En las bases de 2022 el importe en inversión en los proyectos de actividades ha sido limitado a 15.000€ por proyecto o al 15% del coste total del proyecto en el caso de que el importe sea menor. Tal y como se reflejaba en las bases anteriores, se debería establecer un porcentaje del coste total sin añadir un límite de importe para asegurar que la inversión realizada es acorde con las necesidades del proyecto del art. 4.

En las bases de 2022 no se contemplaba la valoración del número total de participantes, pudiendo solicitar un proyecto para 5 personas o para 500, se debería baremar el número de participantes del proyecto.

En las bases de 2022 no se incluyó en la valoración los 3 puntos por acreditación de accesibilidad que había en las bases anteriores, sí que se reflejaban los puntos por calidad y por entidad socialmente responsable. Sería interesante volver a incluír estos puntos ya que, aunque no se valoraba, pedían esta información en el formulario de registro de los proyectos.

Las bases de la convocatoria nos parecen discriminatorias con las pequeñas entidades, por muy responsables y excelentes en la gestión que sean, dado que muchos de los puntos se otorgan primando el tamaño.

Por otra parte, conforme al artículo 18.1 de la citada Orden, al hacer la ponderación de los puntos en base al importe solicitado se propicia que algunas entidades soliciten una subvención de un proyecto mucho mayor del que realmente pueden gestionar, pues saben además que luego lo pueden reformular para bajar su importe a lo que realmente están en condiciones de gestionar y conseguir la subvención.

Lo anterior perjudica a entidades que ajustan su proyecto y lo solicitado en la subvención a la realidad de lo que van a gestionar, lo que favorece a entidades que tienen menos puntos pero que incrementan el presupuesto del proyecto pensando en la reformulación. 

Además entidades que asumen una parte importante del proyecto con fondos propios o con otras subvenciones y que por ello no necesitan reformular nada, se ven perjudicadas frente a otras entidades cuya aportación es menor o que reformulan el proyecto, lo que es totalmente incongruente con el espiritu de la convocatoria que pretende que haya una cofinanciación mayor de los proyectos. 

En las bases de 2022, se ha estipulado que en la reformulación sólo se podrá reformular hasta un límite establecido en la convocatoria pertinente. En 2022 el límite era del 40% del total, este porcentaje es muy alto comparado con el importe financiado por proyecto (como media) se debería poner un porcentaje menor.

Desde nuestra Fundación, consideramos fundamental "Modificar el criterio de valoración referido a continuidad de proyectos, limitando a uno los proyectos subvencionados durante los últimos dos años para poder optar a los 15 puntos de continuidad". Creemos que esta modificación mantiene la esencia de la continuidad de proyectos, atendiendo a un marco temporal reciente. Contemplar el criterio de continuidad con proyectos que han sido financiados hace 5 años (tal y como queda reflejado actualmente en las Bases Reguladoras), no guardaría coherencia, sabiendo que la situación y contexto en la época pre-pandemia, es totalmente distinta con la actual. Por lo que el interés general de la población puede haberse alterado desde entonces, hasta la fecha. 

Las bases de la convocatoria no permiten acceder a la misma a entidades de menor tamaño y/o que no han obtenido la ayuda anteriormente por varias razones:

1.Criterios de valoración de la entidad (Están muy focalizados al tamaño de la entidad: presupuesto, patrimonio, nº de trabajadores,etc) reduciéndose la puntuación considerablemente si eres una ong de tamaño pequeño.

2. Criterios de valoración del proyecto. No haber obtenido la subvención anteriormente te hace contar con 15 puntos menos, reduciendo las posibilidades de llegar a la puntuación mínima para entidades que no han obtenido la ayuda anteriormente.

3. Determinación de la cuantía de la subvención (Artículo 18) En el punto 2 se señala que “No podrán ser subvencionados aquellos proyectos, cuyo importe de subvención resultante, esté por debajo de 15.000 euros” lo que provoca que proyectos de un presupuesto más reducido se queden fuera.

Estos 3 elementos excluyen de manera relevante a ongs pequeñas que están realizando un excelente trabajo en la Comunidad de Madrid, por ello consideramos que deberían ser revisados para darles también cabida.  

