Estas propuestas están consensuadas por la Junta Directiva de la Asociación Mayores de Madrid XXI:

Diferenciar la Ley de Servicios Sociales en sus objetivos y servicios de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), para evitar duplicidades en servicios y fuentes de financiación, considerando el sistema de los Servicios Sociales complementarios del SAAD.

Desburocratizar los procedimientos de asignación de ayudas y su condicionalidad, de manera que se produzca de inmediato la asignación provisional y luego se vaya materializando la verificación documental.y material de las circunstancias de percepción del beneficio como ya se está realizando e otras administraciones.

Participación de los colectivos afectados en el control y gestión de las medidas de apoyo o ayuda, mediante un reglamento flexible que recoja las experiencias y actualice la gestión según las circunstancias.

Blindaje de las medidas de transparencia en todos los procesos de asignación y fuentes de recursos. No es de recibo que se haya mantenido en el tiempo la adjudicación de la RMI a menos del 20% de los potenciales perceptores.

Desincentivar la atención social como negocio privado en las condiciones para la acreditación. Es un escándalo la promoción de la asistencia residencial como negocio lucrativo a costa del bienestar de los residentes y las condiciones de trabajo de los profesionales y empleados.

Revisión periódica de las ratios de personal según las necesidades reales de atención habitual y de las emergencias sociosanitarias, además de las condiciones de trabajo por las inspecciones ordinarias.

Condicionar los conciertos a su sostenibilidad por las empresas de los servicios mientras continúen los beneficiarios.

Diseñar en la Comunidad Autónoma y las administraciones locales estructuras  permanentes de abastecimiento de alimentos, medicinas, equipos, viviendas en alquiler, etc. Así se evitarían las colas del hambre resueltas por la caridad personal ante la parálisis administrativa o que empresas sin experiencia ni acreditación se hagan cargo de suministrar servicios.

Obligación de dotaciones de reserva en recursos asistenciales y sanitarios.

Publicidad de las evaluaciones periódicas de los diferentes servicios y de las sanciones impuestas previstas en la Ley.

La atención a las emergencias sociales no pueden tener un plazo de caducidad determinado a priori, sino que debe durar mientras exista la necesidad en la persona o colectivo atendido.

-¿Qué ha sido del “Observatorio de la Realidad Social”.? ¿Ha funcionado, se le ha tomado en consideración?

Reconocer derechos subjetivos en el ámbito de los Servicios Sociales para no dejar nadie atrás en el destierro de la pobreza y hambre cero, sobre todo en el ámbito infantil.

Ajustar anualmente, al menos, la cartera de servicios a las necesidades reales de la población en riesgo de pobreza y a las emergencias sociales sobrevenidas como es el caso de la pandemia.

Elaborar fórmulas de financiación y colaboración de las entidades participantes en el sistema público para dotarlas de estabilidad y garantizar la calidad de los servicios

Abrirse a nuevas formas de gobernanza y participación social.

Dos plenos anuales monográficos en la Asamblea de Madrid para evaluar la situación de los Servicios Sociales y proponer iniciativas.

Eliminar situaciones que produzcan estigmatización en las formas de prestar las ayudas (colas, plazos enormes de espera para ser escuchados, limosnas, trato desconsiderado, etc.)

Eliminar la terminología de “Acción Social” de connotación asistencial, pues ya se sabe desde San Pablo que no se puede dar por caridad lo que se debe por justicia. Y la pobreza tiene sus orígenes en el sistema económico que la produce, no en las personas que la padecen por bajos salarios, trabajo intermitente o paro.

Foro SERVSOCIAL Madrid, entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, con nº de Registro 34.961, que tiene entre sus fines la defensa del sistema de los Servicios Sociales de carácter público, universal, redistributivo y que garantice el acceso de la ciudadanía a los servicios y prestaciones en condiciones de igualdad, así como influir en las políticas públicas para que hagan efectivos los derechos sociales de la ciudadanía y, en especial, de los colectivos más vulnerables, conocida la consulta pública del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid hacemos las siguientes aportaciones.

Consideramos que la actual Ley de Servicios Sociales aprobada en el año 2003, fue una buena Ley en su momento, si bien quedó neutralizada al no llevarse a cabo ningún desarrollo reglamentario. Coincidimos, tal como se justifica en la memoria de consulta del nuevo anteproyecto, en la necesidad de que nuestra Región tenga una nueva Ley adaptada a la actual situación social, política y económica muy diferente de la que rodeó su elaboración.

Estamos tan convencidas de la importancia que tiene para los madrileños poder contar con una buena Ley de Servicios Sociales que sea capaz, entre otras cosas, de compensar los efectos que sobre la mayoría de los ciudadanos de Madrid va a tener la crisis estructural de la economía española, que no podemos pasar por alto la manera en que la Comunidad de Madrid ha planteado la consulta previa sobre el anteproyecto de Ley.

Hay quien considera la consulta un aspecto formal, un mero trámite que es necesario solventar, pero la forma subrepticia de iniciar la tramitación de la Ley, priva a la sociedad civil de su legítimo derecho a influir en su desarrollo, pone de manifiesto que quien está liderando el proceso ignora los intereses generales en beneficio de la rapidez o cualquier otra motivación.

