Con motivo de la “consulta previa” convocada para la elaboración de una nueva Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio (entidad sin ánimo de lucro dedicada a la defensa del patrimonio cultural, medioambiental e inmaterial, inscrita en la sección primera con n o de registro 32229, CIF: G-85987691, y dirección en c/ Hermosilla, nº 48, 1º derecha, 28001 de Madrid) presenta este documento con las principales reivindicaciones para la misma.
 

EXPONE:

Que la elaboración de una nueva Ley debe responder a resolver las deficiencias observadas durante la aplicación de su predecesora, y a responder a las nuevas necesidades y desafíos aparecidos en el tiempo transcurrido desde la aprobación de la anterior. En este caso, la necesidad de corregir definciencias es aún más patentes a causa de la sentencia del tribunal Constitucional de 17 de julio de 2014 que declaró inconstitucionales ocho artículos y cuestionó un noveno (de un total de cuarenta y cinco, lo que equivale a un 20 % de su articulado) de la actual Ley de Patrimonio de 2013, señalando claramente su carácter desprotector al rebajar las protecciones establecidas por la Ley 10/1998 que derogaba, además de por la Ley estatal 16/1985, que establece cautelas contra el expolio y la exportación que las comunidades sólo pueden ampliar y mejorar, pero
nunca disminuir.
Hay que tener siempre en cuenta que la vigente Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 define el Patrimonio Cultural como “una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como  elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando”. En esta descripción se reconoce por un lado la aportación de riqueza que supone el patrimonio histórico a la cultura universal, y por otro que éste
depende de la acción social que deriva de la estima de los ciudadanos.
Por tanto, la nueva Ley debe restablecer el espíritu -si no la letra- de la anterior Ley 10/1998, mejorándola a partir de un estudio detallado de las experiencias negativas y las pérdidas que ha sufrido el Patrimonio Regional desde el comienzo de su aplicación, para intentar corregir sus carencias; nunca buscando objetivos espurios como acelerar la obtención de licencias o facilitar operaciones urbanísticas; lo que no es óbice para que se intente facilitar su tramitación y agilizar la maquinaria administrativa mediante la dotación de los medios necesarios a los organismos implicados en su concesión. Hay que asumir las pérdidas sufridas en el Patrimonio arqueológico (Plaza de Oriente, Operación Canalejas, calle de Bailén), industrial (Talleres de Precisión de Artillería, Cocheras de Metro en Cuatro Caminos, sede de Kodak en las Rozas, cuevas de Navalcalnero), arquitectónico (Bancos Español de Crédito, Hispano Americano, Zaragozano, “Pagoda” de Fisac, sedes de Philips, Diario Pueblo, Reader’s Digest y Seat, Casa Guzmán, Colegio Mayor HispanoMexicano, Colegio Alemán, el caserío de Buitrago), urbanístico (caserío histórico, viviendas obreras, poblado medieval de Navalquejigo), paisajístico (vías pecuarias), e incluso inmaterial (Frontón Central-Cines Madrid, Real Cinema, y otras salas de espectáculos que acogieron buena parte de la memoria colectiva de la sociedad). Solo estudiando las carencias que han facilitado esta destrucción pueden implementarse las medidas necesarias para que en el futuro no se
repitan.
El nuevo texto normativo NO puede hacer referencia a casinos, ni otras circunstancias o elementos ajenos al Patrimonio Cultural
Es preferible que las cuestiones relevantes referidas al Patrimonio queden recogidas en esta nueva ley y no sujetas a futuros reglamentos que en muchas ocasiones no se realizan nunca (caso por ejemplo de lasactuaciones arqueológicas). No hay que tener miedo a que una ley tenga un articulado numeroso.
Por ello, consideramos que la nueva Ley debe establecer:

1. Una política para una VALORACIÓN del Patrimonio

Para la preservación del Patrimonio es fundamental la valoración ciudadana, que está supeditada a la educación, porque sin el grado de sensibilidad que proporciona el conocimiento puede ocurrir que se antepongan objetivos primarios, oportunistas o demagógicos a los verdaderos intereses del bien común.
Por lo tanto es imprescindible EDUCAR, ya que sin conocimiento es imposible la valoración. Para ello la nueva Ley debería incorporar información y formación sobre los bienes históricos y culturales y sus valores (más allá de lo local) en los planes educativos de los ciclos iniciales, fomentar la relación con la universidad mediante planes de investigación y de actuación, potenciar las prácticas de los estudiantes y el trabajo de profesionales cualificados, y extender una formación humanística suficiente para capacitar y predisponer a todo ciudadano (jubilados, parados, inmigrantes, personas en riesgo de exclusión
social) a valorar el Patrimonio; incluyendo el uso de los Museos (locales, regionales e incluso nacionales) como herramienta educativa prioritaria, y las visitas activas y de modo constante a edificios protegidos y declarados.
La educación patrimonial es más que el reconocimiento de un Plan, o una línea en una ley, tampoco es solo enseñar (visitar) el Patrimonio regional, se trata del reconocimiento y respeto al pluralismo cultural, respeto a la propia identidad en la construcción de una ciudadanía cohesionada y democrática. Por tanto, la educación patrimonial deberá recogerse en esta legislación con un espíritu que promueva de manera efectiva la colaboración con la Consejería de Educación, y que haga posible que, igual que sucede en Cantabria o Murcia, pueda implementar en los currículos una asignatura que explique y sensibilice a
madrileños y madrileñas sobre su patrimonio.
También es necesario ESCUCHAR, ya que no sólo los especialistas tienen conocimientos sobre Patrimonio, y si su valor procede del aprecio que otorga la ciudadanía a determinados bienes o manifestaciones, es imprescindible oír lo que tengan que decir los ciudadanos al respecto. Para ello hay que permitir y fomentar la participación mediante la implementación de los procesos adecuados en la elaboración de catálogos y protección de elementos, conjuntos, tradiciones y costumbres, porque la transparencia no puede limitarse a comunicar las decisiones cuando ya se han tramitado, sino que debe plantearse desde
el comienzo mismo de los procedimientos de catalogación y protección, asumiendo la presencia de la ciudadanía y la relevancia de sus opiniones desde el establecimiento mismo de los objetivos a alcanzar, y en todos los procesos subsiguientes hasta llegar al resultado definitivo. Las políticas de Patrimonio deben ser participadas, pues su gran complejidad requiere la suma de muchas perspectivas. Por ello mismo debe evitarse que las Comisiones Municipales y el Consejo Regional de Patrimonio estén al servicio de las administraciones (y a través de ellas de otras instancias), pasando a ser el lugar del diálogo y la reflexión
sobre las políticas públicas a seguir; deben convertirse en verdaderos órganos colegiados de representación de las diversas sensibilidades, completamente independientes y libres, sometidos únicamente al interés general colectivamente determinado.
Cualquier nuevo texto legislativo tendrá necesariamente que tener en cuenta aquellas recomendaciones y normativas internacionales que han sido suscritas por el país/comunidad donde se gesta la nueva ley, puesto que resultan en muchos casos de obligado cumplimiento, pero también aquellas que suscitan un amplio consenso entre la comunidad internacional, aún cuando España no las haya ratificado. Por esa razón, es forzoso implementar en la nueva Ley el Convenio Marco sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, conocido como la Convención de Faro, adoptado por el Comité de Ministros
del Consejo de Europa el 13 de octubre de 2005 y firmado por España el 12 de diciembre de 2018, con lo que es de obligado cumplimiento. Esta convención se refiere al Patrimonio Cultural como un derecho de disfrute para todos e incide en sus aspectos sociales y de integración como una ampliación del concepto de sostenibilidad. Como parte de esta sostenibilidad debe implementarse la evaluación permanente, con el reconocimiento de errores y éxitos y por tanto la exigencia de una plena transparencia en los procesos y de diagnósticos en constante proceso de renovación. La Convención de Faro hace, pues, hincapié en los aspectos importantes del patrimonio en relación con los derechos humanos y la democracia; promueve una comprensión más amplia del Patrimonio y su relación con las comunidades y la sociedad; anima a los ciudadanos a reconocer que los objetos y lugares no son —o no solo– valiosos “en sí mismos”, sino debido a los significados y usos que las personas les dan y por los valores que representan.
Asimismo deberá tenersese en cuenta la convención de Valetta (1969 y 1992 –patrimonio arqueológico que España no ratificó hasta 2011) y la integración de la arqueología preventiva dentro de la norma general.
Permitir y fomentar la participación ciudadana mediante la implementación de los procesos adecuados en la elaboración de catálogos y protección de elementos, conjuntos, tradiciones y costumbres, porquela transparencia no puede limitarse a comunicar las decisiones cuando ya se han tramitado y es casi imposible influir en su resultado.