Sería recomendable que se fuesen actualizando las tablas salariales así como de los complementos por coordinación

Consideramos necesario revisar este criterio. Consideramos que la puntuación requiere de un ajuste ya que la diferencia de puntuación es excesiva 

Pensamos que el criterio de puntuación en este apartado se ha de revisar, puesto que depende de la naturaleza del proyecto los profesionales dedicados al mismo pueden varíar, afectando a la puntuación de proyectos de entidades más pequeñas. 

Al reformular la solicitud, no dejan cambiar el importe de las otras fuentes de financiación. Al final estas cofinanciando más de lo comprometido inicialmente, condición por el que además te puntúan.

En la valoración del proyecto, los potenciales destinatarios, se da hasta 4 puntos, es decir que a partir de 80 beneficiarios todos tenemos los mismos puntos, es decir que se valora igual un proyecto con 80 destinatarios que con 1000

Respecto al ámbito territorial que se menciona en el artículo 29.3. se ha querido puntuar mejor aquellos proyectos que se desarrollan en municipios más pequeños, minorando la puntuación de aquellos que tenemos presencia en toda la Comunidad de Madrid, incluyendo con ello muchos de esos municipios pequeños, pero que por la naturaleza del programa no se pueden determinar a priori cuales van a ser. Hay que tener en cuenta que muchos de los servicios que se prestan se realizan en la propia entidad pero que las personas beneficiarias que acuden lo hacen desde todo el territorio de la Comunidad de Madrid, dando mayor alcance y difusión al programa, así como otros que, se especifica dónde se va a realizar exactamente una vez ha sido concedida la ayuda (puesto que determinar antes el compromiso de realización es imposible al ser acciones que dependen de la colaboración de otras entidades/instituciones/centros educativos, etc.). Además, respecto a las bases del año anterior, el ámbito territorial ha pasado de estar en la valoración de la entidad a la valoración del proyecto, cosa que podría ser discutible pues es la entidad (con este y otros proyectos) la que tiene presencia en el territorio concreto.

En el punto vigésimo-octavo, de criterios de valoración de la entidad:

No hay ningún punto que valore la atención a discapacitados con especial nivel de exigencia, por ser discapacidades muy graves, y que requieren atención con una elevada ratio de personal por cada usuario atendido, o con un alto nivel de cualificación, como ocurre con las personas con sordoceguera y alto nivel de dependencia, o con otras discapacidades múltiples. Es muy difícil para estas entidades cumplir con los objetivos de atención a los usuarios y a la vez optar a los beneficios de contratar a un alto porcentaje de personas con discapacidad, lo que con frecuencia es inviable en atención directa a los usuarios. Esto hace imposible que puedan concurrir en igualdad con otras entidades. Igualmente, las familias de personas con discapacidades graves con frecuencia se trasladan a municipios mayores, donde pueden optar a más servicios, y por tanto es más infrecuente que las entidades que los atienden puedan puntuar por el criterio de municipios pequeños. Si bien todos esos criterios son buenos en general, en el caso de entidades que atienden a personas con discapacidades muy graves o múltiples, resultaría discriminatorio, a menos que se incluyera una cláusula compensadora de puntos por el concepto tanto de discapacidades graves o múltiples, o discapacidades raras o que requieren una ratio muy elevada de trabajadores por usuario.

En el punto vigésimo-octavo, en el apartado e), de calidad, responsabilidad social y accesibilidad en la gestión de la entidad

Se puntúan hasta 4 puntos para las certificaciones ISO, UNE 26000:2021 y el Modelo EFQM, pero quedan excluidos otros modelos de acreditación contrastados y reconocidos, como el Sello ONG Acreditada otorgado por la Fundación Lealtad, o el sello ONG de Calidad otorgado por la Plataforma de ONG de Acción Social. Estas acreditaciones, o son excluidas, o como máximo obtendrían 1 punto como “modelos de evaluación de la calidad no contemplados en el punto anterior”. Deberían incluirse al  menos en igualdad de puntuación con otras certificaciones. Las certificaciones ISO y UNE son muy costosas y requieren una inversión de tiempo y personal que desvirtúa la eficiencia de las ONG, a tener que dedicar un esfuerzo desproporcionado a la obtención de las mismas, especialmente si el porcentaje del gasto destinado a la misión es muy alto.