El momento elegido para la convocatoria impide el principio de participación que inspira el procedimiento de elaboración de las leyes en nuestro ordenamiento jurídico. La Ley del Gobierno, ley 50/1997, de 27 de noviembre en su artículo 26 párrafo 2, inciso final establece: “La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a quince días naturales”. En el mismo sentido se manifiesta el artículo 133.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Es decir que a la hora de convocar la consulta pública el órgano convocante deberá garantizar que todos los interesados tengan la oportunidad de emitir su opinión, cuestión que se dificulta seriamente en este caso, toda vez que el inicio de la consulta se produce el día 16 de junio de 2020, en situación jurídica de Estado de Alarma, y finaliza el día 30 de junio, sólo 9 días después de la finalización de dicha situación. Es fácil entender que, al realizar la consulta pública del 16 al 30 de junio, es decir en pleno estado de alarma, se dificulta gravemente la posibilidad de los grupos sociales y ciudadanos de proponer alegaciones al anteproyecto de Ley de Servicios Sociales.

La consulta sobre la Ley realizada a los Servicios de Atención Primaria por medio de un cuestionario en torno a un documento base que orienta la consulta y con una fecha límite de envío hasta el 3 de julio se inspira en la misma forma de funcionamiento, al parecer lo importante no es impulsar un proceso de participación, sino que desde el punto de vista formal lo parezca. La situación de la Atención Social Primaria de los municipios prácticamente colapsada y sin poder atender toda la demanda generada por la crisis social, agravada por la carga de trabajo derivada del papel asignado en la gestión del Ingreso Mínimo Vital, hacen prácticamente imposible realizar aportaciones meditadas.

Con frecuencia las formas contienen el fondo de las cosas, y en este sentido manifestar la sorpresa que nos provoca que en la memoria de consulta se justifique la necesidad de la nueva Ley en base a: “La necesidad de esta nueva ordenación de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid ha sido ya constatada y refleja-da… en la medida 38 del pacto suscrito entre las dos formaciones políticas que integran el actual Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

Todo parece indicar que la Consejería de Política Sociales Familias Igualdad y Natalidad quiere cerrar el proceso de elaboración del anteproyecto de Ley cuanto antes, no importando si para ello es necesario ignorar los criterios básicos de transparencia que debe acompañar a cualquier proceso de consulta pública.

Ante la situación descrita consideramos que para que el proceso de elaboración de la nueva Ley pueda recuperar la credibilidad es necesario que la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social proceda a retirar de manera inmediata la actual consulta, posponiendo la misma al mes de septiembre y ampliando el real plazo de la misma más allá de los 15 días naturales como faculta la ley. Además, haciendo un ejercicio de transparencia, debe compartirse con todos los potenciales destinatarios de la norma el plan de trabajo previsto para llevar a cabo el proceso de elaboración de la Ley.

Entendemos que la elaboración de este proyecto normativo se debe caracterizar por un amplio proceso de participación y consenso social, basado en todo momento en el principio de transparencia, tanto en la fase de consulta pública, como en el trámite de información y audiencia ciudadana, haciendo partícipe a una multiplicidad de actores tanto del ámbito de los servicios sociales como de otros sistemas de protección social.

No disponemos del tiempo necesario para realizar de forma participada unas alegaciones sobre el fondo de la cuestión tal como nos gustaría, pero si queremos señalar algunos aspectos que impregnaban el Pacto Social por el Sistema Público de Servicios Sociales suscrito en Madrid el 20 de febrero de 2019 por todos los grupos parlamentarios, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos y que en ningún momento encontramos reflejados ni en la memoria del Anteproyecto ni en el documento de enfoques y orientaciones para la nueva Ley.

Consideramos que la aprobación de esta ley tiene precisamente como objetivo blindar los servicios sociales declarándolos servicios públicos esenciales, en virtud de lo que se dispone en el artículo 128.2 de la Constitución Española, y de interés general, construyendo el Sistema Público Madrileño de Servicios Sociales. Es decir, debe consolidar un sistema público de servicios sociales que priorice la gestión pública y sin ánimo de lucro. El reconocimiento como derecho esencial supondría garantizar presupuestariamente la universalidad del sistema.

El Sistema Público Madrileño de Servicios Sociales debería garantizar, por lo tanto, el acceso al sistema y a las prestaciones integradas en su catálogo como un derecho subjetivo, desterrando el carácter discrecional que ha dominado tradicionalmente el sistema.

La colaboración con la administración en la provisión de los servicios sociales mediante la acción concertada tendrá lugar desde la gestión solidaria y sin ánimo de lucro.

Sin embargo, tanto en la memoria como en el documento de orientaciones lo que si encontramos de forma reiterada son dos preocupaciones principales, la insistencia a una mayor privatización de la que ya existe y la garantía de financiación de los servicios sociales privados ya sean del tercer sector o del sector mercantil y el establecimiento de nuevos modelos de gobernanza.

En la diapositiva 4 dedicada a los retos de los Servicios Sociales en España ninguna referencia a la gestión pública de los mismos y sin embargo el reto 7 “Avanzar en la cooperación con las entidades privadas”.

En la diapositiva 6 dedicada al debate en torno a los servicios sociales el primer debate: “Actores públicos y privado, mercantilización de los servicios y fórmulas de pago por resultados (Ej. Bonos de impacto social)”.

Avanzamos en el power point diapositivas 44, 45 y 46 dedicadas íntegramente a las Modalidades de Cooperación con la Iniciativa Privada. En su contenido se observa una consideración de carácter general de los servicios como mercancías: oferta económica más ventajosa, licitación compra dinámica, participación de entidades lucrativas y no lucrativas.

En las orientaciones se plantea la necesidad de “dejar disposiciones para explorar todas las posibilidades de la cooperación público-privada. Sentar las “Bases para instrumentar y desarrollar el concierto abierto a cualquier tipo de organización tanto mercantil como del Tercer Sector”. Y por último y no menos preocupante “la posibilidad para que los profesionales que trabajan en servicios públicos de gestión privada puedan ejercer de modo delegado determinadas funciones que ahora son propias de los servicios públicos”.

