos de control y transparencia que permitan evaluar el cumplimiento de la ley.

El derecho al aborto debe ser garantizado de manera real y efectiva. No puede depender del territorio, de los recursos económicos ni de la situación administrativa de las mujeres.

Nuestros derechos no se objetan. Aborto libre, público y garantizado.

ALEGACIONES A LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE CREA EL REGISTRO DE PERSONAS OBJETORAS DE CONCIENCIA.

Amnistía Internacional Madrid, en ejercicio de su labor de defensa de los derechos humanos y en particular de los derechos sexuales y reproductivos, comparece y, como mejor proceda en Derecho, EXPONE:

Que tras haber analizado la Memoria Justificativa del Proyecto de Orden, presentamos las siguientes alegaciones basadas en los estándares internacionales de derechos humanos:

1. Motivación de la norma

La Memoria justifica la norma casi exclusivamente en el cumplimiento del Auto Nº 60/2026 del TSJM. Amnistía Internacional recuerda que la obligación de crear este registro emana de la Ley Orgánica 1/2023 y de tratados internacionales ratificados por España.

El objetivo central de la Orden no debe ser solo cumplir una medida cautelar, sino eliminar la barrera administrativa que supone la falta de datos sobre disponibilidad de personal. El Registro es la medida necesaria para cumplir con los principios de disponibilidad y accesibilidad del derecho a la salud, según lo establecido en la Observación General nº 22 del Comité DESC, la Recomendación nº 24 de la CEDAW y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (v.gr. Caso R.R. vs. Polonia), que exigen que el Estado organice sus servicios para que la objeción de conciencia no constituya un impedimento de acceso.

2. Necesidad y Oportunidad de la norma

La necesidad no nace solo de un auto judicial (TSJM 2026), sino de la urgencia. El Estado debe eliminar los obstáculos que impidan el acceso efectivo al aborto en la red pública madrileña.

En Madrid, la falta de este registro ha funcionado como una barrera que ha forzado la externalización sistemática del servicio. Esta norma es la oportunidad para que el aborto pase de ser una prestación normalizada e integrada en el sistema público.

La Comunidad de Madrid tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para organizar su sistema de salud. La oportunidad de la norma radica en que, sin este registro, la administración incumple su deber de planificación, lo que impacta desproporcionadamente en personas en situación de vulnerabilidad (mujeres jóvenes, migrantes o con bajos recursos) que dependen exclusivamente del sistema público.

3. Objetivos de la norma

Los objetivos de la Orden deben ser mucho más ambiciosos que el simple "cumplimiento de un auto". Deben centrarse en la autonomía de la paciente y la disponibilidad del servicio.

El registro debe ser un medio para que la Consejería de Sanidad garantice equipos suficientes y capacitados en cada área de salud, asegurando que el acceso no dependa del código postal o del hospital asignado.

El objetivo no es limitar la objeción individual, sino evitar la objeción institucional o de servicio, que es contraria a los estándares internacionales. Como señala AI en su informe "When rights aren't real for all", la objeción nunca puede utilizarse para denegar servicios de salud. Si un centro revela un 100% de objeción, la administración tiene la obligación de contratar o movilizar personal no objetor.

4. Confidencialidad y protección frente a la estigmatización y hostigamiento

Amnistía Internacional defiende la desestigmatización del aborto y la protección de quienes intervienen en el proceso.

El registro debe ser gestionado con criterios de máxima confidencialidad, limitando el acceso a los datos a las autoridades de planificación sanitaria. La transparencia debe ser estadística (número de objetores por centro), pero nunca nominal fuera del ámbito administrativo operativo, para evitar el señalamiento de profesionales.

La Orden debe incluir, en su preámbulo o articulado, la obligación de las gerencias de centros públicos de velar por que el ejercicio de la prestación (derivado de la información del registro) se realice en entornos libres de acoso y hostigamiento, protegiendo la dignidad tanto de pacientes como de profesionales frente a las acciones de terceros en los alrededores de los centros.

