Resulta imprescindible mejorar la regulación del acogimiento familiar. Tanto los recursos dedicados a la misma como la atención prestada por parte del personal técnico de la Dirección General o, en su caso, de las entidades concertadas. En el marco de la legislación estatal, debe potenciarse la figura de los acogedores, sobre todo en los acogimientos indefinidos o preadoptivos. No pueden dejarse de lado los derechos de los progenitores biológicos, pero tampoco hacer recaer sobre los acogedores unas cargas que no parecen corresponderles, sin darles ningún tipo de derecho o audiencia.

No puede olvidarse que, por ministerio de la ley, la entidad tutelar de los menores es la administración autonómica, y que el acogimiento familiar es una medida para facilitar el desarrollo y la buena vida de esos menores. Por tanto, de alguna manera, las familias acogedoras forman parte del sistema de protección. Pero, el menos en Madrid, son vistas casi como enemigas.

Tampoco parece que pueda hacerse "obligatorio" (como han dicho representantes del Gobierno) el acogimiento familiar de los menores de 6 años. ¿Quién va a tener esa obligación? ¿Los altos cargos de la Consejería? ¿O los de toda la Administración? ¿Cada parlamentario autonómico deberá acoger a un menor? ¿Cada funcionario? No parece nada serio...

COMENTARIOS FUNDACIÓN ANAR

Como representante de la Fundación ANAR, dentro de este trámite de consulta pública, indicamos a continuación nuestras aportaciones respecto a alguno de los aspectos planteados en la Memoria resumen de la futura disposición normativa:

1.- Necesidad de la norma:

Como señala la Memoria resumen, se hace necesaria la adecuación de la normativa de la Comunidad Autónoma de Madrid a la legislación estatal posterior a la aprobación de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los Derechos de la Infancia. Además de las normas estatales enunciadas habría que tener presente el Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Adopción Internacional, así como las últimas Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al Estado español, de febrero de 2018.

2.- Vemos en la futura Ley una oportunidad para eliminar el término “MENORES” a la hora de referirse a los niños, niñas y adolescentes. Referirse a ellos como “MENORES”, no es correcto desde que España ratificó la Convención de los Derechos de los Niños, reconociéndoles como sujetos activos de derechos.

3.- Derechos reconocidos a la infancia y adolescencia:

Desde ANAR consideramos que sería muy importante terminar con el desconocimiento por parte de los niños y de las niñas de sus derechos y obligaciones, de cómo hacerlos valer, así como de cuáles son y cómo acceder a los recursos donde puedan recibir ayuda. La futura Ley es una oportunidad para garantizar que se adopten las medidas necesarias para ello, en beneficio de todos los niños, niñas y adolescentes residentes en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, pedimos que la futura Ley garantice el derecho de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia a recibir asesoramiento jurídico inmediato, especializado y gratuito con independencia de la capacidad económica de sus padres, tutores, guardadores o acogedores. Un futuro Reglamento de esta Ley debería permitir hacer efectivo este derecho, previendo, entre otras medidas, que los Colegios de Abogados de esa Comunidad Autónoma creen un turno específico para la atención de los menores de edad víctimas de violencia, exigiendo para el acceso al mismo una formación especializada previa en esta materia.

4.- Interés Superior del Menor:   

Entendemos que, en coherencia con las normas estatales a las que la nueva Ley pretende adaptarse, se habría de reproducir el contenido del artículo 2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor, en su redacción actual tras su reforma por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio.

5.- Adecuación a los procedimientos propios del sistema de protección de menores, con una clara apuesta por el acogimiento familiar, frente al residencial:

Consideramos se tendrá presente para ello, los documentos de trabajo con los Criterios de Cobertura, Calidad y Accesibilidad, tanto en el Acogimiento Residencial como en el Familiar, aprobados en la reunión de la Comisión Delegada de Servicios Sociales, celebrada el 2 de octubre de 2019, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 26/2015.

Para la Fundación ANAR, la priorización del acogimiento familiar frente al residencial ha de serlo con las garantías suficientes de la familia acogedora en varias vertientes: valoración psicológica de los miembros integrantes de la misma; formación a los acogedores que les permita ejercer adecuadamente el acogimiento; entornos familiares lo más afines posibles entre la familia biológica y la acogedora.

Tanto la valoración psicológica como la formación de los acogedores habrían de ser llevadas a cabo por un organismo oficial a través de los funcionarios especializados en la materia.

En caso de niños o niñas con algún tipo de discapacidad sería necesario requerir una cualificación específica, tanto en la valoración psicológica de la familia acogedora como en su formación.

Cuando se trate de hermanos, se ha de procurar su integración en la misma familia acogedora.

Por lo que respecta al acogimiento residencial, consideramos fundamental que en todos los centros de protección de la Comunidad Autónoma haya establecido un mecanismo claro y confidencial de denuncia al que los niños, niñas y adolescentes de dicho centro puedan acceder de forma libre, anónima y sencilla. Desde el mismo momento de su incorporación al centro de protección, se debería informar debidamente y a aquellos o aquellas con edades superiores a doce años sobre dichos mecanismos de denuncia, así como facilitarles información sobre las líneas de ayuda a la infancia y adolescencia.

6.- Protección Integral frente a todo tipo de violencia hacia la infancia:

La definición de violencia hacia la infancia que recoja la futura Ley debería identificar como tal aquélla que sea ejercida tanto de forma leve como grave, esporádica como habitual, por personas adultas o menores de edad, en cualquier ámbito y a través de cualquier medio.

Nos remitimos, respecto a la protección integral frente a todo tipo de violencia hacia la infancia, a las observaciones y recomendaciones realizadas por esta Fundación, en su Estudio sobre Evolución de la Violencia en la Infancia y Adolescencia según las Víctimas 2009-2016.

Este Estudio, presentado en el Congreso de los Diputados en el año 2018, es elaborado a partir de las llamadas atendidas durante ese periodo de tiempo en todo el territorio nacional: Un total de 2.405.524 llamadas, con cuya atención llegamos a 25.312 casos donde un niño, niña o adolescente estaba siendo víctima de algún tipo de violencia. En 3.605 de estos casos, la situación presentaba una gravedad y urgencia alta que requirió una intervención inmediata por parte de los profesionales del Teléfono ANAR con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y/o servicios sanitarios de emergencias. 


El Teléfono ANAR realiza una labor crucial: prevenir, detectar y notificar a los organismos y autoridades competentes situaciones de riesgo en las que se pueda encontrar una persona menor de edad. Tal como señaló Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia Contra los Niños, “el Teléfono ANAR constituye, en definitiva,  un mecanismo de control al ser el primer contacto o la puerta de entrada al sistema nacional de protección, así como  un mecanismo de vigilancia social, al identificar vacíos o deficiencias de las funciones asignadas a las instituciones públicas, contribuyendo así a una mayor eficiencia de las prácticas de estas instituciones a nivel local, regional y nacional”.

En las familias de muchos de estos niños/as atendidos por el Teléfono ANAR, la violencia es utilizada como forma de resolver los conflictos y, lamentablemente, ese menor de edad, siguiendo el ejemplo, aprende a instrumentalizar esa violencia, a utilizarla también para conseguir un fin. Por otro lado, desde el Teléfono ANAR detectamos que el castigo físico sigue utilizándose como pauta educativa en muchos hogares españoles. Asimismo, nos preocupa observar que el maltrato psicológico o emocional hacia los niños y niñas se sigue aceptando y tolerando en nuestra sociedad.  También, en los últimos años se ha producido un aumento progresivo de los casos atendidos por el Teléfono ANAR por violencia entre iguales: casos de acoso y ciberacoso escolar, así como de violencia de género entre adolescentes. Un motivo importante del aumento de esta violencia es el uso cada vez más frecuente y a edades más tempranas de teléfonos móviles por parte de los niños/as y adolescentes. De hecho, en la mayoría de esos casos la violencia o parte de ella se ejerció mediante el uso de las nuevas tecnologías.

Consideramos que los datos sobre violencia hacia la infancia y adolescencia de este Estudio, así como sus reflexiones (apartado 9, páginas 351a 362 inclusive), conclusiones (apartado 10, páginas 363 a 376 inclusive) y recomendaciones finales (apartado 11, páginas 377 a 401 inclusive), pueden ser de utilidad para abordar este aspecto en la futura Ley.

Dicho estudio está disponible en nuestra página web. Se puede descargar el Informe completo en la siguiente dirección: https://www.anar.org/documentacion/

No obstante, si así lo quisieran, se lo podemos hacer llegar por correo electrónico.

6.- Por último, señalar que la Fundación ANAR se ha adherido al documento de “Mínimos de la Ley de Infancia CM”, coordinado por INJUCAM y que será presentado por dicha entidad social en este trámite de consulta pública.

MADRID, A 18 DE MARZO DE 2020

LETICIA MATA MAYRAND

MIEMBRO PATRONATO 

FUNDACION ANAR

Por lo que se refiere al acogimiento residencial del sistema de protección y en los artículos 67. Medida de acogimiento residencial y 68. Criterios para la determinación de la medida de acogimiento residencial, señalar lo siguiente:

Tal como dice, el artículo 20 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), y en cuanto al tamaño de las instituciones, el artículo 23 de las Directrices sobre las Modalidades alternativas de cuidado de los niños, niñas y adolescentes aprobadas en Asamblea General de Naciones Unidas, 2010: “…los Estados deberían establecer estándares de acogimiento para garantizar la calidad y las condiciones propicias para el desarrollo del niño, como la atención individualizada y en pequeños grupos, y deberían evaluar los centros de acogida existentes con arreglo a esos estándares e ir hacia la desinstitucionalización.  Los centros de acogimiento residencial deberían ser pequeños y estar organizados, en un entorno lo más semejante posible al de una familia o un grupo reducido Las decisiones concernientes al establecimiento o a la autorización de establecimiento de nuevos centros de acogimiento residencial, tanto públicos como privados, deberían tener plenamente en cuenta este objetivo y estrategia de desinstitucionalización y priorizar el acogimiento en pequeños Hogares”
Por tanto, incluir:
“Priorizar el acogimiento en hogares de pequeña dimensión, que han probado su efectividad para atender a los distintos perfiles de los niños y niñas en acogimiento. Las decisiones concernientes al establecimiento o a la autorización de establecimiento de nuevos centros de acogimiento residencial, tanto públicos como privados, deberían tener plenamente en cuenta este objetivo y una estrategia de desinstitucionalización”  

MIRIAM POOLE QUINTANA

DIRECTORA GENERAL ASOCIACION NUEVO FUTURO

Consulta Pública

Anteproyecto de Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia de la Comunidad de Madrid

Propuestas del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid

Aspectos generales

Garantía de cumplimiento de derechos y recomendaciones CDN

Cumplimiento de los derechos del niño según la UNESCO, especialmente el artículo 31 de la CDN, que recoge el derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas

Limitación por ley de los deberes escolares en Primaria, primando el derecho al ocio sobre el desarrollo de actividades fuera del horario lectivo, como ya se ha aprobado en otras Comunidades Autónomas.

Prohibición de castigos en el ámbito escolar que priven del derecho al tiempo de ocio y recreo.

Garantía de equidad e inclusión educativa, proporcionando los apoyos y recursos necesarios en materia educativa

Promoción de la educación permanente en etapas y enseñanzas post-obligatorias garantizando la orientación académico–profesional y facilitando los recursos de apoyo necesarios para alumnado con necesidades educativas en estas etapas y enseñanzas

Desarrollo de la educación afectivo – sexual y de habilidades y actitudes para la toma de decisiones inclusivas y no discriminatorias

Garantía de escolarización en la etapa de Educación Infantil, o al menos en el segundo ciclo, por la importancia de la estimulación y socialización en el desarrollo, y por su carácter compensador para la igualdad de oportunidades

Atención a la salud mental en la infancia y la adolescencia como un problema prioritario de salud pública, debido a la prevalencia y consecuencias negativas que los trastornos psicológicos tienen sobre el menor, sus allegados y la sociedad en general (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2003).

Interés superior del menor

Especialmente relevante en materia de salud, y salud mental, relativa a la intervención profesional especializada y el consentimiento de los progenitores (atención psicológica a niños/as y adolescentes víctimas de violencia de género, por ejemplo)

Atención, cobertura y servicios específicos en todas las edades

Atención hospitalaria a neonatos, niños hospitalizados, cuidados paliativos.

Adecuada regulación de los Espacios de Crianza y de Madres de Día

Estrategias preventivas

Salud mental. La mitad de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 14 años y más del 70% antes de los 18 años (Fundación Alicia Koplowitz, 2014), con especial atención a conductas autolesivas (primera o la segunda causa de muerte entre los adolescentes en Europa, segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo)

Incorporación de la educación emocional como contenido dentro del proyecto educativo, apostando por una educación integral donde la parte afectiva adquiere la relevancia que se merece en todo el sistema educativo.

Desarrollo de medidas que mejoren la conciliación laboral, personal y familiar, con el fin de impulsar la productividad y dotar de más tiempo a la vida familiar, visibilizando las buenas prácticas de las empresas y organizaciones en este sentido (ej. ampliar permisos y mayor flexibilidad horaria asociado a visitas a médicos de hijos, visitas a actuaciones del colegio, tutorías…)

Adecuación del desarrollo de la competencia digital a los retos del futuro potenciando el uso correcto de las nuevas tecnologías de la información. 

Impulso de programas específicos para la prevención de todo tipo de violencias (de género, entre iguales, hacia uno mismo,..)

Dotación presupuestaria, Calidad de los servicios

Definición y acreditación de la especialización de infanto-juvenil, con el objetivo de garantizar un servicio especializado que responda adecuadamente a los intereses y derechos de los pacientes.

Prioridad presupuestaria en la Ley de Garantías 6/1995.

Recursos de prevención, atención y tratamiento (Recursos Residenciales, Promoción de Familias Acogedoras y de Apoyo Social a otras familias, Educadores en actividades de calle y domiciliarias, Equipos Psicológicos de Tratamiento, Centros Terapéuticos, Equipos de Mediación, Puntos de Encuentro Familiar, etc.)

Identificación de servicios no externalizables

Vigilancia de cumplimiento de criterios de calidad y garantías en servicios externalizados

Coordinación y participación

Creación de Unidades de coordinación sanidad-servicios sociales-educación. Necesidad de describir y construir protocolos de actuación conjuntos y de desarrollar planes de prevención y atención

Promoción de Consejos de Infancia y Adolescencia,  Consejos de Área y Consejos locales

Participación de niños/as y adolescentes: Comisiones de Participación Infantil y Planes de Infancia

Fomentar la coherencia educativa impulsando la coordinación y relación entre los diferentes agentes y contextos

Especialización de los profesionales que intervienen con niños/as y adolescentes

Identificar la figura del psicólogo como profesional de referencia en aquellos ámbitos propios y específicos de atención e intervención con niños, niñas y adolescentes: procesos judiciales, atención a víctimas, orientación educativa, salud mental…

Desarrollo pleno de Servicios Sociales Especializados municipales (Ley 6/1995)

Promover la orientación educativa por profesionales debidamente cualificados para tales funciones, contando para ello imprescindiblemente con el psicólogo/a educativo/a

Incorporación del perfil profesional del psicólogo/a educativo/a para el apoyo y orientación con menores en situación de acogimiento residencial, familias en conflicto, en residencias socioeducativas y en situación de conflicto con la ley

Incorporación del perfil del psicólogo/a educativo/a  en los Centros Educativos Terapéuticos para potenciar y favorecer el carácter y atención educativo de estos centros

Visibilidad y reconocimiento de la Psicología Infanto-Juvenil, identificando formación y experiencia como ocurre en otros países de la Unión Europea (Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido o Suiza) en Salud Mental.

Priorización de intervenciones psicológicas y sociales ante el exceso del uso de fármacos y la patologización. Plan Integral de Salud Mental, de la Organización Mundial de la Salud 2013-2020, en el que se indica que “Los niños y adolescentes con trastornos mentales deben ser objeto de intervenciones tempranas científicamente contrastadas, de carácter no farmacológico, evitando la hospitalización y la medicalización” (OMS, 2013; p. 17).

Educación

Promoción de la F.P. informando y orientando hacia la inclusión laboral y potenciando el conocimiento de los nuevos requerimiento y perfiles profesionales en el campo laboral adaptando el desarrollo de competencias profesionales a los nuevos requerimientos del mercado laboral

Inclusión de objetivos y contenidos en el currículo encaminados a la adquisición de competencias emocionales en el alumnado

Desarrollo de mecanismos para la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar que permitan asegurar la asistencia al centro educativo, el comportamiento adaptativo y prevención del fracaso escolar

Desarrollo de  aprendizajes funcionales que les haga competentes y les prepare para la vida

Evaluación psicoeducativa de los niños/as y adolescentes en situación de desventaja social y protección con el fin de determinar las medidas de atención educativa que precisen, así como la detección y atención temprana de posibles trastornos del desarrollo por características personales, familiares, sociales y culturales para garantizar su integración social plena.   

Desarrollo de programas de preparación para la vida independiente

Adecuación de la ratio orientador/a /alumno/a e incorporar el perfil profesional del psicólogo/a educativo/a a estas tareas para que puedan recibir una plena orientación educativa, profesional y personal necesaria para integrarse plenamente y con éxito a la vida ciudadana.

Ámbito jurídico

Declaración de menores en procesos judiciales

Obligación a declarar en juicios, tanto civiles (divorcios, etc.) como en penales (menores víctimas de agresiones, etc.), sin facilitar modos de ser oídos previniendo la victimización secundaria o exponerles a situaciones traumáticas. Los profesionales de la Psicología garantizan el buen trato menores víctimas (de maltrato, agresión, violencia, y también conflictos familiares, divorcios por su especialización y ámbito de actuación.

Necesidad de definición de los profesionales intervinientes, sus funciones y especialización, incluyendo de forma expresa a los profesionales de la Psicología

Clarificación de objetivos de uso, procedimiento de utilización y de los profesionales de referencia en las pruebas preconstituidas, especificando el uso de la Cámara Gesell (proyecto Barnahaus), identificando a los psicólogos forenses como profesionales especializados para la intervención en este contexto.

Mediación

Como medida de protección a la infancia: promover la mediación como método alternativo a la justicia tradicional en procesos de familia, fundamentalmente en la co-responsabilidad de los padres hacia sus hijos. Obligatoriedad mitigada: obligación de primera reunión informativa sobre mediación antes de interponer demanda judicial (esta cuestión está expuesta en el actual borrador del proyecto de Ley de Mediación)

Fomentar la Coordinación de parentalidad. También como medida de protección del bienestar de los menores, una vez que el juez haya dictado sentencia en un contencioso. Perfil profesional (psicólogo) y funciones de los programas de coordinación de parentalidad.

Promoción de la mediación en ámbito educativo: detección, prevención e intervención en conflictos entre pares

Menores infractores

Importancia diferencial de valoraciones psicosociales en la adopción de medidas orientadas a reeducación y rehabilitación

Atención a víctimas

Regulación de las Oficinas de Atención a víctimas

Priorización de  juicios por ASI (Agresión Sexual Infantil) con demoras de dos años o más desde los hechos hasta la celebración del juicio.

Formación y especialización de los profesionales que intervienen con víctimas y clarificación de función pericial, atención,… estableciendo de forma prioritaria a los psicológos forenses como profesional de referencia

Prevención, detección e intervención en abuso infantil, con sistemas de coordinación interinstitucional

Coordinación con servicios de protección ante situaciones de alto riesgo y desamparo

Incorporación de la Atención psicológica a menores víctimas (incluyendo de forma específica violencia de género)

Protección

Maltrato

Actualización y renovación del sistema de recogida de datos de situaciones de maltrato. Un alto porcentaje de situaciones de maltrato no son registradas o contabilizadas.

Revisión de la composición de la Comisión de Tutela del Menor, por la necesidad de que se integre una visión multidisciplinar: psiquiatría, psicología, educación, trabajo social, derecho.

Ponderar la visión jurídica en la protección. Resoluciones-Sentencias donde pesa mucho la existencia o no de “indicadores” manifiestos. Poca valoración de los diagnósticos de capacidades de parentalidad. Desde la Psicología se conoce que los menores y los menores víctimas pueden no presentar indicadores, aunque vivan en situaciones de extrema desprotección

Necesidad de entender al menor como víctima y de comprender la peculiar situación, pues en la mayoría de los casos los agresores (activos o por negligencia) son sus progenitores y parientes. La complejidad de articular la necesidad de filiación e identidad con la necesidad de seguridad.

Intervención

Valoración de las Actas de las Comisiones de Apoyo Familiar en los expedientes de protección y las decisiones del pleno de la Comisión de Tutela. Las orientaciones de CAF, donde se realizan valoraciones de capacidad parental y donde se definen los Proyectos de Atención Familiar (PAF) casi no tienen traslado a la CTM, volviéndose a realizar el trabajo a través de informes.

Descripción de la composición de los Equipos de Intervención Familiar. No se asegura la atención de las situaciones por parte de profesionales de la psicología, y, menos, de psicólogos expertos en desarrollo infantil, en tratamiento familiar vincular, en atención a víctimas de trauma, etc.

Inclusión de la necesidad de intervención, tratamiento vincular del menor junto a su familia. En muchas ocasiones se articulan acciones de intervención educativas o sanitarias separadas para el menor y medidas para las familias. La psicología es garante del tratamiento e intervención vincular

Articulación del contrato (proyecto de intervención) y la intervención en situaciones de Alto Riesgo. Es necesario incluir también de intervención psicológica y no sólo social y educativa.

Recursos residenciales

Los recursos residenciales de protección ya no están diferenciados según finalidad (territoriales, larga estancia, pisos de adolescentes, especializados, etc.), sino que cualquier plaza de cualquier centro puede ser asignado a cualquier menor. Es necesaria una nueva clasificación y ordenación de centros

Están creciendo el número de menores (adolescentes) bajo medida de protección y que no se han adaptado a situación de acogimiento alguno. Es decir, menores tutelados en situación de calle. Aunque se conocen más a MENAS así, son muchos los adolescentes en calle tutelados y sin acogimiento efectivo.

En el caso de Acogimientos, no se fomenta el trabajo vincular familiar entre las diversas partes: menores, familias de origen, familias acogedoras. Este trabajo exige de la presencia de la psicología y fomentar una colaboración más activa entre familias (biológica y acogedora) y entre las instituciones.

Adopciones

Perfil profesional de los profesionales que intervienen en la valoración psicosocial de idoneidad (psicólogos y trabajadores sociales).

En la actual regulación no se exige que sea un psicólogo con formación y experiencia el que haga los estudios de idoneidad, sin embargo el Convenio de La Haya sí que explicita que las autoridades competentes (y los organismos acreditados en quien delegue) han de tener la suficiente integridad, competencia profesional, experiencia y responsabilidad (Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional. Artículo 10, punto 2., Artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Convenio de La Haya. Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, se indica en el Artículo 22, punto 2, y a), por lo que se propone la identificación de los profesionales de la Psicología con formación y experiencia como los idóneos en este ámbito.

Adjuntamos al anterior documento (PROPUESTAS PARA EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INFANCIA CM) todas las conclusiones íntegras resultantes de las dos consultas que durante 2019 se realizaron a consejos, comisiones y grupos de participación infantil y adolescente de la Comunidad de Madrid con el objeto de que pudieran opinar sobre los contenidos de una ley destinada a proteger y promover sus derechos. Los resultados de dichas consultas fueron trasladados en dos comparecencias ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Asamblea de Madrid. Adjuntamos en estos dos enlaces todas las conclusiones íntegras resultantes de las consultas

- Una Ley que da la talla, resultados de la consulta infantil y adolescente sobre la futura ley de derechos de infancia de la Comunidad de Madrid

- Resultados de la Segunda Consulta sobre la futura Ley de Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid

PROPUESTAS PARA EL ANTEPROYECTO DE LA  LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. (APORTACIONES Y ADHESIONES DE 57 ENTIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID)

1. Disponemos ya de un borrador de ley que cuenta con un alto nivel de consenso por parte de todas las fuerzas políticas de la X legislatura, entidades defensoras de los derechos de la infancia y por los niños y niñas que participan en los Consejos y grupos de participación infantil de la Comunidad de Madrid. Las entidades instamos a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad a que sea este el documento principal sobre el que se articule el futuro Proyecto de Ley.
2. Recoger las aportaciones del resto de la administración provocando una metodología proactiva. Especialmente de los ámbitos de educación y salud. Esto permitirá incidir de forma transversal en el resto de políticas públicas y una plena coordinación entre el ámbito educativo y social.
3. La futura ley deberá incluir al menos estas medidas.
   1. La ley deberá de responder al principio de equidad. Deberá hacer mención a las nuevas pobrezas y los factores de exclusión que debemos afrontar y recoger explícitamente las nuevas realidades de las familias, especialmente las de mayor riesgo donde se ponga en valor la urgencia e importancia de su papel en el desarrollo de la infancia.
   2. Recuperación de la figura del Defensor del Niño y de la Niña en la Comunidad de Madrid como órgano independiente que vele por el cumplimiento de sus derechos.
   3. Creación del Observatorio de la Infancia como órgano de estudio y consultivo teniendo en cuenta la propuesta elaborado desde la Comisión de Participación del Consejo Autonómico de la Infancia y la Adolescencia. Las entidades defensoras de los derechos de la infancia, así como expertos y expertas en la materia deberán formar parte del Observatorio, el cual será consultado para la elaboración y aprobación de las políticas que tengan que ver con la infancia.
   4. La ley deberá de desarrollar políticas específicas para la infancia según a la franja de edad a la que pertenezcan prestando especial atención a la primera infancia (franja de 0 a 3 años) y a la más avanzada (de 16 a 18 años).
   5. Concepción integral de la violencia contra la infancia y puesta en marcha de mecanismos de prevención y atención a las víctimas de violencia menores de edad. Necesidad de disponer de un modelo integrado de atención a la infancia que sufre cualquier violencia. La Comunidad de Madrid impulsará una estrategia regional sobre violencia que desarrolle los principios que se incluyan en la ley.
   6. Medición de impacto de las políticas en la infancia. La Comunidad Autónoma y el órgano competente en esta materia deberá llevar a cabo la evaluación del impacto normativo en los derechos del niño de las disposiciones generales (leyes y reglamentos) tanto de la Comunidad como de los Entes locales (ordenanzas), Será la Comunidad de Madrid quien aprobará los instrumentos técnicos para ello, con el fin de que todos utilicen los mismos.
   7. Valoración de la situación de riesgo conforme a lo establecido en la ley de protección a la infancia del 2015. Creación de una única herramienta de valoración de las situaciones de desprotección de los niños, niñas y adolescentes que pueda ser utilizada por todos los profesionales a fin de unificar criterios de valoración (vgr: Balora, Valórame, ...).
   8. Responsabilidad empresarial en derechos de la infancia. El Gobierno promoverá acciones y medidas tendentes a fomentar la responsabilidad social empresarial en relación con el respeto y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia
   9. Creación del Foro/Consejo Autonómico de Participación de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Comunidad de Madrid. Responde a la necesidad de articular un organismo en el que representantes de los niños, niñas y adolescentes de la Comunidad de Madrid tengan un canal de interlocución con los organismos e instituciones de la Comunidad de Madrid, debiendo ser consultados y elevando propuestas en materias cuya competencia recaiga en las instancias autonómicas. Para la creación de este foro se atenderá a las consideraciones que surjan de las consultas y encuentros de los niños, niñas y adolescentes previos a su constitución junto con la propuesta elaborada desde la Comisión de Participación del Consejo Autonómico de la Infancia y la Adolescencia.
   10. Articular una Estrategia Autonómica de Infancia y Adolescencia donde queden explicitas las acciones a llevar a cabo en pro del cumplimiento de la Ley de Infancia. La elaboración y puesta en marcha de la estrategia deberá de contemplar un compromiso temporal. 
   11. Introducción del principio de prioridad presupuestaria: la nueva ley debe incluir, al igual que lo han hecho otras leyes autonómicas de promoción de derechos de infancia en los últimos años, una disposición adicional que defina el principio de prioridad de los programas presupuestarios con impacto directo en infancia y adolescencia, con el fin de garantizar su suficiencia y sostenibilidad, y de establecer una relación directamente proporcional entre el crecimiento de dichos programas y el del presupuesto de gasto en su conjunto.
   12. Introducción de marcos de financiación estables: además de velar por el monto presupuestario con impacto directo en los derechos de la infancia y la adolescencia, la nueva ley debe establecer marcos de financiación estables que permitan dar respuesta a medio y largo, midiendo el impacto, su eficacia, y generando innovación.