En el punto vigésimo noveno, de criterios de valoración de los proyectos, en el apartado a) Continuidad, que otorga hasta 15 puntos:

La convocatoria establece que la continuidad de los proyectos solo se considera para proyectos financiados por la comunidad autónoma en años anteriores, lo que ha dejado fuera a algunos proyectos que eran financiados por el estado en el mismo ámbito autonómico. Entendemos que esta disposición ha sido creada con la intención de favorecer a los proyectos financiados por la comunidad autónoma y garantizar la continuidad de los mismos. Sin embargo, consideramos que esta medida puede tener un impacto negativo en algunos proyectos importantes que ya no pueden recibir financiación del estado debido a un cambio en las competencias. La valoración diferente de la financiación previa en función del organismo financiador (Estado o Comunidad Autónoma) ha resultado en una discriminación arbitraria o ilegítima, que ha causado una pérdida de financiación para las entidades que acogen a discapacidades minoritarias en cada autonomía.

La competencia en el ámbito autonómico ha cambiado y algunos proyectos que anteriormente recibían financiación del estado ahora no pueden continuar debido a este cambio. Sin embargo, estos proyectos siguen siendo importantes para el bienestar y desarrollo de la comunidad, y es por eso que solicitamos que se revisen las disposiciones de la convocatoria para permitir que estos proyectos puedan continuar recibiendo financiación, ya sea a través de la comunidad autónoma o mediante otros medios.

Proponemos que se incluya una cláusula en la convocatoria que permita a los proyectos que han perdido financiación del estado debido a un cambio en las competencias, presentar una solicitud para recibir financiación de la comunidad autónoma en igualdad de condiciones que los proyectos financiados por la comunidad autónoma en años anteriores. De esta manera, se garantiza que los proyectos que son importantes para la comunidad puedan continuar recibiendo financiación y seguir avanzando en su desarrollo.

Esta discriminación puede vulnerar los siguientes artículos de la Constitución Española:

Artículo 14: establece el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación por razón de cualquier circunstancia personal o social, incluyendo la discapacidad. Cualquier diferencia en la valoración de la financiación previa debería estar justificada por motivos objetivos y razonables. Si se estaba desarrollando un programa en los distintos territorios autonómicos con financiación del Estado, esa continuidad previa de los programas debería considerarse en cada una de las autonomías al pasar a ser competencia exclusiva de ellas y no poder seguir con financiación directa del Estado. No es razonable que se ignoren los años anteriores al cambio de competencias.

Artículo 49: reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la integración social, la igualdad de oportunidades y la participación en la vida económica, social y cultural. La pérdida de financiación ha afectado negativamente a la integración social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y, por lo tanto, debería ser corregida.

Artículo 149: establece la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. De acuerdo con este artículo, el Estado tiene competencia exclusiva en algunas materias, mientras que las Comunidades Autónomas tienen competencias en otras. Entre las materias en las que el Estado tiene competencia exclusiva se encuentran, por ejemplo, la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, la defensa, la justicia o la legislación mercantil.

En este caso, la discriminación en la valoración de la financiación previa por convocatorias públicas en función de si el organismo financiador es el Estado o la Comunidad Autónoma, podría afectar negativamente a la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Esto se debe a que, en algunos casos, el Estado puede haber financiado proyectos que ahora están bajo competencia de las Comunidades Autónomas, pero que ya no podrán continuar porque no se les da la misma valoración que a otros proyectos financiados por la Comunidad Autónoma en años anteriores.

Esta situación es contraria a la Constitución dado que la discriminación en la valoración de la financiación previa ha afectado negativamente a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Es decir, el Estado ha financiado anteriormente proyectos en una materia que ahora es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, pero que no pueden continuar porque la Comunidad Autónoma no les da la misma valoración que a otros proyectos financiados por ella misma en años anteriores, entonces podría haber una vulneración de la distribución competencial.

En el punto vigésimo noveno, apartado b) Contenido técnico, en el punto 3. Ámbito territorial del proyecto:

Se otorgan hasta 8 puntos en función del tamaño de los municipios en los que resida la población a la que se va a atender, favoreciendo los municipios pequeños.

