Entendemos las preocupaciones la Comunidad de Madrid  en materia de contaminación y mejora del medio ambiente para el conjunto de los habitantes en el municipio.

Cualquier normativa municipal en materia de tráfico y movilidad debe garantizar a cualquier ciudadano el acceso a un sistema de movilidad justo, que permita el libre ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales, favorecer la realización de sus actividades personales, empresariales y comerciales y atender las necesidades de las personas menos favorecidas y de las zonas afectadas por procesos de despoblación, y en particular, prestar especial atención a los supuestos de movilidad obligada.

Los problemas planteados son de una enorme trascendencia por cuanto afectan a pilares básicos de la sociedad del bienestar, tanto en los aspectos más tangibles: economía y empleo, como en otros de indudable importancia como son hábitos de vida y ciertas esferas de libertad de los ciudadanos.

La movilidad es una vía para acceder a los pilares básicos del estado del bienestar (salud, educación, servicios sociales, etc.). Un municipio que no garantiza la movilidad a sus habitantes está permitiendo una distribución desigual de oportunidades para que los ciudadanos accedan a servicios básicos como hospitales, escuelas, trabajo o comercio. Por lo tanto, las restricciones en la movilidad suponen un retroceso para la cohesión social.

En términos económicos, porque el coste que deben asumir los agentes empresariales y sociales en el transporte de personas y mercancías forma parte de su cuenta de resultados. En un entorno cada vez más globalizado, la competitividad de nuestros municipios se puede ver alterada si se exigen desembolsos económicos significativos, inesperados y a muy corto plazo para renovar una flota de vehículos que garantice el desplazamiento eficiente de bienes. En definitiva, la eficiencia de la movilidad con unos costes controlables y planificados es esencial para garantizar el progreso económico.

Medidas de tipo restrictivo que limiten la libertad de circulación como la zona de bajas emisiones que se proyectan van a afectar indudablemente al colectivo con menos recursos económicos, que no pueden permitirse por su capacidad económica adquirir un vehículo nuevo ni, en la mayoría de los casos, de segunda mano; trabajadores autónomos que necesitan como herramienta imprescindible de trabajo utilizar sus vehículos ; asalariados que no disponen de otro medio para llegar a sus puestos de trabajo de forma económica, en un tiempo prudencial y a diferentes horas del día; propietarios de vehículos de más de 30 años; jubilados; personas con movilidad reducida; estudiantes, padres con hijos en edad escolar que realizan actividades extraescolares, etc. , a los que se les puede prohibir de forma indiscriminada la circulación de sus vehículos por que un Ayuntamiento así lo decidida, basándose en el sistema de distintivos que ha implantado la DGT en base al cumplimiento de las normas EURO y otorgándolos según su fecha de matriculación.

Resulta discriminatorio e incongruente que un vehículo con su ITV en vigor, seguro al corriente de pago, y abonando el IVTM pueda circular por las carreteras de todo el territorio nacional pero se pueda impedir la movilidad de su propietario e impedir su circulación en la totalidad o parte de un término municipal.

En unas sociedades democráticas y libres como las desarrolladas en las que vive la mayor parte de la población Europea hay que evitar prohibir, porque la labor de los Estados no es esa.

Entre los afectados se encuentran los vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y los vehículos diésel matriculados antes del año 2006, motocicletas anteriores a 2003, entre ellos están los vehículos clásicos (+30 años), ambos tipos conservados con mimo por sus propietarios durante años, utilizados principalmente de forma recreativa los fines de semana y, que por el escaso kilometraje que recorren al año (de media en torno a 1.500 km en el mayor de los casos), no son la fuente del problema de contaminación señalado por la directriz. Muchos de estos vehículos ya cuentan con restricciones circulatorias impuestas por el tipo de seguro que tienen contratado que limitan su uso y kilometraje anual, por lo que entendemos que no es necesario hacer que desaparezcan con la creación de ZBEs muy restrictivas.