PROPUESTAS REALIZADAS POR LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE CONSULTAS ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONTENIDOS DE LA LEY DE INFANCIA

Durante 2019 se realizaron dos consultas a consejos, comisiones y grupos de participación infantil y adolescente de la Comunidad de Madrid con el objeto de que pudieran opinar sobre los contenidos de una ley destinada a proteger y promover sus derechos. Los resultados de dichas consultas fueron trasladados en dos comparecencias ante la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Asamblea de Madrid. Adjuntamos a este documento todas las conclusiones íntegras resultantes de la consulta, y destacamos las principales propuestas y reivindicaciones de los niños y niñas participantes:

1. Una ley para niños, niñas y adolescentes, y no para menores: ante la pregunta sobre cómo la ley debería referirse a los niños y niñas, un 88% de los participantes quieren que la ley se refiera a ellos/as con el término “niños, niñas y adolescentes”. Los términos “menores” y “personas menores de 18 años” causan más rechazo que aceptación.
2. Una ley que sea comprensible para los niños y las niñas: ante la pregunta sobre si les interesaría leer la ley si sus contenidos estuvieran adaptados, un 90% contestó afirmativamente. En cuanto al formato que les gustaría manejar, querrían que fuera una ley fácil de leer, que se adapte a los medios que más les gustan (cómic, vídeo, digital, dibujos).
3. Instituciones sólidas que defiendan los derechos de los niños y las niñas y garanticen que su voz es tenida en cuenta: los resultados de la consulta arrojan un amplio consenso en torno a la existencia de un Defensor independiente de los derechos de la infancia: un 98% cree que esta figura debería existir en la Comunidad de Madrid. Un 92% de los niños y niñas consultados creen que los niños deberían participar en el futuro Observatorio de la Infancia, y que su opinión debe ser tenida en cuenta a través de encuestas, opiniones, propuestas y en la difusión de sus contenidos. A la hora de definir de qué manera querrían que el Gobierno autonómico contara con su participación, la opción más valorada fue a través de la creación de un Consejo Autonómico de Participación Infantil y Adolescente.
4. Una ley que favorezca el máximo bienestar posible a la infancia y la adolescencia: el 92% de los participantes estuvieron de acuerdo en que la ley debe favorecer lo máximo posible el desarrollo y el bienestar de los niños y las niñas. Esta preocupación se constata al comprobar que las principales preocupaciones priorizadas por los niños y las niñas en la primera consulta realizada fueron el derecho a la vida ya a la integridad es considerado el derecho más importante, seguidos por los derechos de los niños y niñas con discapacidad, el derecho a una vivienda digna y el derecho a la salud y a la atención médica. También existe un amplio consenso en torno al papel que la administración debe ejercer a la hora de apoyar a las familias en su crucial papel para garantizar el bienestar de los niños y niñas: un 84% consideró muy importante que las familias puedan acudir a las administraciones cuando tengan problemas o dudas sobre su cuidado o educación.
5. Una ley que proteja el derecho a la identidad de los niños y las niñas y los proteja de la discriminación: un 85% de los/as participantes en la primera consulta se mostró de acuerdo con la libertad que recoge el borrador de la ley para definir tu propia identidad, y que ésta sea reconocida sin motivos de discriminación.
6. Una ley que refuerce la capacidad protectora de instituciones, profesionales y familias: se constató un amplio consenso sobre la necesidad de que instituciones profesionales y familias deben poder ejercer este rol protector, contando con los recursos necesarios para ello. Quieren ser informados sobre potenciales riesgos y situaciones de desprotección y cómo hacerles frente, también desde la autoprotección. Sobre los niños y niñas tutelados en acogimiento residencial, los participantes están mayoritariamente de acuerdo en que puedan participar de forma activa en la organización de los centros donde viven, y que cuenten con el apoyo necesario para desarrollar su autonomía, aunque sean mayores de 18 años y hasta que consigan desarrollar plenamente su vida independiente.
7. Una ley que amplíe los espacios y canales de participación de niños niñas y adolescentes: los niños, niñas y adolescentes consultados consideran que hay un amplio espacio de mejora a la hora de ser consultados, sentirse escuchados, y que sus opiniones son tenidas en cuenta en la toma de decisiones que les afectan. Entre los canales priorizados, apuestan prioritariamente por reuniones presenciales con los diputados, tanto en la sede de la Asamblea como en los lugares donde se reúnen las comisiones de participación. Otros canales de participación, como la realización de encuestas o la participación a través de apps también cuentan con un amplio respaldo. También quieren que los medios de comunicación recojan y difundan sus propuestas, y se reconozcan sus aportaciones e iniciativas para la mejora de sus barrios y municipios.
8. Una ley que promueva a los niños, niñas y adolescentes como agentes activos de cambio: la ley debería contemplar y desarrollar el derecho al asociacionismo de niños, niñas y adolescentes, ser sensible a las inquietudes que manifiestan frente a problemas globales como el medio ambiente (en torno al que existe una gran preocupación por parte de los niños niñas madrileños), y abrir canales para que desarrollen iniciativas, acciones y campañas para sensibilizar a la sociedad.

ENTIDADES ADHERIDAS:

1. Save The Children

2. Unicef

3. Federación de Plataformas Sociales Pinardi

4. Fundación Tomillo

5. Federación Injucam

6. CERMI Comunidad de Madrid

7. Fundación Educo

8. Cruz Roja Española - Comunidad de Madrid

9. Aldeas Infantiles SOS

10. Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid

11. FRAVM Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid

12. Plataforma de Organizaciones de Infancia de Madrid

13. Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas

14. Candelita

15. Asociación Barró

16. Nuevo Futuro

17. Asociación Aventura 2000

18. Asociación ATZ

19. Asociación Cultural La Kalle

20. Asociación Cultural Talloc.

21. Ayuda en Acción

22. Asociación MASI

23. Asociación Alacrán 1997

24. Fundación Diagrama

25. Asociación La Torre de Hortaleza

26. Asociación Caminar

27. Fundación Amoverse

28. Fundación Esplai

29. Asociación Jaire

30. Asociación ICEAS

31. Fundación Yehudi  Menuhin  España

32. CiudadEscuela Muchachos (CEMU)

33. Asociación Apoyo

34. Asociación Educación Cultura y Solidaridad

35. Asociación Valdeperales

36. Colectivo de Acción para el Juego y la educación (C.A.J.E.)

37. Fundación La Merced Migraciones

38. Asociación Nazaret

39. Asociación para la Integración del Menor PAIDEIA

40. Asociación Achalay

41. Federación de Centros Juveniles Valdoco

42. Mensajeros de la Paz

43. Asociación Murialdo

44. Scouts de Madrid-MSC

45. Redes Sociedad Cooperativa

46. Fundación ANAR

47. Asociación Ciudad Joven

48. Asociación Sonrisas: Azules, Verdes y Naranjas

49. ASDE Exploradores de Madrid

50. La Rueca Asociación

51. Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Madrid (CPEESM)

52. Federación Scout Regional de Madrid

53. Fundación Amigó

54. FAPA "Francisco Giner de los Ríos"

55. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid

56. Fundación Valse

57. Asociación Valponasca

APORTACIONES DE LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO AL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE DERECHOS, GARANTÍAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia proporcionó un marco normativo de garantías en la actividad ordinaria de la Comunidad de Madrid respecto al ejercicio por parte de los niños, niñas y adolescentes (NNA en adelante) madrileños de sus derechos, si bien requiere una adecuación a las posteriores reformas legislativas que se han producido a nivel estatal en este ámbito. Es por ello que la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid abre, el 19 de febrero de 2020, un proceso de consulta pública para la actualización de dicha Ley mediante la elaboración del ANTEPROYECTO DE LEY DE DERECHOS, GARANTÍAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. El presente documento contiene las aportaciones que realiza la Fundación Secretariado Gitano (FSG) como participación en dicho proceso.

La FSG es una organización sin ánimo de lucro que trabaja hace más de 30 años por la promoción integral de la población gitana. Y lo hace desde la firme convicción que son precisas políticas globales que proporcionen cobertura a las desigualdades que sufren, aún hoy, y, a la vez, desde la necesaria acción específica y transitoria para que las personas gitanas tengan los mismos derechos y puedan ejercer su ciudadanía plena, en igualdad, en equidad.

Es la experiencia de la FSG la que la dota de expertise en el ámbito de la intervención con NNA gitanos, en particular, y la que le proporciona conocimiento, tanto respecto a la brecha que afrontan, de forma habitual, en comparación con el conjunto de la población, como la derivada específicamente de la situación generada por el COVID-19.

Según el Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018 realizado por la FSG, sitúa que el 86% de la población gitana se encuentra en riesgo de pobreza, con ingresos equivalentes inferiores a los 620€ frente al 23% de la población general.

• El 66% de la población gitana se encuentra en situación de pobreza severa, con ingresos equivalentes por debajo de los 413€.
• El 46% de los hogares padecen situaciones de extrema pobreza con ingresos equivalentes inferiores a los 310€. El indicador AROPE indica que el 92% de la población gitana está en situación de pobreza y/o exclusión social frente al 29% de la población general. Además, el 30,5 % de los hogares presenta a la vez riesgo de pobreza, carencia material severa y baja intensidad laboral.

Los niveles de pobreza en la población gitana son especialmente agudos para los menores de edad y el número de menores es mayor cuanto más pobre es un hogar. La Tasa de pobreza infantil es del 89% frente a un 30,7% de pobreza infantil en la población general. El 52% de los menores viven en hogares en situación de pobreza extrema y el 70% en un hogar en pobreza severa.

Además, la Crisis del COVID-19 está situando a amplias capas de la población gitana española en una situación de seria desprotección en lo que respecta al disfrute de sus derechos fundamentales. El COVID-19 ha afectado en sus primeros embates a numerosas familias gitanas en varias CCAA. Estamos ante un nuevo escenario más complejo en el que se combinan nuevos riesgos sociales que se suman a la situación sanitaria y a la previa situación de alta vulnerabilidad que arrastra la población gitana.

Buena parte de las familias gitanas tienen en la venta ambulante su fuente básica de ingresos, ya de por sí precaria. El cierre de los mercadillos y la imposibilidad de realizar otras actividades, como la recogida de chatarra, la venta de fruta, u otras que procuraban algún ingreso diario, ha dejado a muchas familias en situación de emergencia social, sin ningún ingreso, y con serias dificultades para acceder a las ayudas previstas por el Gobierno para autónomos.

Por otra parte, y a pesar de la imagen generalizada de que las familias gitanas son perceptoras de prestaciones sociales, sólo el 32% de los hogares gitanos muy pobres las perciben. A pesar de los recursos habilitados por Gobierno, Comunidad de Madrid y Ayuntamientos para paliar la emergencia social de muchas personas, y de las recomendaciones de orientarlos a las familias más vulnerables. Hemos observado cómo hay una falta de alimentos y de productos de primera necesidad en muchos hogares gitanos, ya de por sí en condiciones muy precarias y de extrema pobreza.

Esta crisis, además, puede suponer un incremento aún mayor del nivel de fracaso escolar del alumnado gitano, marcado ya por la brecha digital y la desigualdad educativa de partida, y que ahora se está mostrando con claridad. El cierre de colegios e institutos, por otra parte, ha dado paso a un sistema que se basa fundamentalmente en recursos digitales. Una buena parte de las familias gitanas no cuenta ni con los equipos necesarios ni con las capacidades para utilizarlos. Además, el apoyo educativo en los contenidos de las distintas materias que el alumnado encontraba en las clases presenciales y de refuerzo, se ha debilitado y se encuentra con serias dificultades para seguir las materias y con apoyos limitados en la familia.

Para conocer de manera rápida y sistemática la situación de los hogares de las personas participantes en los programas que gestiona y desarrolla la FSG, sus equipos han llevado a cabo una encuesta telefónica, sin pretensiones científicas, con el objetivo de constatar la situación que ya se percibía, conocer sus necesidades reales, adecuar su intervención y sus demandas a las administraciones[1]. Los resultados principales respecto al impacto del COVID-19 en la población NNA que la FSG atiende a través de dichos programas son los siguientes:

[1] 10.935 encuestas en 68 ciudades de 14 CCAA, 860 en la Comunidad de Madrid realizadas durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril, el 20,5% de las cuales a niños, niñas y adolescentes gitanos menores de 18 años (2.238 niños, niñas y adolescentes gitanos).

• El 18% tiene dificultades para seguir las medidas de prevención frente a la enfermedad, sobre todo por la falta de material de protección, el estrés o la ansiedad producidas por la vivencia de la situación, el hacinamiento en el que viven muchas familias y los problemas económicos.
• El 11% tiene dificultad para acceder a medicinas, mayoritariamente por no tener dinero para comprarlas, pero también por no tener sitios cerca donde comprarlas, o por no poder ir a comprarlas por la situación personal.
• El 49% está teniendo problemas de acceso a la alimentación, fundamentalmente, por no tener dinero para comprar alimentos.
• El 50% son beneficiarios de becas de comedor escolar, y, de ellos, el 40% no la está recibiendo.
• El 43% de participantes menores reside en familias con dificultades para pagar la luz, el 29,3% el agua, el 26,7% el gas y el 23,6% el alquiler.
• Cerca de la mitad necesitan apoyo de los servicios sociales de su localidad y el 75,56% de este subgrupo no lo está recibiendo en las fechas de realización de la encuesta.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, la FSG realiza las aportaciones que se exponen a continuación a la elaboración del ANTEPROYECTO DE LEY DE DERECHOS, GARANTÍAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, estructuradas en dos bloques: un primer bloque de observaciones o sugerencias respecto al contenido de la Ley 6/1995 que se pretende actualizar; y un segundo bloque de propuesta de contenidos para el Anteproyecto que se está elaborando, a partir de la Ley 6/1995, las normativas estatales posteriores y el expertise de la FSG en la materia.

BLOQUE 1. Aportaciones respecto a la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid.

Menor

Se sugiere cambiar la denominación a “niño, niña y adolescente”.

TITULO I. Disposiciones generales

Artículo 2. Ámbito personal.

A los efectos de la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, se entiende por infancia, el período de la vida de las personas comprendido desde el nacimiento y la edad de doce años y por adolescencia, desde dicha edad hasta la mayoría establecida en el artículo 1 2 de la Constitución.

¿Habría que cambiar el límite de los 12 años a otra edad, como los 14 años, por ejemplo?

TITULO I. Disposiciones generales

Artículo 3. Principios de actuación.

(…)

b) Velar por el pleno ejercicio de los derechos subjetivos del menor y en todo caso el derecho a ser oído en cuantas decisiones le incumben, en los términos establecidos en el Código Civil.

¿Está claro qué se consideran “derechos subjetivos del menor”? Se sugiere incluir una definición del concepto y un Glosario

TITULO I. Disposiciones generales

Artículo 3. Principios de actuación.

(…)

d) Promover las. condiciones necesarias para que, la responsabilidad de los padres o tutores, en el efectivo ejercicio de los derechos-de sus hijos o tutelados, pueda ser cumplida de forma adecuada. Las Administraciones Publicas de la Comunidad de Madrid, asumirán dicha responsabilidad cuando los padres o tutores no puedan ejercerla o lo hagan de forma contraria al interés superior del menor, en los términos establecidos en el Código Civil y en la Convención sobre los Derechos del Nino.

¿Como se determinan los casos en que los padres o tutores no pueden asumir dicha responsabilidad?

Se sugiere una posible solución intermedia, en que una entidad experimentada en la asistencia a niños, niñas y adolescentes pueda apoyar a padres o temporalmente, antes de que la Administración Pública asuma la tutela.

TITULO I. Disposiciones generales

Artículo 3. Principios de actuación.

(…)

e) Garantizar el carácter eminentemente educativo de cuantas medidas se adopten, para que partiendo de la individualidad del menor se procure su socialización.

¿Qué alcance tiene el concepto de socialización? ¿qué significa y qué implica? Se sugiere incluir una definición y alcance del concepto.

TITULO II. Fomento de los derechos y del bienestar de la infancia y de la adolescencia

Artículo 15. Actuaciones administrativas.

(…)

3. Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid promoverán la existencia de servicios y recursos de apoyo a los centros educativos, para garantizar la orientación personal escolar y profesional, de los alumnos, mediante el asesoramiento e información a los profesionales de los equipos educativos y a las familias.

Redactado alternativo:

3. Las Administraciones Públicas (…), entre los que contarán con los de entidades del tercer sector experimentadas en la asistencia a menores y a su entorno familiar, para garantizar (…).

TITULO III. Garantías de atención y protección de la infancia y adolescencia

CAPÍTULO V. Protección social y jurídica

Sección 2ª. ACCIÓN PROTECTORA y SERVICIOS SOCIALES

Artículo 50. EI Sistema Público de Servicios Sociales.

Se sugiere añadir un apartado:

4. La Comunidad Autónoma y las Administraciones Municipales contarán con la colaboración de las entidades del tercer sector especializadas en la atención a niños, niñas y adolescentes para articular y prestar los servicios.

TITULO III. Garantías de atención y protección de la infancia y adolescencia

CAPÍTULO V. Protección social y jurídica

SECCIÓN 3ª. PROCEDIMIENTO PARA ASUMIR LA TUTELA

Artículo 52. Procedimiento ordinario.

(…)

d) Sera oído el menor que no hubiere cumplido doce años si tuviere suficiente juicio, pudiendo realizarse con la ayuda de psicólogos y pedagogos cualificados para su interpretación y lectura.

e) Se podrá abrir un periodo de prueba a instancia del menor que hubiere cumplido doce años o de quienes ejercieren sobre él potestad o guarda.

Se plantea la reflexión a si es conveniente establecer esta edad como límite o es preciso modificarla.

TITULO III. Garantías de atención y protección de la infancia y adolescencia

CAPÍTULO V. Protección social y jurídica

SECCIÓN 6ª. PROCEDIMIENTO DE ASUNCIÓN DE GUARDA

Artículo 62. Procedimiento ordinario y de urgencia.

1. (…)

a) Deberá ser oído el menor que hubiere cumplido doce años; asimismo, será oído el menor que no hubiere cumplido doce años si tuviere suficiente juicio o pudiera realizarse con la ayuda de psicólogos y pedagogos cualificados para su interpretación y lectura.

Se plantea la reflexión a si es conveniente establecer esta edad como límite o es preciso modificarla.

TITULO III. Garantías de atención y protección de la infancia y adolescencia

CAPÍTULO V. Protección social y jurídica

SECCIÓN 8ª. CENTROS RESIDENCIALES

Artículo 66. Derechos y obligaciones de los menores residentes.

1. (…)

A) Derechos

(…)

11. A ser oídos en las decisiones de trascendencia si son mayores de doce años, en todo caso, y si tuvieren juicio suficiente, los menores de dicha edad.

Se plantea la reflexión a si es conveniente establecer esta edad como límite o es preciso modificarla.

TITULO III. Garantías de atención y protección de la infancia y adolescencia

CAPITULO VI. Atención a adolescentes en conflicto social

Artículo 69. Programas de prevención y reinserción.

(…)

d) Actuaciones coordinadas que favorezcan la integración del menor con conflicto social, y elaboración de programas de socialización complementarios a la escuela, concertando con entidades privadas si fuese necesario.

Redactado alternativo:

d) (…) concertando con entidades privadas si fuese necesario, priorizando las pertenecientes al tercer sector especializadas en la atención a niños, niñas y adolescentes.

TITULO III. Garantías de atención y protección de la infancia y adolescencia

CAPITULO VI. Atención a adolescentes en conflicto social

Artículo 75. Coordinación administrativa.

Para la coordinación y seguimiento de cuantas actuaciones correspondan a las Administraciones Públicas de la Comunidad se creará un Equipo Técnico de Atención a Adolescentes en Conflicto Social cuyas actividades, composición y régimen de funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

Redactado alternativo (a añadir):

Dicho Equipo contará también con la participación de entidades del tercer sector especializadas en la atención a niños, niñas y adolescentes.

TITULO V. Las entidades privadas

CAPITULO 1. Fomento de la iniciativa social

Artículo 90. Actuaciones administrativas.

1. La Administración Autonómica facilitará cauces de participación a las entidades privadas en órganos de carácter consultivo, para asesorar en materia de atención a la infancia a las distintas Administraciones de la Comunidad, proponiendo actuaciones que puedan dar respuesta a las nuevas necesidades planteadas.

Redactado alternativo:

1. La Administración Autonómica facilitará cauces de participación a las entidades privadas en órganos de carácter consultivo, priorizando las entidades del tercer sector especializadas en la atención a niños, niñas y adolescentes, para asesorar (…).

TITULO V. Las entidades privadas

CAPITULO I. Fomento de la iniciativa social

Artículo 93. Habilitación de instituciones colaboradoras.

1. (…)

e) Que en sus Estatutos o reglas fundacionales figure como fin la protección de menores.

Redactado alternativo:

(…) figure como fin la protección o la atención a menores.

TITULO V. Las entidades privadas

CAPITULO I. Fomento de la iniciativa social

Artículo 94. Funciones de las instituciones colaboradoras.

1. (…)

Redactado alternativo (funciones a añadir):

1. (…)

d) El asesoramiento experto en la materia en función de la población de que se trate, según la especialización de la entidad.

TITULO V. Las entidades privadas

CAPITULO I. Fomento de la iniciativa social

Artículo 94. Funciones de las instituciones colaboradoras.

2. Ninguna otra persona o entidad podrá intervenir en funciones de mediación para acogimientos familiares o adopciones.

Redactado alternativo:

2. Ninguna (…) adopciones, aunque se valorará la necesidad de solicitar la colaboración de entidades del tercer sector especializadas en aquellos casos en que la casuística de la intervención así lo requiera.

BLOQUE 2. Propuesta de contenidos para el Anteproyecto de Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral a la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

SUMARIO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de Aplicación

Artículo 2. Objeto

Artículo 3. Principios del sistema

TÍTULO II. DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (en naranja se señalan los derechos más importantes para la infancia)

CAPÍTULO I. LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Artículo 4. Derecho a la vida y a la integridad física y moral

Artículo 5. Derecho a la identidad

Artículo 6. Derecho al desarrollo y al crecimiento en el seno de la familia

Artículo 7. Derecho a ser oído/a y escuchado/a

Artículo 8. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

Artículo 9. Derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión

Artículo 10. Derecho a la libertad de expresión

Artículo 11. Derecho a la información.

Artículo 12. Derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria

Artículo 13. Derecho a la educación y a la atención educativa

Artículo 14. Derecho a la cultura

Artículo 15. Derecho al desarrollo de la competencia digital y la ciudadanía digital

Artículo 16. Derecho al juego, al ocio, al esparcimiento y al deporte

Artículo 17. Derecho a un medio ambiente saludable y a un entorno urbano adecuado a los niños, niñas y adolescentes

Artículo 18. Derecho a la libre asociación y reunión

Artículo 19. Derecho a la participación

Artículo 20. Derecho a la inclusión social y a condiciones de vida dignas

Artículo 21. Actuaciones contra la pobreza infantil

Artículo 22. Derecho a disfrutar de una vivienda digna

Artículo 23. Derechos de las personas menores de edad con discapacidad

Artículo 24. Derechos de los menores extranjeros no acompañados

Artículo 25. Derechos de los menores extranjeros con necesidades específicas

Artículo 26. Derechos de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al colectivo LGTBIQA

CAPÍTULO II. LIMITACIONES Y PROHIBICIONES SOBRE DETERMINADAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS

Artículo 27. Alcance general

Artículo 28. Actividades y productos prohibidos

Artículo 29. Prohibiciones y limitaciones al derecho a la información

Artículo 30. Limitaciones a la publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes

Artículo 31. Espectáculos públicos y actividades recreativas

Artículo 32. Protección ante el consumo

CAPÍTULO III. DEBERES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Artículo 32 bis. Deberes de los niños, niñas y adolescentes

Artículo 32 ter. Deberes relativos al ámbito familiar.

Artículo 32 quáter. Deberes relativos al ámbito escolar.

Artículo 32 quinquies. Deberes relativos al ámbito social.

CAPÍTULO IV. ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS

TÍTULO III. DE LA ACCIÓN PROTECTORA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Artículo 33. Concepto de protección

Artículo 34. Criterios generales para la adopción de las medidas de protección

CAPÍTULO I. DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

Artículo 35. Promoción de derechos

CAPÍTULO II. DE LAS ACTUACIONES DE PREVENCIÓN

Artículo 36. Concepto de prevención

Artículo 37. Competencias en materia de actuaciones de prevención

Artículo 38. Ámbitos de desarrollo prioritario de las actuaciones de protección

CAPÍTULO III. ACTUACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS EN SITUACIONES DE RIESGO Y DE DESAMPARO

Artículo 39. Atención inmediata en casos de urgencia

Artículo 40. Medidas comprendidas en el concepto de protección

Sección 1ª. Situación de riesgo

Artículo 41. Concepto de situación de riesgo

Artículo 42. Instrumentos técnicos de valoración de la gravedad de la situación de desprotección del niño

Artículo 43. Objetivo de la actuación administrativa en situación de riesgo.

Artículo 44. Medidas de atención social y educativa ante las situaciones de riesgo.

Artículo 46. Registro y comunicación del caso a efectos estadísticos.

Sección 2ª. De la situación de desamparo

Artículo 47. Situación de desamparo

Artículo 48. Procedimiento ordinario para la declaración de la situación de desamparo

Artículo 49. Medidas provisionales

Sección 3ª De la guarda administrativa voluntaria

Artículo 50. Guarda administrativa voluntaria

Artículo 51. Procedimiento para la constitución de la guarda voluntaria

Sección 4ª Disposiciones comunes a los procedimientos administrativos de declaración de situación de riesgo, situación de desamparo y guarda administrativa voluntaria

Artículo 52. Personas interesadas en procedimientos relacionados con las actuaciones y medidas de protección

Artículo 53. Expediente de actuación de protección de niñas, niños y adolescentes

Artículo 54. Plan individualizado de protección

Artículo 55. Comunicación de los casos a efectos estadísticos

Sección 5ª Medidas de protección

Artículo 56. Medidas de protección

Artículo 57. Concepto de acogimiento familiar

Artículo 58. Ofrecimientos

Artículo 59. Valoración de la aptitud de los solicitantes

Artículo 60. Requisitos de aptitud para el acogimiento

Artículo 61. Selección de la familia acogedora

Artículo 62. Compensación económica

Artículo 63. Apoyo y acompañamiento al acogimiento

Artículo 64. Relación entre las personas acogedoras y acogidas al cese del acogimiento

Artículo 65. Formalización del acogimiento familiar

Artículo 66. Fomento del acogimiento familiar.

Artículo 67. Medida de acogimiento residencial

Artículo 68. Criterios para la determinación de la medida de acogimiento residencial

Artículo 69. Centros de acogimiento residencial.

Artículo 70. Prevención de la violencia en los centros de acogimiento residencial

CAPÍTULO IV. TRANSICIÓN HACIA LA VIDA INDEPENDIENTE

Artículo 71. Reintegración familiar.

Artículo 72. Preparación para la vida independiente.

Artículo 73. Apoyo a la vida independiente

CAPÍTULO V. DE LA ADOPCIÓN

Artículo 74. Principios de actuación en materia de adopción.

Artículo 75. Propuesta de adopción.

Artículo 76. Delegación de guarda con fines de adopción.

Artículo 77. Adopción abierta.

Artículo 78. Tramitación de ofrecimientos de adopción nacional.

Artículo 79. Tramitación de ofrecimientos de adopción internacional.

Artículo 80. Propuesta de adopción sin ofrecimiento previo.

Artículo 81. Declaración de idoneidad

Artículo 82. Suspensión de la tramitación del ofrecimiento de adopción.

Artículo 83. Adopción internacional.

Artículo 84. Apoyo tras la adopción.

Artículo 85. Derecho a conocer los orígenes biológicos.

TÍTULO IV. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN, GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

CAPÍTULO I. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Artículo 86. Competencias de la Comunidad de Madrid sobre protección de la infancia y la adolescencia

Artículo 87. Competencias municipales en materia de protección a la infancia y la adolescencia

CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Artículo 88. La Comisión de Tutela del Menor

Artículo 89. Observatorio de la Infancia de la Comunidad de Madrid

CAPÍTULO III. EL DEFENSOR DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Artículo 91. El Defensor de los Derechos del Niño de la Comunidad de Madrid

TÍTULO V. PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL

Artículo 92. Fomento de la iniciativa social.

Artículo 93. Entidades colaboradoras de protección a la infancia y la adolescencia.

Artículo 94. Entidades colaboradoras de adopción internacional.

TÍTULO VI. SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Artículo 95. Registro de medidas de protección

TÍTULO VII. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 97. Infracciones administrativas y sujetos responsables.

CAPÍTULO II. INFRACCIONES

Artículo 98. Tipos de infracciones.

Artículo 99. Infracciones leves.

Artículo 100. Infracciones graves.

Artículo 101. Infracciones muy graves.

CAPÍTULO III. SANCIONES

Artículo 102. Sanciones.

Artículo 103. Acumulación de sanciones.

Artículo 104. Graduación de las sanciones.

Artículo 105. Reincidencia.

CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 106. Incoación.

Artículo 107. Procedimiento aplicable.

Artículo 108. Resolución.

Artículo 109. Relación con la jurisdicción penal y civil.

Artículo 110. Recursos.

Artículo 111. Publicidad de las sanciones.

Artículo 112. Prescripción de las infracciones.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Memoria de análisis de impacto normativo

Evaluación ex post de la ley

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

CONTENIDOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La exposición de motivos de la nueva normativa debería resaltar los 23 años de vigencia de la norma y realizar una valoración positiva de la misma, sin obviar la necesidad de incorporar el corpus normativo sobre protección de la infancia: todas las Observaciones Generales del Comité, Directrices de Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado de los niños, Recomendaciones del Consejo de Europa la legislación estatal (1996 y 2015), la jurisprudencia. Asimismo, es preciso resaltar que, esencialmente, la elaboración de la nueva normativa adopta un enfoque de derechos en la legislación, superando la filosofía proteccionista y asistencial, haciendo referencia a “niños, niñas y adolescentes”, y no a “menores”.