Si bien conceptualmente intenta equilibrar la equidad territorial, en el caso de las personas con discapacidades graves, múltiples o raras, resulta paradójicamente discriminatorio, puesto que las familias de las personas que presentan estos problemas con frecuencia trasladan su domicilio a los municipios en los que pueden acceder a más servicios y por tanto residen mayoritariamente en municipios grandes. Las entidades que atienden a estas personas deberían tener un criterio de compensación en este concepto que disminuyera esa discriminación hacia las personas más necesitadas de atención, que paradójicamente a buscar municipios grandes pueden quedar desatendidas si los programas de atención no consiguen ser financiados.

De acuerdo con las bases reguladoras el coste total del proyecto reformulado reflejado en la memoria adaptada no podrá ser inferior al 40% del coste total del proyecto inicial indicado en la solicitud. Si se superara este porcentaje, el órgano instructor rechazará la reformulación.

Creemos que el 40% es elevado porque dependiendo de la cantidad concedida en algunos casos hace que la entidad tenga que aumentar la confinanciacion y el tanto por ciento que tenia en la solicitud.

Ejemplo: en una solicitud de 150.000,00€ y una confinanciacion de 30.000,00€ que es el 20% y por el cual se valora el programa, si se conceden una subvencion  de 30.000,00€, el 40% del programa son 72.000,00€, esto quiere decir que la entidad tendrá que confinanciar 42.000,00€ y el porcentaje seria de un 58% cuando en la solicitud se le ha valorado con un 20% y la cantidad confinanciada es mas elevada que en la solicitud.

Consideramos que se debería revisar el porcentaje del 40% en la reformulación y proponemos que se debería mantener el porcentaje de la confinanciacion que se realizo en la solicitud.

1.  Respecto al Artículo 13 solicitamos la posibilidad de que los gastos de gestión y administración aumente hasta el 15%. Este porcentaje coincidiría con el artículo 12.2. del Real Decreto 821/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

2. Solicitamos que el coste total del proyecto reformulado en la memoria adaptada no tenga que ser de “al menos 40% del coste total del proyecto inicial”, sino que sea posible la ejecución del proyecto con la suma de la cuantía concedida y la cofinanciación aportada, siempre que se ajuste a los objetivos generales planteados en la solicitud inicial.

3. Solicitamos que cualquier requerimiento, petición de información o solicitud de subsanación sea notificada a la entidad de manera telemática, garantizando así que los/as interesados/as puedan enmendar posibles incidencias que puedan darse durante el proceso de petición de la ayuda

Consulta Pública BBRR IRPF, con cargo a =;/% IRPF y Plan Corresponsables

Desde nuestro punto de vista se debe de volver a las bases del 2019-2021, respecto a la financiación de los proyectos, que debe de ser del 100%. Lo que se gestionan y se asigna en función de criterios establecidos son fondos públicos, qué están destinados a entidades sin Ánimo de Lucro, que, a su vez, prestan servicios a la ciudadanía más vulnerable.

Las Organizaciones Sin Animo de Lucro, no tienen como función financiar proyectos sociales.

Nuestra propuesta y reclamación es que Se debería de  volver  a  las bases  Bases 2019-2021

3. En el caso de que el importe de la Propuesta de Resolución provisional sea menor que el solicitado, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se propondrá a la entidad que reformule su solicitud para adaptar los compromisos y contenido del proyecto al importe propuesto para la subvención. Para la reformulación se cumplimentará una memoria adaptada, en un modelo que será facilitado por el órgano instructor, que deberá presentarse en el plazo de diez días hábiles contados desde la publicación de la Propuesta de Resolución provisional en el portal de la Comunidad de Madrid http://www.comunidad.madrid.

4. La memoria adaptada vinculará en todos sus extremos a la entidad solicitante y no podrá incluir contenidos, actuaciones, ámbito territorial o cualesquiera otros extremos distintos de los previamente consignados en la solicitud, salvo lo estrictamente necesario para adaptar el proyecto al importe propuesto en la Propuesta de Resolución provisional.