Este último punto abre a la privatización mediante la externalización incluso la atención primaria de carácter básico, la prescripción de las prestaciones y la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de intervención social.

En consecuencia con lo expuesto, reiteramos la petición de que la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social proceda a retirar la actual consulta o a ampliar el plazo de la misma más allá de los 15 días naturales como faculta la ley.

La Marea Naranja Madrid y la Alianza en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, consideramos que la actual Ley de Servicios Sociales aprobada en el año 2003, fue una buena Ley pero la falta de desarrollo reglamentario dejó sin efecto muchas de las medidas que se incorporaban en la misma. Coincidimos, por ello, en la necesidad de que nuestra región tenga una nueva Ley adaptada a una situación social, política y económica muy diferente de la que rodeó su elaboración, tal como se justifica en la memoria de consulta del nuevo anteproyecto.

En la Marea Naranja de Madrid y en la Alianza en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales estamos convencidos de la importancia que tiene para los madrileños poder contar con una buena Ley de Servicios Sociales, capaz de compensar los efectos que sobre la mayoría de los ciudadanos de Madrid va a tener la crisis estructural de la economía española, pero no creemos que la forma en que la Comunidad de Madrid ha planteado la consulta previa sobre el anteproyecto de Ley contribuya favorablemente a ello.

El momento elegido para la convocatoria consideramos limita el principio de participación que inspira el procedimiento de elaboración de las leyes en nuestro ordenamiento jurídico. El realizar la consulta pública del 16 en situación jurídica de Estado de Alarma, y finalizar el día 30 de junio, sólo 9 días después de la finalización de dicha situación, es decir en pleno estado de alarma, dificulta gravemente la posibilidad de participación de los grupos sociales y ciudadanos de proponer comentarios para el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales. No se respeta lo regulado al respecto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre que en su artículo 26 párrafo 2, inciso final establece: “La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a quince días naturales”. En el mismo sentido se manifiesta el artículo 133.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  que señala que a la hora de convocar la consulta pública el órgano convocante deberá garantizar que todos los interesados tengan la oportunidad de emitir su opinión, cuestión que se dificulta seriamente en este caso, toda vez que el inicio de la consulta se produce el día 16 de junio de 2020.

 

Por ello consideramos que el proceso de participación no es abierto, la audiencia pública no es suficiente, tampoco se conoce si han comenzado su actividad los grupos de trabajo y sus resultados. Valoramos que la elaboración de una ley, de contenido y envergadura como esta, debe realizarse en un proceso de participación largo y transparente con una estrategia clara. La Comunidad valenciana, que es la última ley publicada, tardó dos años con una amplia participación de los agentes sociales.

Abundando en lo anterior, no consideramos que sea el momento idóneo para abordar la elaboración de una nueva ley, por las siguientes situaciones que entendemos merecen la máxima atención y resolución actualmente:

La situación actual provocada por la pandemia del covid 19 como la medicalización de las residencias de mayores y la protección de otros centros de menores, discapacidad etc.

Las consecuencias derivadas de la gestión y tramitación de la prestación Renta Mínima de Inserción y su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital.

La situación de la Atención Social Primaria en los municipios prácticamente colapsada y sin poder atender toda la demanda generada por la crisis social.

Los registros han estado cerrados y hay una gran demora para atender a los ciudadanos.

 

No se dispone disponemos del tiempo necesario para realizar de forma participada unas alegaciones sobre el fondo de la cuestión tal como sería necesario nos gustaría, pero dada la premura sí queremos señalar algunos aspectos que impregnaban el Pacto  Social por el Sistema Público de Servicios Sociales suscrito en Madrid el 20 de febrero de 2019 por todos los grupos parlamentarios, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos y que en ningún momento encontramos reflejados ni en la memoria del Anteproyecto ni en el documento de enfoques y orientaciones para la nueva Ley y consideramos prioritario el cumplimiento de dicho Pacto para el desarrollo de la nueva ley de Servicios Sociales.

En primer lugar es básico reforzar el Estatuto de Autonomía y su modificación del artículo 26 para que se reconozca de forma explícita que corresponde a la Comunidad Autónoma “la competencia de desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución” de un sistema público de servicios sociales para toda la ciudadanía madrileña.

En cumplimiento del referido Pacto la nueva ley de Servicios Sociales deberá garantizar un Sistema Público de Servicios Sociales que los reconozca como derecho subjetivo y universal, y que:

Contemple la elaboración de una carta de servicios que desarrolle el carácter preventivo y comunitario del sistema público de servicios sociales con estándares de calidad, instrumentos de evaluación públicos, ratios de atención y mecanismos de coordinación, así como un modelo de financiación transparente y suficiente.

Modelo unificado de Centro de Servicios Sociales Municipales estructura, personal técnico y administrativo por ratio de población e indicadores sociodemográficos de dificultad social, además la territorialización de los servicios sociales especializados.

Establecer los convenios de colaboración con los Servicios Sociales de las entidades locales con periodicidad bianual o plurianual con objeto de fortalecer la red de la Atención Social Primaria de forma homogénea en toda la CCAA.

Unificación del sistema informático de la red de Atención Social Primaria.

Participación directa de la sociedad civil en la programación, control y evaluación de los servicios sociales retomando el Consejo Regional de Servicios Sociales.