Igualmente, debería hacer referencia a su adaptación al marco internacional y estatal de protección de la infancia y la adolescencia de acuerdo con un concepto de protección integral basada en un enfoque de derechos. Entre la normativa a mencionar se sugieren, como mínimo, las siguientes:

• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
• Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
• Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
• Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Adopción internacional.
• Reglamento de la Ley de Adopción Internacional.
• Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al Estado español, de febrero de 2018.
• Convención de los Derechos del Niño.
• Código Civil.
• Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Normativas autonómicas de referencia, como por ejemplo: Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de protección del menor; Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, de la Comunidad Valenciana; Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco.
• Normativas internacionales de referencia, como por ejemplo: Legge 28 marzo 2001 n. 149 y Legge 4 maggio 1983, n. 184, de Italia.

En cuanto a los cambios que introduciría la nueva normativa, de acuerdo con nuestra propuesta de contenidos, serían:

• Actualización del concepto de protección (integral, gradual, continua y sostenible) y, por lo tanto, del alcance de la ley conforme al marco internacional (CDN, OOGG, Directrices, UE, Consejo de Europa) y estatal, a las Observaciones Finales CRC 2018 y OG2.
• Recuperación del Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.
• Incorporación de una protección integral subjetiva (para todos los niños en la Comunidad de Madrid, por parte de todos los poderes públicos y por las familias) y protección integral objetiva, con inclusión de un catálogo de derechos entre los que se incorporan, por primera vez, el derecho a la vida y a la integridad física y el derecho a vivir en familia.
• Introducción de una protección gradual, que aborda los siguientes ámbitos:
  • Promoción de derechos.
  • Actuaciones de prevención.
  • Medidas de protección frente a la vulneración de los derechos en situaciones de riesgo y de desamparo:
    • Situación de riesgo – proyecto de intervención.
    • Situación de desamparo –acogimiento familiar y residencial– y centros de protección.
• Inclusión de una protección continua en colaboración y coordinación administrativa (Consejos de Infancia).
• Incorporación de una protección sostenible, con supervisión de las medidas y preparación para la vida independiente/retorno a la familia.
• Establecimiento de las competencias administrativas –autonómicas y municipales– sobre protección de niños, niñas y adolescentes.
• Creación y regulación de la figura de Defensor de los Derechos del Niño de la Comunidad de Madrid.
• Regulación de la obtención de datos, registros, gestión del conocimiento e investigación sobre infancia.
• Establecimiento de medición del impacto y de la evaluación ex post de la nueva normativa.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación

La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a las personas menores de dieciocho años que se encuentren en territorio de la Comunidad de Madrid.

Artículo 2. Objeto

Es objeto de la presente ley:

1. El reconocimiento y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos en las normativa internacional y estatal aplicable;
2. El establecimiento de los principios rectores del sistema de protección a la infancia de la Comunidad de Madrid.
3. El establecimiento de las actuaciones, medidas y procedimientos que han de adoptar las autoridades competentes para procurar una protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
4. La distribución de competencias entre las Administraciones públicas competentes en materia de protección y garantía de los derechos de la infancia y adolescencia en la Comunidad de Madrid, así como las relaciones intra e interadministrativas y la colaboración de las entidades pertenecientes al tercer sector con aquéllas.
5. La identificación de los órganos de atención y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
6. El establecimiento de un Sistema Unificado de Información sobre la Infancia de la Comunidad de Madrid con el fin de adoptar decisiones políticas, estratégicas y presupuestarias en la materia.
7. La implementación de técnicas de medición del impacto ex ante y ex post en las normas sobre protección de la infancia y de planificación de las actuaciones y recursos para el cumplimiento de los fines de esta ley.
8. El régimen sancionador respecto de las materias reguladas en la presente Ley

Artículo 3. Principios del sistema

Son principios rectores del sistema de protección a la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid:

1. El derecho del niño a que su interés superior sea considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le puedan afectar individual o colectivamente, ya sean adoptadas por las instituciones públicas, privadas o las familias, en el ámbito público o en el privado. A efectos de la evaluación y determinación del interés superior del niño se considerarán los elementos, criterios y principios recogidos en el artículo 2 LOPJM.
2. La consideración del niño como sujeto de derechos y el consiguiente favorecimiento del progresivo ejercicio autónomo de aquéllos de acuerdo con su madurez.
3. La no discriminación por razón de nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, nacionalidad, raza, origen étnico, religión, lengua, cultura, opinión, discapacidad o cualesquiera otras condiciones o situaciones individuales, familiares, sociales o económicas del niño o de su familia.
4. La participación activa y directa, tanto individual como colectiva, de los niños, niñas y adolescentes en todos los asuntos que les puedan afectar.
5. La integración social y, en su caso, familiar, del niño, y la restitución de sus derechos en todas las actuaciones y medidas de protección adoptadas por la institución competente.
6. La preferencia por las actuaciones y medidas consensuadas frente a las impuestas, las permanentes frente a las provisionales y las familiares respecto a las residenciales.
7. El apoyo a la familia, como entorno más adecuado para el desarrollo del niño, en el desempeño de sus responsabilidades, teniendo las actuaciones y medidas administrativas carácter subsidiario y residual respecto de aquélla.
8. La prioridad presupuestaria de las políticas y actuaciones de protección a la infancia y la adolescencia en cada ámbito competencial, debiendo las partidas ser fácilmente identificables, suficientes para la consecución de los objetivos propuestos y sostenibles en el tiempo.
9. La actuación de los poderes públicos de la Comunidad de Madrid en el ámbito de la atención y protección de la infancia y la adolescencia de acuerdo con una planificación de sus políticas, definiendo los objetivos que se pretenden alcanzar, señalando indicadores geográficos, poblacionales y sociales para tener en cuenta, trazando los procesos a seguir para conseguir esos objetivos.
10. El buen trato como criterio de actuación positiva en todas las decisiones adoptadas por las instituciones públicas o privadas y por las familias en relación con los niños. Queda prohibida toda forma de violencia contra la infancia.
11. Los principios de funcionamiento enunciados en la legislación administrativa básica sobre procedimiento y funcionamiento de las administraciones públicas, en particular en las leyes 39/2015 y 40/2015.

TÍTULO II

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

CAPÍTULO I

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Artículo 4. Derecho a la vida y a la integridad física y moral

1. Los poderes públicos de la Comunidad de Madrid garantizarán y protegerán, dentro de sus respectivas competencias, el derecho a la vida de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en su territorio mediante políticas preventivas, así como mediante la adopción de las medidas administrativas que resulten pertinentes o instando las medidas judiciales oportunas, con el fin de garantizar la protección real y efectiva de la vida del niño.
2. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia física, psíquica o sexual, incluyendo la mutilación genital, la explotación sexual, la trata de seres humanos y la violencia machista en su entorno familiar.
3. Queda prohibida toda forma de violencia empleada contra los niños, niñas y adolescentes.
4. La Comunidad de Madrid elaborará una estrategia regional integral para la erradicación de la violencia contra la infancia, que incluirá medidas de promoción, sensibilización y concienciación, capacitación de profesionales, detección, prevención, protección y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en línea con lo que establezca la legislación estatal al respecto.
5. La persona menor de edad que sea objeto de alguna de las formas de violencia a la que se refiere el apartado 2 de este artículo tendrá derecho de acceso preferente a los servicios sanitarios, a los centros educativos, a los servicios y programas sociales y a las subvenciones y ayudas públicas que resulten necesarios para satisfacer las necesidades derivadas de su condición de víctimas.
6. Cuando la violencia se produzca en el propio entorno familiar, se procurará, siempre que sea compatible con el interés superior de la persona protegida, que la protección se lleve a cabo mediante el alejamiento de la persona maltratadora y no mediante la salida de la víctima de su medio familiar. Asimismo, la Comunidad de Madrid podrá declarar el desamparo de la víctima, mediante procedimiento de urgencia si fuera necesario, acordando la suspensión de la patria potestad o de la tutela exclusivamente respecto de la persona maltratadora y no de sus restantes titulares.
7. La administración de la Comunidad de Madrid desarrollará las actuaciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes que hayan sido objeto de violencia o trata de seres humanos puedan hacer efectivos, de manera adaptada a su edad y circunstancias, los derechos derivados de su condición de víctimas del delito. En particular, pondrá a disposición de la Administración de Justicia los medios técnicos y humanos necesarios para evitar la victimización secundaria con motivo de su declaración, orientará y asesorará a las víctimas para que puedan hacer efectivo su derecho a la justicia gratuita, con independencia de la capacidad económica de sus padres, tutores, guardadores o acogedores, les mantendrá informadas de todos los procesos, opciones y plazos, y velará por que se haga efectivo su derecho a opinar y que dicha opinión sea tenida en cuenta, protegiendo su intimidad e identidad frente a intimidaciones y represalias.

Para ello, los Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid crearán un turno específico para la atención de los NNA víctimas de violencia, y se exigirá, para el acceso al mismo, una formación especializada previa en esta materia.

8. La Comunidad de Madrid adoptará las medidas administrativas y los programas sociales necesarios para prevenir y proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de explotación de su sexualidad, de prostitución infantil, de la pornografía de niños, niñas y adolescentes, y para garantizar que no sean objeto de ningún tipo de tráfico, de venta o de sustracción. Se prestará particular atención a la protección de quienes se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad especialmente frente a esas prácticas.

Artículo 5. Derecho a la identidad

1. Todo niño tiene derecho a la identidad y a que le sea reconocida mediante su inscripción en el Registro Civil. En los centros de atención sanitaria en los que se produzcan nacimientos se establecerán las garantías necesarias para la inequívoca identificación de las personas recién nacidas.
2. Cuando las personas que tienen la obligación legal de inscribir el nacimiento de un niño en el Registro Civil no lo hagan, el órgano competente de la Comunidad de Madrid adoptará las actuaciones oportunas para lograr tal inscripción.
3. Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por la conservación de los datos relativos a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido separados de su familia biológica de manera que, al llegar a la mayoría de edad, y si lo solicitan, puedan acceder a la información sobre sus orígenes, tal como se prevé en la presente Ley.
4. Las personas menores de edad no nacionales, especialmente si han solicitado la condición de refugiado, tienen igualmente derecho a la identidad.
5. Las personas menores de edad con disconformidad con su identidad de género tienen derecho a desarrollarse física, mental y socialmente en forma saludable y plena, así como en condiciones de libertad y dignidad. Ello incluye la determinación y el desarrollo evolutivo de su propia identidad de género y el derecho a utilizar libremente el nombre que hayan elegido.
6. La Comunidad de Madrid velará por el ejercicio de este derecho y la especial protección que necesitan estas personas en situación de especial vulnerabilidad en relación con sus circunstancias específicas para asegurar su adecuado desarrollo personal y social de acuerdo con su identidad de género.

Artículo 6. Derecho al desarrollo y al crecimiento en el seno de la familia

1. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser cuidados y a desarrollarse en su familia biológica, para lo que ésta recibirá el apoyo necesario que le permita ejercer sus funciones parentales, con atención especial a las familias con situaciones de dependencia, discapacidad, vulnerabilidad o alta adversidad.
2. Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid procurarán el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir con su familia biológica y a relacionarse con ella, siempre que no suponga un riesgo para su integridad física y/o emocional, prevaleciendo su interés superior sobre cualquier otro interés legítimo, de manera que, en los casos de adopción de una medida de protección que implique la separación de su núcleo familiar, se valorará la posibilidad de su reunificación familiar si se dieran las circunstancias favorables para ello.
3. Si valoradas las circunstancias de la persona menor de edad no fuera posible su reunificación en el seno de su familia biológica, se le procurará una alternativa familiar a través de la medida de integración familiar más adecuada a sus necesidades, de acuerdo con su superior interés.

Artículo 7. Derecho a ser oído y escuchado

1. Las Administraciones de la Comunidad de Madrid garantizarán el derecho del niño a ser oído y escuchado en todas aquellas cuestiones que le afecten en el ámbito personal, familiar, social e institucional, sin discriminación alguna, en los términos previstos en la legislación estatal vigente. Las resoluciones administrativas que se aparten de esta opinión o parecer habrán de motivarlo adecuadamente teniendo en cuenta el interés superior del niño.
2. A tal fin, el niño tiene derecho a obtener toda la información que concierna a sus intereses, derechos y a su bienestar personal, emocional y social, en un lenguaje que sea adecuado y comprensible y adaptado a sus circunstancias, según su desarrollo evolutivo y madurez. Salvo que exista conflicto de intereses, para el ejercicio de este derecho contará con la asistencia y orientación de sus padres, representantes legales o guardadores.

Artículo 8. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

1. Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid velarán, en el ejercicio de sus competencias, porque se respete el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de las niñas, niños y adolescentes.
2. En la protección de este derecho se prestará especial cuidado en sus datos personales, siendo exigible un deber de reserva por parte de las personas profesionales que intervienen y elaboran un expediente administrativo, así como por parte de los medios de comunicación. Igualmente, las administraciones públicas madrileñas velarán por el respeto al derecho a tratamiento de los datos de carácter personal de los niños, niñas y adolescentes y la confidencialidad de los mismos en los procedimientos de recolección y tratamiento de informaciones para su remisión al Sistema Unificado de Información sobre Infancia de la Comunidad de Madrid
3. La difusión de información o de imágenes personales relativas niños, niñas y adolescentes, así como su almacenamiento por parte de medios de comunicación, redes sociales o cualquier otro medio que se considere una intromisión ilegítima en este derecho deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal. No se considerará intromisión ilegítima cuando esté autorizada por Ley o medie el consentimiento expreso de la persona menor de edad, que lo podrá prestar cuando tengan suficiente madurez y siempre que no menoscabe su intimidad y su dignidad o sea contraria a sus intereses. En los restantes casos, el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quién estará obligado a ponerlo en conocimiento previo del Ministerio Fiscal.

Artículo 9. Derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión

1. El niño tiene derecho a la libertad ideológica y religiosa.
2. El ejercicio de los derechos derivados de esta libertad tiene únicamente las limitaciones prescritas por la ley y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los demás.
3. Los progenitores o las personas que ejerzan la tutela o la guarda tienen el derecho y el deber de cooperar para que el niño ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral.

Artículo 10. Derecho a la libertad de expresión

1. Los niños, niñas y adolescentes gozan del derecho a la libertad de expresión en los términos constitucionalmente previstos, que se extiende a:

1. La publicación y difusión de sus opiniones.
2. A la edición y producción de medios de difusión.
3. Al acceso a las ayudas que las Administraciones públicas establezcan a tal fin.

2. El ejercicio de este derecho podrá estar sujeto a las restricciones que prevea la ley y el resto del ordenamiento jurídico para garantizar el respeto de los derechos de los demás o la protección de la seguridad, salud, moral u orden público.

La libertad de expresión encuentra su límite en la protección del derecho a la intimidad y a la imagen del menor.

Artículo 11. Derecho a la información.

1. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su edad y condiciones de madurez.
2. Los padres y las madres, los titulares de la tutela o de la guarda y los poderes públicos deben velar por que la información que reciban los niños, niñas y adolescentes sea veraz, plural y respetuosa para con los principios constitucionales.
3. Los padres y las madres, los titulares de la tutela o de la guarda y, en última instancia, los poderes públicos deben proteger a los niños, niñas y adolescentes de la información y el material informativo perjudiciales y, especialmente, cuando puedan acceder a los mismos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
4. Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, fomentarán la producción y difusión de materiales informativos que contribuyan al desarrollo y bienestar de la infancia y adolescencia y promoverán actuaciones tendentes a informarles de cuantos derechos les asistan conforme a la legislación vigente.
5. Se promoverá la realización de acuerdos de colaboración y la suscripción de códigos de conducta entre las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid y las empresas o entidades que presten servicios en materia audiovisual y en relación con las tecnologías de la información y comunicación dentro del territorio de la Comunidad Autónoma en materia de protección y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia. Asimismo, se crearán mecanismos de supervisión de la correcta aplicación de los acuerdos y códigos de conducta suscritos.
6. Las Administraciones Públicas pondrán en conocimiento del medio de comunicación social la detección que realicen sobre contenidos dañinos para el desarrollo de la infancia y la adolescencia, solicitando su retirada.

Artículo 12. Derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria

1. La Administración de la Comunidad de Madrid garantizará el derecho a la protección y promoción de la salud de las personas menores y a su atención sanitaria de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, especialmente en lo referente a:

1. Recibir información sobre su salud y, en particular, sobre los procedimientos médicos a que sean sometidos, en un lenguaje adecuado a su edad, madurez y estado psicológico. Asimismo, deberá obtenerse su consentimiento en los términos recogidos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
2. Proteger la confidencialidad de su historia clínica y de su historia social, si la hubiere, o de cualquier otro dato relativo a su situación socioeconómica y familiar.
3. Ser inmunizadas contra las enfermedades infectocontagiosas incluidas en el calendario oficial de vacunación.
4. Beneficiarse de la detección y el tratamiento precoces de las enfermedades congénitas, únicamente con los límites que la ética, la tecnología y los recursos asistenciales imponen al sistema sanitario.
5. No ser sometidas a experimentos, de carácter científico o médico, que puedan poner en peligro su integridad y su salud.
6. Estar acompañadas de sus padres, madres, personas que ejerzan la guarda o tutela u otros familiares durante su atención en los servicios de salud, salvo en aquellas situaciones en que el acompañamiento esté desaconsejado por los protocolos sanitarios, debiendo prevalecer siempre el interés de la persona menor.
7. No interrumpir su formación escolar durante su permanencia en el hospital o durante su proceso de recuperación en el domicilio, beneficiándose de los recursos humanos y materiales que las autoridades escolares pongan a su disposición, en particular en el caso de enfermedad prolongada, con la condición de que dicha actividad no cause perjuicio a su bienestar o no obstaculice los tratamientos que se prescriban.
8. Cuando sea necesario el internamiento en un centro sanitario, contar con espacios adaptados donde se facilite el derecho al juego y el mantenimiento de la conexión con la vida escolar y familiar.
9. El respeto a aquellos derechos reconocidos en la Carta Europea de los Niños Hospitalizados del Parlamento Europeo, de 13 de mayo de 1986.

2. Con el fin de garantizar la atención sanitaria integral de las personas menores con discapacidad, la Administración de la Comunidad de Madrid elaborará programas de salud que comprendan el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación en relación con las patologías más relevantes, prevalentes o que supongan una especial dedicación social y familiar.
3. La Consejería del Gobierno de Madrid competente en materia de sanidad asegurará la atención y tratamiento adecuados de las personas menores con problemas de salud mental, promoviendo la creación y equipamiento de centros, unidades y servicios claramente diferenciados de los dirigidos a personas adultas.
4. La Administración de la Comunidad de Madrid garantizará la asistencia psicológica necesaria a las personas menores acogidas junto a sus progenitoras en el Sistema de Asistencia y Acogimiento del Gobierno de Madrid para víctimas de violencia de género
5. Las Administraciones Públicas protegerán a la infancia y la adolescencia frente al uso y tráfico de drogas, promoviendo actuaciones informativas, preventivas y alternativas sobre los riesgos del consumo de drogas.
6. La Administración de la Comunidad de Madrid desarrollará programas de promoción de hábitos y comportamientos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la infancia y la adolescencia.
7. Las Administraciones competentes desarrollarán programas de formación dirigidos a responsables de servicios de salud y personal sanitario, con el fin de que adquieran los conocimientos suficientes que les permitan detectar situaciones de desprotección infantil.
8. La Administración de la Comunidad de Madrid desarrollará programas de prevención de discapacidades cuyo objetivo sea la detección de situaciones de riesgo y la promoción de hábitos saludables y seguros.
9. Los responsables y el personal de todos los servicios y centros sanitarios están especialmente obligados a:

1. Poner en conocimiento de los servicios competentes en protección a la infancia todos aquellos hechos o indicadores que puedan suponer la existencia de una posible situación de desprotección infantil, informando si es preciso al Ministerio Fiscal o la Autoridad Judicial.
2. Informar por escrito de todas aquellas circunstancias que ayuden a garantizar la calidad y eficacia de las intervenciones que sean necesarias.

Artículo 13. Derecho a la educación y a la atención educativa

1. Las personas menores, desde el momento del nacimiento, tienen derecho a una formación educativa, que fundamentalmente les será proporcionada en el ámbito familiar y en los centros educativos, en los términos establecidos por la legislación vigente.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid garantizará el derecho a la educación de la infancia y la adolescencia, especialmente en todo lo referente a:

1. Garantizar la existencia de un número de plazas adecuadas y suficientes que aseguren la atención escolar de las personas menores, colaborando con las familias en el proceso educativo de las mismas.
2. Velar para que la educación proporcione una formación integral que permita a las personas menores conformar su propia identidad, dirigiéndose al desarrollo de sus capacidades para ejercer la tolerancia, la solidaridad, la libertad y la no discriminación.
3. Procurar que los centros y servicios que atienden personas menores en los primeros años, cualquiera que sea su denominación genérica, clasificación o titularidad, faciliten la atención educativa de éstas, contribuyendo a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual.
4. Facilitar una atención prioritaria a las personas menores con necesidades educativas especiales con objeto de garantizar que alcancen el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional.
5. Asegurar la atención educativa de todas las personas menores sujetas a medidas de internamiento.
6. Asegurar la escolarización inmediata las personas menores afectadas por un cambio de residencia de la madre motivado por situación de violencia de género.

3. Todas las Administraciones Públicas estarán obligadas a velar por el cumplimiento de la escolaridad obligatoria con arreglo a la legislación vigente, coordinando y emprendiendo las acciones necesarias para fomentar la asistencia regular a los centros de enseñanza y evitar el absentismo escolar.
4. La Consejería del Gobierno de la Comunidad de Madrid competente en materia de educación deberá poner los medios necesarios para la detección y corrección de cualquier situación de violencia que se pueda producir entre las personas menores en los centros educativos. Asimismo, establecerá una especial colaboración con la Administración competente en materia de protección a la infancia en la detección e intervención de las situaciones de desprotección infantil.
5. Las Administraciones competentes desarrollarán programas de formación dirigidos a titulares de centros educativos y personal docente, con el fin de que adquieran los conocimientos suficientes que les permitan detectar situaciones de desprotección infantil.
6. Los titulares y el personal de los centros educativos están especialmente obligados a:

1. Poner en conocimiento de los servicios competentes en materia de protección a la infancia todos aquellos hechos o indicadores que puedan suponer la existencia de una posible situación de desprotección infantil, informando si es preciso al Ministerio Fiscal o la Autoridad Judicial.
2. Informar por escrito de todas aquellas circunstancias que ayuden a garantizar la calidad y eficacia de las intervenciones que sean necesarias.

Artículo 14. Derecho a la cultura

1. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar plenamente en la vida cultural y artística de la comunidad.
2. A tal fin, las Administraciones de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus respectivas competencias, a iniciativa propia o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, fomentarán y garantizarán:

1. La realización de actividades culturales y artísticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes.
2. El acceso a los bienes y medios culturales de la Comunidad de Madrid, favoreciendo el conocimiento de sus valores, historia y tradiciones.
3. El conocimiento y participación de los niños, niñas y adolescentes en la cultura, propiciando su acercamiento y adaptación a sus diferentes etapas evolutivas.
4. El acceso de niños, niñas y adolescentes a los servicios de información, documentación, bibliotecas y demás bienes culturales públicos

Artículo 15. Derecho al desarrollo de la competencia digital y la ciudadanía digital

1. Las Administraciones de la Comunidad de Madrid promoverán e impulsarán la alfabetización digital y mediática de los niños, niñas y adolescentes hacia los nuevos escenarios de interactividad y conectividad.
2. Los órganos competentes en materia de protección de la infancia y la adolescencia, de educación y de tecnologías de la información desarrollarán estrategias de intervención que garanticen los conocimientos necesarios para una navegación segura por Internet y que eduquen a los niños, niñas y adolescentes, padres, madres y profesorado en un uso responsable de dichas tecnologías

Artículo 16. Derecho al juego, al ocio, al esparcimiento y al deporte

1. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el juego forme parte de su actividad cotidiana como elemento esencial para su desarrollo evolutivo y proceso de socialización.
2. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al descanso, al ocio y al esparcimiento y a participar en actividades recreativas propias de su edad, como elementos esenciales para su educación y desarrollo. Tienen, asimismo, derecho a practicar deportes y a participar en actividades físicas, lúdicas y de ocio educativo en un amiente de salubridad y seguridad.
3. Las administraciones de la Comunidad de Madrid promocionarán, dentro de sus competencias, servicios y equipamientos lúdicos y deportivos dirigidos a la población infantil y adolescente. Fomentarán, asimismo, la actividad física y deportiva como hábito de salud, tanto en el ámbito escolar como comunitario.
4. Las políticas públicas en materia de ocio y deporte infantil y adolescente contarán con la participación de los niños, niñas y adolescentes.
5. Las actividades deportivas promovidas por la administración fomentarán los valores de equipo y las habilidades cooperativas como prevención de actitudes y hábitos violentos

Artículo 17. Derecho a un medio ambiente saludable y a un entorno urbano adecuado a los niños, niñas y adolescentes

1. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a desarrollarse en un medio ambiente saludable y en un entorno ambiental que tenga en cuenta sus características propias. Las entidades públicas deben promover el desarrollo sostenible que garantice a los niños, niñas y adolescentes poder ejercer este derecho.
2. Las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid promoverán el conocimiento, respeto y disfrute del medio ambiente por parte de los niños, niñas y adolescentes contando con la participación activa de éstos en la protección, conservación y mejora del entorno en el marco de un desarrollo sostenible, y fomentando el desarrollo de la educación ambiental, con programas formativos, divulgativos y de concienciación para el uso responsable y sostenible del medio de agua y demás recursos naturales y la adquisición de hábitos de conservación del medio ambiente
3. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a espacios urbanos seguros, adecuados y adaptados. Las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid preverán en sus planeamientos urbanísticos la concepción de dichos espacios y de aquellos otros que les permitan el ejercicio de actividades lúdicas con los equipamientos e instalaciones necesarias adaptadas a las necesidades según la edad y capacidades de los niños, niñas y adolescentes.
4. La planificación urbanística tendrá en cuenta la perspectiva, las necesidades específicas y el interés de los niños, niñas y adolescentes en la concepción y distribución del espacio urbano, con el fin de conseguir un espacio urbano adecuado a la infancia e inclusivo, que evite la segregación.
5. Para la configuración de los espacios públicos, la previsión de equipamientos e instalaciones y la dotación de mobiliario urbano se escuchará la opinión de los niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando estén específicamente destinados a ellos.
6. En el ámbito local, los planes urbanísticos deben prever espacios y zonas de juego, deportivas y recreativas accesibles, idóneas, diversificadas y suficientes para posibilitar el ejercicio del derecho al juego y al deporte. En su diseño y configuración los Ayuntamientos contarán con la participación activa de los niños, niñas y adolescentes.
7. Igualmente, las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid tendrán en cuenta la perspectiva, necesidades e intereses de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo trazados que permitan los desplazamientos de niños, niñas y adolescentes de sus domicilios a las escuelas y otros equipamientos dirigidos especialmente a ellos, de forma autónoma, y facilitándoles el uso de los transportes públicos.

Artículo 18. Derecho a la libre asociación y reunión

1. Los niños, niñas y adolescentes en la Comunidad de Madrid tienen derecho a constituir asociaciones infantiles y juveniles y a ser miembros de las mismas. También tienen derecho a ser miembros de organizaciones juveniles de partidos políticos y sindicales, de acuerdo con la legislación vigente y los estatutos de estas organizaciones, y a participar activamente en las mismas de acuerdo con sus condiciones de madurez.
2. Ningún niño, niña o adolescente puede ser obligado a formar parte de una asociación ni a permanecer en ella contra su voluntad.
3. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, así como a promoverlas y convocarlas, todo ello en los términos establecidos en la legislación vigente.

Artículo 19. Derecho a la participación

1. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen el derecho de participar plenamente en los núcleos de convivencia más inmediatos y en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno. Los poderes públicos tienen que ofrecerle las oportunidades necesarias para que se incorporen progresivamente a la ciudadanía activa, de acuerdo con su grado de desarrollo personal.
2. Las administraciones públicas deben establecer procedimientos destinados a recoger las opiniones de los niños, niñas y adolescentes en relación con las políticas, las normas, los proyectos, los programas o las decisiones que les afecten directa o indirectamente, haciendo las adaptaciones necesarias en la información ofrecida y en los canales de comunicación para facilitar que los niños, niñas y adolescentes puedan participar en ellas.

Las administraciones locales deben crear consejos de participación territorial para dar a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de favorecer la convivencia y la integración cultural en el ámbito vecinal y local.

Artículo 20. Derecho a la inclusión social y a condiciones de vida dignas

1. La Comunidad de Madrid, a través de los distintos profesionales y sistemas de protección social, velará por la inclusión social plena, activa y efectiva de los niños, niñas y adolescentes, en especial a aquellos con situación socio-económica, así como por el acceso al sistema público de acción social.
2. Se prestará especial atención a la situación de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, tales como víctimas de violencia de género, diversidad funcional, personas trans menores de edad, personas con comportamiento de género no normativo, menores extranjeros no acompañados o niños, niñas y adolescentes pertenecientes a minorías étnicas o a minorías culturales.