5. Una vez que la memoria adaptada obtenga la conformidad del órgano instructor,se formulará la Propuesta de Resolución definitiva, que elevará al órgano competente para resolver”.

Se debería de suprimir de las Bases 2022 Artículo 32 Propuesta de resolución y posibilidad de reformulación. El Apartado 6.

3. En el supuesto que el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea menor que el importe solicitado, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se propondrá a la entidad la posibilidad de que reformule su solicitud para adaptar los compromisos y contenidos del proyecto al importe propuesto para la subvención.La reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.

4. Para la reformular se cumplimentará una memoria adaptada, que se presentará en el plazo y en el modelo que se establezcan en la convocatoria correspondiente.

La memoria adaptada vinculará en todos sus extremos a la entidad, no pudiendo modificarse los extremos indicados en la solicitud, salvo los estrictamente necesarios para adaptar el proyecto al importe propuesto en la resolución provisional. Si la Administración propone a la entidad la reformulación, la no presentación de reformulación se entenderá como que la entidad acepta el importe indicado en la propuesta de resolución provisional, manteniéndose el resto del contenido de la solicitud inicial.

5. El órgano instructor rechazará la reformulación cuando se modifiquen aspectos consignados en la solicitud que no sean los estrictamente necesarios para adaptar el proyecto al importe de la propuesta de resolución provisional y que se indicarán en la memoria adaptada y también cuando no se alcance la puntuación mínima requerida en el artículo 31 de esta Orden.El rechazo de la reformulación dará lugar al mantenimiento del contenido de la solicitud inicial.

6. El coste total del proyecto reformulado reflejado en la memoria adaptada no podrá ser inferior a un porcentaje del coste total del proyecto inicial indicado en la solicitud. Dicho porcentaje se establecerá en la correspondiente convocatoria. Si se superara este porcentaje, el órgano instructor rechazará la reformulación.

Se debería de suprimir de la convocatoria Trigésimo segundo, el punto 6.

6.- El coste total del proyecto reformulado reflejado en la memoria adaptada no podrá ser inferior al 40 por 100 del coste total del proyecto inicial indicado en la solicitud. Si se superara este porcentaje, el órgano instructor rechazará la reformulación.

7. Una vez la memoria adaptada obtenga la conformidad del órgano instructor, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que elevará al órgano competente para resolver.

8. Realizados todos los cálculos necesarios para determinar el reparto del crédito, si la cuantía indicada en la resolución definitiva fuera menor que la indicada en la propuesta de resolución provisional, la diferencia será asumida por la entidad beneficiaria con fondos propios o fondos ajenos públicos o privados, manteniéndose el importe total del proyecto reformulado, el presupuesto y demás cuestiones que se hayan determinado en la memoria adaptada.

Madrid a 8 de marzo 2023.

Faltan indicadores objetivos de evalución para medir las aportaciones sobre innovación

1. Las entidades solicitantes, en nombre de todas las entidades beneficiarias, dado
que las entidades solicitantes son las que se relacionan con la Administración a estos efectos,
están obligadas a presentar la justificación. Para ello, por cada uno de los proyectos subvencionados
y antes del 31 de marzo del año siguiente al período subvencionable determinado
en la correspondiente convocatoria, deberán justificar: 
c) Consecución de los objetivos previstos.

El anexo 9 a cumplimetar porpone unas clasificaciones en cuadros delimiatos por conceptos sobre el Perfil de personas atendidas/acogidas que no permiten reflejar la realidad del proyecto.

1. Las entidades solicitantes, en nombre de todas las entidades beneficiarias, dado
que las entidades solicitantes son las que se relacionan con la Administración a estos efectos,
están obligadas a presentar la justificación. Para ello, por cada uno de los proyectos subvencionados
y antes del 31 de marzo del año siguiente al período subvencionable determinado
en la correspondiente convocatoria, deberán justificar: 
c) Consecución de los objetivos previstos.

El anexo 9 a cumplimetar porpone unas clasificaciones en cuadros delimiatos por conceptos sobre el Perfil de personas atendidas/acogidas que no permiten reflejar la realidad del proyecto.

Se agardecería que la convocatoria pudiera salir y presentarse antes de los meses de julio y agosto.