2. La PROTECCIÓN LEGAL del Patrimonio

Esta protección legal debe ser el marco adecuado para una verdadera protección social, con el objeto de preservar todo aquello que tenga un valor histórico, arquitectónico, etnográfico, cultura, material o inmaterial, que merezca ser conservado. El concepto de Patrimonio Cultural es cambiante a lo largo del tiempo, y se enriquece con nuevos criterios que vienen a complementar los tradicionales. Así, en los últimos años se ha comenzado a valorar el patrimonio industrial, el inmaterial, el paisajístico y las
infraestructuras y tramas (físicas o no) que vertebran un territorio.
La nueva Ley deberá incluir la normativa internacional ratificada por el Estado y también aquella que tenga el consenso mayoritario de los especialistas (Friburgo, Valletta, Nara, Lisboa, etc.), que aluden a cuestiones como la arqueología preventiva, el impacto ambiental, el papel de los museos en la actualidad, o la democratización y valor social del Patrimonio. Igualmente hay que sumar como referencia ineludible el Informe Auken sobre el impacto de la urbanización extensiva en España (2009).
Actualización de los regímenes sancionadores, proporcionando más agilidad en los procedimientos, una mayor publicidad de las sanciones que pueda convertirse en una herramienta educativa, la destrucción de cualquier bien es irreversible, por lo que habría que optar por sanciones alternativas que tengan en cuenta el carácter científico de lo que se ha destruido como: financiar la investigación de lo que quede o, en su caso, pagar lo que hubiera costado esa investigación.
Abrir (y no solo promover) a la ciudadanía la posibilidad de declaración de Interés Cultural y declaración de Interés Patrimonial. Es decir, contemplar la posibilidad que ofrece la ley de procedimiento administrativo de un doble proceso de apertura (administración y particulares, asociaciones, ciudadanía en general). Los expedientes de incoación podrán realizarse a instancias no solo de la Dirección General competente de oficio, también por tanto a instancia de cualquier persona, no a instancia de persona interesada ya que se opone a la ley estatal. Jurídicamente el hecho de que se use el término “persona interesada” se refiere a aquellos individuos que tengan un interés directo, lo que limitaría la acción popular en los procesos de incoación.
Recuperación de la figura de la acción pública de defensa para el cumplimiento de las leyes patrimoniales.

Figuras legales: La protección legal debe recoger todo elemento de interés, protegido específicamente o no, en una voluntad maximalista de garantizar la conservación de todo aquello que pueda considerarse elemento patrimonial, siguiendo el criterio invocado en la Ley estatal 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. No hay que obviar que el artículo 46 de la Constitución establece que “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”; pues si el valor crematístico de un bien con interés patrimonial pertenece a su legítimo propietario, su valor cultural pertenece al conjunto de la sociedad. Por otra parte, deben establecerse medidas claras y amplias referidas a la visita pública de los bienes declarados. La ley en general debe ser garantista para poder dar voz al patrimonio, así las categorías como: hecho cultural, patrimonio inmaterial, sitio histórico, etc. deben quedar convenientemente definidas en el sentido más amplio y arropadas con diversos artículos que supongan un espíritu reglamentador.
En cuanto a la protección específica y su consideración, los bienes se clasifican por la actual ley en:

Bienes de Interés Cultural (BIC), que deben corresponderse con los más relevantes en cada categoría, y no con aquellos excepcionales o fuera de la norma. La Comunidad de Madrid debe adoptar un papel proactivo para mejorar su conocimiento, y garantizar su conservación y utilización de acuerdo con los valores que les hicieron merecedores de esa declaración, garantizando el acceso público a los mismos establecido por la Ley (que hoy se incumple en demasiadas ocasiones: Castillo de Viñuelas, Paraninfo de la antigua Universidad Central, campanile de la Basílica de Atocha, Casino
de Madrid, conventos de clausura, etc.) con visitas -–guiadas o no– que permitan conocer todos aquellos elementos que justificaron su declaración, y no sólo las partes abiertas habitualmente por otros motivos. Establecer claramente los entornos de protección de los bienes, tanto en las nuevas declaraciones como dar solución a todos los procedimientos antiguos mediante al menos una norma genérica mínima que pueda incluirse como una disposición adicional. Las obras de particulares en BIC’s y sus entornos deben contar con aprobación expresa.