Artículo 21. Actuaciones contra la pobreza infantil

1. La Comunidad de Madrid promoverá acciones de abordaje de la pobreza y la exclusión social de la infancia y la adolescencia mediante estrategias integradas que permitan el libre y completo desarrollo de la personalidad del niño, garantizando su derecho a participar plenamente en la vida cultural, artística, deportiva y lúdica de su comunidad, no solo el material.
2. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la pobreza severa, poniendo en marcha los mecanismos y recursos necesarios que aseguren las condiciones mínimas para garantizar un desarrollo adecuado y el bienestar del niño/a y adolescente.
3. La Comunidad de Madrid se compromete a implementar las medidas necesarias para que los niños, niñas y adolescentes, independientemente del distrito, pueblo o ciudad en la que nazcan, tengan condiciones igualitarias para su desarrollo

Artículo 22. Derecho a disfrutar de una vivienda digna

1. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna.
2. La Comunidad de Madrid promoverá las condiciones necesarias y establecerá las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Igualmente, fomentará acciones dirigidas a hacer posible que las familias con hijos vivan en viviendas asequibles y de calidad, incluidas las viviendas sociales, y a mitigar la exposición a los peligros medioambientales, el hacinamiento y la pobreza energética, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente.

Artículo 23. Derechos de las personas menores de edad con discapacidad

Las administraciones públicas promoverán las acciones y medidas necesarias para facilitar a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad su integración en el ámbito familiar, escolar, social y laboral, así como el ejercicio de sus derechos, proporcionándoles la protección y asistencia necesaria para lograr la permanencia o inclusión en un entorno familiar, como el contexto más adecuado para la atención integral que precisan.

Artículo 24. Derechos de los menores extranjeros no acompañados

1. Todas las actuaciones realizadas por la administración en materia de menores extranjeros serán guiadas por la persecución del interés superior del menor, y en particular durante los procesos de determinación de una solución duradera para los menores extranjeros en desamparo. En particular, una correcta evaluación de los riesgos en origen deberá de realizarse antes de tomar contacto con la familia en el caso de los menores que podrían ser beneficiarios de protección internacional o victimas de trata de seres humanos.
2. Los menores extranjeros localizados por la Administración deberán ser tutelados de forma automática como medida inmediata de protección.
3. Los procedimientos de documentación de los menores y de su regularización administrativa deberán empezar de oficio desde el momento de asunción de la tutela.
4. Los menores extranjeros deberán ser acompañados por un educador, un intérprete y un abogado en todos los procedimientos a los que serán sometidos para su identificación. En todo momento se garantizarán sus derechos de ser escuchados, asistidos y de expresar su opinión.
5. Los menores extranjeros que se encuentren en la Comunidad de Madrid gozarán de los mismos derechos que los nacionales y en igualdad de condiciones.
6. Los menores extranjeros que se encuentren en la Comunidad de Madrid, deberán recibir ayudas públicas siempre que lo requieran como medio de fomento de su integración social, lingüística y cultural, sin obviar su propia identidad cultural, teniendo en cuenta sus necesidades económicas. Se asegurarán el acceso a recursos postutela que faciliten su integración tras el cumplimiento de su mayoría de edad.
7. Los menores migrantes no acompañados o ex tutelados serán considerados entre los colectivos de protección especial para que tengan derecho de acceso preferente a los programas sociales de acceso a la vivienda, el empleo, la formación y las prestaciones económicas sociales de la Comunidad.
8. Se incorporará su condición de menores extranjeros tutelados y ex tutelados como condición suficiente para su acceso a becas y ayudas al estudio.
9. Para asegurar el acceso al derecho a la vida familiar de los menores extranjeros tutelados en igualdad de oportunidades que los demás menores tutelados, se crearán procedimientos específicos de acompañamiento, formación y seguimiento institucional especializados para realizar su acogida familiar en los casos en que su interés superior lo determine.

Artículo 25. Derechos de los menores extranjeros con necesidades específicas

1. Se asegurará el acceso al derecho a la protección internacional de todos los menores que puedan necesitarlo. Para ello, se informará a los menores sobre el derecho al asilo, el procedimiento de una forma y en un idioma que puedan entender.
2. Respecto a los niños, niñas y adolescentes solicitantes de asilo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 sobre el derecho a la identidad, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado,
3. En caso se observen indicios de trata de seres humanos en un menor, se realizará toda actuación necesaria a protegerle, realizando una derivación a un recurso especializado para víctimas de trata de seres humanos cuando su interés superior lo indique.

Artículo 26. Derechos de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al colectivo LGTBIQA

Las administraciones públicas promoverán las acciones y medidas necesarias para facilitar a los niños, niñas y adolescentes con diversidad sexual y de género su integración en el ámbito familiar, escolar, social y laboral, así como el ejercicio de sus derechos, proporcionándoles la protección necesaria frente a la violencia que puedan recibir tanto en su entorno familiar como en su entorno escolar

CAPÍTULO II.

LIMITACIONES Y PROHIBICIONES SOBRE DETERMINADAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS

Artículo 27. Alcance general

Las restricciones y limitaciones que se recogen en este capítulo constituyen actuaciones de protección para los menores en orden a prevenir situaciones o perjuicios que afecten a su desarrollo integral y adecuado, aun cuando medie el consentimiento de los padres, tutores, guardadores, acogedores o representantes legales.

Artículo 28. Actividades y productos prohibidos

Las personas menores de edad no podrán realizar, aun con el consentimiento de sus padres o de quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar, las actividades siguientes:

1. La participación en publicidad de actividades o productos prohibidos a los menores.
2. La utilización de máquinas de juego con premios en metálico.
3. La adquisición de tabaco, bebidas alcohólicas y otras drogas.
4. La participación en actividades, espectáculos, grupos y asociaciones cuyo contenido y fines sean violentos, pornográficos o contrarios al derecho a su formación y desarrollo integral, incluyendo las de formación o participación en espectáculos taurinos
5. El desempeño de cualquier actividad o trabajo que pueda ser peligroso o nocivo para su salud o pueda entorpecer su educación y desarrollo físico y mental, así como de cualesquiera otras cuya legislación específica así lo disponga.

Artículo 29. Prohibiciones y limitaciones al derecho a la información

1. Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán programas informativos y formativos destinados específicamente a las personas menores de edad, salvaguardando el derecho a la recepción de información veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales.
2. Queda prohibida la venta, alquiler, exhibición y ofrecimiento a personas menores de edad de publicaciones, videos, videojuegos u otro material audiovisual de contenido pornográfico, de apología de cualquier forma de la delincuencia, de exaltación de la violencia o incitación a la misma, contrario a los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico o que resulte perjudicial para el desarrollo de su personalidad, así como su emisión o proyección en locales o espectáculos a los que esté permitida la asistencia del menor, y su difusión por cualquier medio entre menores.
3. En los establecimientos en los que se ofrezcan servicios telemáticos se instalarán los medios técnicos de control necesarios para limitar el acceso de las personas menores de edad a aquellas páginas cuyo contenido resulte perjudicial al desarrollo de su personalidad.
4. La programación de las emisoras de radio y televisión de la Comunidad de Madrid se realizarán de acuerdo con las previsiones y con las limitaciones previstas en la legislación dictada al efecto, especialmente en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

Artículo 30. Limitaciones a la publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes

1. La publicidad dirigida a los niños, niñas y adolescentes que se divulgue en la Comunidad de Madrid, se ajustará a los siguientes criterios de actuación:

1. El lenguaje y los mensajes serán sencillos, comprensibles y adaptados al nivel de desarrollo de los menores a los que se dirige.
2. Las representaciones de objetos deberán reflejar la realidad en cuanto su tamaño, movimientos, prestaciones y demás atributos. Los anuncios deberán hacer indicación del precio del objeto anunciado en los términos de la legislación vigente.
3. Se evitará la publicidad de mensajes que establezcan diferencias o discriminaciones debido al consumo del objeto anunciado, así como de mensajes que fomenten la violencia o que atenten contra la dignidad de las personas, la publicidad sexista que perpetúe prejuicios y roles de género, y la que implique difusión de ideas contrarias a los valores constitucionales.
4. Se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas, tabaco, locales de juegos de suerte, envite o azar y servicios o espectáculos de carácter erótico o pornográfico tanto en publicaciones de menores como en los medios audiovisuales, en franjas horarias de especial protección para los menores.

2. Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid comunicarán al Ministerio Fiscal cualquier vulneración de estos preceptos para que solicite las medidas cautelares y de protección correspondientes.

Artículo 31. Espectáculos públicos y actividades recreativas

1. Se prohíbe la entrada y permanencia de menores en los establecimientos, locales o recintos siguientes:

1. En aquéllos en los que tengan lugar actividades o espectáculos violentos, pornográficos, o de contenido perjudicial para el correcto desarrollo de su personalidad.
2. En casinos, salas de bingo, locales dedicados exclusivamente a la explotación de máquinas recreativas con premios en metálico y a la utilización de máquinas de juego con premios en metálico, juegos de suerte, envite o azar.
3. En los dedicados exclusivamente a la venta y suministro de bebidas alcohólicas, en los casos y con el alcance establecido en la legislación específica de esta materia.
4. En aquéllos en los que se celebren competiciones o espectáculos deportivos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos para cualquiera de los participantes.
5. En cualquier otro previsto en la normativa específica en la materia.

2. Se prohíbe la participación de menores en espectáculos y festejos públicos que conlleven situaciones de peligro que deban ser consciente y voluntariamente asumidas por los intervinientes. En particular, se prohíbe la formación y la participación en espectáculos taurinos.
3. La intervención de artistas menores en espectáculos destinados al público estará sometida a las condiciones y permisos que establezca la normativa laboral, en materia de educación y sanitaria, sin perjuicio de la salvaguarda de los derechos reconocidos por esta Ley.
4. La entrada y la permanencia de menores en salas de fiesta, discotecas, salas de baile y salas de juventud, se realizará conforme a lo que prevé la legislación o la reglamentación específica de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Artículo 32. Protección ante el consumo

1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben velar para que los derechos de los menores, como colectivos de consumidores, gocen de defensa y protección especial. Promocionarán la información y la educación para el consumo y velarán por el estricto cumplimiento de la normativa aplicable en materias de seguridad y publicidad, defendiendo a los menores de las prácticas abusivas.
2. Los productos dirigidos a estos colectivos no deben tener sustancias nocivas para su salud y deberán disponer de información adecuada y visible sobre su composición, características y uso, así como la franja de edad de los menores a los que van destinados.
3. Queda prohibida la venta o transmisión a menores de objetos que fomenten o inciten a la violencia o actividades delictivas, que tengan contenido pornográfico o que comporten actitudes o conductas contrarias a los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución y el vigente ordenamiento jurídico.
4. Los productos comercializados dispondrán de las medidas de seguridad necesarias que eviten las consecuencias nocivas con un uso correcto y los efectos negativos de un posible uso inadecuado.

CAPÍTULO III

DEBERES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Artículo 32 bis. Deberes de los niños, niñas y adolescentes.

1. Los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a su edad y madurez, deberán asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en todos los ámbitos de la vida, tanto familiar, escolar como social.
2. Los poderes públicos promoverán la realización de acciones dirigidas a fomentar el conocimiento y cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los menores en condiciones de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal.

Artículo 32 ter. Deberes relativos al ámbito familiar.

1. Los niños, niñas y adolescentes deben participar en la vida familiar respetando a sus progenitores y hermanos/as así como a otros familiares.
2. Los niños, niñas y adolescentes deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la realización de las tareas domésticas de acuerdo con su edad, con su nivel de autonomía personal y capacidad, y con independencia de su sexo.

Artículo 32 quáter. Deberes relativos al ámbito escolar.

1. Los niños, niñas y adolescentes deben respetar las normas de convivencia de los centros educativos, estudiar durante las etapas de enseñanza obligatoria y tener una actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso formativo.
2. Los niños, niñas y adolescentes tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares, así como al resto de sus compañeros/as, evitando situaciones de conflicto y acoso escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso.
3. A través del sistema educativo se implantará el conocimiento que los niños, niñas y adolescentes deben tener de sus derechos y deberes como ciudadanos/as, incluyendo entre los mismos aquellos que se generen como consecuencia de la utilización en el entorno docente de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Artículo 32 quinquies. Deberes relativos al ámbito social.

1. Los niños, niñas y adolescentes deben respetar a las personas con las que se relacionan y al entorno en el que se desenvuelven.
2. Los deberes sociales incluyen, en particular:

1. Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las que se relacionen con independencia de su edad, nacionalidad, origen racial o étnico, religión, sexo, orientación e identidad sexual, discapacidad, características físicas o sociales o pertenencia a determinados grupos sociales, o cualquier otra circunstancia personal o social.
2. Respetar las leyes y normas que les sean aplicables y los derechos y libertades fundamentales de las otras personas, así como asumir una actitud responsable y constructiva en la sociedad.
3. Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y equipamientos públicos o privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que desarrollen su actividad.
4. Respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su conservación dentro de un desarrollo sostenible.

CAPÍTULO IV

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS

Se elaborarán protocolos que garanticen y respeten las necesidades y derechos de los menores, contemplando los cambios que esto lleva aparejados.

En particular, se elaborarán los siguientes protocolos:

1. Protocolos de transición:

• Transición de la familia biológica al centro.
• Transición del centro a la familia acogedora.
• Transición de la familia biológica a la familia acogedora de urgencia o temporal.
• Transición de la familia acogedora a la familia biológica.
• Transición de familia acogedora de temporal a familia acogedora permanente.

1. Protocolos para procesos de idoneidad y criterios de selección/exclusión de familias acogedoras.
2. Protocolos en relación con las visitas, a partir de los siguientes principios:

• Tener en cuenta el interés del menor a la hora de fijar el horario, periodicidad y lugar de las mismas.
• Derecho de las familias acogedoras a ser informadas de cualquier cambio.
• Derecho del niño -y/o de la familia de acogida en función de la edad del niño- a solicitar de forma motivada la suspensión temporal o indefinida de las visitas, disminución o aumento de la frecuencia de las mismas.
• Supervisión de las visitas: quién puede ir, que no se puede hacer, etc.
• Y traslado de esta información a la familia acogedora y a la familia biológica.

1. Protocolos para informar a las familias acogedoras sobre informaciones que les afecte a ellas y al menor acogido.
2. Protocolos para el Plan Individualizado de Protección.

TÍTULO III

DE LA ACCIÓN PROTECTORA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Artículo 33. Concepto de protección

A efectos de lo dispuesto en la presente ley, la protección comprende el conjunto de actuaciones y medidas destinadas a promover, prevenir e intervenir en las situaciones de desprotección en que pueden hallarse los niños, niñas y adolescentes y tendentes a garantizar en el mayor grado posible el libre desarrollo de su personalidad, procurando en lo posible una vida familiar normalizada y garantizando siempre el superior interés del niño, niña o adolescente.

Artículo 34. Criterios generales para la adopción de las medidas de protección

1. Deberá promoverse la participación de los niños, niñas y adolescentes en los procesos de evaluación, planificación de la intervención y toma de decisión en los procesos de protección, así como la de sus padres, madres o personas que ejerzan la tutela o guarda, siempre que sea en el interés superior del menor.
2. La primera alternativa a valorar por los Servicios Sociales en los casos de desprotección infantil debe ser el mantenimiento de la persona menor en su familia, capacitando a sus padres y madres o personas que ejerzan la tutela o guarda en el rol parental de manera que puedan proporcionar un cuidado adecuado.
3. Cuando sea necesario proceder a la separación de una persona menor de su familia de origen, los Servicios Sociales deberán dirigir sus esfuerzos y recursos a intentar el retorno del menor a la familia, siempre que esta solución sea la más adecuada al interés superior del niño.
4. En los casos orientados a un acogimiento familiar, se valorará en primer lugar la opción del acogimiento en familia extensa, siempre que se trate de personas que hayan mantenido vínculos afectivos con la persona menor. Si esta opción responde a su interés y necesidades, será preferente a su acogimiento en familia ajena.
5. Independientemente de que sea posible o no el retorno de la persona menor a su familia, cuando existan vínculos afectivos con su familia de origen, esos vínculos deben ser mantenidos cuando respondan a su interés y bienestar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75.6. La intervención del Sistema Público de Servicios Sociales debe lograr el equilibrio entre mantener esos vínculos y proteger a la persona menor.
6. Los vínculos afectivos incluyen no sólo los establecidos entre la persona menor y su madre, padre u otras personas adultas pertenecientes a su familia, sino también los vínculos afectivos previamente existentes entre hermanos y hermanas; por ello, excepto cuando resulte contraindicado, y como criterio general, en los casos de separación deberá procurarse que los hermanos permanezcan juntos o con el mayor contacto posible.
7. En su intervención con las personas menores en situación de desprotección, el Sistema Público de Servicios Sociales optará por una alternativa de carácter estable, con una intervención mínima y en el menor plazo de tiempo posible. Para ello:

1. Las intervenciones administrativas se limitarán a los mínimos posibles para ejercer una función compensatoria y protectora.
2. Toda acción protectora debe suponer necesariamente una alternativa mejor a la ausencia de protección.
3. La actuación administrativa debe ser llevada a cabo con la mínima intromisión en la vida de la persona menor y de su familia. Esto implica la preferencia por intervenciones tan breves como sea posible y la opción por recursos normalizados y próximos a aquella y su familia.
4. Cuando se constate que el retorno a la familia no es posible o no es conveniente para la persona menor, deberá proporcionarse un entorno de convivencia alternativo y estable en un breve plazo de tiempo.

CAPÍTULO I.

DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

Artículo 35. Promoción de derechos

1. Las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, particularmente de las entidades locales, elaborarán y aplicarán programas de información, divulgación, sensibilización y concienciación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de formación y capacitación de los profesionales que trabajen con niños, niñas y adolescentes, especialmente para mejorar la detección de posibles situaciones de desprotección.
2. Las administraciones públicas llevarán a cabo campañas de sensibilización sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente por lo que se refiere al buen trato debido a los mismos, así como sobre las consecuencias de toda índole que lleva consigo la desatención y desprotección de sus derechos, poniendo a disposición de la sociedad en general y de los niños, niñas y adolescentes en particular cuantos medios sean precisos para lograr tal fin.
3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid promoverá que los medios de comunicación públicos o los que perciban alguna transferencia de los presupuestos autonómicos eviten la emisión de contenidos que resulten contrarios a los fines perseguidos en esta ley, y que incluyan en su programación espacios dedicados a la promoción del buen trato y del respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
4. Asimismo, en colaboración con la sociedad civil y la iniciativa privada, las administraciones adoptarán planes y programas de prevención de todas las problemáticas que pueden afectar a los niños, niñas y adolescentes, y en particular de:

1. Las conductas que supongan cualquier forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, incluidos los castigos corporales, y la promoción del buen trato a los niños, niñas y adolescentes;
2. El consumo de bienes, servicios o productos, especialmente audiovisuales o tecnologías de la información y comunicación;
3. La elaboración y suscripción de mecanismos de garantía de entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes en toda entidad cuyo objeto social esté relacionado con la infancia y la adolescencia, así como la elaboración de códigos de conducta
4. La difusión de cualquier buena práctica que contribuya al mayor nivel de desarrollo y respeto de los derechos del niño.

CAPÍTULO II.

DE LAS ACTUACIONES DE PREVENCIÓN

Artículo 36. Concepto de prevención

1. Se entiende por prevención el conjunto de actuaciones dirigidas a evitar o reducir las causas que impiden o dificultan el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes y los factores que contribuyen al deterioro de su entorno socio-familiar, así como a fortalecer los factores de resiliencia y protección de los niños, niñas y adolescentes, en particular por medio de la implantación y desarrollo de programas de parentalidad positiva y de buen trato.
2. En todo caso, las actuaciones de prevención de las posibles situaciones de protección tendrán siempre carácter prioritario, estando las administraciones competentes, especialmente las municipales, obligadas a incluir en sus presupuestos los recursos necesarios para su realización.

Artículo 37. Competencias en materia de actuaciones de prevención

Las actuaciones de prevención son competencia de los servicios sociales municipales, sin perjuicio de la necesaria cooperación con otros servicios, especialmente los educativos y los sanitarios.

Artículo 38. Ámbitos de desarrollo prioritario de las actuaciones de protección

1. La prevención se llevará a cabo mediante el desarrollo de planes y programas de alcance general, integrales o sectoriales, globales o específicos, permanentes o temporales en los que se establecerán los objetivos a alcanzar, las medidas necesarias, así como los indicadores que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los mismos, así como su impacto efectivo en los derechos de la infancia.
2. Los ámbitos prioritarios de prevención de las situaciones de desprotección de los niños, niñas y adolescentes y las actuaciones que comprenden son el familiar, el educativo, el sanitario y el de las relaciones sociales y el ocio de los niños, niñas y adolescentes, conforme a las siguientes previsiones:

1. En el ámbito familiar:

1. La promoción de la educación para la parentalidad positiva;
2. La intervención técnica cuya finalidad sea la superación de dificultades de integración familiar de las personas menores, evitando situaciones de desarraigo,
3. Los programas dirigidos a evitar cualquier tipo de violencia en el ámbito intrafamiliar;
4. El apoyo a las familias mediante intervenciones técnicas de carácter social o terapéutico orientadas al adecuado ejercicio de las funciones parentales y el desarrollo de una dinámica familiar adecuada dirigida especialmente a familias vulnerables y desfavorecidas;
5. La prestación de ayudas compensadoras de carencias económicas y materiales y destinadas a la atención de las necesidades básicas;
6. La prestación del servicio de ayuda a domicilio, en aquellos casos en los que fuera necesario.
7. El desarrollo de programas de sensibilización dirigidos a la inserción social de familias en riesgo de exclusión social.

2. En el ámbito educativo:

1. La promoción de los servicios de atención educativa a la primera infancia;
2. La garantía de la escolarización obligatoria y el control del absentismo escolar;
3. La prevención del fracaso escolar;
4. La prevención de actitudes sexistas, y de violencia de género;
5. El fomento de valores ligados al desarrollo de las propias capacidades y el esfuerzo personal;
6. El desarrollo de programas formativos dirigidos a adolescentes en situación de rechazo del sistema escolar ordinario, fracaso o absentismo;
7. El desarrollo de programas de integración social de las personas menores con necesidades especiales;
8. Las medidas compensatorias concretas dirigidas a personas menores procedentes de medios desfavorecidos.

3. En el ámbito sanitario

1. En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra todo tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
2. Se desarrollarán programas de concienciación y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes que sufran todo tipo de violencia, en los términos previstos en esta Ley. Estos programas incorporarán una perspectiva de género y de discapacidad.

4. En el ámbito de las relaciones sociales y el ocio la Administración desarrollará y fomentará actuaciones preventivas de la violencia mediante, ente otras, las siguientes actuaciones:

1. Los programas de autoprotección dirigidos a los menores para que puedan hacer frente a situaciones de peligro.
2. La prevención de la violencia y los abusos sexuales a los menores.
3. El desarrollo de actuaciones de prevención general o especial de las conductas asociales y de la delincuencia, y favorecedoras de la integración social de los menores en situación de vulnerabilidad social.
4. El fomento de los valores y habilidades cooperativos, de solidaridad, de civismo y de no violencia, especialmente por medio de actividades deportivas.
5. La orientación para el uso adecuado del ocio y el tiempo libre

CAPÍTULO III.

ACTUACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS EN SITUACIONES DE RIESGO Y DE DESAMPARO

Artículo 39. Atención inmediata en casos de urgencia

1. Excepcionalmente, cuando la urgencia del caso lo requiera, sin perjuicio de la guarda provisional a la que se refiere el artículo 14 LOPJM, la administración competente en materia de servicios sociales actuará de forma inmediata, sin perjuicio de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del niño y, en su caso, del inicio, a la mayor brevedad posible y en todo caso antes de 48 horas, del procedimiento administrativo correspondiente conforme a esta ley, así como de comunicarlo a la Entidad Pública si no fuera la misma que tenga encomendados los servicios sociales. En este caso, el plazo para efectuar dicha comunicación no podrá exceder de cuarenta y ocho horas.
2. La atención inmediata comprende la adopción de cualquier medida que resulte necesaria para preservar la vida, la integridad física o moral o la salud del menor y se entiende en todo caso sin perjuicio del deber de toda persona de prestar a los niños, niñas y adolescentes el auxilio inmediato que precisen.
3. La atención inmediata a que se refiere este artículo no está sujeta a requisitos procedimentales ni de forma, sin perjuicio de su posterior formalización y registro.

Artículo 40. Medidas comprendidas en el concepto de protección

1. A fin de garantizar el bienestar y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, la protección comprenderá el conjunto de medidas destinadas a la intervención en situaciones de riesgo, en el ejercicio de la guarda y en la asunción de tutela por ministerio de la ley.
2. La Administración de la Comunidad de Madrid y las Entidades Locales garantizarán la existencia y mantenimiento de forma sostenible de servicios públicos necesarios, suficientes y adecuados que aseguren las actuaciones de protección de menores recogidas en esta Ley. Para ello contemplarán en sus presupuestos los recursos de financiación y dotación de personal necesarios y suficientes.

Sección 1ª.

Situación de riesgo

Artículo 41. Concepto de situación de riesgo

A los efectos de las actuaciones y medidas recogidas en la presente sección, constituyen situaciones de riesgo:

1. La falta de atención física o psíquica del niño o el adolescente por parte de los progenitores, o por los titulares de la tutela o de la guarda, que comporte un perjuicio leve para la salud física o emocional del niño o el adolescente cuando se estime, por la naturaleza o por la repetición de los episodios, la posibilidad de su persistencia o el agravamiento de sus efectos.
2. La dificultad grave para dispensar la atención física y psíquica adecuada al niño o al adolescente por parte de los progenitores o de los titulares de la tutela o de la guarda.
3. La utilización, por parte de los progenitores o por los titulares de la tutela o de la guarda, del castigo físico, psicológico o emocional sobre el niño o el adolescente o la utilización de pautas de corrección violentas que, sin constituir un episodio severo o un patrón crónico de violencia, perjudique su desarrollo.
4. El conflicto abierto y crónico entre los progenitores, separados o no, cuando anteponen sus necesidades a las del niño o el adolescente.
5. La incapacidad o la imposibilidad de los progenitores o los titulares de la tutela o de la guarda de controlar la conducta del niño o el adolescente que provoque un peligro evidente de hacerse daño o de perjudicar a terceras personas.
6. Las prácticas discriminatorias, por parte de los progenitores o titulares de la tutela o de la guarda, contra los niño, niñas y adolescentes, que conlleven un perjuicio para su bienestar y su salud mental y física, incluyendo la no aceptación de la condición o identidad sexual del menor y el riesgo de sufrir la ablación o la mutilación genital femenina y la violencia ejercida contra las niñas, o contra la ejercida contra niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
7. La identificación de las madres como víctimas de trata.
8. El sometimiento a terapias de aversión a menores LGTBI por parte de sus padres.
9. Cualquier otra circunstancia que implique violencia contra los niños, niñas y adolescentes que, en caso de persistir, pueda evolucionar y derivar en el desamparo del niño o el adolescente.

Artículo 42. Instrumentos técnicos de valoración de la gravedad de la situación de desprotección del niño

Para determinar el tipo de actuación o medida de protección que proceda en cada caso se emplearán los instrumentos técnicos de valoración del riesgo aprobados y publicados por la Consejería competente.

Artículo 43. Objetivo de la actuación administrativa en situación de riesgo.

La actuación administrativa ante las situaciones de riesgo estará orientada a conseguir:

1. La mejora del medio familiar, con la colaboración de los padres, madres, tutores, tutoras, guardadores o guardadoras y del propio niño, niña o adolescente. Se incluyen aquí los programas con progenitores que rechazan la identidad sexual o de género sentida por sus hijos o hijas.
2. La idoneidad de las condiciones sociales, económicas y culturales de los niños, niñas y adolescentes.
3. La eliminación, neutralización o disminución de los factores de riesgo y dificultad social mediante la capacitación de los padres y madres para atender adecuadamente las necesidades del niño, niña o adolescente, proporcionándoles los medios, tanto técnicos como económicos, y la ayuda necesaria que permitan la permanencia del mismo o la misma en el hogar.
4. La satisfacción adecuada de las necesidades principales de la persona menor de edad por los servicios y recursos esenciales y/o normalizadores, propiciando las acciones compensatorias adicionales necesarias, en su caso, para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos.

Artículo 44. Medidas de atención social y educativa ante las situaciones de riesgo.

Las medidas que pueden establecerse una vez valorada la situación de riesgo son, entre otras, las siguientes:

1. La orientación, el asesoramiento y la ayuda a la familia. La ayuda a la familia incluye las actuaciones de contenido técnico, económico o material dirigidas a mejorar el entorno familiar y a hacer posible la permanencia del niño o el adolescente en el mismo.
2. La intervención familiar mediante el establecimiento de programas socioeducativos para los progenitores, tutores o guardadores con la finalidad de que alcancen capacidades y estrategias alternativas para el cuidado y la educación de sus hijos o del niño o el adolescente tutelado, y muy especialmente los programas de parentalidad positiva.
3. El acompañamiento del niño o el adolescente a los centros educativos o a otras actividades, y el apoyo psicológico o las ayudas al estudio.
4. La ayuda a domicilio.
5. La atención en centro abierto y otros servicios socioeducativos.
6. La atención sanitaria, que incluya la intervención psicoterapéutica o el tratamiento familiar, tanto para los progenitores o los titulares de la tutela o de la guarda, como para el niño o el adolescente.
7. Los programas formativos para adolescentes que han abandonado el sistema escolar.
8. La asistencia personal para los progenitores, tutores y guardadores con discapacidad que les permita asumir sus obligaciones de atención y cuidado de los niños, niñas y adolescentes.
9. La asistencia personal para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que les permita superar su desarrollo holístico en igualdad de condiciones con los demás.
10. Cualquiera otra medida de carácter social y educativo que contribuya a la desaparición de la situación de riesgo.

