Desde el principio de responsabilidad que tenemos en UGT con la calidad de la educación madrileña, con una actitud de colaboración, de búsqueda de consensos y acuerdos que sirvan para aunar esfuerzos y mejorar la educación madrileña y, ante el anuncio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid de llevar a cabo una Ley Maestra para nuestra región tras la publicación de la LOMLOE, le trasladamos una serie de consideraciones y propuestas que habría que tener en cuenta en el proceso de elaboración de dicha Ley madrileña.

Antes de comenzar el debate respecto al articulado de la Ley, habría que hacer un análisis objetivo y una evaluación inicial de la situación actual de la educación madrileña detectando los aspectos que habría que mejorar, y a partir de ahí programar los objetivos que pretenda conseguir dicha Ley.

La situación de la educación madrileña, desde el punto de vista de UGT, se caracteriza actualmente por:

Un importante déficit de inversión educativa: No llegamos al 2% del PIB cuando la media en España es en torno al 4,3%. Tenemos el mayor PIB del Estado y proporcionalmente la menor inversión en educación.

Una importante escasez de recursos en materia de personal docente y no docente, fundamentalmente de profesionales dedicados a la atención a la diversidad.

La menor inversión en formación del profesorado (pasamos de invertir 398 € por profesor a invertir 22 €).

Una significativa masificación en las aulas. Según un informe que publicamos el 28 de julio, más del 25% de las aulas superaban las ratios establecidas.

Una alta precariedad en el personal de los centros educativos, en peores condiciones laborales y retributivas que los profesionales de otras CCAA y que la media de la Comunidad Económica Europea, con una alta tasa de temporalidad muy por encima del 8% establecido por Acuerdo a nivel estatal.

Contamos con la mayor proporción de enseñanza privada respecto a la pública, y por tanto, la mayor desigualdad y el mayor gasto familiar en educación.

Estamos a la cabeza en cuanto a segregación escolar y desigualdad social. Nos encontramos entre la décima y la decimotercera Comunidad Autónoma en promoción y titulación, según la etapa.

Unas infraestructuras deficientes por falta de inversión y mantenimiento durante décadas. Las últimas inclemencias meteorológicas han mostrado la fragilidad de las infraestructuras educativas.

Un importante déficit en inversión para la transformación digital de la comunidad educativa, que ha evidenciado aún más la pandemia y el consiguiente cierre de centros educativos. Escasez de recursos digitales, conectividad, formación, capacidad de las plataformas autorizadas, etc.

Una falta de planificación educativa para afrontar los nuevos retos en la enseñanza madrileña.

Una gran delegación de competencias de las responsabilidades de la Consejería de Educación en las direcciones de los centros sin aportar los recursos necesarios.

Estos indicadores proceden de datos públicos que se pueden verificar en los Informes del Consejo Escolar de Madrid y del Estado.

Ante esta situación, y con el objetivo de conseguir una educación de calidad con la nueva Ley Maestra, UGT considera que hay que plantear soluciones, planificando a corto, medio y largo plazo, para lo que presenta las siguientes PROPUESTAS:

1.- En cuanto a POLÍTICAS EDUCATIVAS E INVERSIÓN. – Proponemos:

Poner en marcha unas políticas educativas que den solución a los problemas reales de la educación madrileña, reviertan los recortes y rebajen los indicadores mencionados en el análisis de la situación actual de la educación madrileña, empezando por incrementar la inversión en educación de forma progresiva para aproximarnos al 7% del PIB.

.- En cuanto a la PRECARIEDAD DEL PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. - Docentes y no docentes. Consideramos imprescindible:

Negociar un Plan de empleo que reduzca la alta tasa de temporalidad mediante amplias ofertas de empleo público.

Transformar en estructurales las plazas que ocupaban a inicio de curso los docentes destinados a los desdobles de grupos y refuerzos educativos. Establecer un proceso de estabilización de las actuales plantillas para reducir la alta tasa de temporalidad del sector e incrementar el número de profesionales de todos los perfiles, desde el PAS, el personal de limpieza, docentes especialistas, perfiles de atención a la diversidad como PT, AL, compensatoria, orientadores, TE 3, etc.

Reducir la carga lectiva de los docentes de todas las etapas y niveles educativos.

Homologar las retribuciones de los y las trabajadoras de la enseñanza equiparándolas con el resto de CCAA, teniendo en cuenta el IPC de Madrid.

Establecer un proceso que garantice todas las condiciones laborales y retributivas del profesorado técnico de FP con titulación de FP, previas a la LOMLOE.

Regular el trabajo docente en línea. Negociación de un Acuerdo sobre el teletrabajo en la docencia, no solo por posibles confinamientos intermitentes sino porque la digitalización ha llegado para quedarse.

Publicar las RPT del personal docente de la Consejería de Educación.

Adaptar el puesto de trabajo al personal más vulnerable.

Dignificar el trabajo docente, mediante el reconocimiento del trabajo y el esfuerzo del profesorado. Ver en el docente parte de la solución no del problema, por tanto, ampliar la participación, la negociación, la contribución de los sindicatos en esta labor esencial, personal y social, que es la educación.

Implantar medidas que motiven al profesorado, mediante una carrera profesional que fomente las mejores condiciones posibles para su trabajo y la formación práctica.

Dotar de personal sanitario a todos los centros educativos.

Impulsar la participación y colaboración entre las familias y los centros.

Fomentar la labor de acompañamiento y orientación de la Inspección Educativa, que esuna buena herramienta para mejorar el sistema educativo.

3.-Respecto a LA DESIGUALDAD Y LA SEGREGACIÓN. – Proponemos elaborar un plan por la equidad en el sistema educativo, consensuado con la comunidad educativa, como elemento esencial para acabar con la segregación que sufrimos en Madrid. Ello, sin duda, exigiría:

Establecer un Plan de compensación de desigualdades, que aporte soluciones a la brecha social, emocional y digital que se ha incrementado durante la pandemia, y que sirva para impedir el incremento del abandono y fracaso escolar, consensuado con la comunidad educativa.

Asegurar la gratuidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Dotación de los recursos extra que sean necesarios para los centros con mayor concentración de alumnado vulnerable.

Garantizar la presencialidad en todos los niveles y etapas educativas para asegurar la igualdad de oportunidades para el alumnado, implementando todas las medidas de salud y seguridad necesarias.

Ampliar el número de plazas públicas ofertadas, fundamentalmente para el primer ciclo de Educación Infantil y para Formación Profesional.

Mantener las ratios del curso actual en los niveles donde se han reducido y reducirlas en etapas como Primer Ciclo de Educación Infantil, Escuelas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas o Escuelas de Personas Adultas, en las que no se ha llevado a cabo, con el consiguiente aumento de cupos y plantillas. Así mismo, habría que reducir la ratio del alumnado que atienden los profesionales de atención a la diversidad.