Armonización de los aspectos legales y procedimentales de las AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA municipal, para cubrir las necesidades básicas de alimentos, suministros y etc., garantizando los derechos vitales y poder mantener una vida digna.

Asegurar la continuidad del proceso de atención social desde una perspectiva integral a través los equipos multidisciplinares garantizando la CALIDAD EN EL EMPLEO y eliminando la precariedad.

Sin embargo, tanto en la memoria como en el documento de orientaciones presentados por la Comunidad de Madrid, lo que sí encontramos de forma reiterada son dos preocupaciones principales, la apertura de todo el sistema a la privatización, y la garantía de financiación de los servicios sociales privados; ya sean del tercer sector o del sector mercantil, y el establecimiento de nuevos modelos de gobernanza.

En las posibilidades de la cooperación público-privada, no menos preocupante es “la posibilidad para que los profesionales que trabajan en servicios públicos de gestión privada puedan ejercer de modo delegado determinadas funciones que ahora son propias de los servicios públicos”.

Finalmente la ley deberá concretar el plazo para su desarrollo reglamentario para que sea efectivo su contenido y evitar lo ocurrido con la Ley de Servicios Sociales vigente.

Por todo ello solicitamos se considere la retirada de la consulta pública y se determine un nuevo calendario para la elaboración de la Ley.

 

La FUNDACIÓN TOMILLO es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objeto promover iniciativas que contribuyan a un desarrollo social y humano, prestando una atención especial a la población socialmente más desfavorecida, a través de la educación, la mejora de la empleabilidad, la creación de empleo directo, el fortalecimiento de redes, el análisis y la innovación.

 

 La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, como bien se dice en la motivación del nuevo anteproyecto, ha quedado obsoleta y ha prestado su servicio pero la sociedad cambia y las necesidades también y es por ello que hay que adaptar los servicios que se prestan en el qué y el cómo.

Nosotros abogamos por la adopción de sistemas de colaboración entre el sector público y privado que sean ágiles y que se adapten con la mayor rapidez a las necesidades sociales. En este sentido no podemos mantener sistemas de financiación temporales, variables en su cuantía y rígidos en cuanto a la intervención, y que no permite un margen razonable de criterio propio en los modelos de intervención.

Por eso defendemos el sistema de concierto entre la Comunidad y las Entidades sin ánimo de lucro que permita

-          libertad de intervención.

-          adaptabilidad de los servicios a los cambios sociales permitiendo la innovación y mejora continua en función de las necesidades y demanda de los usuarios.

-          continuidad en la intervención estableciendo plazos más largos y renovaciones sencillas.

-          dar confianza al tercer sector, permitiendo poder planificar a más largo plazo y pensar en la prevención y no en la intervención cuando la situación es más complicada y resulta menos eficiente.

-          financiación suficiente, estableciendo precios para plazas ocupadas y vacías siendo gratuitos los servicios prestados para los usuarios.

-          participación y colaboración con la Administración manteniendo un diálogo continuo.

-          Establecimiento de unas condiciones claras para el acceso al concierto que no permita la intromisión de lo privado con ánimo de lucro.

-          Favorecer en cualquier caso la participación del tercer sector en todos los aspectos, creando comisiones, colaborando en un marco de transparencia.

El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Madrid plantea las siguientes propuestas de base para la futura Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 

1. APORTACIONES GENERALES SOBRE EL ENFOQUE Y PLANTEAMIENTO DE LA LEY Transformaciones sociales: Estamos en la era de los riesgos y situaciones globales, con una sociedad tecnológica y movimientos transnacionales que aumentan la complejidad de los fenómenos sociales, un envejecimiento progresivo de la población y tasas de desigualdad creciente, que son un factor decisivo de inestabilidad y falta de cohesión social. Este contexto unido de la crisis social que acompañan a la pandemia del COVID-19 han puesto de manifiesto que los Servicios Sociales deben consolidarse como sistema público esencial para la garantía universal de los derechos sociales universales.

Retos:

1- Superar la desarticulación y fragmentación de la organización estructural del Sistema de servicios sociales, fortaleciéndola pasando de la figura de profesional de referencia a Unidades de Acción Social de equipos interdisciplinares que actúen de forma colegiada en el tratamiento de casos y desarrollo de Programas.

2- Dotar de eficiencia a los modelos de intervención, incorporando la medición homogénea y compartida de los riesgos sociales, la predicción de los mismos, acciones preventivas y actuación en tiempo real.

3- Transformar el modelo de servicios residenciales, logrando mayor resiliencia colectiva, mayor conexión con los entornos comunitario y familiar, incorporar nuevas modalidades de programas y servicios desde el modelo centrado en las personas.

4- Lograr la universalidad de acceso, dando a conocer los servicios y programas que se ofrecen mediante una imagen renovada de la diversidad de profesionales, recursos, servicios y programas que a lo largo de la vida puedan significar un punto de apoyo para afrontar dificultades, rompiendo con la estigmatización de la población que hace uso de los servicios sociales, vertebrando el sistema y adaptando su estructura y funcionalidad a los avances que nutren otras áreas de acción adyacentes y/o sinérgicas, como, por ejemplo, la sanidad y la educación. Facilitar la acogida, escucha, la información y gestión mediante procesos ágiles, sencillos y flexibles para el acceso de la ciudadanía a los programas y apoyos. La acción de las Unidades de Acción Social deben conocer y convivir con las necesidades reales e importantes para las personas estando presentes en su contexto local y familiar y el compromiso eficaz ya existente, de muchos profesionales de Servicios Sociales, que necesitan apoyo, reconocimiento e inversión. Es pasar a un enfoque centrado en la persona, sobre la que se vinculan y participan todos los programas y servicios, y en torno al acompañamiento socioeducativo a la persona.