Artículo 45. Intervención de los servicios sociales y formalización del riesgo.

1. Si tras la valoración y subsiguiente intervención de los servicios sociales en una circunstancia en la que el niño se encuentra en riesgo no se obtiene la colaboración de los progenitores, de los titulares de la tutela o de la guarda, o si se niegan a participar en la ejecución de las medidas acordadas y ello comporta un peligro para el desarrollo o bienestar personal del niño o el adolescente, los servicios especializados de atención a los niños, niñas y adolescentes deben elaborar el informe propuesta y trasladarlo a la administración competente para declarar formalmente la situación de riesgo del niño.
2. El procedimiento para la declaración de la situación de riesgo se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente conforme a la legislación sectorial aplicable. En el procedimiento habrá de escucharse necesariamente al niño o adolescente y a los progenitores, guardadores o tutores. La resolución administrativa será motivada y habrá de basarse en los informes psicosociales existentes y otros que, en su caso, pudiesen ser solicitados por la administración que haya de resolver. La resolución deberá ser notificada a todos los interesados en el procedimiento en el plazo de 10 días y en ella se harán constar los cauces de impugnación que procedan contra la misma. De la misma se dará igualmente comunicación al Ministerio Fiscal.
3. Para el correcto desarrollo de las actuaciones señaladas en el párrafo anterior, se proporcionarán las medidas de apoyo que sean necesarias para que todo niño, independientemente de su edad, discapacidad o cualquier otra condición personal o social, pueda ser informado y participar en todo del procedimiento de una forma eficaz.
4. Tendrán la consideración de interesados las personas a las que se refiere el artículo 51 de esta Ley.
5. El expediente conformado para cada niño en situación de riesgo se ajustará a lo dispuesto en el artículo 52.

Artículo 46. Registro y comunicación del caso a efectos estadísticos.

Las administraciones competentes en situación de riesgo deberán llevar un registro de los casos y enviar los datos sobre todas las intervenciones realizadas, tanto si ha existido la adecuada colaboración de los padres tutores o guardadores como si se hubiera procedido a la declaración formal de situación de riesgo.

La relación de datos que han de ser registrados, así como las condiciones para el acceso a los mismos, su envío y tratamiento serán establecidos reglamentariamente.

Sección 2ª.

De la situación de desamparo

Artículo 47. Situación de desamparo

1. Se consideran situaciones de desamparo las circunstancias establecidas en el art. 18 LOPJM u otras que así se determinen por norma con rango de ley.
2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 172 del Código Civil, la Comunidad de Madrid, a través del órgano competente en materia de protección de la infancia y la adolescencia, asume por ministerio de la ley la tutela de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de desamparo.

Artículo 48. Procedimiento ordinario para la declaración de la situación de desamparo

1. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento para la declaración de desamparo en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
2. En el momento en que la administración pública competente en materia de protección de menores tenga conocimiento de que un niño, niña o adolescente puede encontrarse en situación de desamparo debe iniciar un procedimiento cuya tramitación se ajustará a las siguientes prescripciones:

1. Adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
2. Solicitar con carácter preceptivo informes a cuantas personas u organismos puedan facilitar datos relevantes para el conocimiento y la valoración de la situación sociofamiliar, especialmente a los servicios sociales generales. Si se estima necesario, se podrán solicitar informes al tutor escolar y al médico de familia o al pediatra, o a cualquier otro profesional de la salud u otros ámbitos de atención social o educativa, debiendo estos profesionales transmitir por escrito los datos e informaciones necesarias y suficientes de los que dispongan para garantizar la calidad y la eficacia de las intervenciones.
3. Informar a los organismos y profesionales que colaboren en la detección y valoración de una situación de riesgo o desprotección de las líneas generales de su evolución, dentro de los límites exigidos por el deber de reserva y siempre que no resulte improcedente dicha comunicación.
4. Oír en todo caso al niño, niña o adolescente, directamente o a través de la persona que designe para que le represente, en los términos establecidos en el artículo 9 de la LOPJM.
5. Salvo que fuera imposible, oír a los padres y madres, tutores o guardadores del niño, niña o adolescente
6. Oír a cuantas otras personas puedan aportar información sobre la situación del niño, niña o adolescente y sobre su familia o las personas que lo atiendan.
7. Verificar, especialmente cuando se trate de niños, niñas y adolescentes con discapacidad o niños, niñas y adolescentes que sean hijos de personas con diversidad funcional que las diferentes administraciones y poderes públicos han proporcionado a los niños, niñas y adolescentes y a sus padres todas las medidas de apoyo necesarias para evitar la correspondiente situación de desamparo.
8. Prestar la atención inmediata que precise la persona menor de edad, adoptando, en su caso, las medidas cautelares o provisionales que se estimen pertinentes.
9. Informar al niño, niña o adolescente, en función de su nivel de madurez y capacidad de entendimiento, del estado en que se encuentra el procedimiento que le concierne, e informar igualmente a los padres y madres, tutores o guardadores.
10. Solicitar con carácter preceptivo un informe psicosocial y elaborar un plan individual de atención adecuado a las necesidades detectadas. A tales efectos, tienen el carácter de equipos técnicos los servicios especializados de atención a los niños, niñas y adolescentes.
11. Recoger el conjunto de la información referida al niño, niña o adolescente en un expediente individual.

3. Finalizados los trámites anteriormente citados, el órgano competente para resolver dictará, una resolución administrativa que contendrá los motivos de la intervención, así como los posibles efectos de la declaración de la situación de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley y las medidas de protección que correspondan, atendiendo necesariamente al interés superior del niño, así como a sus deseos y preferencias expresados en el ejercicio de su derecho a ser escuchado.

Cuando se trate de menores LGTBI, se asegurará de que la medida que se imponga garantizará su no discriminación y en el caso de los y las menores trans, que las medidas se decidan conforme a su identidad sentida.

4. Esta resolución se notificará por el órgano que la dicte en el plazo máximo de dos días naturales desde que aquélla fuera dictada al ministerio fiscal, a los niños, niñas y adolescentes siempre que sea posible, y a los padres y madres, tutores o guardadores del niño, niña o adolescente, así como a los demás interesados en el procedimiento de que se trate cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por la resolución, y en formato accesible para su comprensión por los destinatarios de las misma

La notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución con la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Siempre que resulte posible, esta notificación, además de por escrito, deberá comunicarse de forma presencial y en formato accesible para los destinatarios de la misma.

5. El plazo máximo para dictar resolución y notificarla será de tres meses a contar desde que se dicte el acuerdo de iniciación del procedimiento por parte del órgano competente, y podrá prorrogarse excepcionalmente de forma motivada por un plazo máximo de otros tres meses en aquellos casos cuyas particulares características hagan inviable su resolución en el tiempo legalmente establecido al efecto. Transcurrido este plazo se producirá la caducidad.
6. En el supuesto de no constatarse el desamparo, si se observara una situación de riesgo, el caso se derivará al servicio social de base correspondiente a fin de que adopte las medidas que estime más adecuadas.

Artículo 49. Medidas provisionales.

1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

Sección 3ª

De la guarda administrativa voluntaria

Artículo 50. Guarda administrativa voluntaria

1. Además de la guarda de los niños, niñas y adolescentes declarados en situación de desamparo, la Entidad Pública deberá asumir la guarda en los términos previstos en el artículo 172 bis del código Civil, cuando los progenitores o tutores no puedan cuidar de un niño por circunstancias graves y transitorias y así lo soliciten a la Comunidad de Madrid, o cuando así lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda.
2. La guarda voluntaria tendrá una duración máxima de dos años, salvo que el interés superior del niño aconseje, excepcionalmente, la prórroga de la medida por la previsible reintegración familiar en un plazo breve de tiempo.
3. En los supuestos de guarda voluntaria será necesario el compromiso explícito de la familia de someterse, en su caso, a la intervención profesional.
4. Las familias de los menores en situación de guarda voluntaria por una Administración Pública de la Comunidad de Madrid deberán contribuir al sostenimiento de las cargas económicas que se deriven de su cuidado y atención, en la forma que se determine reglamentariamente atendiendo a su capacidad económica

Artículo 51. Procedimiento para la constitución de la guarda voluntaria

1. La guarda voluntaria se solicitará por escrito por los progenitores o tutor del niño al órgano competente de la Comunidad de Madrid para declarar la constitución de la guarda.
2. La solicitud deberá exponer las circunstancias graves en que se base y deberá ir acompañada de los documentos e informes que sirvan de fundamento a la misma y acrediten tanto la gravedad como el carácter transitorio de las circunstancias alegadas.
3. Una vez presentada y cursada la solicitud de guarda administrativa, el órgano competente podrá adoptar cautelarmente las medidas que estime oportunas, incluida la guarda provisional de urgencia del niño, si las circunstancias así lo exigieran, previa ponderación de los intereses en juego y de manera motivada.
4. Sin perjuicio de los trámites de instrucción que puedan llevarse a cabo y de la participación de otros interesados en el procedimiento para la declaración de la guarda, tendrá carácter preceptivo la audiencia al niño, de acuerdo con su madurez y circunstancias personales.
5. El órgano competente deberá resolver lo procedente en el plazo de tres meses desde que la solicitud se presentará ante el órgano competente. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera resuelto y notificado (…)
6. La resolución por la que se constituye la guarda voluntaria deberá formalizarse por escrito y notificarse a las personas interesadas y hará referencia a su duración, modalidad de ejercicio de la guarda, condiciones económicas, régimen de visitas, compromiso de los progenitores de someterse a supervisión profesional y periodicidad de la supervisión de la medida por los servicios competentes.

Sección 4ª

Disposiciones comunes a los procedimientos administrativos de declaración de situación de riesgo, situación de desamparo y guarda administrativa voluntaria

Artículo 52. Personas interesadas en procedimientos relacionados con las actuaciones y medidas de protección

1. Las personas interesadas en un procedimiento relacionado con actuaciones y medidas de protección son quienes sean titulares de un derecho o un interés legítimo que pueda verse afectado por la resolución que se adopte, y en todo caso, la persona menor de edad, los padres, madres, personas tutoras, representantes legales, así como sus familias acogedoras o guardadoras.
2. Las personas interesadas con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante cuya acreditación se podrá realizar por comparecencia personal o electrónica o mediante la inscripción de su acreditación en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración de la Comunidad de Madrid.
3. La identificación de las personas interesadas se realizará por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Los derechos de las personas interesadas en un procedimiento de declaración de riesgo o de guarda voluntaria o desamparo serán los establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si bien el derecho a consultar la información a través del punto de acceso general electrónico estará limitado por intereses de terceras personas y sometido a la legislación sobre protección de datos personales.

Artículo 53. Expediente de actuación de protección de niñas, niños y adolescentes

1. El expediente de actuación de protección está compuesto de documentos, actuaciones y diligencias, de titularidad pública conformados por el personal de las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias, siendo responsables de su guarda y custodia.
2. La guarda y custodia se realizará mediante su archivo, garantizando su puesta a disposición de las Entidades Públicas o autoridades judiciales que lo requieran para el ejercicio de sus competencias y de la persona interesada cuando lo solicite.
3. El acceso al expediente de actuación de protección se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico estatal y autonómico en materia de protección de datos de carácter personal y se ejercitará mediante solicitud.
4. El acceso a datos personales que contenga el expediente de actuación de protección y que afecte al honor, a la intimidad personal, a la imagen, así como a la seguridad de su titular o de terceras personas queda reservado a este o a quienes tengan su consentimiento expreso.
5. El ejercicio del derecho de acceso al expediente de actuación de protección, así como la obtención de copias de los documentos que obren en el expediente administrativo está sujeto a lo regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la normativa de aplicación en materia de transparencia.
6. En relación con el tratamiento de datos de carácter personal que constan en el expediente de actuación de protección no será necesario contar con los consentimientos expresos cuando se trate del cumplimiento de las finalidades relacionadas con las actuaciones en materia de protección de menores.

Artículo 54. Plan individualizado de protección

1. Cuando la Entidad Pública asuma la tutela o guarda de un niño elaborará en un plazo no superior a quince días y de forma coordinada con los servicios sociales de la Administración Local un plan individualizado de protección que establecerá los objetivos, previsión y plazo de las medidas de intervención a adoptar con su familia de origen, incluido en su caso el programa de reunificación familiar. Dicho plan no podrá tener una duración superior a un año. La Comunidad de Madrid establecerá reglamentariamente los requisitos técnicos para la elaboración de dicho Plan.
2. Para acordar el retorno con su familia de origen será imprescindible el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 19 bis 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. En cualquier caso, se entenderá que no es factible la reunificación cuando, existiendo tal posibilidad, ésta requeriría de un plazo de tiempo tal, que ocasionaría un mayor deterioro psicosocial en el desarrollo evolutivo de la niña, niño o adolescente.
3. Cuando se proceda a la reunificación familiar, la Entidad Pública realizará un seguimiento de apoyo a la familia y al hijo o hija, a través de los servicios sociales de la Administración Local durante un periodo mínimo de un año desde el cese de la medida.
4. En todos los casos en que la reunificación no sea posible se propondrán medidas de integración familiar de carácter estable de acuerdo con las necesidades y características de las niñas, niños y adolescentes, preferentemente la adopción.

Artículo 55. Comunicación de los casos a efectos estadísticos

1. El órgano competente para declarar el desamparo llevará un registro de los expedientes sobre declaración de desamparo, debiendo desagregar y tratar los datos relativos a los mismos de acuerdo con los indicadores que se aprueben reglamentariamente. A estos efectos, seguirá el criterio de historia social única, de modo que los datos referidos a las actuaciones sobre un mismo niño se anoten en el mismo asiento o entrada de registro, cuidando la coordinación con los servicios sociales que, en su caso, hayan actuado y registrado información con anterioridad.
2. Asimismo, tendrá la obligación de enviar aquellos datos que sean requeridos por el órgano estatal encargado del registro de información y datos sobre las medidas de protección de la infancia y la adolescencia, en particular en relación con la violencia

Sección 5ª

Medidas de protección

Artículo 56. Medidas de protección

El ejercicio de la guarda como consecuencia de la tutela administrativa ex lege derivada de la declaración de desamparo o de la constitución de la guarda administrativa voluntaria se llevará a cabo mediante las medidas de protección de acogimiento familiar o acogimiento residencial.

Artículo 57. Concepto de acogimiento familiar

El acogimiento familiar es la medida de protección por la que se produce la plena participación de una persona menor de edad en la vida de una familia, que asume las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo durante el tiempo que dure el acogimiento.

Las modalidades de acogimiento familiar serán las establecidas en el Código Civil y en la LOPJM.

Artículo 58. Ofrecimientos

Las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar deberán asistir a las sesiones informativas, formativas y de preparación organizadas por la Entidad Pública o por la entidad autorizada a tal fin.

En dichas sesiones se informará y se formará a las personas interesadas sobre la finalidad de las modalidades de acogimiento, con especial referencia a las características de las niñas, niños y adolescentes a acoger, los criterios de idoneidad y de selección de las familias acogedoras.

Artículo 59. Valoración de la aptitud de los solicitantes

Las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar deberán someterse a un proceso de valoración de la idoneidad, en el que se tendrá en cuenta su situación familiar, aptitud educadora, su edad y adecuación para atender las necesidades de toda índole del niño al menos hasta que alcance la mayoría de edad. Asimismo, se valorará la congruencia entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento y la vinculación previa en los supuestos de familia extensa.

La declaración de aptitud para el acogimiento en ningún caso supondrá el derecho a acoger.

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento a seguir por el órgano competente para la valoración de los solicitantes, la frecuencia de la revisión de dichas declaraciones y su registro administrativo.

Artículo 60. Requisitos de aptitud para el acogimiento

Para ser consideradas adecuadas al acogimiento, las personas candidatas habrán de reunir, al menos, las siguientes condiciones:

1. no verse afectadas por ninguno de los impedimentos previstos en el Código Civil para la tutela.
2. acreditar, mediante certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, que cumple el requisito exigido por el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996.
3. contar, considerando sus características psicológicas, su situación familiar y social y su aptitud educadora, con capacidad para atender las necesidades de toda índole de la persona a acoger.
4. que su motivación para el acogimiento sea congruente con la naturaleza y finalidad de éste, según la modalidad de que se trate.
5. estar en disposición de respetar los derechos de la persona protegida, de contribuir al cumplimiento del objetivo que pueda tener el Plan de Protección, de propiciar la relación de la persona acogida con su familia de procedencia, y de colaborar con los distintos agentes del sistema de protección.

Artículo 61. Selección de la familia acogedora

La administración autonómica seleccionará la familia que se considere más adecuada para el acogimiento familiar de cada niño entre las personas registradas como aptas en el registro administrativo de familias acogedoras. La resolución que decida la selección será siempre motivada, debiendo justificar la adecuación entre las circunstancias específicas de cada niño, las exigencias de su superior interés y la elección de la modalidad de acogimiento escogida, así como de las circunstancias concretas en que se habrá de llevar a cabo.

Artículo 62. Compensación económica

1. Quienes acojan a personas menores de edad bajo la guarda o la tutela de la Comunidad de Madrid tienen derecho a percibir de ésta una prestación económica en compensación de los gastos derivados del acogimiento o de la disponibilidad para llevarlo a cabo. La guarda de hecho no dará lugar a este derecho.
2. El importe de la prestación se fijará, para cada ejercicio, en la ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid. Podrán establecerse diferentes importes en función de cualificación y disponibilidad requerida por la modalidad de acogimiento, de las necesidades de la persona acogida o de otras circunstancias que afecten notablemente a la cuantía de los gastos a compensar o a su incidencia en la situación económica familiar.
3. El derecho a la prestación se extinguirá:

1. por el fallecimiento, la emancipación o mayoría de edad del acogido.
2. por el cese del acogimiento.
3. por el incumplimiento por parte de la persona acogedora de las obligaciones derivadas del acogimiento.
4. por el fallecimiento o la renuncia al acogimiento de todas las personas acogedoras.

4. Las personas acogedoras podrán solicitar en cualquier momento el reconocimiento del derecho a percibir la prestación económica regulada en este artículo. El procedimiento para el reconocimiento de este derecho determinará la fecha de efectos económicos, que no podrá retrotraerse a ejercicios presupuestarios ya cerrados en el momento de presentar la solicitud. El plazo máximo para resolver y notificar esta solicitud será de seis meses. Si transcurrido el mencionado plazo no se hubiera notificado la resolución, la persona solicitante podrá entenderla estimada por silencio administrativo.

Artículo 63. Apoyo y acompañamiento al acogimiento

Las personas acogidas tendrán derecho a que sus acogedores cuenten con la formación, el acompañamiento y la supervisión técnica que precisen para desempeñar adecuadamente sus funciones, en relación con sus particulares necesidades psicosociales. Asimismo, recibirán el apoyo educativo y psicológico que precisen.

La Comunidad de Madrid realizará convenios con entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la protección del menor para la realización de actividades de promoción del acogimiento familiar entre la opinión pública, formación y acompañamiento a las familias acogedoras antes, durante y a la finalización del acogimiento familiar, grupos de mutua ayuda, apoyo especializado en situaciones específicas que lo requieran, etc.

Artículo 64. Relación entre las personas acogedoras y acogidas al cese del acogimiento.

1. El derecho al mantenimiento de la relación al cese al acogimiento que asiste a las persona acogedora y acogida, se ejercerá, si se dan los presupuestos legales para ello, mediante un régimen de visitas, mientras la persona menor de edad se encuentre bajo la guarda o la tutela de la Comunidad de Madrid.
2. Cuando se estime que el interés de la persona protegida aconseja el mantenimiento de la relación y la adopción sea la medida más adecuada para su protección, la Comunidad promoverá, siempre que sea posible, una adopción abierta con contactos con quien le acogió.
3. En los supuestos de reintegración familiar, si la continuidad de la relación es favorable para la persona protegida y ésta, o la persona acogedora, solicita hacer efectivo este derecho, la Comunidad intermediará para facilitar un acuerdo que lo propicie.

Artículo 65. Formalización del acogimiento familiar

El acogimiento familiar se formalizará por resolución del órgano de la Comunidad de Madrid que ejerza la tutela o la guarda en los términos previstos en el Código Civil. La resolución determinará la modalidad de acogimiento familiar atendiendo a las circunstancias específicas y a su superior interés.

La resolución irá acompañada de un documento anexo que incluirá los extremos recogidos en el artículo 20.3 de la LOPJM.

Artículo 66. Fomento del acogimiento familiar.

1. La política de la Comunidad de Madrid en materia de infancia y adolescencia incluirá medidas de difusión del acogimiento, con el fin de sensibilizar a la población sobre su importante función social.
2. La Comunidad de Madrid dará prioridad la promoción del acogimiento de los niños, niñas o adolescentes con menos posibilidades de ser acogidos.
3. La Comunidad de Madrid apoyará aquellas actuaciones de fomento del acogimiento que lleven a cabo las entidades locales o las organizaciones sociales dedicadas a su promoción, que contribuyan a los objetivos que al respecto prevea el Plan Madrileño de Infancia y Adolescencia.
4. A fin de fomentar el acogimiento, la Comunidad de Madrid y las administraciones locales otorgarán a las familias acogedoras, a través de la normativa que resulte aplicable, los mismos derechos de preferencia, así como exenciones y bonificaciones en tasas y precios públicos que, en materias de su competencia, tengan reconocidas las familias numerosas. Asimismo, la familia acogedora asumirá una función de colaboración con la Administración en el ejercicio de sus funciones de protección.
5. La Comunidad de Madrid, en su política tributaria y de vivienda tendrá en cuenta la situación de las familias acogedoras, de manera que se compensen las mayores necesidades derivadas de haber integrado en la familia un niño, niña o adolescente bajo protección pública.

Artículo 67. Medida de acogimiento residencial

1. El acogimiento residencial es una medida de protección que consiste en la prestación de servicios de alojamiento, manutención, apoyo educativo y atención integral de una persona menor de edad, que se encuentra bajo la guarda o tutela de la Entidad Pública, en un centro de acogida.
2. El órgano que ejerza la tutela, o asuma la guarda, de la persona protegida formalizará esta medida mediante resolución administrativa, previo acuerdo de un órgano colegiado, cuando resulte imposible o contrario a su interés el acogimiento familiar.
3. La guarda en acogimiento residencial se ejercerá por el director o la directora del centro, bajo la supervisión del órgano que detenta la guarda o la tutela, y la superior vigilancia del Ministerio Fiscal.
4. A fin de garantizar que el funcionamiento de los centros de acogimiento residencial promueve el pleno disfrute de los derechos de las personas protegidas, la consejería competente en materia de infancia y adolescencia supervisará los centros, al menos semestralmente, y siempre que así lo exijan las circunstancias, sin perjuicio de la superior vigilancia del Ministerio Fiscal.
5. El acogimiento residencial deberá responder a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes atendidos. A tal efecto, la Consejería competente en materia de infancia y adolescencia definirá los distintos tipos de programas de acogimiento residencial que permitan cubrir adecuada y eficazmente la diversidad de las necesidades detectadas.
6. No se acordará el acogimiento residencial de niños o niñas de menos de tres años, salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior del menor.
7. El acogimiento residencial de niños o niñas de menos de seis años no podrá acordarse por un periodo de más de tres meses, sin perjuicio de las posibles prórrogas excepcionales, que también tendrán esta duración máxima.

Artículo 68. Criterios para la determinación de la medida de acogimiento residencial

El órgano competente para adoptar una medida de acogimiento residencial tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. Proximidad, procurando que el acogimiento se produzca en el centro más cercano al entorno social y familiar de la persona protegida, salvo que resulte contrario a su interés
2. Desinstitucionalización, que permita reducir los periodos de estancia en el centro, y promueva modelos de funcionamiento en núcleos reducidos, donde la convivencia se desarrolle en condiciones similares a las familiares.
3. Participación de los niños, niñas y adolescentes en las decisiones que les afecten, en los términos que se señalen reglamentariamente. Valoración de la idoneidad de adoptar esta medida en el caso de mayores de 3 y menores de 6 años.
4. Ocio educativo, mediante la realización de una serie de actividades de ocio sociales, culturales, deportivas, medioambientales y de tiempo libre que permiten el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, y que eduquen en hábitos de participación y en valores de compromiso e integración social.
5. Emancipación, promoviendo la autonomía personal, la formación y la integración laboral y los apoyos sociales que las personas protegidas precisen para su vida adulta.
6. Coordinación. En el desarrollo de sus funciones, los centros de acogimiento residencial, actuarán coordinadamente con los agentes sociales y del sistema de protección que tengan relación con la persona protegida o, cuando así lo requiera el Plan de Protección, con su familia de origen.
7. Inclusión, adaptando el funcionamiento, el equipamiento y los espacios de los centros a la diversidad funcional o de identidad o expresión de género de las personas residentes.

Artículo 69. Centros de acogimiento residencial.

1. El acogimiento residencial de las personas protegidas por la Comunidad de Madrid se realizará en centros de su titularidad o en aquellos otros con los que ésta haya acordado formalmente la provisión de servicios, que integrarán en su conjunto la red pública de centros de acogimiento residencial de la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid.
2. Todos los centros ubicados en la Comunidad de Madrid que lleven a cabo acogimientos residenciales habrán de estar habilitados específicamente para desempeñar esta función por la Consejería competente en materia de infancia y adolescencia de acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de otras autorizaciones que también puedan ser exigidas. Deberán disponer, asimismo, de un proyecto global, que recoja el proyecto educativo y las normas de funcionamiento y convivencia del centro.
3. Los centros de acogimiento residencial serán de carácter abierto cuando su régimen específico no establezca lo contrario. Asimismo, deberían ser pequeños y estar organizados, en un entorno lo más semejante posible al de una familia o un grupo reducido. Las decisiones concernientes al establecimiento o a la autorización de establecimiento de nuevos centros de acogimiento residencial, tanto públicos como privados, deberían tener plenamente en cuenta este objetivo y priorizar el acogimiento en “pequeños hogares”.
4. El régimen de funcionamiento de los centros de acogimiento residencial, así como las condiciones de seguridad, sanidad, accesibilidad y condiciones para la inclusión, número, ratio y cualificación profesional de su personal, contenido del proyecto global, participación de las personas acogidas en su funcionamiento interno y demás condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos, se adecuarán a los criterios acordados entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas y, si no existieran, se determinarán reglamentariamente.

Artículo 70. Prevención de la violencia en los centros de acogimiento residencial

1. Se prohíbe expresamente cualquier forma de violencia, física, emocional o psicológica con fines disciplinarios. Se incluye aquí la prohibición de medidas como el aislamiento o castigos que limiten el contacto con familiares.
2. Los educadores y todo profesional que trabaje con niños, niñas y adolescentes tutelados en el sistema de protección deberán recibir formación específica en prevención y detección de toda forma de violencia contra la infancia
3. En todos los centros de protección deberá haber establecidos mecanismos claros y confidenciales de denuncia a los que los menores puedan acceder de forma anónima.
4. Todos los centros de protección de menores, independientemente de su titularidad, están obligados a tener protocolos de actuación frente a indicios de violencia, entre los que se incluirá la mera revelación por parte del niño o niña, que garantice una determinación clara de responsabilidades y de actuaciones de los miembros del centro. Se pondrán en marcha ante la detección de indicios por parte de los profesionales y ante la mera revelación de los hechos por parte del niño o niña. Su aplicación incluirá la formación de una Comisión de Seguimiento que se encargará de estudiarlo y determinar su notificación a la autoridad competente, fiscalía, policía o servicio de protección de menores.
5. Todos los centros de protección, independientemente de su titularidad, están obligados a tener protocolos de actuación frente a indicios de acoso y ciberacoso, que determine de forma clara las responsabilidades de cada miembro del sistema. Se pondrán en marcha ante la detección de indicios por parte de los profesionales y ante la mera revelación de los hechos por parte del niño o niña. Su aplicación incluirá la formación de una Comisión de Seguimiento que se encargará de estudiarlo y determinar su notificación a la autoridad competente, fiscalía, policía o servicio de protección de menores, así como de supervisar el cumplimiento de las actuaciones recogidas en el protocolo.
6. Todos los centros educativos, independientemente de su titularidad, están obligados a tener protocolos de actuación frente a indicios de acoso sexual, que determine de forma clara las responsabilidades de cada miembro de la comunidad educativa. Se pondrán en marcha ante la detección de indicios por parte de los profesionales y ante la mera revelación de los hechos por parte del niño o niña. Su aplicación incluirá la formación de una Comisión de Seguimiento que se encargará de estudiarlo y determinar su notificación a la autoridad competente, fiscalía, policía o servicio de protección de menores, así como de supervisar el cumplimiento de las actuaciones recogidas en el protocolo. En las actuaciones que se tomen en este sentido, se tendrá en cuenta el componente de género en estos casos.
7. Los centros tendrán planes específicos de prevención y detección de posibles casos de explotación sexual que tengan como víctimas a los y las menores que residen en el centro, teniendo en cuenta muy especialmente la perspectiva de género.