Incrementar los recursos para la atención a la diversidad. La escasez de recursos en materia de profesorado y de profesionales de atención a la diversidad es una cuestión esencial que dificulta la atención individualizada. Debemos profundizar en el concepto de inclusión educativa.

4.- Sobre los PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN. -  Sería necesario:

Supervisar y planificar dichos procesos a través de Comisiones de Escolarización, formadas por las organizaciones representativas legales de la comunidad educativa y nombrados por ellas, además de los miembros designados por la Administración.

Partir de los siguientes principios: garantizar una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad de apoyo educativo; adoptar las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza.

Impedir que los centros sostenidos con fondos públicos perciban cantidades de las familias por recibir enseñanzas obligatorias, de carácter gratuito, o les impongan a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establezcan servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos y alumnas.

Priorizar la proximidad al domicilio familiar o laboral de las familias, la existencia de hermanos o padres en el centro, las minusvalías del alumnado o familia y el nivel de renta.

Ampliar las plazas ofrecidas en las enseñanzas no obligatorias, sometidas a proceso de escolarización, a fin de ajustar la oferta a la demanda.

5.- Respecto a LOS ESPACIOS Y LAS INFRAESTRUCTURAS. - Consideramos imprescindible:

Elaborar una verdadera planificación de la red de centros que contemple la construcción, mantenimiento y adecuación de las infraestructuras educativas.

Diseñar edificaciones dignas y eficientes, de acuerdo con criterios de sostenibilidad, defensa del medio ambiente y adaptación a la finalidad a la que están dirigidos.

Llevar a cabo la construcción de centros públicos en una sola fase (tenemos 90 centros en construcción por fases que afectan alrededor de 50.000 alumnos y alumnas).

Proporcionar a los centros una adecuada climatización y ventilación compatible con las temperaturas de la región.

Garantizar las medidas de seguridad sanitarias y salud con todos los recursos necesarios.

6.-En cuanto a LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EDUCACIÓN. - Es necesario:

Incrementar los bancos de recursos disponibles.

Mejorar y ampliar las plataformas educativas para trabajar con las familias y el alumnado.

Dotar de los recursos digitales necesarios para que los y las docentes puedan llevar a cabo la labor educativa a todo el alumnado, sin que esta modalidad de trabajo implique dejar a nadie atrás.

Mejorar y ampliar la conectividad.

Determinar los procesos de protección de datos y dotar de personal técnico cualificado a los centros para poder aportar el soporte técnico necesario para la transformación digital.

7.-En cuanto a la FORMACIÓN:

Incrementar significativamente la inversión en formación del profesorado. Formación digital, en salud laboral, en innovación y renovación pedagógica, en educación emocional, etc. No solo para los y las docentes, sino también para las familias que lo necesiten.

Fomentar la cooperación entre docentes, la innovación y la renovación pedagógica. Surge la necesidad de implantar nuevas metodologías, para lo que se requiere una formación adecuada.

Deberíamos aprovechar este momento excepcional para revisar los currículos, hacerlos más competenciales, definir procesos de evaluación, aprendizaje cooperativo, innovación pedagógica, etc.

8.- Respecto a la PARTICIPACIÓN. – La Administración autonómica debe:

Impulsar la participación y colaboración entre familias y centros.

Potenciar las redes de escuelas, de centros y de profesorado fomentando la cooperación entre los docentes.

Convocar las Mesas de negociación colectiva necesarias para la información, debate y negociación de cuantas medidas afecten a las y los trabajadores de la enseñanza en sus condiciones laborales, retributivas, de acceso a la docencia, carrera profesional y aquellas que afecten al objetivo propio de la función que desarrollan.

Pues bien, todo esto exige inversión y no solo del Ministerio. Sanidad y Educación son y deben ser servicios esenciales y públicos, por lo que se debe garantizar el acceso universal a los mismos dotándoles de los recursos necesarios.

Señorías: el artículo 27 de la Constitución Española, protege el derecho fundamental a la educación y afirma la libertad de enseñanza; al mismo tiempo, garantiza el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que estimen más oportuna para sus hijos.

A nadie se le escapa el derecho a decidir de los padres sobre si quieren o no que sus hijos sean educados en ideología de género, sin menoscabo alguno del respeto que merece cualquier otra opción ideológica, sexual o de estilo de vida, como ya ampara nuestra Constitución. Y a nadie se le escapa igualmente que este adoctrinamiento ideológico puede darse y de hecho se da en muchos centros educativos de nuestra comunidad madrileña.

INSTAMOS por tanto, al Gobierno de la Comunidad, y a los diputados encargados de elaborar esta LEY MAESTRA DE LIBERTAD DE ELECCIÓN EDUCATIVA, a que impidan que se impartan contenidos o actividades que afecten a cuestiones morales socialmente controvertidas, o sobre sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de los alumnos, sin previa autorización informada de los padres o tutores legales de los mismos.Ya sean estos contenidos y actividades introducidos mediante talleres, charlas, contenidos transversales, actividades extra-académicas, o cualquier otro medio. 

Para esto, instamos que se introduzca el uso y divulgación del llamado “Pin Parental”, como mejor medio para evitar el adoctrinamiento.

LEY MAESTRA COMUNIDAD DE MADRID

PARTICIPACIÓN DE «EDUCACIÓN Y FAMILIAS» EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

• LIBERTAD DE EDUCACION

1. La libertad de educación es tal si garantiza diferentes modelos educativos para que las familias tengan ofertas diferenciadas. Los fondos públicos deben estar al servicio de la libertad de educación.
2. La libertad de elección de centro escolar para los hijos debe garantizarse para las familias.
3. Las familias deben ser las responsables de la educación de los hijos y los colegios deben complementar esa labor. La función de la educación en los colegios no es contravenir el derecho de las familias a educar en los valores morales y religiosos que la familia posea.

• CALIDAD DE ENSEÑANZA

1. Los planes educativos deben garantizar la calidad de la enseñanza en todos los niveles de aprendizaje, creando oportunidades de excelencia y motivando al alumno para crecer y avanzar.
2. Los alumnos deben poder aspirar a niveles altos de formación guiados por profesores capaces a los que se proporciona  y exige la utilización de medios y recursos actualizados.
3. Las familias deben poder tener información de la calidad de enseñanza de los centros educativos a la hora de elegir el colegio que quieren para sus hijos.  

• DERECHO DE LOS PADRES A EDUCAR A SUS HIJOS

1. Las familias tienen derecho a educar a sus hijos en sus valores morales y religiosos, es por ello fundamental que los centros tengan un ideario que los padres puedan conocer antes de elegir el colegio para sus hijos.
2. Asegurar por ley el derecho de los padres a que la escuela pública sea neutral ideológicamente al amparo de la Constitución Española. 
3. La libertad de las familias a educar a sus hijos en sus valores morales y religiosos debe garantizarse con material pedagógico adecuado que promueva valores compartidos por todos, no individualistas e intransigentes.

• ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

1. Aumentar el reconocimiento social de los profesores y personal no docente de los centros. Asimismo, reforzar la función de autoridad de los mismos.
2. Establecer protocolos generales y ágiles y destinar recursos en los centros para actuar contra el acoso escolar. 

• GESTIÓN

1. Las familias deben poder elegir centro escolar para sus hijos y la demanda social debe ser tenida en cuenta a la hora de dotar de fondos públicos a los centros educativos. Debería facilitarse información a las familias sobre los costes de las plazas sostenidas con fondos públicos y los servicios incluidos en los mismos para facilitar la capacidad de análisis. También deberían publicarse en cada centro los libros que se utilizan, las estadísticas de los resultados académicos, las actividades que se realizan, los proyectos educativos y pedagógicos y los idearios de los centros de iniciativa privada sostenidos con fondos públicos.
2. Debe garantizarse la formación a distancia de los alumnos aportando los recursos necesarios y facilitando la formación del profesorado.
3. La educación infantil debería tener plazas suficientes sostenidas con fondos públicos para garantizar la conciliación familiar.
4. El Bachillerato, la FP básica y de grado medio deberían ser gratuitas. Las plazas de bachillerato de los centros concertados deberían ser sostenidas con fondos públicos.
5. Deben existir becas que vayan unidas a la excelencia y que aseguren regirse por el principio de igualdad de oportunidades tanto para bachillerato como para formación profesional y demás educaciones no gratuitas. Los alumnos deben poder acceder a las becas independientemente del centro donde estudien. El futuro académico debe depender del interés y desarrollo del alumno independientemente de los recursos familiares.

Actualmente hay un vacío en el caso de familias que por diversas circunstancias particulares optan por una escolarización que no sea completamente presencial. Cuando el centro educativo, o los servicios sociales comprueban que el menor está recibiendo educación en casa y no está en situación de desamparo, carecen de ningún mecanismo para archivar el expediente de absentismo. Con lo cual el caso puede acabar en la fiscalía aunque sea notorio que no hay desamparo y el menor está recibiendo su derecho a la educacion.

Puesto que la propuesta de ley establece como un criteiro la libertad educativa de los padres, sería interesante que incluyera algún apartado que permitiera integrar propuestas de flexibilidad educativa, o de semipresencialidad, o al menos habilitara a los centros educativos o servicios sociales a cerrar expedientes de absentismo cuando se acredita la correcta educación del menor.

Saludos.

1. Existe el derecho y deber de los padres a ser los primeros y principales educadores de sus hijos.
2. Este derecho a educar de los padres es anterior al Estado y está amparado por la norma suprema del ordenamiento jurídico español: la Constitución Española (artículo 27.1 y 27.3), además de contar con referencias en la Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 74/2018.
3. El derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos cuenta también con el respaldo jurídico internacional, al estar recogido en varias normativas que traspasan nuestras fronteras, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26.3) y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2010 (artículo 14.3) sobre la libertad de creación de centros docentes. También ampara el derecho de los padres en la educación de los hijos, y la obligación del Estado de garantizar ese derecho, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 18.4, donde dice que los Estados Parte en dicho Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral según sus convicciones. Y también lo recoge el Protocolo adicional al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de París, 20 de marzo de 1952, en su artículo 2.
4. Por todo ello, el derecho de los padres en relación con la educación de sus hijos resulta indiscutible y el Estado tiene la obligación de respetar sus legítimas opciones ideológicas, filosóficas y religiosas. Tiene que respetar la libertad de conciencia, religiosa y educativa, libertades consagradas en nuestra Carta Magna y en todos los tratados de Derechos Humanos de los que España es signataria.
5. El papel del Estado es, precisamente, el de garantizar que los padres pueden ejercer su derecho y cumplir su deber en relación con la educación de sus hijos, pudiendo elegir el tipo de educación que quieren para éstos, según sus convicciones.
6. El Estado no puede imponer una determinada educación, estableciendo ciertos contenidos que los padres no consideren adecuados para la formación y educación de sus hijos, y para los que ni siquiera hayan sido informados.
7. El derecho de adoctrinar y manipular en los colegios vulnera el derecho de los padres.
8. Negar el consentimiento de los padres es pretender el control ideológico de la escuela, algo constitucionalmente prohibido por violentar el mayor interés del menor y la patria potestad, que es un derecho de los hijos a ser protegidos.
9. Sin el consentimiento expreso de los padres, los colegios se vuelven semilleros ideológicos a espaldas de los padres y se vulnera la confianza que éstos depositaron en el centro escolar donde llevan a sus hijos.
10. Afortunadamente, en nuestro país, los padres contamos con una herramienta, como es la libertad de elección de centro educativo, para poder elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos: las ofertas educativas son muchas y los padres tienen derecho a elegir en libertad e igualdad el centro que consideren mejor para sus hijos. Sin embargo, este derecho queda anulado en parte cuando los centros introducen ciertos contenidos o actividades de las que los padres no han sido informados previamente y pueden ser contrarias a sus convicciones morales.
11. También queda anulada la libertad de educación cuando se suprimen de las ofertas educativas los centros de educación especial y los centros concertados.
12. Igual que a los padres se les pregunta con normalidad si desean que sus hijos reciban la asignatura de religión y éstos deciden libremente, pedimos que se aplique el mismo criterio en los contenidos de las actividades complementarias.
13. Exigimos que los padres puedan conocer supervisar y validar los contenidos educativos que reciban sus hijos, especialmente cuando se trata de educación afectivo-sexual.

    No es cuestión de estar a favor o en contra de lo que les cuenten o enseñen en el colegio; pedimos únicamente que la formación del niño sea transparente para los padres, que son los máximos responsables de su cuidado y de su educación.

14. SOBRE LOS PUNTOS ADJUDICADOS A FAMILIAS NUMEROSAS PARA SOLICITAR PLAZA ESCOLAR, que no supongan una condición la ratio para agrupar a todos los hermanos dela misma familia en el mismo colegio.
15.  

    Que el niño no nacido reconocido como un miembro más de la familia sea computado así en el acceso a las plazas escolares, en todas las etapas escolares, desde los 0 años hasta los 18 años. Por los puntos de familia numerosa, categoría general / especial.
     

     

1.- En cuanto a POLÍTICAS EDUCATIVAS E INVERSIÓN. – Proponemos:

Poner en marcha unas políticas educativas que den solución a los problemas reales de la educación madrileña, reviertan los recortes y rebajen los indicadores mencionados en el análisis de la situación actual de la educación madrileña, empezando por incrementar la inversión en educación de forma progresiva para aproximarnos al 7% del PIB.

2.- En cuanto a la PRECARIEDAD DEL PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. - Docentes y no docentes. Consideramos imprescindible:

Negociar un Plan de empleo que reduzca la alta tasa de temporalidad mediante amplias ofertas de empleo público.

