Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Centro de Investigación en Transparencia y Gobierno Abierto (CIT) ante la consulta pública de un Proyecto de normas reguladoras de las subvenciones de concesión directa a entidades del tercer sector para la realización de formación en competencias digitales a niños en situación de vulnerabilidad y jóvenes ex-tutelados en la Comunidad de Madrid (CAM), presenta las siguientes alegaciones y consideraciones:

Es imprescindible que la normativa se ajuste a los principios de comprensibilidad y sencillez. Asimismo, debe de engarzarse adecuadamente con las leyes vigentes, entre ellas la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Consideramos que deben de tenerse en cuenta los principios de la contratación pública (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público): -Libertad de acceso de los candidatos -Publicidad -Transparencia en los procedimientos -No discriminación -Igualdad de trato entre los candidatos

Aunque se trate de procesos de concesión directa deben de respetarse los criterios del artículo 4 de la Ley 2/1995 de la CAM: publicidad, concurrencia (en la medida que debe tenerse en cuenta todas aquellas entidades que ofrezcan experiencia, dispongan de medios y se haya comprobado su eficacia y eficiencia) objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados para el establecimiento de las mismas y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. En este sentido deben de establecerse mecanismos de evaluación de cada programa de capacitación. En concreto, se debe evitar que las ayudas destinadas a desarrollar competencias digitales sirvan para financiar otras necesidades que nada tienen que ver con la digitalización.

No debe olvidarse el objetivo final de la tutela de los menores por parte de la CAM, otras entidades públicas, así como las familias de acogida, adoptantes y colaboradoras: la integración real y efectiva en la sociedad, así como el bienestar y felicidad de los menores y jóvenes. En definitiva, se debe buscar y atajar las razones que crean situaciones de vulnerabilidad y, la formación en competencias digitales puede ser un medio para ello. Para lo cual cualquier concesión directa debe orientarse a dicho objetivo, con los medios más adecuados.

Es imprescindible que las entidades encargadas de la formación en competencias digitales dispongan de los medios adecuados. No solo los técnicos, también los humanos. Por ello, los monitores de capacitación digital deben cumplir con los requisitos legales (previstos entre otras en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección del Menor modificada por las Leyes 26/2015 y 45/2015) y tener una formación comprobable, tanto genérica como monitor de niños y jóvenes, como de digitalización. Por ello debe exigirse: -Titulación como monitor de tiempo libre con el objetivo de transformar la educación más teórica en un aprendizaje más dinámico y significativo para los alumnos y  -Titulación y experiencia acreditable en la materia a impartir.

A la hora de otorgar las subvenciones y selección los programas de capacitación digital deben de valorarse:

-Formación y experiencia del personal (monitores) acreditable a través de curriculum y certificados, títulos oficiales y vida laboral actualizada.

-Experiencia y especialización de la entidad no solo en el ámbito de la tecnología, sino también en el ámbito social y en el desarrollo de programas con personas y, en especial con menores y jóvenes con pocos recursos y en situación de vulnerabilidad social.

-Resultados que han obtenido las entidades: en concreto si han conseguido la integración de menores y jóvenes, si la formación ha permitido salir al menor de las situaciones de vulnerabilidad y, en último término si es posible conocer la empleabilidad una vez que han llegado a la mayoría de edad.

-El exhaustivo conocimiento de las necesidades de las empresas en las que se demandan perfiles profesionales especializados en materia tecnológicas para poder realizar una intervención adaptada lo que requieren dichas empresas en la actualidad.

-Las entidades deberán proporcionar a los alumnos habilidades tecnológicas que puedan solventar las dificultades y trámites que puedan surgir en el día.

7.-La capacitación debe tener como referencia el Marco de Competencias Digitales para la Ciudadanía con ocho niveles de competencia ajustadas a la edad de los menores y jóvenes (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281 traducción en https://www.aupex.org/centrodocumentacion/pub/DigCompEs.pdf) A ello se debe de añadir la formación en seguridad, protección de datos personales, sensibilización sobre los daños que pueden producirse por medios digitales, así como canales de denuncia, En definitiva, una formación ética para la sociedad digitalizada y los medios de protección. En este sentido la Agencia Española de Protección de Datos [Personales] (https://www.aepd.es/ ) ha desarrollado una estrategia global sobre menores, salud digital y privacidad y; ofrece documentación y formación para menores, jóvenes, padres y profesores.

8.-En todo caso, debe existir una rendición de cuentas, lo menos burocratizada posible. Debe evaluarse de forma transparente el resultado de las subvenciones. En concreto, si se ha conseguido la integración, el grado de satisfacción de los menores y jóvenes y, una vez llegados a la mayoría de edad, si la capacitación digital ha sido útil para obtener un trabajo digno (empleabilidad), finalizar los estudios… Los resultados, tanto positivos como negativos deben de estar a disposición de la ciudadanía, esencialmente mediante la publicidad activa.

En Madrid a 26 de febrero de 2024

Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva
msdiego@ucm.es

manuel@sanchezdediego.com