CAPÍTULO IV

TRANSICIÓN HACIA LA VIDA INDEPENDIENTE

Artículo 71. Reintegración familiar.

1. Para el retorno de la persona protegida a su familia de origen se habrá de comprobar que se dan las condiciones requeridas en el artículo 19 bis de la Ley Orgánica 1/1996. Dicha comprobación no será preceptiva, sin embargo, cuando la reintegración se produzca por el cese de la guarda provisional, al no haberse constatado motivos para adoptar una medida de protección.
2. A tal fin se recabará informe de la Entidad Pública competente en la localidad de residencia de la familia de origen para valorar la situación de riesgo, a la que se comunicará la resolución por la que se procede a la reintegración. La Comunidad, en colaboración con dicha entidad pública, realizará el seguimiento de la reunificación familiar y prestará a la familia el apoyo necesario.

Artículo 72. Preparación para la vida independiente.

1. A partir de los 16 años, las personas que se encuentren bajo la tutela de la Comunidad de Madrid, o de los que ésta haya asumido la guarda y que se hallen en riesgo de exclusión social, por carecer de apoyos familiares adecuados, tendrán derecho a participar en un programa de preparación para la vida independiente. También tendrán derecho a participar en estos programas quienes al alcanzar la mayoría de edad estuvieran en esa situación, hasta la edad que se establezca reglamentariamente.
2. La participación en estos programas será voluntaria y estará condicionada a que la persona solicitante asuma un compromiso de participación y aprovechamiento. Para establecer sus objetivos y contenidos se contará con la intervención activa de la persona interesada.
3. Estos programas constituirán una intervención integral que abarque, al menos:

1. el seguimiento socio-educativo dirigido a potenciar la autonomía personal y social;
2. la inserción socio-laboral mediante la orientación y el acompañamiento laboral y el fomento del empleo;
3. la alternativa de alojamiento, que podrá ofrecerse, en los términos en que se determine reglamentariamente, mediante la prolongación de la estancia en centros de acogimiento residencial, mediante la puesta a disposición de pisos de emancipación, o mediante medidas destinadas a facilitar el acceso a viviendas de alquiler. El programa podrá contener otras acciones destinadas a atender necesidades particulares de los participantes en el acceso a la vida adulta, como orientación jurídica.

4. Las políticas que lleve a cabo la Comunidad de Madrid en materia de juventud e inclusión social tendrán en cuenta las necesidades particulares de este colectivo y otorgarán prioridad a las personas participantes en estos programas para el acceso a las educación secundaria postobligatoria y a la educación superior, a los programas de fomento del empleo y de integración socio-laboral, a las ayudas para el alquiler de viviendas y a cualquier otra prestación o ayuda pública que pueda contribuir al desarrollo de la independencia personal
5. Las actuaciones previstas en los programas de preparación para la vida independiente utilizarán, siempre que sea posible, los recursos de carácter general destinados al conjunto de la población, a la juventud, o a las personas en riesgo de exclusión, complementándolas con apoyos o prestaciones de la Entidad Pública de protección.

Artículo 73. Apoyo a la vida independiente

1. Los extutelados serán considerados entre los colectivos de protección especial para que tengan derecho de acceso preferente a los programas sociales de acceso a la vivienda, el empleo, la formación y las prestaciones económicas sociales de la Comunidad.
2. Se incorporará su condición de extutelados como condición suficiente para su acceso a becas y ayudas al estudio.

CAPÍTULO V

DE LA ADOPCIÓN

Artículo 74. Principios de actuación en materia de adopción.

La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus competencias en materia de adopción observará los siguientes principios:

1. La transparencia de los procedimientos de tramitación de ofrecimientos de adopción, dentro de los limites previstos en la normativa reguladora de esta materia.
2. La objetividad del procedimiento de valoración y declaración de la idoneidad.
3. La exclusión de márgenes de discrecionalidad en la selección de adoptantes.
4. La igualdad en la toma de decisiones, sin discriminación alguna por razón de raza, sexo, orientación sexual ni identidad o expresión de género.
5. El impulso de los trámites para promover la adopción de las personas protegidas que requieran de esta medida.
6. La promoción activa del éxito de la adopción, a través de la formación continua de las familias adoptantes y adoptivas y del apoyo postadoptivo.

Artículo 75. Propuesta de adopción.

1. El órgano de la Comunidad de Madrid que ejerza la tutela promoverá la adopción siempre que responda al superior interés de la persona protegida, previo acuerdo de un órgano colegiado multidisciplinar, que seleccionará a la familia que resulte más adecuada a dicho interés.
2. Para determinar si la adopción responde al principio de interés superior, el órgano colegiado tendrá en cuenta además de los criterios generales establecidos en el art. 2 de la LOPJM para su interpretación y ponderación, los siguientes:

1. que la reintegración en su familia de origen resulte contraria a su interés y no sea previsible que esta situación se modifique, considerando los factores de riesgo existentes y las actuaciones llevadas a cabo para revertirla.
2. que, oída la persona protegida, se constate su voluntad o disposición favorable a integrarse en una familia alternativa, y si tuviera madurez suficiente para ello, que otorgue expresamente su consentimiento.
3. que la adopción resulte más favorable a sus intereses que otras medidas de protección, considerando sus necesidades, vínculos y arraigo, así como sus posibilidades de desarrollo a largo plazo.

3. La selección de familias para la propuesta de adopción se hará entre aquellas declaradas idóneas para un proyecto adoptivo que se corresponda con las características y necesidades de la persona protegida. Se considerará, en primer lugar, si el interés de la persona a adoptar requiere de alguna condición particular de la familia que la haga singularmente adecuada para su adopción. Si este criterio resulta inaplicable o insuficiente, se la seleccionará por otros criterios objetivos predeterminados que se presuman más favorables al interés de las y los adoptandos, y en último término, se atenderá a la antigüedad del ofrecimiento de adopción
4. Cuando la adopción resulte la medida más adecuada para una persona tutelada por la Comunidad, pero no se cuente con ninguna familia declarada idónea para adoptarla, atendiendo a sus características y necesidades, se buscará activamente una familia candidata, a través de la cooperación con otras Entidades Públicas, o informando y valorando a otras familias cuyo proyecto adoptivo se aproxime a sus necesidades.

Artículo 76. Delegación de guarda con fines de adopción.

1. Mediante resolución motivada, el órgano que ejerza la tutela delegará la guarda de las personas tuteladas a las personas seleccionadas para su adopción, en los términos y con las condiciones previstos en el Código Civil.
2. La guarda se delegará con anterioridad a la propuesta de adopción, que habrá de presentarse en el plazo de tres meses. No obstante, en la resolución administrativa de delegación de guarda podrá prorrogarse este plazo, hasta un máximo de un año, cuando sea necesario establecer el periodo de adaptación que prevé el Código Civil

Artículo 77. Adopción abierta.

1. Se entenderá por adopción abierta aquella en la que tras su constitución se mantienen los contactos previstos en el artículo 178.4 del Código Civil.
2. Para determinar si la adopción abierta responde al interés de la persona protegida, el órgano colegiado competente para proponerla tendrá en cuenta, además de los criterios generales para su interpretación y ponderación, la relevancia afectiva que las relaciones a preservar tienen para ella, la seguridad emocional que le proporcionan, y las consecuencias a largo plazo que su mantenimiento puede tener en el desarrollo de su identidad y en el proceso de vinculación e integración en la familia adoptiva. También valorará si existen los consensos necesarios para que esta medida pueda llevarse a cabo sin perjuicios para la persona adoptada.
3. Para la adopción abierta se seleccionarán exclusivamente familias que la contemplen expresamente en su proyecto adoptivo y hayan sido declaradas idóneas para ello.
4. En la propuesta de adopción abierta que se eleve ante la autoridad judicial se especificarán las pautas generales en cuanto a la periodicidad, duración y condiciones del contacto que se estiman favorables al interés de la persona a adoptar.
5. El seguimiento que la Comunidad de Madrid ha de realizar de la adopción abierta para remitir los informe requeridos en el Código Civil, así como las condiciones y el procedimiento para intermediar en los contactos se determinará reglamentariamente.

Artículo 78. Tramitación de ofrecimientos de adopción nacional.

1. Las personas residentes en la Comunidad de Madrid interesadas en adoptar a niños, niñas o adolescentes bajo la tutela de una Entidad Pública española, remitirán su ofrecimiento a la Consejería con competencia en materia de infancia, que iniciará de oficio el procedimiento de declaración de idoneidad cuando precise familias candidatas para adoptar a personas protegidas bajo su tutela o cuando el ofrecimiento pueda responder a la petición de búsqueda de familia de otra Entidad Pública.
2. Cuando el número de ofrecimientos presentados sea notablemente superior al número de adopciones que es previsible promover, el órgano directivo con competencia en materia de adopción podrá suspender la recepción de nuevos ofrecimientos por un periodo de tiempo determinado. De esta decisión se podrán exceptuar los ofrecimientos dirigidos a la adopción de niños, niñas o adolescentes que, por su edad, características o circunstancias, tengan menos posibilidades de ser adoptados.
3. El inicio de la tramitación se ordenará atendiendo al proyecto adoptivo contemplado en el ofrecimiento, dando prioridad a aquellos que supongan una alternativa familiar para las niñas, niños, o adolescentes con menos posibilidades de ser adoptados.
4. El plazo máximo para resolver y notificar este procedimiento será de seis meses. Si transcurrido el mencionado plazo no se hubiera dictado y notificado resolución expresa, la persona interesada podrá entender desestimada su pretensión por silencio administrativo.

Artículo 79. Tramitación de ofrecimientos de adopción internacional.

1. La tramitación de la declaración de idoneidad para la adopción internacional se iniciará a solicitud de la persona interesada. Las personas residentes en la Comunidad de Madrid interesadas en constituir una adopción internacional remitirán su ofrecimiento a Consejería con competencia en materia de protección de la infancia y la adolescencia.
2. El plazo máximo para resolver y notificar este procedimiento será de nueve meses. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado y notificado resolución expresa, la persona interesada podrá entender desestimada su pretensión por silencio administrativo.

Artículo 80. Propuesta de adopción sin ofrecimiento previo.

1. Atendiendo a las singulares relaciones de una persona tutelada por la Comunidad de Madrid, el órgano competente para acordar la promoción de la adopción podrá determinar que ésta responde a su interés, pero sólo si se lleva a cabo por una persona o pareja determinada. Esta decisión podrá adoptarse a instancia de las personas interesadas o de oficio. La propuesta de adopción se pospondrá en este caso hasta que se cuente con el consentimiento a tal efecto de las personas interesadas y se haya declarado su idoneidad para la adopción.
2. La preparación y valoración de idoneidad tendrá por objeto, en este supuesto, promover y comprobar que la familia reúne las condiciones adecuadas para esa adopción en particular, a la que quedará circunscrita la declaración de idoneidad. Para ello, se harán las adaptaciones necesarias en el procedimiento.

Artículo 81. Declaración de idoneidad.

1. La idoneidad para la adopción nacional e internacional será declarada por resolución del órgano directivo con competencia en materia de protección a la infancia y la adolescencia, previo acuerdo de un órgano colegiado multidisciplinar. Frente a esta resolución, dictada en materia de protección de menores, podrá formularse oposición ante los tribunales civiles.
2. La declaración de idoneidad requerirá la participación en sesiones informativas y de preparación, con el objetivo de conocer y asumir las características diferenciales de la filiación adoptiva, así como una valoración psicosocial sobre la situación personal, familiar y relacional de las personas que se ofrecen para la adopción, que permita constatar que éstas reúnen las condiciones y aptitudes requeridas por Código Civil y, cuando el ofrecimiento sea para par una adopción internacional, por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional.
3. La idoneidad se determinará en relación con el proyecto adoptivo de la familia, evaluando sus condiciones para satisfacer las previsibles necesidades de un hijo o hija adoptivo, o de un grupo hermanos, con las características y circunstancias que contempla en su ofrecimiento. Cuando el ofrecimiento sea para una adopción abierta, se valorará, además, la disposición y capacidad de la familia para preservar las relaciones con la familia de origen.
4. La declaración de idoneidad para la adopción tendrá una vigencia de tres años.

Artículo 82. Suspensión de la tramitación del ofrecimiento de adopción.

La tramitación de un ofrecimiento de adopción podrá suspenderse de oficio o a instancia de las personas interesadas, por el tiempo y con las condiciones establecidas reglamentariamente, cuando alguna circunstancia transitoria relevante impida valorar la idoneidad o promover la constitución de una adopción.

Artículo 83. Adopción internacional.

1. Además de la declaración de idoneidad, la Comunidad de Madrid ejercerá, en materia de adopción internacional, todas las funciones que los tratados internacionales y la restante legislación vigente atribuyen a la Autoridad Central y a las Entidades Públicas.
2. La conformidad a las asignaciones realizadas por las autoridades del país de origen únicamente se otorgará si se acompaña toda información prevista en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional y si las características y necesidades de la persona a adoptar se corresponden con el proyecto adoptivo para el que la familia ha sido declarada idónea.
3. La Comunidad de Madrid realizará o supervisará los informes de seguimiento para garantizar que éstos se ajustan a los plazo y contenidos requeridos por el país de origen, y tomará las medidas necesarias para que estos se lleven a cabo sin menoscabo del derecho a la intimidad y a la propia imagen que asiste a la persona adoptada.

Artículo 84. Apoyo tras la adopción.

La Comunidad de Madrid ofrecerá a las personas adoptadas y a sus familias, a través de profesionales especializados, asesoramiento y orientación para afrontar las necesidades específicas que se derivan de las situaciones de desprotección vividas y de las particularidades de este tipo de filiación. Fomentará, asimismo, las actuaciones de formación y apoyo mutuo que con esta finalidad lleven a cabo las organizaciones de personas adoptadas o de familias adoptivas.

Llevará a cabo, asimismo, actuaciones destinadas a difundir entre los profesionales que atienden a estas personas o familias, en el ámbito de la educación, la sanidad o la acción social, un conocimiento adecuado de la realidad de la adopción.

Artículo 85. Derecho a conocer los orígenes biológicos.

1. La Comunidad de Madrid, así como los restantes titulares de archivos públicos madrileños que contengan información relativa a adopciones, tomarán las medidas necesarias para garantizar la conservación durante, al menos cincuenta años, de cuantos documentos contengan información sobre los orígenes de la persona adoptada, y en particular sobre su historia médica o la de su familia y la identidad de sus progenitores.
2. La Comunidad de Madrid prestará asesoramiento y ayuda para hacer efectivo el derecho a conocer los orígenes biológicos a las personas adoptadas que residan en la Comunidad de Madrid, y a aquellas no residentes cuya adopción hubiera promovido.
3. El asesoramiento y la ayuda prestada por la Comunidad de Madrid podrá consistir en orientación sobre el proceso de búsqueda, en la localización y obtención de la información, o en asesoramiento y apoyo para su compresión, procesamiento emocional e integración como parte de la propia identidad. También podrá incluir la intermediación y preparación para el contacto con miembros de la familia de origen, si las personas implicadas prestan su consentimiento a tal efecto. Estas actuaciones se llevarán a cabo por un equipo técnico especializado, cuya composición, cualificación y funciones se determinarán reglamentariamente.
4. En cumplimiento de estas funciones, la Comunidad de Madrid recabará cuantos informes y antecedentes de la persona adoptada, o de su familia origen, resulten necesarios, apercibiendo a la entidad requerida de la obligación de facilitarlos de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil.
5. El tratamiento y la cesión de datos de carácter personal para el cumplimento de estas funciones no precisará de la autorización de su titular, si bien la Comunidad de Madrid tratará de recabarla siempre que sea posible, y cuando medie la oposición expresa a su cesión, únicamente los comunicará a la persona adoptada o a terceros tras un procedimiento de disociación.

TÍTULO III

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN, GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

CAPÍTULO I

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Artículo 86. Competencias de la Comunidad de Madrid sobre protección de la infancia y la adolescencia

La Administración de la Comunidad de Madrid, a través de las Consejerías competentes, ejercerá las siguientes funciones:

1. Aprobación de la planificación estratégica sobre protección integral de menores. Dicho plan será cuatrienal y contará para su elaboración con las restantes Administraciones Públicas de la Comunidad, con las organizaciones de la sociedad civil y con la participación de los menores, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
2. Diseño y coordinación de las políticas públicas de promoción, prevención y protección de menores en la Comunidad de Madrid.
3. Declaración de las situaciones de desamparo y de guarda administrativa y adopción de las medidas de protección previstas para dichas situaciones en la presente ley y en la legislación estatal aplicable.
4. Coordinación de los servicios de protección de menores de competencia de la Comunidad de Madrid y los servicios sociales generales y especializados dependientes de las Administraciones locales, principalmente a través de la cartera de servicios sociales.
5. Prestación de servicios sociales especializados según la demarcación que se establezca en la Ley.
6. Aprobación de los instrumentos de valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección que han de aplicarse por parte de los servicios sociales.
7. Establecimiento de un sistema de información sobre de menores de la Comunidad de Madrid en los términos establecidos en el Título VIII de la presente Ley.
8. Impulso de la investigación en relación con la situación de los menores, como condición previa de todo proceso de planificación estratégica.
9. Impulso de la formación continua de los trabajadores de los servicios sociales en materia de protección de menores, especialmente cuando se aprueben instrumentos técnicos para su mejor actuación.
10. Impulso y apoyo de iniciativas de participación de menores en todos los niveles territoriales.
11. Regulación, habilitación y supervisión de los centros residenciales de protección de menores.
12. Ejercer la potestad sancionadora de acuerdo con lo establecido en el Título VII de esta Ley.

Artículo 87. Competencias municipales en materia de protección a la infancia y la adolescencia

1. Corresponde a las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid el ejercicio de las siguientes competencias propias:

1. La promoción de derechos de los menores y la intervención por medio de actuaciones de carácter preventivo general, con la debida coordinación con los servicios sociales y los servicios de protección de menores de la Comunidad.
2. El desarrollo de planes de protección de menores de carácter local, atendiendo a la planificación de Comunidad de Madrid y contando, en todo caso, con la participación de los menores.
3. La intervención, valoración y, en su caso, declaración formal de las situaciones de desprotección que constituyan situación de riesgo, en los términos establecidos en esta Ley.

2. En los Municipios de menos de 20.000 habitantes la Administración autonómica asumirá la acción protectora socio-jurídica de los menores estableciendo con los que superen esa población convenios de colaboración de acuerdo con su capacidad de gestión técnica y de recursos económicos, así como con lo establecido en la legislación general de Servicios Sociales.
3. Corresponde a los municipios de más de 50.000 habitantes crear los Servicios Sociales Especializados de Atención a la Infancia y disponer al menos de un Centro de día que desarrolle Programas de apoyo educativo, de ocio y tiempo libre.

Igualmente, podrán ostentar por delegación el ejercicio de la guarda de los niños, niñas y adolescentes que no puedan ser temporalmente atendidos por sus padres o tutores, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre guarda administrativa voluntaria.

1. Los Municipios de más de 100.000 habitantes, además de lo señalado en los apartados anteriores, deberán desarrollar programas de acogida de menores, en pisos o Residencias, pudiendo también llevar a cabo Programas de Acogimiento Comunitario de menores por familias colaboradoras del mismo Municipio o por su propia familia extensa, siempre en coordinación con la Comunidad Autónoma
2. Las competencias y funciones en materia de Protección de menores desamparados podrán ser delegadas por la Comunidad Autónoma, a los Municipios de más de 500.000 habitantes, con las limitaciones y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
3. En todo caso, será función de la Comunidad la promoción de la adopción, así como la regulación, control y seguimiento de las instituciones de integración familiar.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Artículo 88. La Comisión de Tutela del Menor

1. Corresponde a la Comisión de Tutela del Menor la declaración de las situaciones de desamparo y de guarda administrativa, así como la adopción de las medidas de protección previstas para dichas situaciones en la presente ley y en la legislación estatal aplicable.
2. La Comisión de Tutela del Menor se integra en la Consejería competente en materia de protección de menores. Su dependencia orgánica, composición y funcionamiento se establecerán reglamentariamente.

Artículo 89. Observatorio de la Infancia de la Comunidad de Madrid

1. Se crea el Observatorio de la Infancia de la Comunidad de Madrid como órgano consultivo, de participación y propuesta adscrito a la Dirección General de Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
2. El Observatorio tendrá por objeto el desarrollo de las actuaciones de investigación, formación y documentación, así como el establecimiento y gestión de un sistema de información que permita el adecuado conocimiento, análisis técnico, seguimiento y evolución de los asuntos relacionados con los derechos y la atención a los menores, en los términos establecidos en la presente Ley, a partir de los datos aportados regularmente por las administraciones y otros sectores, y datos del Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI), entre otras posibles fuentes fiables de información.
3. En la elaboración de informes estadísticos se tendrá en cuenta la diferenciación del intervalo de edad de 0 a 3 años, ya que se trata de un subgrupo que suele estar invisibilizado.
4. El Observatorio de la Infancia de la Comunidad de Madrid desarrollará sus objetivos en el ámbito de los siguientes niveles de actuación:

1. Investigación, mediante la promoción de proyectos de investigación sobre las materias relacionadas con los derechos y la atención a los niños, niñas y adolescentes y especialmente a partir de los datos generados por el Sistema de Información sobre Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
2. Documentación, con la producción, coordinación y divulgación de documentación especializada sobre el niño, niña o adolescente.
3. Formación, con el desarrollo de planes y programas de formación, sobre los derechos y la atención a los menores, destinados a aquellos colectivos directamente implicados en funciones relacionadas con esta materia.
4. Información, con el objeto de disponer de la información necesaria, a fin de permitir el adecuado conocimiento y análisis de la situación de los menores Madrid en que permita el diseño de políticas públicas y decisiones presupuestarias basadas en evidencias, así como el grado de satisfacción de los derechos reconocidos en favor de los menores.

5. La composición, funciones y el régimen de funcionamiento del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid se establecerá reglamentariamente.

Artículo 90. Los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid

1. Los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia se configuran como órganos colegiados de coordinación y colaboración entre las distintas Administraciones Públicas y las entidades del tercer sector cuyas competencias e intereses sociales inciden la vida de los en Comunidad de Madrid. Asimismo, fomentan y articulan la participación social de los niños, niñas y adolescentes que residen en su ámbito y contribuyen a la expresión y al conocimiento directo de sus intereses y necesidades.
2. Los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid tienen los siguientes fines generales:

1. Informar, debatir o proponer cuantas actuaciones pretendan llevarse a cabo en materia de protección y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.
2. Ofrecer a los niños, niñas y adolescentes un cauce de participación institucional.
3. Favorecer una correcta colaboración entre las diferentes redes de servicios para conseguir una mayor eficacia y eficiencia de las actuaciones.
4. Velar por el efectivo cumplimiento del Plan de Atención a la Infancia de la Comunidad de Madrid, así como de cuantas actuaciones de coordinación se acuerden.
5. Cuantas otras le sean asignadas legalmente.

3. Sus respectivos ámbitos territoriales de actuación, composición, funcionamiento y régimen jurídico se regirán por lo dispuesto en la Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, y en su normativa de desarrollo.

CAPÍTULO III

EL DEFENSOR DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Artículo 91. El Defensor de los Derechos del Niño de la Comunidad de Madrid

Se crea el Defensor de los Derechos del Niño de la Comunidad de Madrid como alto comisionado de la Asamblea de Madrid para la supervisión independiente de la garantía y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en su ámbito territorial. Será el receptor último de las quejas y denuncias hechas por los menores de edad en relación con el sistema de protección de la Comunidad de Madrid.

Por Ley de la Asamblea se regulará su nombramiento, funciones y estatuto jurídico.

TÍTULO IV

PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL

Artículo 92. Fomento de la iniciativa social.

1. Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el ámbito de sus competencias, fomentarán el desarrollo de la iniciativa social en actividades de atención integral a la infancia y la adolescencia, pudiendo realizar, entre otras, las siguientes funciones:

1. Fomento de iniciativas que contribuyan a reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia.
2. Establecimiento de cauces para la participación de la iniciativa social en órganos de carácter consultivo en materia de atención a la infancia y la adolescencia.
3. Asesoramiento a las entidades privadas que realicen actividades en el ámbito de la atención a la infancia y adolescencia.
4. Fomento del asociacionismo de personas menores a fin de favorecer su participación e integración en la sociedad.

2. Las Administraciones Públicas podrán conceder subvenciones o establecer convenios de colaboración y conciertos con entidades que intervengan en la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia o en la protección de personas menores en situaciones de riesgo de desprotección o desprotección infantil.
3. En el marco de sus acuerdos de colaboración con entidades privadas, las Administraciones Públicas velarán por:

1. La adecuación de las intervenciones desarrolladas por las entidades colaboradoras.
2. La idoneidad para el desempeño de las funciones que desarrolla del personal, profesional o voluntario, que interviene en la atención a la infancia y la adolescencia.
3. La aplicación por las entidades colaboradoras de procedimientos de selección y formación que garanticen la idoneidad y que las condiciones laborales del personal profesional señalado en el párrafo anterior resulten adecuadas.

Artículo 93. Entidades colaboradoras de protección a la infancia y la adolescencia.

1. Se consideran entidades colaboradoras de protección a la infancia y la adolescencia las que desarrollan actividades en el ámbito de la protección a personas menores en situaciones de desprotección infantil.
2. Podrán ser entidades colaboradoras de protección a la infancia y la adolescencia las que cumplan los siguientes requisitos, además de las condiciones de registro, habilitación y acreditación que se determinen legalmente:

1. Estar constituidas como asociación o fundación.
2. Figurar entre los fines estatutarios o contemplados en los documentos constitutivos la protección de la infancia o adolescencia.
3. Disponer de los medios materiales y personales necesarios para el desarrollo de sus funciones.

3. La acreditación concedida a los centros y servicios prestados por las instituciones colaboradoras deberá formular con claridad las funciones para las que cada una de ellas resulte facultada y el régimen jurídico de su ejercicio.
4. Las entidades a que se refiere este artículo podrán desempeñar las siguientes funciones:

1. Apoyo a las familias en situaciones de desprotección.
2. Valoración de las competencias parentales y educación en dichas competencias.
3. Asesoramiento técnico en los procedimientos de protección de la infancia y la adolescencia.
4. Mediación en procesos de acogimiento familiar o de adopción de personas menores.
5. Guarda de personas menores.

5. La colaboración no incluirá en ningún caso la realización de los procesos de investigación, evaluación y determinación de las situaciones de desprotección infantil, ni la elaboración de los correspondientes planes individuales de atención social.

Artículo 94. Entidades colaboradoras de adopción internacional.

1. Las entidades colaboradoras de adopción internacional serán acreditadas por el organismo competente en materia de protección de la infancia y la adolescencia para realizar servicios de intermediación que tengan como finalidad la integración de las personas menores en una familia, a través de la adopción internacional.
2. Las funciones de intermediación incluirán la información y asesoramiento a las personas y familias interesadas en materia de adopción internacional, la intervención en la tramitación de expedientes de adopción ante las autoridades competentes, tanto españolas como extranjeras, y el asesoramiento y apoyo en los trámites y gestiones que deban realizar en España y en el extranjero, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.
3. Serán acreditadas las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro correspondiente y en cuyos estatutos figure como finalidad la protección de la infancia y la adolescencia. Para ello, dichas entidades deberán disponer de los medios materiales y equipos multidisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas y estarán dirigidas y administradas por personas cualificadas en el ámbito de la adopción internacional, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.
4. Corresponderá al organismo competente en materia de protección de la infancia y la adolescencia, la acreditación, seguimiento y control de las entidades colaboradoras de adopción internacional que actúen en su ámbito territorial, en la forma que se disponga reglamentariamente.

TÍTULO V

SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Artículo 95. Registro de medidas de protección

1. El Registro de medidas de protección de la Infancia y la Adolescencia tiene como finalidad el registro completo los expedientes de actuaciones y medidas de desprotección iniciados por los órganos administrativos locales o autonómicos competentes en los términos establecidos en la presente ley.
2. El Registro de medidas de protección de menores tiene naturaleza administrativa y su gestión estará encomendada a la Consejería competente en materia de protección de la infancia. Reglamentariamente se establecerá la organización y funcionamiento del Registro, los órganos obligados a suministrar la información, las personas legitimadas para acceder a sus ficheros, así como la transferencia de datos debidamente desagregados al Sistema de Información sobre Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

Artículo 96. Sistema unificado de Información sobre Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid

1. Se crea el sistema unificado de información y gestión en infancia y adolescencia, con el objeto de garantizar la ordenación adecuada del sistema de protección y la coordinación administrativa, así como la realización de estadísticas oficiales sobre la realidad de la infancia y la adolescencia de la Comunidad que sirvan de base para la toma de decisiones políticas y administrativas basadas en evidencias.
2. Se ubica en el Observatorio de la Infancia de la Comunidad de Madrid
3. Anualmente se elaborarán informes estadísticos oficiales sobre la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid desagregando los datos de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente y, en todo caso, conforme a los criterios que desde el órgano estatal competente se requieran.
4. El Observatorio de la Infancia de la Comunidad acordará las pautas generales para la recogida de información cuantitativa y cualitativa que permita la confección de estadísticas e informes, de acuerdo con los indicadores que se hayan acordado en los órganos de coordinación en los que participe la Comunidad de Madrid.