5. Solución alternativa de la Memoria

Rechazamos el argumento de la Memoria que defiende que los "procedimientos internos actuales" ya garantizan la prestación.

Los datos oficiales de 2024 muestran que el 72,9% de las IVE en Madrid reciben financiación pública, pero se derivan a clínicas privadas por la incapacidad de la red pública de organizarse. Esta "solución alternativa" supone en ocasiones retrasos y desplazamientos innecesarios que afectan desproporcionadamente a mujeres en situación de vulnerabilidad. El registro debe servir para integrar la IVE en la atención sanitaria ordinaria mediante una planificación transparente y legalmente regulada.

CONCLUSIÓN:

Por todo lo expuesto, solicitamos que se tengan por presentadas estas alegaciones y se incorporen al Proyecto de Orden los mecanismos de garantía aquí descritos, asegurando que el Registro de Objetores sea una herramienta al servicio de los derechos humanos.

Manifiesto mi firme oposición al registro de objetores. Esta medida constituye un ataque directo a derechos fundamentales por las siguientes razones:

Este registro vulnera los derechos humanos: La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias. Todos los listados, tarde o temprano, acaban siendo utilizados incluso por aquellos que no los crearon. Cualquier lista de este tipo debe de ser evitada siempre.

Discriminación: Un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica discriminación, e inclusola potencial estigmatización, de los que en él aparezcan.

Privacidad: La creación de un registro puede implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible.y con el historial de ciberataques que tenemos en España y la poca seguridad que se ofrece por parte de las instituciones, lo mejor es eliminar la creación de la información antes de crearla.

Represalias: Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo.

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Por todo ello, considero que la Comunidad de Madrid debe seguir defendiendo con firmeza la libertad de conciencia de los profesionales y recurrir la sentencia del TSJM hasta donde sea necesario”

Manifiesto mi firme oposición al registro de objetores. Esta medida constituye un ataque directo a derechos fundamentales por las siguientes razones:

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Este registro vulnera los derechos humanos: La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias.

Discriminación: Un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica discriminación, e incluso estigmatización, de los que en él aparezcan.

Privacidad: La creación de un registro puede implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible.

Represalias: Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo.

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Por todo ello, considero que la Comunidad de Madrid debe seguir defendiendo con firmeza la libertad de conciencia de los profesionales y recurrir la sentencia del TSJM hasta donde sea necesario

Entiendo que la creación de este registro obedece, una vez más, a la persecución que por parte de este gobierno se lleva a cabo de manera sistemática contra todo lo que sea o se adivine como libertad.

Creo que la Comunidad de Madrid debe agotar todas las vias juridico-legales para evitar la creación de dicho registro, y opino que, como se ha dicho en otros posts, quien debe incluirse en un registro es todo aquel profesional que esté dispuesto a realizar los abortos, y estar el registro a disposición de los jefes de servicio que son los que deben organizar el mismo.  

Manifiesto mi firme oposición al registro de objetores. Esta medida constituye un ataque directo a derechos fundamentales por las siguientes razones:​

1. Este registro vulnera los derechos humanos: La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias.

2. Discriminación: Un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica discriminación, e incluso estigmatización, de los que en él aparezcan.

3. Privacidad: La creación de un registro puede implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible.

4. Represalias: Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo.

​Por todo ello, considero que la Comunidad de Madrid debe seguir defendiendo con firmeza la libertad de conciencia de los profesionales y recurrir la sentencia del TSJM hasta donde sea necesario.

Me opongo a este proyecto porque no garantiza el derecho real al aborto en la sanidad pública, tal y como establece la ley Orgánica 2/2010.

Solicito que se garantice su prestación efectiva en la red pública y sin barreras

Los médicos deben curar, si no pueden entonces aliviar, si no pueden consolar, en ningún caso deben ejecutar a ninguna persona, incluso aunque lo pidiera

Presento esta alegación como ciudadana que defiende la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia previsto en el artículo 19 ter de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero) Las dos leyes que deberían garantizan el derecho a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública.