5- Preparar los sistemas de Servicios Sociales para el aumento de magnitud e intensidad de la demanda, con la suficiente robustez, capacidad de conexión con otros agentes y protagonismo/liderazgo en los sistemas de protección, como para evitar un posible achique de espacios de intervención social, desde un enfoque multidisiciplinar.

HORIZONTES:

Nuevo Modelo de SS.SS: concepción territorializada y descentralizada, en la que la proximidad a las personas sea su eje y, su objetivo fortalecer el territorio. Ajustar la organización profesional para que los diferentes territorios tengan cada vez más autonomía y agilidad en la gestión de las respuestas a la ciudadanía y sus necesidades, estableciendo mecanismos de acción integral, transversal y coordinada en materia de bienestar social (educación, vivienda, sanidad, empleo…) Principios como la prevención y dimensión comunitaria, la participación cívica y la promoción de la autonomía personal, la coordinación (trabajo en red/coherencia) y la solidaridad, entre otros. El paso de la perspectiva individual a la comunitaria, de la promoción del asistencialismo a la de la autonomía, de un enfoque económico a un enfoque multidimensional, de la reacción a la acción estratégica, de atender consecuencias a centrarse en la prevención y gestión de las causas y avanzar en las particularidades territoriales. Servicios Sociales como Sistema Público Esencial de garantía de los derechos sociales debe ser de Titularidad Pública y Gestión Pública, por lo tanto, con Equipos Interdisciplinares, personal funcionario o laboral público profesional y en igualdad de condiciones sociolaborales.

Características del nuevo Modelo:

· Un modelo centrado en las personas a lo largo de todo el curso de la vida y en su capacidad de autonomía, autodeterminación y participación en los procesos de prestación/producción de programas y servicios.

· El valor de la autonomía personal y de los vínculos sociales como factores generadores de oportunidades vitales.

· El reconocimiento de la diversidad y la garantía de respuestas personalizadas.

- Enfoque desde la mediación, la prevención, la educación en valores de derechos humanos, el feminismo, la protección del medio ambiente, la intergeneracionalidad y el diálogo.

· En la puesta en marcha de programas y servicios transformables y polifuncionales.

· En el trabajo en red fundamentado en perspectivas transversales e integrales.

· En dinámicas de atención social de carácter proactivo.

· En la capacidad de experimentación y en la opción por la creatividad y la innovación permanente.

· En la profesionalización (especificidad y revalorización) del capital humano que trabaja en Servicios Sociales. ·

Mayor capacidad de contextualización y comprensión de situaciones sociales complejas y sometidas a constantes y rápidos cambios. · Visión más global de las problemáticas que afectan, de manera real o potencial, a una población de un territorio.

· Mayor conocimiento y aprovechamiento de los recursos sociales naturales generados por el propio medio comunitario.

· Posicionamiento privilegiado que permita plantear acciones de corte preventivo, normalizador e integrador, en definitiva, más ecológicas.

- Prevención e intervención ante situaciones de violencia y/o discriminación en todas sus formas: aporofobia, edadismo, machismo, lgtbifobia, racismo, xenofobia, adultocentrismo...

LIDERAZGO PÚBLICO Y GOBERNANZA DEL CAMBIO:

Los Servicios Sociales actuales deberán ser capaces de (Fantova, F. 2016)

· Concentrarse sobre su propio objeto, la interacción humana.

· Atención Primaria altamente resolutiva.

· Mejorar su capacidad de intervención personalizada y gestión de la diversidad.

· Abrir oportunidades de innovación.

· Redefinir la coordinación entre los diferentes sectores y sistemas de bienestar, al menos con sanidad, educación, empleo, vivienda y garantía de rentas para caminar hacia la integración.

· Sector de actividad económica reconocible y atractivo.

Responsabilidad política, estrategia institucional, innovación social y mejora técnica se dan la mano, se deben dar cada vez más la mano, para tejer y ofrecer cuidados y apoyos comunitarios basados en el conocimiento dentro de un sistema público de servicios sociales cada vez más universal y accesible e integrado con las otras políticas públicas para ofrecer itinerarios diversos y satisfactorios a todas las personas en territorios desarrollados y sostenibles. (Isegoría)

INCORPORACIÓN DE LO RELACIONAL EN LA GESTIÓN Y LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO:

Se contemplan diferentes dimensiones de la misma, a saber (Silvia Navarro Pedreño. “Modelo de Servicios Sociales Básicos. Una apuesta por repensar y mejorar la Acción Social territorial desde la Administración Local”. Barcelona, 2009):

· Participación de las personas atendidas en los Centros de Servicios Sociales.

· Inserción efectiva de los Centros de Servicios Sociales en el entorno comunitario.

· Coordinación y articulación de los Servicios Sociales de Atención Primaria con los Servicios Especializados y con los demás sistemas de protección social.

Por otro lado, en el ámbito de los Servicios Sociales el capital humano es el elemento central y el motor de cualquier proceso de transformación y mejora. Se plantean tres líneas de acción: mejorar la estructura de soporte técnico, favorecer la formación y el desarrollo profesional y dotar la acción profesional en este ámbito de prestigio y reconocimiento. (Isegoría)

PACTO REGIONAL POR LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

· Liderazgo político

· Apuesta de una inversión social inteligente e innovadora

· Integrado verticalmente (Atención Social Primaria y Especializada) y horizontalmente (con vivienda, sanidad, educación, garantía de ingresos y empleo)

Apuesta como imprescindible, la firma de un Pacto Regional por los Servicios Sociales nacido del mayor consenso posible, que supere los ciclos de legislatura alejándose de enfoques partidistas, sostenible económicamente, que favorezca la cohesión social y que se anticipe a los cambios de futuro sin dejar por ello de dar respuesta a las necesidades emergentes que pueden surgir en el corto plazo.