Transformar en estructurales las plazas que ocupaban a inicio de curso los docentes destinados a los desdobles de grupos y refuerzos educativos. Establecer un proceso de estabilización de las actuales plantillas para reducir la alta tasa de temporalidad del sector e incrementar el número de profesionales de todos los perfiles, desde el PAS, el personal de limpieza, docentes especialistas, perfiles de atención a la diversidad como PT, AL, compensatoria, orientadores, TE 3, etc.

Reducir la carga lectiva de los docentes de todas las etapas y niveles educativos.

Homologar las retribuciones de los y las trabajadoras de la enseñanza equiparándolas con el resto de CCAA, teniendo en cuenta el IPC de Madrid.

Establecer un proceso que garantice todas las condiciones laborales y retributivas del profesorado técnico de FP con titulación de FP, previas a la LOMLOE.

Regular el trabajo docente en línea. Negociación de un Acuerdo sobre el teletrabajo en la docencia, no solo por posibles confinamientos intermitentes sino porque la digitalización ha llegado para quedarse.

Publicar las RPT del personal docente de la Consejería de Educación.

Adaptar el puesto de trabajo al personal más vulnerable.

Dignificar el trabajo docente, mediante el reconocimiento del trabajo y el esfuerzo del profesorado. Ver en el docente parte de la solución no del problema, por tanto, ampliar la participación, la negociación, la contribución de los sindicatos en esta labor esencial, personal y social, que es la educación.

Implantar medidas que motiven al profesorado, mediante una carrera profesional que fomente las mejores condiciones posibles para su trabajo y la formación práctica.

Dotar de personal sanitario a todos los centros educativos.

Impulsar la participación y colaboración entre las familias y los centros.

Fomentar la labor de acompañamiento y orientación de la Inspección Educativa, que es una buena herramienta para mejorar el sistema educativo.

3.-Respecto a LA DESIGUALDAD Y LA SEGREGACIÓN. – Proponemos elaborar un plan por la equidad en el sistema educativo, consensuado con la comunidad educativa, como elemento esencial para acabar con la segregación que sufrimos en Madrid. Ello, sin duda, exigiría:

Establecer un Plan de compensación de desigualdades, que aporte soluciones a la brecha social, emocional y digital que se ha incrementado durante la pandemia, y que sirva para impedir el incremento del abandono y fracaso escolar, consensuado con la comunidad educativa.

Asegurar la gratuidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Dotación de los recursos extra que sean necesarios para los centros con mayor concentración de alumnado vulnerable.

Garantizar la presencialidad en todos los niveles y etapas educativas para asegurar la igualdad de oportunidades para el alumnado, implementando todas las medidas de salud y seguridad necesarias.

Ampliar el número de plazas públicas ofertadas, fundamentalmente para el primer ciclo de Educación Infantil y para Formación Profesional.

Mantener las ratios del curso actual en los niveles donde se han reducido y reducirlas en etapas como Primer Ciclo de Educación Infantil, Escuelas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas o Escuelas de Personas Adultas, en las que no se ha llevado a cabo, con el consiguiente aumento de cupos y plantillas. Así mismo, habría que reducir la ratio del alumnado que atienden los profesionales de atención a la diversidad.

Incrementar los recursos para la atención a la diversidad. La escasez de recursos en materia de profesorado y de profesionales de atención a la diversidad es una cuestión esencial que dificulta la atención individualizada. Debemos profundizar en el concepto de inclusión educativa.

4.- Sobre los PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN. -  Sería necesario:

Supervisar y planificar dichos procesos a través de Comisiones de Escolarización, formadas por las organizaciones representativas legales de la comunidad educativa y nombrados por ellas, además de los miembros designados por la Administración.

Partir de los siguientes principios: garantizar una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad de apoyo educativo; adoptar las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza.

Impedir que los centros sostenidos con fondos públicos perciban cantidades de las familias por recibir enseñanzas obligatorias, de carácter gratuito, o les impongan a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establezcan servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos y alumnas.

Priorizar la proximidad al domicilio familiar o laboral de las familias, la existencia de hermanos o padres en el centro, las minusvalías del alumnado o familia y el nivel de renta.

Ampliar las plazas ofrecidas en las enseñanzas no obligatorias, sometidas a proceso de escolarización, a fin de ajustar la oferta a la demanda.

5.- Respecto a LOS ESPACIOS Y LAS INFRAESTRUCTURAS. - Consideramos imprescindible:

Elaborar una verdadera planificación de la red de centros que contemple la construcción, mantenimiento y adecuación de las infraestructuras educativas.

Diseñar edificaciones dignas y eficientes, de acuerdo con criterios de sostenibilidad, defensa del medio ambiente y adaptación a la finalidad a la que están dirigidos.

Llevar a cabo la construcción de centros públicos en una sola fase (tenemos 90 centros en construcción por fases que afectan alrededor de 50.000 alumnos y alumnas).

Proporcionar a los centros una adecuada climatización y ventilación compatible con las temperaturas de la región.

Garantizar las medidas de seguridad sanitarias y salud con todos los recursos necesarios.

6.-En cuanto a LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EDUCACIÓN. - Es necesario:

Incrementar los bancos de recursos disponibles.

Mejorar y ampliar las plataformas educativas para trabajar con las familias y el alumnado.

Dotar de los recursos digitales necesarios para que los y las docentes puedan llevar a cabo la labor educativa a todo el alumnado, sin que esta modalidad de trabajo implique dejar a nadie atrás.

Mejorar y ampliar la conectividad.

Determinar los procesos de protección de datos y dotar de personal técnico cualificado a los centros para poder aportar el soporte técnico necesario para la transformación digital.

7.-En cuanto a la FORMACIÓN:

Incrementar significativamente la inversión en formación del profesorado. Formación digital, en salud laboral, en innovación y renovación pedagógica, en educación emocional, etc. No solo para los y las docentes, sino también para las familias que lo necesiten.

Fomentar la cooperación entre docentes, la innovación y la renovación pedagógica. Surge la necesidad de implantar nuevas metodologías, para lo que se requiere una formación adecuada.

Deberíamos aprovechar este momento excepcional para revisar los currículos, hacerlos más competenciales, definir procesos de evaluación, aprendizaje cooperativo, innovación pedagógica, etc.

8.- Respecto a la PARTICIPACIÓN. – La Administración autonómica debe:

Impulsar la participación y colaboración entre familias y centros.

Potenciar las redes de escuelas, de centros y de profesorado fomentando la cooperación entre los docentes.

Convocar las Mesas de negociación colectiva necesarias para la información, debate y negociación de cuantas medidas afecten a las y los trabajadores de la enseñanza en sus condiciones laborales, retributivas, de acceso a la docencia, carrera profesional y aquellas que afecten al objetivo propio de la función que desarrollan.

Pues bien, todo esto exige inversión y no solo del Ministerio. Sanidad y Educación son y deben ser servicios esenciales y públicos, por lo que se debe garantizar el acceso universal a los mismos dotándoles de los recursos necesarios.