No se puede tratar de forma indiscriminada a quienes no son los causantes del problema, planteando duras restricciones a los vehículos sin distintivo medioambiental  o a los etiqueta B.

Además, estos vehículos son una fuente de ingresos no solo para las Administraciones Públicas, sino también para los profesionales que viven del sector de la automoción, como talleres o negocios de recambios y piezas, ferias, eventos, impulsando el negocio local. Todo ello impacta de forma positiva para mejorar el bienestar común a través del pago de los correspondientes impuestos a las arcas públicas.

Todo lo anterior sitúa a nuestra Sociedad en una posición crítica de cara al futuro y hace necesario que las autoridades municipales sean conscientes de los grandes retos que se plantean; analicen y valoren de forma rigurosa e integrada el conjunto de variables asociadas a los diferentes ámbitos y sectores implicados y adopten medidas que estén a la altura de los problemas, programando todas ellas de forma escalonada y evitando, así, actuaciones parciales que, pretendiendo resolver una parte del problema, produzcan perjuicios irreversibles en otras.

Hoy por hoy, el parque de automóviles se renueva sí o sí, de forma “natural”. De lo que tratan las ZBE es, prioritariamente, de forzar una aceleración en la renovación. Esto quiere decir desechar coches antes del final de su vida útil y substituirlos por otros más nuevos. Por lo tanto, es interesante que la evaluación sobre la bondad ambiental de estas medidas se haga no solo desde una perspectiva local, sino observando la globalidad del ciclo de vida de un vehículo.

En este sentido, los nuevos vehículos (especialmente los eléctricos) abren muchos interrogantes y dudas sobre sus supuestas bondades ambientales. Desde los impactos de la minería en el territorio para conseguir el litio, cobalto, níquel y cobre necesarios para las baterías, hasta las emisiones de CO2 y el consumo de agua necesario para obtener estos elementos en las minas, o los consumos energéticos asociados al mayor peso de los vehículos —a causa, precisamente, de las baterías—. Así, por ejemplo, la marca Volkswagen afirma que su modelo Golf eléctrico conlleva en su fase de fabricación el doble de emisiones de CO2 equivalentes respecto el modelo Golf diésel, de manera que hasta más allá de los primeros 100.000 km recorridos en el modelo eléctrico no puede comenzarse a hablar de ahorros en las emisiones de CO2. Por no decir que, durante la fase de uso de los vehículos eléctricos también se producen emisiones, y que los tan esperados ahorros dependen de cómo se produzca la electricidad en cada región determinada (quemando carbón, gasóleo o gas natural; nuclear; renovables).

Ahora bien, más allá de las cautelas ambientales a escala global, también aparecen interrogantes entorno a la equidad de la medida a escala local. Porque si nos focalizamos básicamente en la renovación del parque móvil, entonces las ZBE solo afectaran notablemente a una parte de las rentas bajas —aquella parte que dispone y usa habitualmente el automóvil— puesto que este segmento de la población sería el único que debería cambiar sus hábitos de movilidad (o hacer el gran esfuerzo económico de comprarse otro coche). Pero más importante aún: deberían cambiar sus hábitos sin que las condiciones de movilidad de las alternativas al coche hubieran mejorado. Ni para las rentas muy bajas que no usaban previamente el coche; ni para las que tienen que dejarlo de usar con la introducción de las ZBE; ni para las que, pudiendo costear un coche, pierden la oportunidad de tener alternativas más competitivas en tiempo, seguridad y confort.

La movilidad de las personas constituye un deseo ampliamente sentido, que se ha manifestado a lo largo de la historia, y una necesidad vinculada estrechamente al desarrollo humano, al desarrollo económico y al bienestar de los pueblos.