2. APORTACIONES A LA ESTRUCTURA DE LA LEY (T9)

Como una parte importante de la Planificación de los Servicios Sociales o previa a esta, sería necesario incluir una estructura proactiva de la realidad social en toda la Comunidad de Madrid, capaz de: medir el riesgo social, determinar los umbrales de alerta, detectar de forma temprana los conflictos e investigar y comprobar la eficiencia de las pautas de cambio. Un Instituto Tecnológico de Prevención Social u Observatorio de la Realidad Social (a consensuar denominación) participativo, plurisdiciplinar y con carácter regulador y no solo propositivo, puede cubrir este rol y además servir de núcleo coordinador y dinamizador, realizando evaluación de las intervenciones y proyectos, propuestas de acción y estrategias y fuente de sostenibilidad a todo el sistema de protección social en la Comunidad de Madrid. Se propone como objeto propio de los Servicios Sociales: “la protección y promoción de la interacción humana, entendida como autonomía funcional e integración relacional. Es decir, se entiende que todas las personas a lo largo de nuestro ciclo vital tenemos un mayor o menor equilibrio entre nuestra autonomía funcional (capacidad de desenvolvernos en nuestra vida cotidiana) y nuestra integración relacional (soporte que recibimos de nuestras redes primarias de convivencia familiar y comunitaria). Y que se justifica que una rama de la política social (los servicios sociales) se ocupe específicamente de proteger”. (F. Fantova)

3. APORTACIONES SOBRE DERECHOS, PRESTACIONES Y CARTERA DE SERVICIOS (T.18 A T25) (T61 A T65)

Cartera de Servicios: Delimitar los servicios implica mapear zonas de riesgo y colectivos vulnerables, clasificar patrones y rutas de deterioro/conflicto social y monitorizar esta realidad, para incorporar elementos de sostenibilidad e inteligencia colectiva al sistema. Esta cartera de servicios deberá dejar clara las garantizadas para toda la ciudadanía y cuya ejecución debe ser de manera exclusivamente desde lo público. Y de otra manera, las condicionadas según dotación presupuestaria. Habrá que concretar qué servicios y recursos se ofrecen y cómo se ofrecen. Estos elementos están impregnados de dos dimensiones, que debe tener siempre la Atención Social, a saber: individual-familiar y la comunitaria. Que las prestaciones se diseñen desde el diagnóstico territorial, local... dentro de la necesaria colaboración Público Social Comunitaria. Elaborar un catálogo de prestaciones (conjunto de prestaciones y sus modalidades) y una cartera de prestaciones (conjunto de características de las prestaciones) del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (mucho más allá de la atención a la situación de dependencia, como viene recogido hasta el momento). La cartera de prestaciones sería el instrumento que permitiría identificar y determinar el conjunto de características de las prestaciones, garantizadas y condicionadas de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria y Atención Social Especializada. Recogería, como mínimo: definición y denominación, finalidad de la prestación, nivel funcional de atención, personas destinatarias, requisitos y procedimientos de acceso, modalidades de prestación y, en su caso, carácter garantizado o condicionado de la prestación, condiciones de calidad, Administración competente y temporalidad de la prestación. (Isegoría)

Prestaciones tecnológicas:

Diversificar las prestaciones, con la incorporación de tecnologías de fácil uso, que facilitan la universalidad de acceso, demanda temprana de ayuda, atención in situ y en tiempo real. También permiten aumentar el carácter colaborativo de las prestaciones, incluyendo las redes y actores locales, promocionando el protagonismo ciudadano.

Recursos humanos:

Ante la necesidad de enfoques holísticos y multidimensionales, los profesionales y agentes de cambio social deben compartir lenguajes, protocolos, canales de comunicación y estrategias que permitan desarrollar proyectos sociales de alto impacto y eficiencia.

Los equipos multiprofesionales deben ser versátiles, donde se incorporan en el tiempo nuevas figuras según objetivos, con una planificación inteligente basada en datos y objetivos. Las perspectivas con un modelo adaptativo a las necesidades y a los recursos existentes, deben complementarse con nuevos profesionales que permitan afrontar la totalidad de la demanda existente y futura.

Elementos Clave:

Conseguir esta cohesión del sistema de acción social, pasa por potenciar la interdisciplinariedad y configuraciones nuevas, en los que la intervención social aumente la presencia de agentes sociales sobre el terreno y también promocione el aumento de las acciones socioeducativas como aliados creíbles de las familias, unidades de convivencia, vecindarios y comunidades en los que tanta responsabilidad se ha depositado en la gestión de la actual emergencia social.

4. APORTACIONES SOBRE ESTRUCTURA FUNCIONAL, ORDENACIÓN TERRITORIAL Y COMPETENCIAL (T28 A 38)

Estructura Funcional:

Realizar un nuevo diseño del circuito de atención, en el que disminuya, necesariamente las tareas de gestión y tramitación de prestaciones y, una mayor dedicación a la intervención social, a lo relacional. Pensar en una estructuración diferente de la Atención Social Primaria, en camino hacia la estructuración de la atención social en base a Programas, con “Unidades de Acción Social” (formadas por Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales y Psicólogos/as al menos, sin menoscabo de la incorporación de nuevas figuras profesionales como puede ser la del abogado, orientador laboral, etc.). Siendo éstas las unidades de referencia de las personas que atendemos. Alejándonos de las antiguas y denostadas figuras de “el/la profesional de referencia”, fuera de corporativismos y egocentrismos innecesarios, ampliando miradas profesionales y no generando dependencias profesionales-personas que detraen la intervención socioeducativa.