Agradeciendo de antemano a la Comunidad de Madrid el esfuerzo en plantear este anteproyecto de Ley, como institución educativa titular de centros de enseñanza, fundada, formada, dirigida y gestionada por familias, hacemos llegar las siguientes propuestas:

1.- TERMINOLOGÍA Y MARCO REFERENCIAL: EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA

Cuando hablamos de educación y de enseñanza en el uso ordinario, solemos concebirlas como si fuesen palabras sinonimas, pero cconviene caer en la cuenta que la enseñanza es una parcela concretas dentro de la educación. La educación, por tanto abarca la enseñanza. Educación y enseñanza no son palabras sinonimas.

Podríamos afirmar, de manera muy sintética, que la educación es todo ese  conjunto de  acciones que contribuyen a la formación integral de una persona: valores, creencias, tradiciones familiares, educación formal y no formal, etc mientras que la enseñanza estaría más circunscrita a los conocimientos, a la formación académica o de contenidos culturales que se reciben en general. Forman entre ellas dos círculos concéntricos.

Es también claro en todo el derecho nacional e internacional que la educación de los hijos es un derecho original, primario, preferente e inalienable de los padres. Ellos delegan el capítulo fundamental de la educación de sus hijos referido a la enseñanza, en las instituciones que les ofrecen estos servicios, sean públicos o privados.

Es bien sabido que el lenguaje preconfigura las ideas y por tanto predispone y determina su significado final. El ámbito de competencias, delegadas por las familias, de las administraciones se circunscribe al terreno de la enseñanza, no al de la educación.

El Artículo 27 de la Constitución Española manifiesta la diferencia entre educación y enseñanza de manera muy clara. “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza” (Art. 27.1). La educación es un derecho universal de las personas, de manera especial de los niños. Todos deben  poder recibirla, por derecho. Sin embargo, cuando se refiere a la enseñanza habla de libertad como un derecho aplicado al docente, al que enseña.

El mismo artículo sigue acotando: “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita” (Art. 27.4). Es evidente que cuando habla de obligatoriedad y de gratuidad lo hace sobre la enseñanza, que es el marco competencial de las administraciones, y no de la educación que compete a las familias.

            Es por ello que

Proponemos:

1.- Que en todo lo relativo a la redacción de la ley se distinga claramente entre educación y enseñanza, en línea con las distinciones que se hacen en la Constitución Española, utilizando de manera adecuada los términos en cada caso.

2.- Que se cambien las denominaciones de la Consejería, del Consejero/a -y así sucesivamente- de la nomenclatura de educación por la de enseñanza. Así, hablaríamos de Consejería de Enseñanza, Consejero de Enseñanza, etc,

3.- Que el nombre de la Ley sea Ley maestra de libertad de elección de  enseñanza

2.- DERECHO A LA EDUCACION. LIBERTAD DE ENSEÑANZA. ELECCIÓN DE LAS FAMILIAS. PROGRAMACION GENERAL

            Aprovechamos la ocasión para manifestar la profunda frustración de la Comunidad Educativa por la incapacidad de nuestros representantes políticos, sindicales y patronales para alcanzar un consenso en materia de enseñanza. A muy pocas semanas de la entrada en vigor de la octava Ley de Educación, que debería llamarse de enseñanza, estamos más lejos que nunca de él. Es triste comprobar que tenemos que remontarnos a 1978, hace más de 40 años, para encontrar el único Consenso en materia de enseñanza.

            Sin embargo, a nuestro juicio, nunca hasta esta ley, ni de esta manera, se había puesto en entredicho ese consenso que tenía la vocación de ser un pórtico para la ampliación y desarrollo de leyes educativas de consenso.

            El Artículo 27 de la Constitución Española, claramente inspirado en el Art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece con claridad un conjunto de derechos y libertades para las personas y de garantías y controles para las administraciones, que deben poder ser conjugados entre ellos.

            El del Artículo 27.4 “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita” y del Artículo 27.3 “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” deben poder cumplirse de manera simultánea, copulativa, no disyuntiva.

            Es por ello que las Leyes de Enseñanza, deben garantizar al mismo tiempo que los padres puedan elegir “la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”  lo que sólo es materialmente posible si existe una pluralidad de centros en lo que a estas convicciones morales y religiosas se refieren, a la vez que el de la gratuidad de la enseñanza básica (27.4) que sólo se garantiza mediante los centros sostenidos por fondos públicos.

            La conclusión es única e insoslayable: Sólo si existe una pluralidad de centros sostenidos con fondos públicos es posible dar cabida a estas dos garantías constitucionales. O dicho de otra forma, el modelo de escuela estatal y por tanto aconfesional, como único modelo dentro de la red sostenida con fondos públicos hace imposible la elección de las familias conforme a sus criterios morales y religiosos.

            Vincular la elección de tipo de centro con el pago, es una transgresión constitucional porque impide la conjugación de los dos artículos anteriormente mencionados.

El derecho del niño a ser educado, el derecho de los padres a elegir su educación y también su enseñanza -gratuita- y el derecho de las administraciones de organizar la programación de la enseñanza, deben mantener esa secuencia. Ese y no otro, es el orden de prelación, ontológico, natural, por donde discurren derechos y obligaciones.

Invertirlo conlleva graves consecuencias y –a nuestro juicio- graves irregularidades. El Estado debe velar para que las familias, los padres, aseguremos el derecho a la educación y la enseñanza –gratuita- de nuestros hijos. El Estado no debe ni puede ocupar otro papel que el de administrar nuestros derechos directamente. Usurpárselo a los padres, implica una perversión antológica, una letal prostitución de derechos que no es admisible. Es por ello que

Exhortamos:

1.- Que en el desarrollo de La Ley Maestra se tenga en cuenta en todo momento ese orden de prelación que deberá ser respetado en todos los procesos de matriculación de cada curso escolar. El Estado, las administraciones son subsidiarias de la familia en materia de enseñanza, no al revés.

3.- IDEARIO Y CARÁCTER PROPIO

Por las razones expuestas en el punto anterior, tiene todo el sentido que los centros de enseñanza, y muy particularmente los colegios –por tratarse de las edades más tempranas-, no solo puedan, sino que deban ofrecer de manera pública y accesible a todas las familias su planteamiento educativo, su carácter propio, el ideario del centro.

Que las familias puedan, podamos, leer negro sobre blanco cuáles son los conceptos sobre los que se desarrolla la acción educativa del centro, y no sólo cuáles son sus servicios, implicaría tres grandes virtudes.

La primera y más importante: facilitaría a las familias un mayor conocimiento del centro, de forma que su elección sobre él estaría formada con un mejor criterio, más libre, porque se conoce con mayor profundidad.

En segundo lugar, daría a las familias la oportunidad de exigir al centro el cumplimiento del compromiso adquirido con ellos en relación a sus hijos, referido en su carácter propio, en su ideario. En consecuencia con ello capacitaría a los centros a ser coherentes en sus acciones educativas y formativas con ellos.