TÍTULO VI

DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 97. Infracciones administrativas y sujetos responsables.

1. Se consideran infracciones administrativas a la presente Ley las acciones u omisiones de las personas responsables, tipificadas y sancionadas en este título.

2. Son responsables las personas físicas o jurídicas a las que sea imputable las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tipificadas en esta Ley.

CAPÍTULO II. INFRACCIONES

Artículo 98. Tipos de infracciones.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 99 a 101 a continuación.

Artículo 99. Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves:

1. Incumplir levemente la normativa aplicable en el ámbito de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el territorio de la Comunidad de Madrid, si de ello no se derivan perjuicios sensibles para aquéllos y aquéllas.
2. Incumplir levemente las normas aplicables para la creación o funcionamiento de Centros o Servicios de Atención a la Infancia o la Adolescencia, por parte de los titulares de estos.
3. Incumplir el deber de actualizar los datos que constan en el Registro de Entidades que Desarrollan Actividades en el Campo de la Acción Social y los Servicios Sociales, por parte de las mismas.
4. No cumplimentar, o no hacerlo correctamente, el Documento de Salud Infantil, por parte del personal sanitario que atienda a los menores.
5. No gestionar plaza escolar para un menor en periodo de escolarización obligatoria por los padres, tutores o guardadores siempre que no se deriven perjuicios sensibles para los niños, niñas o adolescentes.
6. No procurar la asistencia al centro escolar de un menor en periodo de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique, por parte de padres, tutores o guardadores.
7. No facilitar por parte de los titulares de los centros o servicios, el tratamiento y la atención que, acordes con la finalidad de los mismos, correspondan a las necesidades de los menores, siempre que no se deriven perjuicios sensibles para estos.

Artículo 100. Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves:

1. La reincidencia en las infracciones leves.
2. Las acciones u omisiones previstas en el artículo anterior, siempre que el incumplimiento o los perjuicios fueran graves.
3. No dar cuenta a la Comisión de Tutela del Menor, u otra autoridad, de la posible situación de desamparo en que pudiera encontrarse un niño, niña o adolescente.
4. Incumplir los acuerdos de la Comisión de Tutela del Menor.
5. No poner a disposición de la Comisión de Tutela del Menor o cualquier otra autoridad, o en su caso, a su familia, en el plazo de veinticuatro horas, al niño, niña o adolescente que se encuentre abandonado/a, extraviado/a o fugado/a de su hogar, siempre que de ello no se deriven responsabilidades penales.
6. EI incumplimiento por el centro o personal sanitario de la obligación de identificar al/a la recién nacido/a, de acuerdo con la normativa que regule la mencionada obligación.
7. No gestionar plaza escolar para el niño, niña o adolescente en periodo de escolarización obligatoria, por parte de los padres, tutores o guardadores.
8. Impedir la asistencia al centro escolar de un niño, niña o adolescente en periodo de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique, por parte de los padres, tutores o guardadores.
9. La entrada en los establecimientos o espectáculos públicos considerados no adecuados para niños, niñas y adolescentes. La responsabilidad corresponderá a los titulares de los mismos.
10. La venta de los productos considerados no adecuados para niños, niñas y adolescentes. La responsabilidad corresponderá a los titulares de los establecimientos en que se expendan aquéllos.
11. La venta de las publicaciones consideradas no adecuadas para niños, niñas y adolescentes, así como la venta, alquiler, difusión o proyección de los medios audiovisuales considerados también inadecuados. La responsabilidad corresponderá a los titulares de los establecimientos o, en su caso, a las personas físicas, infractores de lo indicado en tales casos.
12. La emisión de programación considerada no adecuada para niños, niñas y adolescentes. La responsabilidad corresponderá a los medios de comunicación infractores.
13. La emisión o difusión publicitaria que conculque los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La responsabilidad corresponderá a los medios que lo emitan o difundan.
14. La utilización de niños, niñas o adolescentes en publicidad contraria a la protección de sus derechos. La responsabilidad corresponderá al anunciante y a los medios que la emitan o difundan.
15. Proceder a la apertura o cierre de un centro o servicio por parte de las entidades titulares de los mismos, sin haber obtenido las autorizaciones administrativas pertinentes.
16. Incumplir la obligación de inscripción en el Registro de Entidades de Acción Social, por parte de las mismas.
17. Incumplir la regulación específica establecida o que se pueda establecer para cada tipo de centro o servicio, por parte de las entidades titulares de los mismos.
18. Incumplir el deber de confidencialidad y sigilo respecto a los datos personales de los niños, niñas y adolescentes, por parte de los profesionales que intervengan en su protección.
19. No facilitar por parte de los titulares de los centros o servicios, el tratamiento y la atención que, acordes con la finalidad de los mismos, correspondan a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes.
20. EI exceso en las medidas correctoras a niños, niñas y adolescentes sometidos a medidas judiciales o limitación de sus derechos más allá de lo establecido en las propias decisiones judiciales, efectuadas por los titulares o los/las trabajadores/as de los centros o servicios y los/las colaboradores/as de los mismos.
21. Amparar o ejercer prácticas lucrativas en centros o servicios definidos sin ánimo de lucro, por parte de los titulares de los mismos.
22. Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo el ejercicio de las funciones de inspección y seguimiento del centro o servicio que corresponde al personal de la Consejería o del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, por parte de los titulares o personas de los mismos.
23. Aplicar, por parte de los titulares de centros y servicios, las ayudas y subvenciones públicas a finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido otorgadas, cuando no se deriven responsabilidades penales.
24. Percibir cantidades económicas de los niños, niñas o adolescentes en concepto de precio o contraprestación por los servicios prestados que no estén autorizadas por la Administración, por parte de los titulares de los centros concertados en lo relativo a los servicios incluidos en el concierto.

Artículo 101. Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves:

1. La reincidencia en las infracciones graves.
2. Las recogidas en el artículo anterior si de ellas se desprende daño de imposible o difícil reparación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

CAPÍTULO III. SANCIONES

Artículo 102. Sanciones.

Las infracciones establecidas en los artículos anteriores serán sancionadas en la forma siguiente:

1. Infracciones leves: Amonestación por escrito o multa de hasta XXXXXX euros.
2. Infracciones graves: Multas desde XXXXXX+1 euros hasta XXXXXXXX euros.
3. Infracciones muy graves: Multas desde XXXXXXX+1 euros hasta XXXXXXXXX euros.

Artículo 103. Acumulación de sanciones.

1. En las infracciones graves podrán acumularse como sanciones:

1. Cuando resulten responsables de las infracciones centros o servicios de atención a niños, niñas y adolescentes.

1. La proscripción de financiación pública de acuerdo con la normativa autonómica en la materia.
2. EI cierre temporal, total o parcial, del centro o servicio, por un tiempo máximo de un año.

1. Cuando resulte responsable de la infracción algún medio de comunicación social;

La difusión pública por el propio medio de la sanción impuesta en las condiciones que fije la autoridad sancionadora.

2. En las infracciones muy graves, podrá acumularse, además de las anteriores, la sanción de cierre definitivo, total o parcial, del centro o servicio.

Artículo 104. Graduación de las sanciones.

Calificadas las infracciones, las sanciones se graduarán en atención a la reiteración de las mismas, al grado de intencionalidad o negligencia, a la gravedad de los perjuicios causados atendidas las condiciones del niño, niña o adolescente, y a la relevancia o trascendencia social que hayan alcanzado.

Artículo 105. Reincidencia.

Se produce reincidencia cuando el/la responsable de la infracción haya sido sancionado/a mediante resolución firme por la comisión de otra infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año a contar desde la notificación de aquélla.

CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 106. Incoación.

1. Los expedientes sancionadores de las infracciones tipificadas en la presente Ley serán incoados por:

1. EI Ayuntamiento o Junta de Distrito correspondiente al domicilio del niño, niña o adolescente, si fueren presuntos responsables los padres o tutores, guardadores o particulares.
2. El Ayuntamiento o Junta de Distrito correspondiente al domicilio del centro, servicio o establecimiento, si fueren presuntos responsables los titulares o trabajadores de los mismos.
3. EI Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, si de la infracción pudiera resultar responsable un medio de comunicación social.

2. En todo caso debe de tratarse de municipios de más de 50.000 habitantes o de Juntas de Distrito de municipios de más de 500.000 habitantes. Tratándose de municipios de población inferior a la señalada y en todos los supuestos no contemplados en el presente artículo, deberá iniciarse el expediente por el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor.
3. Cuando el IMFM tuviera conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de una infracción tipificada en esta Ley, lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento o Junta de Distrito correspondiente, a fin de que proceda, en su caso, a la incoación del oportuno expediente. En este supuesto, se informará al IMFM del inicio del expediente o de las causas que motivan la no incoación del mismo.

Transcurrido un mes desde la comunicación sin que hubiese respuesta suficiente, se pondrá en conocimiento del Defensor del Menor a los efectos oportunos.

Artículo 107. Procedimiento aplicable.

EI procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración Pública de la Comunidad de Madrid.

Artículo 108. Resolución.

Serán competentes para la resolución e imposición de las sanciones a que se refiere la presente Ley:

1. Para las sanciones leves y graves, el/la Alcalde/sa, el/la Presidente/a de la Junta de Distrito y el/la directora/a-Gerente del IMFM, cuando el expediente se hubiera incoado por la entidad respectiva.
2. Para las sanciones muy graves, el/la Alcalde/sa, el/la Presidente/a de la Junta de Distrito o el Consejo de Administración del IMFM, cuando el expediente se hubiera incoado por la entidad respectiva.

Cuando la sanción propuesta lleve acumulada la contemplada en el artículo 103, 1 a 2, será competente para resolver el/la Alcalde/sa en los municipios de más de 50.000 habitantes o el Consejo de Administración del IMFM, según proceda.

Cuando la sanción propuesta lleve acumulada la contemplada en el artículo 103.2, será competente para resolver la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento o el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, según proceda.

Artículo 109. Relación con la jurisdicción penal y civil.

1. Cuando el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador tuviera indicios de que el hecho pudiera constituir también una infracción penal, lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente absteniéndose de proseguir el procedimiento, una vez incoado, interin no exista un pronunciamiento judicial.
2. Cuando el mencionado órgano tuviera conocimiento, una vez incoado el procedimiento sancionador, de la existencia de diligencias penales con identidad de hechos, sujetos y fundamento, se abstendrá, asimismo, de proseguir el procedimiento hasta que exista pronunciamiento judicial.
3. Si una vez resuelto el procedimiento sancionador se derivaran responsabilidades administrativas para los padres, tutores o guardadores, se pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Menores por si pudieran deducirse responsabilidades civiles.

Artículo 110. Recursos.

Contra las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores se podrán interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que legalmente procedan.

Artículo 111. Publicidad de las sanciones.

Las resoluciones firmes de imposición de sanciones graves y muy graves serán publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Artículo 112. Prescripción de las infracciones.

Las infracciones tipificadas en esta Ley prescribirán, a los tres años las leves, a los cinco años las graves y a los siete años las muy graves, desde el momento en que se hubiere cometido la infracción si antes de transcurrido dicho plazo no se hubiere notificado a la persona interesada la incoación del expediente sancionador.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Memoria de análisis de impacto normativo

Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos de la Comunidad de Madrid incluirán el impacto de la normativa en los derechos de la infancia y la adolescencia.

Evaluación ex post de la ley

La Asamblea someterá esta Ley a una evaluación ex post a los cuatro años de su entrada en vigor, previo informe del Consejo de Gobierno, con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, el grado de eficiencia y eficacia de la ley, el coste y las cargas derivadas de su implementación, así como cualquier impacto otro esperado o no de la intervención regulatoria. A tal fin, se establecerán los procedimientos de planificación, ejecución, monitorización y control que sean adecuados para ello.

Dicha evaluación no afecta a la vigencia de la norma ni supone alteración alguna de sus efectos, sin perjuicio de las decisiones o medidas que puedan adoptarse a la vista de la misma.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

• Enumeración expresa de las leyes que quedan derogadas.

DISPOSICIÓN FINAL

• Desarrollo reglamentario: plazo al Gobierno.
• Entrada en vigor.

Rocío García García

Directora de la Fundación Secretariado Gitano en la Comunidad de Madrid

[1] 10.935 encuestas en 68 ciudades de 14 CCAA realizadas durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril, el 20,5% de las cuales a niños, niñas y adolescentes gitanos menores de 18 años (2.238 niños, niñas y adolescentes gitanos).

APORTACIONES A LA CONSULTA PÚBLICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY
DE DERECHOS, GARANTÍAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

junio 2020

TRATADOS INTERNACIONALES

De acuerdo con los artículos 39.4 y 96 de la Constitución, los poderes públicos de la Comunidad de Madrid están obligados a garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de protección de la infancia ratificados por España.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución, la presente ley y sus normas de desarrollo se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de los que España sea parte y, especialmente, de acuerdo con la Convención de los derechos del niño de Naciones Unidas, la Carta Europea de los Derechos del Niño y la Convención de derechos de las personas con discapacidad. Tanto en la interpretación de esta ley como de sus normas de desarrollo, se tendrán también especialmente en cuenta los criterios interpretativos que emita el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas a través de sus Observaciones Generales, Recomendaciones Generales, Dictámenes Particulares o cualesquiera otras resoluciones o informes.

DERECHOS FUNDAMENTALES 

Dentro del capítulo dedicado a los Derechos Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de la Comunidad de Madrid, entendemos que deben ser incluidos, entre otros, los siguientes: 

2.1. Derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y moral: proscribiendo toda forma de violencia contra la infancia, incluyendo expresamente la prohibición del maltrato institucional, entendiendo por tal cualquier legislación, programa, procedimiento o actuación por acción u omisión procedente de los poderes públicos, o bien, derivada de la actuación individual del profesional o funcionario, que comporte abuso, negligencia, perjuicio de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración, o que vulnere los derechos básicos de las personas (Martínez Roig y Sánchez Marín, Barcelona, 1989; Decálogo para la Prevención del Maltrato Institucional a la Infancia y Adolescencia de FAPMI), comprendiendo todas las modalidades de maltrato que se pueden derivar de la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en centros de  protección o internamiento (Tribunal Constitucional, sentencia núm. 71/2004, de 19 de abril).

Además, en general, todos los niños, niñas y adolescentes que están en situación de desamparo, y en especial, en el caso de los niños extranjeros que llegan solos a España, entre los que pueden encontrarse perfiles de especial vulnerabilidad, como los solicitantes de protección internacional o las niñas víctimas de trata, es especialmente importante que se proteja su integridad psicológica, estableciendo programas específicos y especializados de salud mental infanto-juvenil, con profesionales que cuenten con formación específica en las situaciones de vulnerabilidad y riesgos concretos que afectan a este colectivo.

2.2. Derecho a la identidad: reconocido en iguales términos para niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros, e incluyendo el derecho a que sea reconocida su filiación, su edad, su nacionalidad y su cultura.

2.3. Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, núcleo familiar, ideología, nacionalidad, etnia, religión, lengua, cultura, opinión, diversidad funcional o discapacidad, o cualesquiera otras condiciones o situaciones personales, familiares, económicas o sociales, tanto propias del niño, niña o adolescente como de su familia. 

Se garantizará la absoluta igualdad de derechos entre niños y niñas (tutelados o no) españoles y extranjeros (acompañados o no).

Se tendrán en especial consideración las interseccionalidades, atendiendo especialmente a quienes pertenecen a colectivos en situación de exclusión o minoritarios.

2.4.  El derecho a ser escuchado y a que su opinión sea tomada en consideración en función de su madurez. 

En el caso de los niños, niñas y adolescentes extranjeros que lleguen solos a la región, deberán ser acompañados por un educador, un intérprete y un abogado en todos los procedimientos administrativos que les afecten, garantizando así su derecho a ser debidamente informados, asistidos y a que su opinión sea debidamente tenida en cuenta.

Para poder ejercer debidamente este derecho, deberá reconocerse expresamente su derecho a ser informado con relación a todos los asuntos que conciernen a sus intereses, derechos y a su bienestar personal, emocional y social. Información que se le deberá proporcionar en su propio idioma, en un lenguaje que sea adecuado y comprensible y adaptado a sus circunstancias, según su desarrollo evolutivo y madurez. Este derecho debe incluir el de acceder, por sí mismo o por persona que designe para que le represente, a cualquier expediente administrativo que venga referido a su persona, en los términos previstos en la legislación de procedimiento administrativo.

2.5. Derecho de participación: que se regule teniendo en cuenta que en los Observatorios o distintos Consejos de participación infantil y juvenil debe existir representación adecuada de la diversidad existente en la infancia y juventud de la Comunidad de Madrid, incluyendo los colectivos de niños, niñas y adolescentes tutelados, extranjeros y extranjeros no acompañados. 

2.6. Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social o riesgo socio-educativo, deben tener acceso a los centros educativos sin ninguna discriminación. Tienen derecho a la asistencia y a la formación necesaria que les permitan un desarrollo adecuado y a su realización personal.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes extranjeros, su mayor o menor conocimiento del castellano no puede constituir nunca un obstáculo para su acceso a la educación reglada, debiendo garantizarse las adaptaciones curriculares que sean precisas. 

En concreto, los menores extranjeros que se encuentren en la Comunidad de Madrid deberán recibir ayudas públicas siempre que lo requieran como medio de fomento de su integración social, lingüística y cultural, sin obviar su propia identidad cultural, teniendo en cuenta sus necesidades económicas. 

Asimismo, se considerará que la condición de menor extranjero tutelado o joven extranjero extutelado es por sí misma suficiente para su acceso a becas y ayudas al estudio. 

DERECHOS SOCIALES 

En sede del capítulo dedicado a los derechos sociales, proponemos que se tengan en cuenta las cuestiones siguientes: 

3.1. Acompañamiento a la vida adulta: reconocimiento de éste como un derecho a fin de dotarlo de la debida importancia y protección, siendo una obligación a cargo de los padres o tutores, con independencia de su posterior desarrollo en el capítulo correspondiente al sistema de protección, en relación con los adolescentes que alcanzan la mayoría de edad estando bajo la protección de la entidad pública.

DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE LLEGAN SOLOS A ESPAÑA 

En coherencia con su derecho a ser informados y escuchados, se garantizará el derecho a la asistencia letrada independiente y gratuita a los niños, niñas y adolescentes que lleguen solos en todo procedimiento administrativo y judicial en el que se vea involucrado por su condición de inmigrante. Esto incluye, de forma no taxativa, el procedimiento de repatriación y la tramitación de su autorización de residencia y trabajo, así como de las renovaciones del mismo. Se garantizará, asimismo, este derecho en el procedimiento de determinación de la edad. 

También en virtud de aquel derecho, se garantizará a los niños, niñas y adolescentes que lleguen solos que desde el momento en que se comience a tramitar su autorización de residencia y trabajo, cuenten con información clara sobre los criterios que deben cumplir para continuar legalmente en España una vez alcanzada la mayoría de edad, en especial, los criterios de la entidad de protección de menores para emitir un informe positivo de acuerdo con el artículo 197.2.b) del Reglamento de Extranjería. 

Serán considerados entre los colectivos de protección especial para que tengan derecho de acceso preferente a los programas sociales de acceso a la vivienda, el empleo, la formación y las prestaciones económicas sociales de la Comunidad.

PRINCIPIOS RECTORES

En relación con los principios rectores consideramos que, entre otras, deben estar dirigidos a las siguientes materias: 

5.1. El derecho de todo niño, niña y adolescente a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que les conciernan, ya sea individual o colectivamente, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que les afecten, así como en las medidas que adopten sus familias, en cualquiera de sus manifestaciones, y las instituciones, públicas o privadas, primará su interés superior.

A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del niño, niña o adolescente, se tendrán en cuenta los criterios generales, los elementos de ponderación y las garantías del debido proceso, recogidos en el artículo 2 de la Ley orgánica 1/1996.

Adicionalmente, cuando se trate de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios para la determinación del interés superior del menor en el caso concreto:

a) En el proceso de adopción de las medidas de protección se favorecerá la participación y colaboración de la familia de origen, salvo en los casos en que esta participación o contacto vaya en contra del interés superior del menor, y de la persona menor objeto de la medida.

b) La preservación de las relaciones interpersonales significativas que resulten beneficiosas para el desarrollo del niño o niña, especialmente con sus hermanos, hermanas, padres, madres u otras personas que, en su lugar, hayan desempeñado las funciones parentales. Se mantendrán unidos a los hermanos y hermanas en las medidas de protección que se adopten, siempre que ello no contravenga el interés superior del menor.

c) La prioridad de las medidas que tengan lugar en un entorno familiar, incluyendo familia extensa si fuese posible, frente a otras formas de cuidado sustitutivo.

d) La búsqueda de soluciones estables, que garanticen a largo plazo la atención integral de las necesidades de la persona protegida y el pleno ejercicio de sus derechos.

Por su parte, todas las actuaciones realizadas por la Administración en materia de niños, niñas y adolescentes extranjeros que hayan llegado solos a España, incluidos los procesos de determinación de una solución duradera para aquellos en situación de desamparo, serán igualmente guiadas por el principio del interés superior de cada menor. En particular, deberá realizarse una correcta evaluación de los riesgos en origen antes de tomar contacto con la familia de cara a una posible participación de éstas en dichos procesos, especialmente en el caso de los menores que podrían ser beneficiarios de protección internacional o víctimas de trata de seres humanos. 

5.2. La consideración de niñas, niños y adolescentes como ciudadanas y ciudadanos y como sujetos activos de derechos, favoreciendo el ejercicio autónomo, hasta donde permita su nivel de madurez, de los derechos de los que son titulares.

5.3. La consideración de las familias como el entorno más adecuado para el desarrollo infantil y adolescente, primando el mantenimiento o la reincorporación a la familia de origen, salvo que sea contrario a su interés, que se antepondrá siempre al de su familia. En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando una persona menor de edad haya de ser separada de su familia se dará preferencia a las medidas que permitan una convivencia familiar estable.

5.4. Integración e inclusión de niños, niñas y jóvenes: Favorecer espacios de convivencia entre niños, niñas y jóvenes de la región, incluyendo tutelados y extranjeros, y entre ellos y ellas y otros vecinos de la Comunidad. Aprovechar esos espacios para dar a conocer y poner en valor la multiculturalidad de los niños, niñas y jóvenes que habitan en la región. 

Con la finalidad de fomentar la inclusión e integración de todos los colectivos de infancia y adolescencia en la región y de prevenir situaciones o conductas de riesgo para la infancia y la adolescencia, se propiciará desde las administraciones públicas el establecimiento de programas de educadores y/o mediadores de calle.

5.5. Promoción de derechos: Las administraciones públicas de la región desarrollarán programas de divulgación, sensibilización y concienciación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, promoción de prácticas de buen trato hacia la infancia y la adolescencia y abolición y prevención de todo tipo de maltrato contra la infancia y la adolescencia. 

5.6. Formación de personas que trabajen con infancia y adolescencia. Se formará cuidadosamente a los profesionales que trabajen con niños, niñas y adolescentes para que en su labor implementen siempre un enfoque de derechos y una perspectiva de infancia, género, intercultural y no etnocentrista, identificando y haciendo primar el interés superior del menor, detectando adecuadamente posibles situaciones de desprotección. 

Especialmente, se formará a los profesionales que trabajen con infancia y adolescencia a fin de que detecten, prevengan, eviten y, en su caso, denuncien y contribuyan a la reparación de cualquier práctica constitutiva de maltrato institucional. Igualmente, se dedicará especial formación en mediación infantojuvenil e intercultural, así como para la identificación y procedimiento de protección para situaciones especialmente vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata y solicitantes de asilo o refugio.

Se formará de manera específica a los y las profesionales que trabajen con niños y niñas extranjeros sobre los derechos de la infancia migrante, y en particular, sobre las Observaciones Generales Número 6, 22 y 23 del Comité de Derechos del Niño.

5.7. Impacto de las normas en la infancia y la adolescencia. Los proyectos de ley o de otras normativas o disposiciones deberán incluir la correspondiente evaluación de impacto en la infancia y adolescencia de la región.

5.8. Prioridad presupuestaria. Con la finalidad de garantizar los derechos que reconoce esta ley, las administraciones públicas de la región, en el ámbito de sus competencias, habrán de tener como prioridad presupuestaria la promoción, la atención, la prevención, la protección, la formación, el ocio, la participación y la integración de los niños, niñas y adolescentes, con programas presupuestarios específicos.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

Para su inclusión en el apartado dedicado al sistema de protección, realizamos las siguientes consideraciones: 

6.1. Participación del menor y presunción de conflicto de interés. Tanto antes de declarar el desamparo de un menor como una vez declarado éste, y sometido a la tutela de la Administración, la entidad pública de protección deberá informarle adecuadamente, en un idioma que pueda comprender y en un lenguaje adaptado a su desarrollo, y recabar su opinión, antes de adoptar cualquier decisión que le afecte, y, de manera especial, cuando en ella se vean afectados sus Derechos Fundamentales así como aquellos asuntos que afecten notablemente a su vida (régimen de acogida, situación administrativa en España en el caso de los extranjeros, transición a la vida adulta, etc.). El cumplimiento de estas garantías en la toma de decisiones deberá constar expresamente en el expediente, así como deberá detallarse la opinión expresada por el menor, siempre que tenga suficiente madurez o en todo caso cuando tenga más de doce años.

En la resolución que adopte la administración será preceptivo que se motive adecuadamente que se ha tenido en cuenta la opinión del menor y las razones por las que la decisión, en su caso, se aparta de esa opinión. 

Se presumirá que existe un conflicto de intereses siempre que, contando el menor con madurez suficiente o teniendo más de doce años, la opinión que emita sea contraria a la decisión que finalmente adopte la Entidad Pública encargada de su tutela o quien por, delegación de ésta, tenga atribuida su guarda. 

En los casos en que la falta de madurez del menor justifique que no se recabe su opinión, se presumirá en todo caso que existe un conflicto de interés cuando la decisión que adopte la entidad pública de protección o quien, por delegación de ésta, tenga atribuida su guarda, suponga una restricción a los derechos del menor. 

En estos casos, será obligatorio que la Entidad Pública promueva el nombramiento de defensor judicial o que, si contase el menor con la suficiente madurez, le ofrezca los servicios de un asesor jurídico independiente.

6.2. Derecho de información y acceso al expediente. El menor tendrá derecho a acceder en todo momento, por sí mismo o a través de un representante o persona de confianza que designe, a la totalidad de los expedientes de actuación de protección que le incumban. Este acceso lo será en los términos previstos en las leyes administrativas de aplicación (ley 39/2015, normativa de transparencia o cualquier otra que la sustituya).

En todo caso, se debe garantizar la comunicación del niño o la niña, ágil y directa, con las personas que tengan asignadas como técnicos responsables del seguimiento de su expediente de protección, para fomentar el pleno desarrollo de su derecho a ser oído y su participación en las decisiones que le afectan.

6.3. Garantía de recursos materiales y económicos. La Administración garantizará la existencia y mantenimiento de forma sostenible de servicios públicos necesarios, suficientes y adecuados que aseguren las actuaciones de protección de menores recogidas en esta Ley, incluidos los programas de tránsito y acompañamiento a la vida adulta. Para ello contemplarán en sus presupuestos los recursos de financiación y dotación de personal necesarios y suficientes.

6.4. Se deben establecer protocolos que permitan identificar perfiles de extrema vulnerabilidad y proporcionarles la atención debida, especialmente en el caso de:

a) Niños y niñas posibles solicitantes de protección internacional, es decir, aquellos y aquellas que hayan huido de sus países de origen por persecución por motivos de género, etnia, ideas políticas, matrimonios forzosos, orientación sexual, religión, etc., que manifiesten un temor intenso a volver a su país, o que hayan sufrido violaciones de sus derechos en su país o en el viaje migratorio. Estos casos deben ser inmediatamente derivados a una organización especializada para recibir información sobre el procedimiento y, en caso de querer iniciarlo, para que se le asignen los profesionales que necesite para el transcurso de su solicitud, y en todo caso, asistencia letrada.

b) Niños y niñas posibles víctima de trata, derivándoles a una organización especializada y tomando las medidas oportunas para su especial protección, incluyendo, en todo caso, asistencia letrada.

6.5. Establecer un programa reforzado de salud mental en el sistema de protección, dirigido a proteger y garantizar la integridad psicológica de los niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección. Los profesionales que lo integren deberán tener formación específica en infancia y adolescencia especialmente vulnerable, atendiendo a las problemáticas específicas de la situación de riesgo de estos niños, motivada tanto por la separación o ausencia de su familia como por cuestiones tales como vulneraciones de derechos en el país de origen o en el transcurso del proceso migratorio, posibles víctimas de abusos o malos tratos, posible situación de trata, bagaje migratorio, posibles solicitantes de protección internacional, etc.