Bienes de Interés Patrimonial (BIP). Esta figura -que refleja la del BIC con menor protección- carece en la actualidad de categorías, y debería al menos replicar las asignadas en éstos. Incorporar a los BIPs las mismas categorías/tipologías que existen para los BIC.

Catálogo Geográfico, que pretende inventariar todos los elementos patrimoniales a proteger, pero que por la propia naturaleza del Patrimonio estará siempre incompleto, pues no sólo varía la sensibilidad hacia los elementos a proteger, valorando piezas antaño incomprendidas (patrimonio industrial, inmaterial, paisajístico, etc.), sino que se enriquece continuamente con hallazgos arqueológicos, y con nuevas creaciones que el tiempo convierte en piezas patrimoniales a proteger.
Hasta que estén elaborados y aprobados los correspondientes catálogos geográficos regirá –sin límite de tiempo- la disposición transitoria que otorga consideración de Bienes de Interés Patrimonial a los inmuebles edificados antes de 1936, comprendidos en diversas tipologías: castillos, fortificaciones, murallas, palacios, casas señoriales, torreones y jardines, iglesias, conventos, ermitas, cementerios, lavaderos, norias, fuentes, “viages” de agua, molinos, bodegas, silos, fraguas, mercados, teatros, cinematógrafos, plazas de toros, estaciones de ferrocarril, puentes, canales y Fortificaciones de la Guerra Civil española hasta 1939.

Además de estas figuras específicas y por su indisoluble vinculación, merecen consideración especial los bienes protegidos por la legislación urbanística, y su obligada correspondencia con la protección legal prevista por la ley de Patrimonio. El Planeamiento Urbanístico municipal debe incluir en sus determinaciones el señalamiento de los elementos arquitectónicos que deben protegerse y que se recogen en los denominados Catálogos de elementos protegidos; siendo imprescindible que la Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC) de la Comunidad de Madrid supervise su contenido en el ejercicio de sus
competencias; garantizando que se ajustan a la realidad del patrimonio municipal, histórico, arquitectónico y arqueológico a proteger. Ningún Planeamiento debería aprobarse sin el informe vinculante de la DGPC sobre este documento. Esta “doble protección” legal –urbanística e histórica- que compete a Urbanismo y Patrimonio Histórico, no puede estar desvinculada y es asunto de la máxima importancia que el Catálogo Urbanístico incluya todos los Bienes de Interés Cultural (BIC) y Bienes de Interés Patrimonial (BIP) del municipio, con la máxima categoría de protección establecida en los catálogos según las Normas Urbanísticas correspondientes. Del mismo modo, el Catálogo Geográfico debe aunar ambas “protecciones” incluyendo los elementos comprendidos en las figuras legales de patrimonio BIC’s y BIP’s, así como los definidos en los Catálogos de Planeamiento, con sus categorías correspondientes.

Contenidos: en estos catálogos urbanísticos y en las figuras de protección de patrimonio deben recogerse todos los elementos que contengan valores de relevancia que merezcan su preservación a nivel local, de la Comunidad de Madrid, o superior. Igualmente es necesario que a la hora de establecer los mecanismos de obtención de licencias urbanísticas se tengan en cuenta las implicaciones que pueden tener para la conservación del Patrimonio Cultural y Medioambiental, esté o no catalogado, pues su conservación y enriquecimiento es un imperativo constitucional. Por ello, la nueva Ley no debería admitir que las llama-
das “declaraciones responsables” puedan aplicarse para la intervención en elementos protegidos, donde es imprescindible que las administraciones ejerzan una supervisión continuada, previa a los trabajos a emprender, durante los mismos, y tras su terminación definitiva para comprobar que dichos elementos no han sufrido afecciones que menoscaben su valor.

3. MEDIOS para una efectiva protección

Vigilancia atenta y permanente

Cautela expresa de la venta de patrimonio público de interés histórico y/o cultural, para evitar una monetarización que hace irreversible el mantenimiento y valoración de nuestro
patrimonio.

Participación y audiencia debida a particulares y asociaciones culturales y/o vecinales que denuncien o reclamen atención sobre actuaciones que consideren impropias o en las que consideren necesaria la intervención de la DGPC.

Vinculación de los Ayuntamientos. Es imprescindible que en estas tareas se vincule a los municipios atendiendo sus inquietudes y respondiendo a sus peticiones con agilidad. Siendo importante la ayuda con obras y mejora de su patrimonio local.

Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales (aumento de recursos, endurecimiento de las sanciones, políticas de mayor publicidad). Control más riguroso de ferias y mercados de antigüedades. Creación de una plantilla de “Guardas de Monumentos y Agentes de Protección del Patrimonio”. Adopción de medidas como la apuesta firme por la regulación contra el uso irregular de detectores de metales, que supone una lacra sobre el tráfico ilícito de bienes. Asimismo, una mayor seguridad y reglamentación en el comercio y transmisión de los bienes
patrimoniales.

Arqueología preventiva. En todas aquellas intervenciones públicas o privadas en las que se presuponga la aparición de hallazgos arqueológicos se deberán realizar catas y prospecciones suficientes antes de elaborar los correspondientes proyectos de urbanización y construcción, para que éstos tengan en cuenta previamente a su redacción las posibles afecciones al patrimonio arqueológico. Establecer el dominio público para los bienes arqueológicos, ya sean muebles o inmuebles como recoge la ley estatal.

Administración cualificada y ágil

Profesionalización de los responsables políticos.

Cualificación de los técnicos. La titulación en sí misma nada dice de la vocación y dedicación que esta materia requiere.

Medios humanos suficientes. Es preciso garantizar una plantilla suficiente, ajustada a las necesidades de investigación y respuesta.

Tiempos de respuesta. Obligatoriedad de responder a las solicitudes de declaración de Bienes de Interés Cultural o Patrimonial en el plazo en que la incoación del expediente de declaración mantenga la protección del bien. La no respuesta produce indefensión jurídica al ciudadano, siembra dudas en los procedimientos y coloca al Patrimonio como un elemento especulativo. Silencio administrativo positivo también los para expedientes relacionados con Medioambiente, Urbanismo y Entidades Locales. Según el artículo 80, de la Ley 39/2015 de Ley de Procedimiento Administrativo, si los informes preceptivos no se emiten en plazo, debe suspenderse el procedimiento, interrumpiendo el cómputo de los plazos. Plazos de respuesta a informes de impacto ambiental, informes de planeamiento, solicitudes de BIC y BIP más generosos que los actuales y que por tanto puedan cumplirse, acordes con la realidad que requieren esos procedimientos, la experiencia de años y la plantilla que se ocupa de dichos trabajos. No se trata de enlentecer los procesos sino de enriquecerlos.

Comisiones Locales. La Ley debe establecer la creación obligatoria de Comisiones locales de Patrimonio en aquellos municipios declarados como Conjuntos Histórico-artísticos, con suficiente representación de técnicos de la Comunidad frente a los representantes municipales, pues su existencia fomenta dictámenes profesionales ajenos a intereses caciquiles de difícil elusión en la política local. Deben tener un ffuncionamiento regulado, con reuniones periódicas y
publicidad en sus actas.

Consejo Regional de Patrimonio. Este órgano consultivo debe mantenerse y mejorarse con reuniones frecuentes, y con la incorporación obligada de agentes sociales ciudadanos implicados en esta materia, como asociaciones y plataformas culturales específicas, etc. Para garantizar la Transparencia y Publicidad en la actuación de las administraciones públicas, las actas del consejo deben ser públicas con lo que se aumentan la Eficacia y la Confianza de la ciudadanía. Asimismo debe contar con los mecanismos de control y vigilancia adecuados, dotados presupuestariamente y con recursos humanos que aparezcan recogidos en la ley. Recuperar (como figuraba en la ley del 98) la figura del inspector.

Programación adecuada y suficiente

La inversión en Patrimonio no puede ser un mero adorno en el presupuesto de la Comunidad. El cuidado y mantenimiento en esta materia es un bien social que garantiza la valoración y permanencia como legado a generaciones futuras.

La programación de inversiones debe ajustarse a las necesidades efectivas. En primer lugar a las observaciones de los técnicos de cada zona. Las peticiones de ayuntamientos e Instituciones deben atenderse priorizando el interés de los edificios o lugares para los que se solicita inversión.

Subvenciones finalistas para obras, ya sea a la Iglesia Católica, Ayuntamientos, etc. Se pueden y deben subvencionar fondos, pero las prioridades y su ejecución deben ser controladas por los servicios técnicos de la DGPC.