Por  último, con el tiempo, las familias irían conociendo cada vez más y mejor las diferentes propuestas y planteamientos educativos y pedagógicos que las diferentes escuelas ofrecen en los que basan sus acciónes en la enseñanza.

En cierto modo, el ideario o carácter propio de un centro, es el compromiso que el centro adquiere con la familia, quien delega en éste –en función de ese ideario- la parte de la educación de su hijo referida a su enseñanza.

A día de hoy esto sólo ocurre con la mayoría de los centros públicos de iniciativa social. Los centros de iniciativa estatal no suelen tenerlo porque se argumenta que la enseñanza en sus centros es neutra. La educación, por definición, no es ni mucho menos neutra, pero la enseñanza, por naturaleza, tampoco lo es porque no nos referimos a un planteamiento ideológico que responda a planteamientos políticos -damos por hecho que no aplica en ningún caso- sino a concepciones antropológicas: cosmovisión del hombre y su relación con el mundo, sentido trascendente de la vida, etc.

Así

Proponemos:

1.- Que en el desarrollo de la Ley Maestra, se impulse la publicación y puesta a disposición de los padres en todos los centros de enseñanza, el ideario carácter propio del centro.

2.- Que esta información esté disponible y accesible a todas las familias en las páginas informativas de la Consejería de Enseñanza, por si los centros no la ponen claramente a su disposición

4.- AUTONOMÍA DE LOS CENTROS.

            Hay muy pocas diferencias de fondo en los capítulos (cuando existen)  de las normas referidos a la autonomía de los centros de enseñanza. Es una grandísima asignatura pendiente.

Es el Estado y las CCAA quienes deciden por las familias todas las asignaturas que estudian nuestros hijos, todas las horas a la semana que cursan cada asignatura, todos los contenidos de cada una de ellas, en algunas CCAA incluso la zona en la que podemos, o no, elegir colegio, etc, etc…

Todos, padres y administraciones, hemos asumido que en todos los centros del Estado debe servirse un plato único, el que determinan las administraciones.

El argumento autonómico para poder aportar en el currículo educativo una parte de los contenidos para los centros de su territorio, se fundamenta en el argumento de acercar la realidad autonómica a los alumnos.

Pues bien, si ese argumento es válido para esgrimir ante la administración central la cesión de una parte del currículo nacional a las autonomías, es cuando menos igual de válido, si no más, que las autonomías cedan a los centros una parte de su porcentaje de currículo educativo. Con el mismo argumento que ellas exponen hacia arriba, estarían verdaderamente haciéndolo hacia abajo, estaría así acercando la propuesta de cada centro al contexto cultural y social, a la realidad más inmediata que viven sus familias y sus alumnos.

Con la normativa actual, si un centro –sea de la red que sea- quiere proponer un modelo de enseñanza donde se estudie alguna hora más de filosofía o de física o de música, no puede hacerlo. Si el equipo pedagógico de un centro determina que sería adecuado ofrecer a sus familias el estudio de la retórica o la astronomía dentro del horario lectivo, no puede hacerlo. Si otro quiere recuperar alguna de las otra siete artes liberales clásicas del trivium y el cuadrivium que se han ido perdiendo, no puede hacerlo, si desean hacer teatro clásico en una hora curricular es imposible, etc. Y evidentemente hablamos de hacerlo con las limitaciones propias que la Constitución también determina: “el respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social” (Art. 10 C.E) y con la debida y previa autorización administrativa que lo garantice.

En definitiva hemos aceptado un “menú del día nacional con un postre autonómico” que tiene que servirse, sí o sí, en todos los “restaurantes”, para todas las familias, con independencia de sus preferencias o de las necesidades particulares de sus hijos, sean del tipo que sean,

Los centros educativos deberían (deberíamos) tener un margen de autonomía para tomar decisiones curriculares adaptadas a sus contextos. La pluralidad de ofertas educativas, curriculares, pedagógicas y metodológicas incrementa siempre la libertad de elección por la vía de la pluralidad. Una pluralidad que se pone al servicio de la libertad, la libertad de elección de las familias.

Esa novedosa e importantísima posibilidad de elección, ayudaría a las familias a ir formando un mejor criterio en la elección del centro en función de lo que es verdaderamente importante en un colegio: la enseñanza y no sólo por sus elementos periféricos: extraescolares, rutas, instalaciones, comedor… A veces los padres parecemos más preocupados por lo que los centros “meten” a nuestros hijos en el estómago desde los comedores que lo que les “meten” en la cabeza y en el corazón desde las aulas. Con el actual ámbito de decisiones que los padres tienen (tenemos) no les ayudamos a desarrollar una “cultura de la elección” que se aprende por contraste y comparación de modelos.

Como hemos dicho, un mayor desarrollo normativo que facilite la mayor pluralidad de centros es siempre deseable, no solo porque se refuerzan las garantías de la elección de los padres es deseable desde todo punto de vista.

Una mayor pluralidad de centros, favorecerá la emulación y la sana competencia, lo cual incide de manera directa en la mejora de la calidad del sistema de enseñanza.

Por último pero no menos importante, proporcionará una posibilidad real de introducir asignaturas, modalidades metodológicas, etc, que incentivarán la investigación de los docentes en las diferentes áreas de competencia porque podrán verlas desarrolladas en sus centros.

Por todo ello

Proponemos:

1.- Que la Comunidad Autónoma de Madrid ceda una parte del porcentaje de su currículo autonómico a los centros de enseñanza de manera que los claustros propongan al Consejo Escolar del centro una particularización de su modelo de enseñanza en función de sus contextos, necesidades, metodologías o acentos pedagógicos específicos.

2.- Que con ese ejemplo y experiencia, se impulse a nivel nacional una propuesta similar, en todas las CCAA

5.- EDUCACIÓN A DISTANCIA EN ESO Y SECUNDARIA

            Es indudable que una de las oportunidades que nos ha ofrecido esta abominable pandemia que sufrimos es la experiencia de la enseñanza a distancia (nos referimos a la enseñanza a distancia de manera síncrona) en muchas de las escuelas, donde no había ninguna experiencia previa.

            Esta vivencia nos ha hecho reconocer de manera experiencial lo que ya sabíamos por pura pedagogía, piscología y autonomía de los alumnos, que no es adecuada para la enseñanza primaria, que puede llegar a serlo con cierto soporte en el primer ciclo de secundaria y que es completamente válida para el segundo ciclo de secundaria, bachillerato y sus homólogos en Formación Profesional.

            Por un lado la administración madrileña ha adquirido desde hace unos años mucho conocimiento técnico y legislativo en las exitosas experiencias de la Formación Profesional a distancia. Por otro lado muchos centros de enseñanza secundaria y bachillerato hemos adquirido conocimiento y destreza suficientes para normalizar este tipo de enseñanza síncrona

La Ley Maestra es una gran oportunidad para unir estas dos realidades de manera que pueda ensayarse “ad experimentum” una enseñanza reglada a distancia en secundaria y bachillerato.