6.6. Otorgar la máxima seguridad jurídica y emocional a los niños, niñas y adolescentes mediante una tramitación rápida y eficaz de los expedientes de protección que impida la prolongación de las medidas de carácter provisional, evite las intromisiones en la esfera de su intimidad más allá de lo estrictamente necesario y restrinja a lo mínimo imprescindible las limitaciones a su capacidad de obrar y las interferencias en su vida y en la de su familia.

6.7.  Creación de un Comité Mixto de niños, niñas y jóvenes junto con representantes de la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, contando con entidades sociales que les atienden, expertos y expertas en infancia, juventud, migraciones y con la colaboración de organismos especializados en materia de protección internacional como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en España, con el objetivo de realizar un diagnóstico conjunto de las necesidades de los niños y niñas en el sistema de protección, y a partir del mismo, diseñar los planes de intervención correspondientes.

6.8. Transparencia. Sin perjuicio de garantizar la intimidad de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, se debe fomentar la transparencia respecto del sistema de protección. Así, se deben publicar periódicamente datos e informes, en formatos accesibles, sobre cuestiones tales como recursos destinados a la protección de la infancia y adolescencia en la región, medidas adoptadas, duración de las mismas, capacidad y ocupación de los centros existentes, programas de atención individualizada puestos en marcha, programas de integración y de transición a la vida independiente y participación en ellos de los menores, etc.

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

7.1. Participación del menor. Garantizar la participación del menor desde el momento en que se inicia el expediente de determinación del riesgo, explicándole en qué consiste el procedimiento, así como las causas, consecuencias y alternativas a la declaración de riesgo. Debe recabarse en el expediente expresamente la opinión del menor siempre que tenga madurez suficiente o más de doce años. En caso de que la opinión del menor sea discrepante de la decisión que finalmente adopte la administración, se debe actuar conforme a lo dicho en el apartado 4.1.

7.2. Asesoramiento jurídico. Garantizar desde el inicio del procedimiento de evaluación del riesgo, el acceso del menor y de su familia a asesoramiento jurídico especializado y gratuito respecto de los derechos que les asisten en dicho procedimiento y, en caso de requerirlo el menor o la familia, el acceso a la asistencia jurídica gratuita a través de los Colegios de abogados de la Comunidad.

7.3. Apoyo a las familias. Se debe garantizar que los servicios sociales correspondientes proporcionan apoyo y acompañamiento a las familias en situación de dificultad, de tal modo que se les oriente y apoye para superar las causas que han dado lugar a la existencia de la situación de riesgo y para asegurar que la eventual retirada de tutela se utilice solo como último recurso por sus trascendentales efectos sobre la vida de padres, madres, hijos e hijas.

7.4. Manual de buenas prácticas. Se debe elaborar un manual de buenas prácticas en el proceso de evaluación de la situación de riesgo y respecto de la intervención posterior con el menor en su familia, que garantice la consideración del interés superior del menor, la perspectiva de derechos de infancia y la intervención respetuosa y colaborativa con la familia, evitando arbitrariedades propias de la subjetividad.

DESAMPARO

8.1. Proceso de determinación de la edad previo a la declaración de desamparo. Cuando de forma previa a la declaración de desamparo sea necesario determinar la edad, la entidad pública deberá constituir en todo caso formalmente la guarda provisional del menor, aplicar escrupulosamente la presunción de minoría de edad y velar por el respeto al interés superior del menor. 

El papel de la entidad pública o residencia guardadora es clave en el procedimiento de determinación de la edad en el que muchos niños y niñas migrantes se ven inmersos a su llegada a España. Cuando un niño o niña es trasladado por la Policía a un centro de protección de menores es porque se ha detectado su situación de desamparo, ya que no cuenta con una persona adulta que se responsabilice de él o ella en España. Este desamparo de facto, y constatado por la propia policía, exige de la administración su protección inmediata (art. 172 del Código Civil y art. 12.1 y 18 LOPJM), lo que implica proporcionarle el cuidado y apoyo que necesite en la satisfacción de sus necesidades y el favorecimiento del pleno ejercicio de sus derechos en tanto que menor, hasta el cumplimiento de su mayoría de edad.

El problema surge cuando se pone en duda su edad, pudiendo tratarse de una persona mayor de edad. En cualquier caso, antes y durante este procedimiento hasta la determinación de la edad, durante el cual debe presumirse siempre la minoría de edad, la entidad pública de protección tiene la obligación de actuar como tutor o guardador legal y máximo responsable del mismo.

Por todo ello, en todo caso, la entidad de protección debe asegurar:

El acceso y la obtención de todos los niños y niñas a su documentación personal. Esto implica:

a. En primer lugar, informarles de los documentos originales que los Consulados y Embajadas de sus países de origen en España les requieren para tramitar los pasaportes o documentos similares, y los documentos que deben tramitar en su país de origen si no los tuviesen con anterioridad.

b.  En segundo lugar, facilitar las comunicaciones telefónicas con su familia en su país de origen a quienes lo soliciten, hablar con sus familiares si lo necesitaran y apoyarles en el envío de su documentación original a España, ya que muchos no tienen medios para realizar estos envíos.

c.   Posteriormente, realizar el pago de las tasas correspondientes al trámite de los documentos que expiden los Consulados y Embajadas (pasaportes, tarjetas de identidad consular, certificados, etc.)

d.  Finalmente, se les deberá acompañar a la realización de estos trámites a los Consulados y Embajadas cuando estos trámites así lo requieran. 

Que, si el niño o la niña porta cualquier documentación acreditativa de su edad y/o identidad expedida por las Autoridades de su país, nunca sea considerado indocumentado y por tanto no se inicie un procedimiento de determinación de la edad.

En los casos en que el niño o la niña esté indocumentado, existan dudas sobre su minoría de edad, y como consecuencia, se inicie el procedimiento de determinación de su edad, se debe asegurar que los niños y niñas cuenten en todo momento con el asesoramiento y asistencia de un abogado o abogada, público (del turno de oficio) o privado de su elección, y de una persona de su confianza si así lo han manifestado verbalmente o por escrito, facilitándoles su contacto telefónico previo a la comparecencia, además de los educadores o educadoras del sistema de protección  que correspondan.

La fehaciente notificación de cualquier actuación y decisión seguida en el procedimiento de determinación de la edad, así como de los recursos disponibles contra ellas si los hubiere, explicándole su contenido en un idioma y un lenguaje que pueda comprender, y entregándole en todo caso copia de las mismas.

La fehaciente notificación de las resoluciones administrativas dictadas como consecuencia de la determinación de su edad (las resoluciones por las que se cesa su expediente de tutela o por las que se asume la misma) incluyendo información relativa a las vías de recurso existentes y disponibles para discutirlas. Esta información debe ser accesible a los niños y niñas, en un lenguaje que puedan comprender, notificadas a través de intérprete si fuese necesario, sobre el procedimiento de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita a seguir a través del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, así como de los recursos disponibles contra ellas si los hubiese.

Que, en el caso de que un niño o niña indocumentado le sea determinada su edad como menor de edad pero con una edad distinta a la que manifiesta, se seguirá lo indicado en el punto I, y la Entidad Pública deberá acompañar al menor a tramitar su documentación acreditativa de su edad e identidad en el Consulado o Embajada de su país de origen en España, y como, lógicamente, nunca podrá coincidir con la edad establecida en el Decreto, esta documentación deberá ser remitida de oficio por los propios guardadores del niño o la niña a la Autoridad competente para una revisión de la edad establecida con anterioridad.

En el caso de que se deniegue esta revisión, la Comunidad de Madrid en tanto que su tutor legal, debe velar por su interés superior y hacer valer esa documentación ante los Tribunales. En caso contrario, se deberá considerar que existe un conflicto de intereses con el menor y solicitará el nombramiento de un defensor judicial y proporcionarle asesoramiento jurídico independiente y gratuito a fin de que el menor pueda defender sus intereses en la forma en que mejor le convenga.

Que en el caso de que un juzgado, tribunal español o internacional, o un mecanismo internacional de Derechos Humanos, entre los que se encuentra el Comité de Derechos del Niño, dicte una medida provisional o cautelar por la que se ordene el ingreso y la tutela inmediata de un menor de edad que se encuentre en Madrid la Comunidad de Madrid adopte inmediatamente la medida cautelar y proporcione un recurso adecuado a las circunstancias y necesidades del niño o niña. A partir de ese momento, la Comunidad de Madrid debe actuar como tutor del niño o niña, en defensa de su interés superior, en el marco de dicho procedimiento y en cualquier actuación posterior. 

Además, durante el transcurso del procedimiento de determinación de edad, la Entidad Pública presumirá la minoría de edad y otorgará al menor la debida protección, asegurándose de que se respetan escrupulosamente sus derechos como tal y su interés superior y favoreciendo que continúa adecuadamente su desarrollo y su proyecto de vida, sin verse paralizado durante el período en que se demore la determinación de edad. A tal efecto, deberá elaborarse en un plazo no superior a 15 días desde que el menor entre en contacto con la entidad de protección, el correspondiente plan individualizado de atención y protección, si bien este podrá ser provisional y ser modificado a posteriori, en su caso, una vez se produzca la determinación de edad.

8.2.  Participación del menor y de su familia. Garantizar la participación del menor en el proceso, explicándole las consecuencias y alternativas de la declaración de desamparo y los pasos del procedimiento. Debe recabarse en el expediente expresamente la opinión del menor siempre que tenga madurez suficiente o más de doce años. En caso de que la opinión del menor sea discrepante de la decisión que adopte la administración, se debe actuar conforme al apartado 4.1.

Asimismo, se debe garantizar la participación de la familia del menor en el proceso de evaluación y declaración, permitiendo el acceso de ésta al expediente y abordando la actuación de forma que se minimice el impacto de la actuación administrativa, se trate de evitar en lo posible el consecuente trauma en el menor y en la familia y se actúe tratando de alcanzar el fin de la reunificación familiar salvo que esta sea incontrovertiblemente contraria al interés del menor. A tal fin, se elaborará un Manual de Buenas Prácticas que garantice que se actúe de forma homogénea, evitando arbitrariedades provenientes de la subjetividad. 

8.3. En el caso de niños y niñas extranjeros, el plan de intervención individualizado debe prever en todo caso y con carácter preferente la realización de los trámites necesarios por parte de quien tenga encomendado el ejercicio de su tutela o su guarda para regular su situación administrativa en España mediante la obtención de la correspondiente autorización de residencia y de la autorización para trabajar en caso de que sea oportuno. Se debe asegurar que todos los niños y niñas extranjeros cuentan con autorización de residencia, y con autorización de trabajo o exceptuación de trabajo en su caso, ya concedidas, en el momento en que alcanzan su mayoría de edad.

De igual modo, es obligación de la entidad a quien corresponda la tutela o la guarda de los niños y niñas extranjeros, informarles de su derecho a solicitar la nacionalidad española cuando cumplan los requisitos recogidos en la legislación estatal, así como asistirles en el procedimiento para ejercer este derecho si es su interés. 

Asimismo, este plan de actuación en relación con los niños y niñas extranjeros debe contemplar el inmediato inicio del aprendizaje del castellano, como herramienta indispensable para permitir la integración y el desarrollo del menor. Adaptar estas formaciones en castellano a las necesidades del niño o niña, poniendo especial atención en aquellos que no hayan ido nunca a la escuela y por tanto puedan requerir también clases de alfabetización.

8.4. Se debe garantizar y facilitar el ejercicio de la libertad religiosa de los niños y niñas que así lo deseen, sin que, en ningún caso, este asunto pueda ser utilizado como premio o castigo.

8.5. Se debe garantizar el acceso a programas de transición a la vida independiente de todos los menores que estén bajo la tutela o la guarda de la administración entre los 16 y los 18 años, así como a los programas de extutelados entre los 18 y 21 años. Especialmente han de tener preferencia de acceso a estos programas aquellos adolescentes carentes de referentes familiares en nuestro país o con escasas posibilidades de retorno al núcleo familiar de origen o sin perspectivas de integración en otros núcleos de convivencia y que tengan riesgo de exclusión social al alcanzar la mayoría de edad. 

La existencia de recursos y plazas suficientes en estos programas para asistir en su transición a la vida independiente a todos los menores que lo precisen debe ser una prioridad de las políticas y presupuestos de la Comunidad. Tanto en la búsqueda y protección del interés superior de los menores, como en aras de un beneficio para la sociedad de la región en su conjunto, pues la exclusión de los menores especialmente vulnerables de estos programas les aboca a una situación de marginalidad y sinhogarismo al salir del sistema de protección.

Se debe evitar la imposición de requisitos de acceso a estos programas basados en criterios distintos de la necesidad que del mismo tiene el menor o de lo que es su superior interés y que únicamente tienen como finalidad realizar una criba motivada por la escasez de plazas (criterios tales como el tiempo que el menor lleva en el sistema de protección, el tiempo que le queda hasta alcanzar la mayoría de edad -pues el programa puede y debe alargarse más allá-, si dispone o no de autorización de residencia y trabajo, o prejuicios acerca de si serán o no estos recursos aprovechados por el menor -pues es tarea de sus educadores trabajar conjuntamente con el menor para lograr ese aprovechamiento-). 

Asimismo, se debe facilitar su acceso a programas sociales de acceso a la vivienda, el empleo, la formación y las prestaciones económicas sociales.

8.8. Acogimiento familiar para niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados. Se favorecerá el acogimiento de los niños, niñas y adolescentes extranjeros que haya llegado solos a nuestro país, en primer lugar, en su familia extensa si es que la tuvieran en Madrid y, posteriormente, en familia acogedora seleccionada. En esta decisión se tendrá en cuenta la opinión del menor, su interés superior y el respeto a su cultura, valores y circunstancias concretas derivadas de su origen o de su historia migratoria. Se tendrá igualmente presente la existencia de circunstancias que sitúen al menor en una posición de especial vulnerabilidad. 

En caso de que la familia extensa con la que sea posible el acogimiento se encuentre en una región distinta a la Comunidad de Madrid, se valorará la posibilidad, si ello es favorable al Interés Superior del Menor y contando en todo caso con la opinión del mismo, de trasladar la tutela a la Entidad Pública de Protección de la Comunidad Autónoma en la que resida la familia acogedora, facilitando todos los trámites que sean necesarios para su gestión.

MENORES QUE PRESENTAN TRASTORNOS DE CONDUCTA

En relación con los niños, niñas y adolescentes que presentan trastornos de consulta, se proponen las siguientes medidas. 

9.1. Dada la evidente restricción de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes que supone este régimen especial de acogimiento, se deben adoptar medidas para garantizar el cumplimiento escrupuloso del procedimiento y el exquisito respeto de las garantías para el menor, evitando posibles arbitrariedades, según lo previsto en la regulación contenida en el capítulo IV del título II de la Ley orgánica 1/1996 y en el art. 778 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y teniendo en cuenta los criterios interpretativos emitidos por la Fiscalía General del Estado en su Circular 2/2016.

Entre estas medidas, y sin perjuicio de su desarrollo reglamentario, debe contemplarse la elaboración de un protocolo de obligado cumplimiento para todo el sistema de protección que garantice: 

La existencia de un  previo diagnóstico de trastorno de conducta que justifique el internamiento en centro específico, elaborado por un profesional debidamente cualificado e independiente de las personas o entidades que tengan encomendada la guarda del menor o que convivan con él actualmente.

La efectiva concurrencia, junto al diagnóstico antedicho, de actuaciones disruptivas graves y actuales del menor, que supongan un peligro para sí mismo o para terceros, que no pueda ser tratado a través de medidas menos restrictivas que el internamiento. Deberán documentarse en el expediente las medidas intentadas de forma infructuosa, a fin de garantizar que efectivamente el internamiento se aplica como una medida de último recurso.

La tramitación del procedimiento judicial de autorización al ingreso de forma previa a la producción de este, reduciendo a la excepcionalidad los ingresos de urgencia. 

La delimitación de los criterios que permitan considerar que se está ante una situación que requiere un ingreso de urgencia, a fin de evitar arbitrariedades o disparidades de criterio.

Medidas que garanticen que la ratificación judicial del ingreso de urgencia se solicite y tramite inmediatamente y que, en caso de excederse los plazos previstos legalmente para obtener esa ratificación, se deje sin efecto el ingreso, trasladando nuevamente al menor a un centro ordinario, sin perjuicio de volver a ingresarle cuando se obtenga la autorización judicial.

Presunción de la existencia de un conflicto de interés entre el menor y la entidad pública que en ningún caso queda salvado por la intervención del Ministerio Fiscal.

Esto debe suponer que se inste el nombramiento de un defensor judicial que pueda representar al menor o que, si este tiene suficiente juicio, se le permita designar un abogado o se le proporcione uno de oficio, garantizando así la asistencia jurídica independiente y especializada tan pronto como se empiece a valorar su traslado a un centro de esta tipología.

El letrado o letrada del menor debe tener libre acceso presencial y telefónico a éste, el libre e inmediato acceso al expediente y en especial a todos los informes y documentos que tengan que ver con el diagnóstico de trastorno de conducta y las razones que justifiquen el ingreso, pues solo así podrá ejercer el derecho de defensa en toda su extensión. Podrán imponerse al letrado medidas que garanticen la confidencialidad de los datos especialmente sensibles, siempre sin perjudicar su labor de defensor. 

Además, se debe mantener al menor y a su defensa letrada, informados del plan de intervención individualizado que se apruebe judicialmente y de cuantas medidas, sanciones o modificaciones del plan se acuerden durante la duración del ingreso. 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA CONTRA A LA VIOLENCIA 

10.1. Con el fin de prevenir el maltrato institucional, las Administraciones Públicas de la Comunidad deben velar para que las instituciones públicas o privadas con competencia en materia de menores no reproduzcan situaciones y procesos innecesarios y desfavorables para el menor, específicamente en sectores como instituciones o centros de servicios sociales, educación, Administración de Justicia, medios de comunicación, o cualquier otro de análoga naturaleza.

Se deben establecer mecanismos para prevenir, detectar y remediar cualquier forma de maltrato institucional hacia los niños, niñas y adolescentes de la Comunidad de Madrid. En este sentido se debe dar especial formación a los profesionales que trabajen con la infancia y la adolescencia a fin de dotarles de herramientas que les permitan detectar y corregir las malas prácticas en esta materia. Igualmente, deben adoptarse mecanismos ágiles y accesibles para que los niños, niñas y adolescentes puedan denunciar eficazmente el maltrato institucional que sufran. 

Debe en este punto tenerse presente la Observación General nº 4 del Comité de los Derechos del Niño (2003) que reconoce que el entorno social del niño es un factor determinante en su nivel de salud. La observación menciona a los menores que viven en establecimientos públicos como particularmente expuestos a la violencia institucional, lo que presupone la obligación de los poderes públicos de adoptar cuantas medidas legales, administrativas, sociales, sanitarias y educativas sean precisas para protegerlos y garantizar la indemnidad de su derecho a gozar del máximo nivel posible de salud, frente a cualquier posible forma de maltrato personal e institucional, frente a abusos terapéuticos o disciplinarios y frente a la institucionalización excesiva o inadecuada.

Del mismo modo, resulta de interés lo declarado por el Comité de Derechos del Niño en su Observación General nº 13 (2011) en el sentido de que “las autoridades estatales de todos los niveles encargadas de la protección del niño contra toda forma de violencia pueden causar un daño, directa o indirectamente, al carecer de medios efectivos para cumplir las obligaciones establecidas en la Convención. Esas omisiones pueden consistir en no aprobar o revisar disposiciones legislativas o de otro tipo, no aplicar adecuadamente las leyes y otros reglamentos y no contar con suficientes recursos y capacidades materiales, técnicos y humanos para detectar, prevenir y combatir la violencia contra los niños. También se incurre en esas omisiones cuando las medidas y programas existentes no disponen de suficientes medios para valorar, supervisar y evaluar los progresos y las deficiencias de las actividades destinadas a poner fin a la violencia contra los niños. Además, los profesionales pueden vulnerar el derecho del niño a no ser objeto de violencia en el marco de determinadas actuaciones, por ejemplo cuando ejercen sus responsabilidades sin tener en cuenta el interés superior, las opiniones o los objetivos de desarrollo del niño”.

10.2. Se deben implantar sistemas de prevención, detección, denuncia, intervención y reparación de cualquier situación de violencia en sus centros de protección que contemplen mecanismos de denuncia accesibles para los niños residentes, ante cualquier situación de violencia que reciban por parte del personal de los centros, teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de los niños y niñas extranjeros.

Estos protocolos deben, en todo caso:

asegurar que cada niño o niña que manifieste haber sido agredido, en primer lugar, sea acompañado al Hospital o Centro de Salud que corresponda (sin que pueda esto ser sustituido por ser atendido únicamente en la enfermería del centro o residencia en el que se ha producido la agresión), para que el menor, si lo requiere, reciba la atención médica necesaria y el hospital pueda emitir el parte de lesiones que considere oportuno;

garantizar que, si lo desea, el niño o niña sea acompañado para interponer la denuncia correspondiente y que se facilite todo lo necesario para la formalización de la misma (presencia del guardador o tutor legal, si así lo desea el niño, documentación identificativa del niño o la niña, etc.) y que cuenta con asistencia letrada gratuita para la defensa de sus intereses en el transcurso del procedimiento;

garantizar que los hechos se pongan en conocimiento inmediato de la Fiscalía de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid y en su caso de la Fiscalía de Delitos de Odio o Policía especializada en Delitos de Odio;

prever las medidas necesarias para que, tras la formalización de la denuncia, víctima y presunto agresor no vuelvan a convivir en el mismo Centro o recurso residencial;

evitar que las situaciones de conflicto que puedan surgir en el día a día de la convivencia entre los niños y niñas, sean resueltas por personal no educativo, es decir, por vigilantes de seguridad de los centros y residencias infantiles. Es responsabilidad del personal educativo de los mismos el resolver estos conflictos en cumplimiento de la Ley y de los Reglamentos de funcionamiento interno de los centros, residencias y pisos;

evitar la revictimización del menor;

garantizar la asistencia letrada de la víctima y el escrupuloso respeto a los derechos que se derivan del Estatuto de la víctima;

10.3. Crear un Plan para la prevención de la Criminalización de los Niños y Niñas extranjeros, especialmente en el ámbito de las instituciones de protección a la infancia de la Comunidad de Madrid, que incluya la lucha contra discursos de odio y la propagación de bulos.

RECURSOS RESIDENCIALES DE PROTECCIÓN 

11.1.  Eliminación de macrocentros. No estará justificado en ningún caso que el acogimiento residencial, sea o no primera acogida o de urgencia, se realice en centros que por su tamaño no permitan una adecuada atención individualizada a los niños, niñas y adolescentes. En todo caso se considerará que esa atención individualizada no es posible en centros que alberguen más de 25 plazas, entendiendo que un número superior, incluso en centros de primera acogida, impide realizar una correcta evaluación y establecer un programa individualizado, además de dar lugar con mayor facilidad a situaciones de conflictividad difíciles de gestionar.

En centros específicos para acogimientos de menores con discapacidad, trastorno de conducta o problemas de consumo, el número máximo de plazas permitidas será de 15.

11.2.  Eliminación de centros exclusivos para extranjeros. Con la finalidad de evitar la creación de guetos y la segregación por origen, así como para fomentar el encuentro y la convivencia entre diversos perfiles que favorezca en último término su plena y efectiva integración social, no se deberá permitir la existencia de centros cuya finalidad sea acoger, exclusiva o mayoritariamente, niños, niñas o adolescentes extranjeros, o de determinada etnia, cultura, raza o religión. 

11.3. Integración y relación de los centros con el entorno familiar o vecinal. Se deberá favorecer el acogimiento residencial en pequeños pisos o residencias distribuidas en distintos municipios o distritos de la región, que permitan el establecimiento de programas de contacto, actuación y trabajo conjunto con la familia del menor, en caso de que sea posible. 

En todo caso, se deberán destinar recursos públicos para generar espacios de encuentro y convivencia y actividades de ocio entre los niños y niñas con otros jóvenes, asociaciones, ciudadanos y vecinos, especialmente espacios educativos, deportivos, culturales y de ocio.

11.4 Publicidad de los Reglamentos de Régimen Interno. Todos los niños, niñas y adolescentes deberán tener acceso, en idioma y términos que le sean comprensibles, al reglamento de régimen interno del centro en el que residan. Estos reglamentos de Régimen Interno, que contendrán, entre otras cuestiones, las normas de convivencia y el régimen sancionador aplicable en el centro, deberán estar publicados, además de en lugar visible del propio centro, en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, tal y como recomienda el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Resolución RT 0762/2019, de 5 de marzo de 2020.

11.5 Representación y participación de los niños, niñas y adolescentes en los órganos de dirección, consejos de consulta o comisiones de índole similar de los centros a fin de garantizar su participación en la elaboración, modificación y aplicación de las normas de convivencia y el régimen sancionador contenido en el reglamento de régimen interno, así como en la programación y desarrollo de las actividades del centro. 

11.6. Las sanciones que se impongan a los niños, niñas y adolescentes tendrán siempre carácter educativo, y su cumplimiento será siempre supervisado por un educador. 

Se debe proscribir absolutamente cualquier forma de castigo físico, humillaciones privadas o públicas, sanciones colectivas por conductas individuales, privación o modificación de régimen de sueño, alimentos, vestuario o aseo, y restricción de la asistencia a recursos de enseñanza o atención sanitaria.

En caso de separación temporal del niño o niña respecto del grupo, debe ser realizado siempre en compañía de una persona adulta.

Proscribir, en todo caso, la contención mecánica a través de la inmovilización con instrumentos como esposas, así como las contenciones que puedan suponer una agresión o lesión en los niños y niñas.

11.7. Inspección de los centros y garantías para los residentes. Se deben reforzar los programas de inspección de los centros y residencias de menores a fin de prevenir abusos, arbitrariedades y malos funcionamientos, así como establecer un canal de comunicación directa, rápida y eficaz que garantice que los residentes puedan trasladar sus demandas, quejas y opiniones a los encargados de inspeccionar y supervisar los centros. 

ACTUACIONES REFERIDAS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFRACTORES 

En relación con los menores de edad que puedan eventualmente cometer infracciones penales en el ámbito de la Comunidad de Madrid, proponemos que se valoren las siguientes cuestiones:

12.1. Impulso de programas de mediación, conciliación y reparación extrajudicial. Fomentar diferentes alternativas para la resolución de conflictos en el ámbito prejudicial que se puedan poner a disposición del Ministerio Fiscal y de los Juzgados de Menores con competencias en la región. 

12.2. Impulso de programas de atención y apoyo psicosocial a menores infractores menores de 14 años.

13.3. Obligación de que la entidad de protección apoye a los menores tutelados que cometan infracciones penales para que la medida impuesta sea lo menos gravosa posible. Debe existir un apoyo especial de la Entidad de Protección para que los tutelados sometidos a un proceso penal tengan la defensa más adecuada a sus intereses y, en su caso, resulten condenados a la medida menos gravosa de entre las posibles. En concreto, la entidad de protección tiene obligación de ofrecer al menor un entorno educativo y de contención estructurado y seguro, de tal modo que no pueda en ningún caso ser condenado a cumplir una medida de internamiento bajo el único razonamiento de carecer de un entorno estructurado adecuado para cumplir una medida en medio abierto. 

Igualmente, la Entidad de tutela deberá velar por el interés superior de los menores bajo su tutela durante el transcurso de la ejecución de la medida.

12.4. Presunción de conflicto de interés entre el abogado de la Comunidad de Madrid y el menor. Los contratos existentes para que un solo letrado atienda todos los menores tutelados infractores, si bien pudiera parecer adecuado desde un punto de vista de eficiencia administrativa y presupuestaria, no lo es desde la perspectiva del interés superior del menor, que es la que ha de primar. Sin poner en duda la deontología y buen hacer de las letradas que han venido ocupando esa labor, la situación de dependencia mercantil y económica habitual entre la letrada y la Comunidad de Madrid puede afectar a su independencia en situaciones en las que habitualmente surge un conflicto de interés entre el menor infractor y su tutor (responsable civil subsidiario y obligado a ofrecer un entorno seguro y estructurado al menor para lograr la imposición de la medida menos gravosa posible y su correcta ejecución). Parece más adecuado buscar otras alternativas, como podría ser otorgar al menor la posibilidad de designar un abogado de su confianza o llegar a un acuerdo con los Colegios de Abogados de la región para que sean letrados insaculados de entre los turnos de oficio quienes desarrollen esa labor. 

En cualquier caso, existiendo evidente conflicto de interés entre el menor y su tutor, la propia Comunidad de Madrid debe instar el nombramiento de un defensor judicial que vele por los intereses del menor y supervise la independencia del letrado a quien se encomiende la defensa jurídica.

12.5. Régimen disciplinario dentro de los centros de reinserción y reforma y sanciones impuestas durante la ejecución de las medidas impuestas judicialmente. Respecto de las sanciones que se impongan dentro de los centros de cumplimiento de medidas privativas de libertad, o cualesquiera otras sanciones que se impongan al menor en el seno de la ejecución de una medida judicial, a fin de garantizar el efectivo derecho de defensa del niño, niñas o adolescente es preceptivo que, además de notificarse al menor y al juez de seguimiento de la medida, se le notifique al letrado o letrada que designe el propio menor o su representante legal, otorgando un plazo adecuado para que éste pueda instruirse debidamente y realizar alegaciones previas a la imposición de la sanción y/o recursos posteriores a tal imposición.

FUNDACIÓN RAÍCES