Programación del 1,5 % cultural. Esta aportación debe excluirse de los presupuestos anuales dando el sentido que la ley le otorga, de presupuesto vinculado a la ejecución en el entorno de una obra pública.

Técnicos cualificados. La asignación de técnicos para la ejecución de las obras en elementos patrimoniales debe hacerse priorizando su cualificación y no el valor de la oferta económica, pues una intervención inadecuada puede tener consecuencias irreversibles. Los proyectos deberán ser autorizados expresamente por la DGPC y supervisados por sus técnicos, que colaborarán estrechamente con los autores. El estudio, la conservación y rehabilitación de los
bienes culturales deben ser realizados por profesionales especializados: historiadores, arqueólogos, conservadores-restauradores y arquitectos con formación y experiencia en conservación y restauración, siendo aconsejable el fomento de equipos interdisciplinares. Es imprescindible delimitar por Ley quiénes pueden realizar y ejecutar estos proyectos.

Empresas calificadas y cualificadas para la ejecución de estas obras en cuya adjudicación sea discreta la valoración de la baja económica. Es inaceptable que la propia administración de nuestro patrimonio delegue la realización de proyectos y obras a empresas de la propia Comunidad (ARPROMA, programa PRISMA etc.) cuyo objetivo institucional es ajeno a esta materia sensible y específica.

Los autores de los proyectos de restauración serán asimismo directores de las obras. Si esta máxima es válida con carácter general, más debe serlo en el caso de un edificio histórico cuyo estudio es esencial para la redacción de un proyecto. Este conocimiento no puede improvisarse ni transferirse por lo que hace a su autor idóneo para realizar su ejecución.

Planes directores para los BIC y BIP. La Ley debe establecer la obligatoriedad de diseñar planes directores para los bienes inmuebles declarados BIC o BIP, que garanticen su correcta conservación y restauración a lo largo del tiempo. La Ley debería recoger una exigencia normativa por la cual cualquier inmueble con valor histórico -especialmente si es de titularidad pública- no pueda ser abandonado o vaciado de su uso tradicional sin que previamente se haya determinado su nuevo uso o, en todo caso, se concreten las actuaciones o medidas que se
tomarán para asegurar su conservación. Elaborados por los municipios en colaboración con los
propietarios y aprobados por la dirección general.

“Conservador” del BIC o BIP. La Ley debe imponer esta figura del “conservador del bien” a la manera del arquitecto conservador de un edificio, encargado entre otras funciones de organizar, mantener y actualizar la información relativa al mismo; de coordinar la participación ciudadana en labores de mantenimiento, cuidado, difusión o uso didáctico del bien; de difundir las actuaciones realizadas para la adecuada conservación y uso del bien.

4. Medidas de FOMENTO. En la legislación vigente son escasas cuando no contraproducentes; la de mayor incidencia es la desgravación de ciertos porcentajes de inversión en edificios protegidos aplicable a sus propietarios en sus obligaciones impositivas y la exención de ciertas tasas en los inmuebles declarados BIC. Sería imprescindible vincular ayudas a fondo perdido a la rehabilitación efectiva del patrimonio no sólo monumental, sino urbano o rural en proporción a la inversión pública vinculada a monumentos protegidos.

5. Profesionales del Patrimonio. Creación de una comisión que -en colaboración con la Consejería de Empleo, y si fuera pertinente el Ministerio de Trabajo- evalúe la problemática de los derechos laborales de los profesionales del patrimonio para su mejora y reconocimiento social (Falta de epígrafes IAE (ej.: restauradores, arqueólogos). Ausencia de Convenios sectoriales que precarizan sectores poco conocidos o reconocidos (ej.: arqueólogos). Siniestralidad y seguridad laboral). Fomento de los códigos deontológicos (enfocados a regular la profesión y con carácter vinculante) y los códigos de buenas prácticas (dirigidos
a las instituciones) trascendiendo los ámbitos locales o particulares

6. Transparencia y Publicidad
Son dos procesos que aumentan la eficacia y la confianza de la ciudadanía. Las nuevas tecnologías facilitan estos procesos y además se da cumplimiento a códigos de buenas prácticas en gestión cultural y también en legislaciones de la administración en relación con sus administrados. La transparencia debe existir en las actas de instituciones como el Consejo Regional de Patrimonio, en los procesos declarativos de BIC, en los presupuestos de los museos.

A la espera de que estas aportaciones sean tenidas en cuenta, reciban un cordial saludo.