Teniendo esto en cuenta

Proponemos:

1.- Que se habilite a partir del curso 2021-2022 una experiencia “ad  experimentum” en diferentes centros que se presten a experimentar este modelo de enseñanza, con estas – o similares- líneas maestras

a) Que se seleccionen cinco centros de entre los presentados voluntariamente para el programa piloto, siendo cuatro de la red pública, de los cuales dos lo sean de titularidad estatal y dos de iniciativa social, y uno de la red privada, que se presten a experimentar este modelo de enseñanza.

b) Que se habilite una única línea por centro y se haga en centros que lo sean de tres o más líneas para que el peso fundamental del centro siga siendo la enseñanza presencial.

c) Que se tenga en todo momento la misma consideración normativa y legislativa, que sea de aplicación a la enseñanza presencial, con las mínimas adaptaciones sobre asuntos insoslayables.

d) Que los exámenes y algunas otras actividades sean presenciales, sin que el peso específico de la presencialidad perjudique hasta hacer inviable la ventaja de no tener en cuenta la distancia física entre el domicilio y el centro.

e) Que los centros voluntarios se presten a una monitorización por parte de la administración para poder extraer conclusiones conjuntas, válidas para la administración y para las familias, y que sean publicadas posteriormente como línea argumental bien para dejar el proyecto bien para reforzarlo

f) Que en caso de abandonar el proyecto, se permita a los que comenzaron en esta modalidad

2.- Que la Fundación Educatio Servanda se ofrece para trabajar con la administración en el desarrollo de este programa piloto y se ofrece también para proponer a uno de sus centros como voluntario para el ensayo del programa.

https://www.fespugtmadrid.es/2021/02/propuestas-de-ugt-para-una-ley-educativa-madrilena/

Desde la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), mayor plataforma de representación de las familias de personas con sordera de nuestro país, queremos aprovechar la oportunidad brindada para la participación en la consulta pública previa de anteproyecto/proyecto de ley maestra de libertad de elección educativa, con objeto de poder contribuir en todos aquellos extremos que ayuden a garantizar el derecho de las familias de personas sordas a elegir el modelo de educación que desean para sus hijos/as con sordera, así como a asegurar a este alumnado el ejercicio de su derecho a una educación inclusiva y de calidad.
Con este fin, aportamos el presente documento de reflexiones y propuestas de base en el marco que regula nuestro Sistema Educativo, en cuyo contexto se incluye este alumnado y sus familias.

LIBERTAD DE ELECCIÓN

Compartiendo el propósito de la futura Ley Maestra sobre libertad de elección educativa de las familias, cualquier propuesta que se pueda plantear en ella referida a la lengua vehicular de enseñanza del alumnado con sordera (lengua oral y/o lengua de signos) debe sustentarse sobre el principio de libertad de elección de la lengua de comunicación que rige en nuestro ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el paradigma establecido por la Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

A este respecto, hay que recordar que más del 95% de los niños/as con sordera nacen en el seno de familias oyentes, siendo mayoritariamente su lengua materna la lengua oral de su entorno más inmediato. Así, por encima de cualquier otra consideración, habrá de prevalecer, en todo caso, y tratándose de menores, el derecho de los padres/madres o representantes legales a elegir la lengua materna de sus hijos/as y su educación.

Por otra parte, habrá que considerar que el aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua de signos es un derecho de las personas sordas (y de sus familias mientras éstas son menores de edad), que en ningún caso comporta obligatoriedad para quienes no es su lengua de elección, dado que el hecho de tener una sordera no lleva aparejada la comunicación en lengua de signos, como bien muestra la literatura científica vinculada, entre otros, a la Neurociencia y la Neurolingüística, y lo que empíricamente es más relevante, tal como pone de relieve la mirada y análisis sobre la diversidad existente entre las personas con sordera.

GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS

• Entendemos que el Sistema Educativo debe garantizar a las personas sordas la puesta a su disposición de los recursos necesarios para el ejercicio de su derecho a una educación inclusiva y de calidad, en todas las etapas educativas, más allá de las obligatorias, incluyendo etapas fundamentales como la Educación Infantil, el Bachillerato, la FP de Grado Superior, la Educación de Adultos y las Enseñanzas Universitarias.
• En el caso del alumnado con sordera que haya optado por la lengua oral y utilice prótesis auditivas (audífonos e implantes), junto a los recursos personales docentes (maestros de audición y lenguaje, maestros de pedagogía terapéutica) y otros de tipo organizativo y metodológico para el acceso al currículo, que sean necesarios en cada caso, se les debe proveer de productos de apoyo a la audición y a la comunicación oral, tales como sistemas FM y bucles magnéticos y subtitulación de materiales audiovisuales y en entornos virtuales de enseñanza. Cuando se trate de alumnos que sean usuarios de lengua de signos, y hayan optado ellos o sus padres o representantes legales, en el caso de menores, por la lengua de signos como lengua de comunicación, además deberán contar con intérpretes de lengua de signos.
• En relación con el profesorado y los recursos personales de apoyo, para el Movimiento Asociativo de Familias FIAPAS es una exigencia prioritaria la actualización competencial en la formación del profesorado para que éste pueda adecuar la respuesta educativa a las necesidades emergentes del alumnado con sordera, cuyo acceso a un diagnóstico precoz y a las actuales prótesis auditivas, que la Audiología y la Medicina han puesto a su alcance, les posibilita el acceso temprano a la lengua oral del entorno y ha cambiado sustancialmente su perspectiva socioeducativa. FIAPAS (Jáudenes, C. dir.) (2019): Estudio Sociológico FIAPAS. Situación socioeducativa de las personas con sordera en España (2017/2018). Madrid: Confederación Española de Familias de Personas Sordas FIAPAS. http://bit.ly/estudio-sociologico-fiapas-2ed 
• Entendemos por ello que, entre los profesionales que desempeñan su labor en el ámbito educativo, todos los perfiles han de responder a los requisitos académicos y de titulación requeridos para el ejercicio docente. Así, junto a lo establecido con carácter general en la normativa de ordenación educativa y académica al respecto, la propia Ley 27/2007, ya mencionada, en su artículo 7.4, establece que las titulaciones deberán ser determinadas por la Administración educativa competente conforme a la normativa existente sobre requisitos para su ejercicio.
• Asimismo, en coherencia con la normativa que regula los derechos de las personas con discapacidad, las Administraciones educativas han de asegurar que todos los centros educativos, espacios y actividades, cumplen las condiciones básicas de accesibilidad para la plena participación e inclusión del alumnado con sordera, poniendo a su disposición tanto los productos de apoyo a la audición y a la comunicación antes citados, como las medidas precisas para el acceso a la información, a la comunicación y al aprendizaje.