La socialización de la movilidad, que ha contribuido de manera inequívoca a la sociedad del bienestar, a incrementar las cotas de libertad de los ciudadanos y a una mayor igualdad entre diferentes colectivos humanos, es fruto de nuestro tiempo y ha sido posible gracias al uso del automóvil por amplias capas de la Sociedad.  La movilidad de las mercancías, y de las personas, son causa y efecto del desarrollo económico y social; cualquier factor, o acción de los poderes públicos, que afecte de manera significativa a la movilidad afectará, al bienestar de los ciudadanos y al desarrollo de la sociedad. Debe tenerse en cuenta que más del 90% de la movilidad interior española corresponde al modo de carretera y, en al caso de las personas, los turismos absorben cuotas del orden del 80%.

La movilidad de las personas y de las cosas está íntimamente relacionada con el desarrollo y nivel de bienestar de la Sociedad. Es un derecho fundamental de los ciudadanos que debe facilitarse con las mínimas restricciones posibles, haciéndola compatible con el resto de los derechos. España, como país desarrollado goza de infraestructuras avanzadas y medios de transporte, tanto privados como públicos de un excelente nivel. Deben potenciarse, sin exclusiones, los diferentes medios y modos disponibles, aprovechando sus diferentes rangos de eficiencia y sin penalizar ninguno de ellos.

Los vehículos automóviles han permitido la socialización de la movilidad, son en la actualidad protagonistas indiscutibles de la movilidad de los ciudadanos y, por tanto, de sus hábitos de vida y libertad de elección de alternativas personales y profesionales. Por otra parte, se ven afectados directamente por las restricciones medioambientales.

El análisis de los problemas debe ser pluridisciplinar, multisectorial y riguroso, en el que se contemplen y valoren los efectos de cada decisión en los diferentes sectores de actividad económica, sin olvidar las necesidades y aspiraciones de los diferentes grupos sociales. Los objetivos que se planteen deben ser realistas, medibles en el corto y medio plazo y contar con todas las tecnologías sostenibles, eficientes y asequibles para el consumidor. Los límites y plazos deben establecerse en línea con las condiciones asumibles por la sociedad; objetivos más exigentes podrían causar más daños que beneficios para nuestro tejido industrial, a nuestra economía y para nuestra sociedad.

Hoy en día en los países avanzados existen, al menos, tres tipos de necesidades de movilidad, completamente diferentes a las que existían en el siglo XX. La de las grandes aglomeraciones urbanas, las de las medianas ciudades y las del mundo rural y cada una de ellas con unas características completamente distintas, por lo cual, las soluciones son también distintas.

En las medianas ciudades y las del medio rural Los individuos de estas zonas necesitan siempre un automóvil en propiedad, porque hacen frecuentes desplazamientos de corto recorrido, pero tienen que disponer de un vehículo permanentemente, porque necesitan utilizarlo a diario y varias veces al día y el transporte público no tiene la frecuencia y extensión apropiada ni suficiente.

Para estas personas usar un automóvil eléctrico supone un impedimento derivado del precio de adquisición, primero porque hoy por hoy los precios representan entre un 50% y un 120% del precio de los vehículos actuales de motores de combustión y segundo porque hablamos de una población más deprimida económicamente, en la que la disposición de una cantidad de dinero para la compra de un coche eléctrico es prohibitiva.

Actualmente estamos sufriendo aun los efectos derivados de la pandemia de Covid 19 y desde distintas administraciones públicas  se ha recomendado durante estos dos años el transporte individual como una forma de evitar contagios y preservar la salud. Esta pandemia junto con la guerra en Ucrania y la inflación descontrolada ha causado una grave crisis económica y social que impedirá a muchos de los propietarios de vehículos antiguos realizar el desembolso necesario para adquirir un nuevo vehículo, teniendo en cuenta también que medidas como las zonas de bajas emisiones devalúan el valor de los vehículos sin distintivo ambiental dificultando su venta en los grandes municipios.

Intentemos entre todos cuidar el patrimonio de vehículos y no enviarlo a los desguaces y que los ayuntamientos sean considerado como ejemplo del respeto y cuidado que estos vehículos merecen como historia viva de este país, para que así las próximas generaciones puedan aprender, entender y disfrutar de aquellos vehículos que movilizaron a nuestros padres y abuelos y que tan buenos recuerdos nos han brindado, brindan brindarán