La Comunidad de Madrid tiene la obligación legal. La Ley Orgánica 1/2023 dice que todas las comunidades tienen que crear este registro. Todas lo han hecho. Todas menos Madrid. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha dicho que Madrid tiene que cumplirlo. 

Se habla de listas negras y de señalamiento. Pero las otras diecisiete comunidades llevan años con registros funcionando y no hay ni un solo caso de un médico despedido o represaliado por estar apuntado. Ni uno. El registro no es público: no lo ven pacientes, ni medios, ni nadie ajeno a la gestión interna. Solo sirve para organizar un servicio público. Hablar de totalitarismo aquí es desinformar.

Más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid se realizan en clínicas privadas concertadas. No en hospitales públicos. 

Estás clínicas están ubicadas en el centro de la capital, dentro de la M-30. Si usted vive en Móstoles, en Alcalá, en Collado Villalba o en cualquier municipio del sur o la sierra, tiene que desplazarse al centro de Madrid para ejercer un derecho. Esto no es igualdad territorial. Es es un agravio comparativo para toda la comunidad que vive fuera de la M-30.

El resultado de años de objeción colectiva no regulada se ha encargado de vaciar las prestaciones de la sanidad pública y en paralelo se ha creado un modelo de negocio, las clínicas privadas que viven de un concierto público mientras los hospitales públicos y ambulatorios derivan sistemáticamente. Y también mencionar que todas las gestiones para ejercer este derecho están centralizadas en un único punto de derivación en el centro de Madrid, se nos obliga a esperar plazos que en otros lugares no existen y, en muchos casos, tenemos asumir desplazamientos que no deberían ser necesarios con una gestión local.

Eso sí es discriminación. No el registro. 

Y con todo respeto que se merece, estas alegaciones son de las más raras que he visto nunca. Parece que esto no fuera un trámite de gestión pública de una comunidad autónoma, sino el muro de una red social cualquiera. Lo valoro positivamente en cuanto a la iniciativa de hacer partícipes a todas las personas, pero de forma o no intencionada puede confundirse fácilmente la participación ciudadana con una herramienta de desinformación.

Deseo expresar mi rechazo absoluto a la implementación del registro de objetores, por considerarlo una vulneración de derechos constitucionales básicos. En primer lugar, este registro compromete la libertad de conciencia, al obligar a los profesionales a manifestar públicamente convicciones íntimas. Asimismo, supone un riesgo de estigmatización y discriminación laboral para el personal sanitario. La gestión de estos datos sensibles atenta contra el derecho a la privacidad y expone a los trabajadores a posibles represalias. Por estos motivos, insto a la Comunidad de Madrid a agotar todas las vías judiciales y recurrir la sentencia del TSJM en defensa de la libertad profesional.

No estoy de acuerdo con la creación del registro de médicos objetores de conciencia. Me parece un listado de tintes fascistas, proclive al señalamiento, una manera moderna de coser una estrella amarilla en la solapa de algunos ciudadanos. Evidentemente, los servicios hospitalarios deben saber qué profesionales se prestan a realizar un aborto, pero eso debería quedar a la organización interna del centro. En todo caso, creo que si hay que hacer alguna lista, debería ser de aquellos que sí se prestan a hacer abortos. Es lo mismo que sucede en algunas empresas con las horas extraordinarias: se hace una lista de los que quieren hacerlas, no de los que no lo desean, y, por supuesto, la lista no circula de manera pública, sino que está restringida a la sección en la que es necesaria con fines organizativos.

Este Registro vulnera derechos humanos como la objeción de conciencia; puede dar lugar a la discriminación y/o persecución de médicos y profesionales sanitarios objetores al aborto; vulnera el derecho a la privacidad y supone un instrumento de control más de los ciudadanos.

Todo mi apoyo a la creación del registro de objetores de conciencia. Es muy importante saber cuántos profesionales médicos se están negando a hacer abortos en la comunidad de Madrid, pero luego los están practicando en las clínicas privadas en las que están pluri empleados y pluri empleadas. Que se cumpla la ley. Las mujeres tenemos derecho a abortar en los hospitales públicos