Dentro de esta estructura esencial, es necesario apostar por los equipos interdisciplinares, que además de los anteriores, estarían formados por: abogadas, animadoras socioculturales, terapeutas ocupacionales, etc. Profesionales especializadas a los que se garantice formación continua, supervisión, etc.

Uno de los modelos posibles, sería la focalización en tres campos diferenciados: dependencia y diversidad funcional, infancia/adolescencia y sus familias, y procesos de inserción social. El nivel especializado debería intentar articularse en torno a los mismos campos:

· Favorecer los flujos de conocimientos y experiencias.

· Revisar la ubicación de cada tipo de servicio y valorar la posible utilidad de fórmulas mixtas (por ejemplo: un centro de día para dependientes podría ser la base de la atención domiciliaria dedicando personal a cuidados en el equipamiento y en los domicilios en función de las necesidades)(ver Plan Estratégico Servicios Sociales de Navarra 2019-2023, pag 28.)

La creación del Instituto Tecnológico de Prevención Social, como Observatorio de la realidad social y agente clave para la dinamización del ecosistema de agentes de conocimiento e innovación sobre servicios sociales.

Ordenación Territorial y Planificación de los SS.SS.

1-La reordenación de la atención primaria de servicios sociales y el fortalecimiento de los servicios sociales de proximidad, conjuntamente con los servicios especializados.

2-La gobernanza e integración intersectorial del conjunto de sistemas de protección social como marco para el impulso de los servicios sociales. Especialmente importante para responder adecuadamente en situaciones de emergencia y gestión de alertas, realizando una integración horizontal en el territorio con otros agentes locales y servicios de bienestar (como los de salud) y aumentar las capacidades de identificación, activación y sostenimiento de capacidades familiares, vecinales, comunitarias y solidarias de proximidad, de modo que se produzca un efecto multiplicador de la protección entre la intervención social profesional y esas dinámicas naturales o espontaneas de ayuda mutua y autoorganización cívica que surgen en la población.

3-El liderazgo de los poderes públicos y la alianza estratégica con el tercer sector en el ámbito de los servicios sociales.

5. APORTACIONES SOBRE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA (T41 A T43)

Incorporación o adscripción de la Unidades de Igualdad a la Atención Social Primaria de la Comunidad de Madrid. Incorporando el enfoque de género en todo el modelo de intervención Servicios Sociales evitando la feminización de la acción social en toda su extensión. Además, promoviendo la participación, impulsando planes de igualdad y realizando actuaciones de prevención de la violencia de género, entre otras.

6. APORTACIONES SOBRE COOPERACIÓN CON LA INICIATIVA PRIVADA (T45 A T49)

Partiendo del principio ya enumerado de la necesidad de delimitar claramente las garantizadas para toda la ciudadanía y cuya ejecución debe ser de manera exclusivamente desde lo público. Y de otra manera, las condicionadas según dotación presupuestaria, en la que primará la necesaria revisión técnica de las contrataciones, modelo, requisitos y de los pliegos técnicos y perfiles profesionales. Es imprescindible una rigurosa supervisión del cumplimiento por parte de quien gestiona el programa y mantener especial importancia a observaciones relevantes en relación a : diseño del contrato, consideraciones técnicas, qué se valora en las entidades que se presentan (No subastas meramente económicas si no, criterios técnicos y profesionales, con calidad sobre la prestación de los servicios)

Cooperación público - comunitaria.

Comisión de Coordinación y colaboración entre municipios y mancomunidades: como espacio formal de coordinación y colaboración intermunicipal que permita, a los mismos, socializar información, transmitir y replicar buenas prácticas, conocer la realidad de otros municipios y mancomunidades, los objetivos y acciones desarrolladas para su cumplimiento, mejorar los estándares de calidad de los servicios, etc. Poner en práctica la contratación mediante CPI (Compra pública de Innovación) para incorporar innovación social al modelo. La realización de proyectos piloto con estas características: Proximidad, Inmediatez, Prevención, Universalidad, Protagonismo ciudadano, Proyectos multiagente.

7. APORTACIONES SOBRE INFORMACIÓN, GESTIÓN, CALIDAD (T50 A T53)

Modelos Científicos y Sistémicos de Evaluación, Comunicación y Desarrollo Social.

La evaluación de resultados y de impacto de la acción que desarrollen los Centros de Servicios Sociales en los territorios es fundamental. Para ello, habrá que definir los fines y objetivos, así como identificar los indicadores (estructura, entorno, resultados y proceso) que midan diferentes claves del resultado: el acceso a los servicios, la capacidad resolutiva de las problemáticas sociales abordadas, la eficiencia y la satisfacción de las personas atendidas (Silvina Navarro, 2009)

La evaluación se concibe como un proceso institucional, que es conveniente adoptar en todas las fases del ciclo de intervención pública, aplicando métodos sistemáticos y rigurosos de recogida y análisis de información, con el énfasis puesto en la comprensión integral de los impactos, resultados, la complejidad de los procesos sociales y la utilidad de las intervenciones públicas en relación con los objetivos trazados. Se trata de servir tanto al aprendizaje y a la mejora de gestión de los servicios públicos como a la estrategia sobre decisiones futuras de los servicios sociales.

Evaluación de diseño: Analizar la racionalidad y la coherencia de las intervenciones, verificar la calidad y realidad de los diagnósticos realizados, constatar la existencia de objetivos definidos, 8 analizar su correspondencia con los problemas y examinar la lógica del modelo de intervención diseñada.

Evaluación de proceso o de gestión: Valorar la forma en que se gestiona y aplica la política en sus diferentes formatos y niveles de planificación. Se trata de analizar la capacidad de los centros de planificación y gestión de la intervención y de examinar la implicación y coordinación determinando el rol de cada uno, la idoneidad de la organización y la suficiencia en la dotación de recursos.

Evaluación de resultados: Analizar y valorar hasta qué punto se pueden conseguir, se están consiguiendo o se han conseguido los objetivos más inmediatos y directos establecidos (eficacia) y examinar a qué coste se alcanzan en términos de tiempo y recursos humanos, materiales y monetarios (eficiencia).

Evaluación de impactos: Valorar los efectos más generales y menos inmediatos de la intervención sobre las necesidades de sus beneficiarios.

Y paralelamente a estas evaluaciones, consideramos que, dentro de la fundamentación de las Unidades de Acción Social, debemos de contar con un único elemento de Informe de situación social e itinerario de autonomía social personal (a consensuar denominación), frente al único instrumento, que además se cita en la propuesta de ley, del informe social. La diversidad profesional de las Unidades de Acción Social, la amplitud de criterios profesionales diversos, la mayor cantidad de información de la persona y el ser un elemento único, pero común y accesible a las personas que conforman cada equipo, requiere cambiar este modelo del siglo XX por el que proponemos.

8. OTRAS APORTACIONES QUE SE CONSIDEREN OPORTUNAS

Un conocimiento preciso del estado real y pronósticos de emergencia futura, son imprescindibles para plantear metas y objetivos realistas, medir de forma precisa los esfuerzos necesarios para un logro positivo, coger el impulso que permita planificar las acciones necesarias y preparar a la comunidad en su conjunto para ejecutar tareas de ajuste, cambios necesarios y obtener los beneficios globales que protegerán a todos los ciudadanos y especialmente a los más vulnerables, contra los riesgos globales, de un modo inteligente, mediante el concurso imprescindible de la innovación y el conocimiento científico.

Crear una comisión que decida sobre los servicios que han de ser remunicipalizados, contando con las organizaciones sindicales y compuesto por altos funcionarios.

En este sentido, no hablamos de externalización si o externalización no, sino más bien debemos hablar del reconocimiento a un servicio que se ha iniciado desde lo privado y que ha de tener su cabida en el ámbito público por la extensión en el tiempo de estos servicios y programas. Lo que estaríamos realizando con estas acciones es primar la innovación social y que la intervención de la administración ha de ir en la línea de hacer efectivos los derechos de los trabajadores. Por tanto, es un cambio de perspectiva respecto a la externalización y que se han de sentar las bases para lograr que la gestión de aquellos servicios públicos deje de ir en detrimento de las trabajadoras, máxime si tenemos en cuenta que el ámbito de lo social es un colectivo altamente feminizado.

Existen ciertos servicios que han de tener la categoría de funcionarios públicos o personal laboral. El ejemplo más palpable del agravio comparativo es el que sufre el colectivo de educadores sociales y profesionales que desarrollan sus actividades en Atención Primaria, Centro de Atención a la Infancia o los Centros de Apoyo a la Familia (Mediación Familiar, cada vez más demandado).

Pese a que se planteó en la reunión que mantuvimos en la Dirección General, que no se iban a definir ratios de profesionales, con el fin de que esta ley pueda ser duradera en el tiempo y a posibles cambios políticos, consideramos que es fundamental definir las disciplinas básicas tanto en Servicios Sociales Generales como especializados (Trabajo Social, Educación Social, Psicología, Derecho, Sociología, Terapia Ocupacional, fundamental personal administrativo…) y número mínimo en cada territorio para garantizar que el Sistema de Servicios Sociales sea Público y Universal. Eludir este requisito, pondría en riesgo la garantía de derechos, y la arbitrariedad de cada territorio generará desigualdades frente a las cartera de servicios.

Protocolo de Acogida y Atención Integral a Personas Refugiadas: A través del protocolo se pretende unificar procedimientos, aunar y dotar de coherencia las acciones a desarrollar entre los diferentes actores implicados en este proceso y coordinar las acciones que desde diferentes ámbitos puedan llevarse a cabo. Se hace necesario garantizar un proceso de acogida eficiente que contribuya a la plena autonomía de las personas llegadas a nuestro territorio, que garantice los derechos, el cumplimiento de los deberes y asegure un trato digno a las personas.

Respecto a la financiación y a la aportación de las personas usuarias, consideramos que hay que tener en cuenta el patrimonio de las personas que acceden a los recursos en todos los casos, y en las situaciones en las que la persona posea patrimonio, se tenga en cuenta y se pueda reclamar a sus familiares, llegado el caso, incluso en la partición de una herencia, puesto que en ocasiones se consideran casos de urgencia social por abandono de los hijos, con ingreso en residencia habiendo patrimonio a su nombre.

Igualmente en este tema del copago habría que valorar las situaciones económicas de las unidades familiares, pensando en las prestaciones a las que se accede desde atención social primaria, y fomentar el pago de una parte de dicha prestación del servicio con el fin de darle valor y corresponsabilidad.

Esperando que las propuestas reallizadas sean aceptables y aporten al consenso entre la ciudadanía, las entidades y la administración, les enviamos un afectuoso saudo.