REFERENCIAS A LAS PERSONAS SORDAS

Cualquier referencia que se pueda contener en la Ley Maestra en relación con el alumnado con sordera debe hacerse, atendiendo a su diversidad comunicativa y sobre la base del derecho de libertad de elección ya citado, clarificando que los destinatarios de las medidas específicas vinculadas a la lengua de signos será el alumnado con sordera que sea usuario de la misma, por elección propia o de sus padres o representantes legales en el caso de menores. 

En el mismo sentido, si en algún momento se hace referencia al modelo educativo bilingüe en alusión al alumnado con sordera, habría que especificar de qué bilingüismo se trata. Hacer esta matización es preciso porque, hoy en día, existe una mayoría de alumnado con sordera para quienes las lenguas vehiculares de enseñanza son ambas orales (español e inglés). E, incluso, en las regiones que cuentan con lengua cooficial, son tres las lenguas orales a las que acceden, incluida una lengua extranjera.

En definitiva, no deben generalizarse y sí matizarse estas expresiones en concordancia con el marco normativo vigente, en el cual viene haciéndose esta diferenciación de forma expresa desde la publicación de la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral.

Desde nuestra Asociación de Vecinos por la defensa de los Vecinos de Arganzuela vemos como quieren imponer una ley que atenta a nuestros derechos y al de nuestros hijos

Las familias deben tener un papel en la educación de sus hijos y los centros deben complementar dicha labor. La función de la educación pública no es contravenir el derecho de las familias a educar en los valores morales y religiosos que la familia posea.  Por ello debe garantizarse el derecho de los padres a vetar la asistencia de sus hijos a cualquier adoctrinamiento que se pudiera hacer en el centro a cualquier hora.

Los planes educativos deben aspirar a la excelencia no a la mediocridad ni a la reducción de contenidos como viene sucediendo en España con los últimos planes siendo indispensable las evaluaciones externas al final de cada etapa, para asegurar unos niveles mínimos en todos los centros. Dar un título academico sin tener los conocimientos adquiridos es devaluar dicho reconocimiento y desprestigiar a los alumnos que lo han adquirido. Asi mismo reforzar la autoridad del profesor

La educación pública ha de ser neutral y no puede estar politizada utilizandola para beneficios electorales como pasa cuando se quiere imponer la idologia de genero defendida por algunos partidos politicos

Actuar decididamente contra el acoso o violencia hacia los alumnos y los profesores estableciendo protocolos generales y destinar recursos a tal fin. Carece de sentido que cada centro esté actuando con protocolos diferentes

Otras medidas que requiere la eduación: 

Establecer el cheque escolar como la mejor manera de garantizar la gratuidad de la enseñanza básica como establece la Constitución. 

Las becas deben ir unidas a la excelencia y deben asegurar regirse por el principio de igualdad de oportunidades tanto para bachillerato, formación profesional y demás educaciones no gratuitas

Necesidad de potenciar la formación a distancia. Dicha formación debe evaluarse de manera continua de forma homogénea y los alumnos deberán realizar las pruebas externas al final de cada curso.

La educación infantil, El Bachillerato, la FP básica y de grado medio deben ser gratuitas. Para aumentar las plazas gratuitas a la demanda real deberán financiarse con fondos públicos todas las plazas existentes. Potenciar la Formación Profesional y fomentar su labor como formación valida y necesaria dotándola del reconocimiento social que merece.

Escuchen a los ciudadanos. Son nuestros hijos. no los suyos

Desde el principio de responsabilidad que tenemos en UGT con la calidad de la educación madrileña, con una actitud de colaboración, de búsqueda de consensos y acuerdos que sirvan para aunar esfuerzos y mejorar la educación madrileña y, ante el anuncio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid de llevar a cabo una Ley Maestra para nuestra región tras la publicación de la LOMLOE, le trasladamos una serie de consideraciones y propuestas que habría que tener en cuenta en el proceso de elaboración de dicha Ley madrileña.

Antes de comenzar el debate respecto al articulado de la Ley, habría que hacer un análisis objetivo y una evaluación inicial de la situación actual de la educación madrileña detectando los aspectos que habría que mejorar, y a partir de ahí programar los objetivos que pretenda conseguir dicha Ley.

La situación de la educación madrileña, desde el punto de vista de UGT, se caracteriza actualmente por:

Un importante déficit de inversión educativa: No llegamos al 2% del PIB cuando la media en España es en torno al 4,3%. Tenemos el mayor PIB del Estado y proporcionalmente la menor inversión en educación.

Una importante escasez de recursos en materia de personal docente y no docente, fundamentalmente de profesionales dedicados a la atención a la diversidad.

La menor inversión en formación del profesorado (pasamos de invertir 398 € por profesor a invertir 22 €).

Una significativa masificación en las aulas. Según un informe que publicamos el 28 de julio, más del 25% de las aulas superaban las ratios establecidas.

Una alta precariedad en el personal de los centros educativos, en peores condiciones laborales y retributivas que los profesionales de otras CCAA y que la media de la Comunidad Económica Europea, con una alta tasa de temporalidad muy por encima del 8% establecido por Acuerdo a nivel estatal.

Contamos con la mayor proporción de enseñanza privada respecto a la pública, y por tanto, la mayor desigualdad y el mayor gasto familiar en educación.

Estamos a la cabeza en cuanto a segregación escolar y desigualdad social. Nos encontramos entre la décima y la decimotercera Comunidad Autónoma en promoción y titulación, según la etapa.

Unas infraestructuras deficientes por falta de inversión y mantenimiento durante décadas. Las últimas inclemencias meteorológicas han mostrado la fragilidad de las infraestructuras educativas.

Un importante déficit en inversión para la transformación digital de la comunidad educativa, que ha evidenciado aún más la pandemia y el consiguiente cierre de centros educativos. Escasez de recursos digitales, conectividad, formación, capacidad de las plataformas autorizadas, etc.

Una falta de planificación educativa para afrontar los nuevos retos en la enseñanza madrileña.

Una gran delegación de competencias de las responsabilidades de la Consejería de Educación en las direcciones de los centros sin aportar los recursos necesarios.

Estos indicadores proceden de datos públicos que se pueden verificar en los Informes del Consejo Escolar de Madrid y del Estado.

Ante esta situación, y con el objetivo de conseguir una educación de calidad con la nueva Ley Maestra, UGT considera que hay que plantear soluciones, planificando a corto, medio y largo plazo, para lo que presenta las siguientes PROPUESTAS:

1.- En cuanto a POLÍTICAS EDUCATIVAS E INVERSIÓN. – Proponemos:

Poner en marcha unas políticas educativas que den solución a los problemas reales de la educación madrileña, reviertan los recortes y rebajen los indicadores mencionados en el análisis de la situación actual de la educación madrileña, empezando por incrementar la inversión en educación de forma progresiva para aproximarnos al 7% del PIB.

.- En cuanto a la PRECARIEDAD DEL PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. - Docentes y no docentes. Consideramos imprescindible:

Negociar un Plan de empleo que reduzca la alta tasa de temporalidad mediante amplias ofertas de empleo público.

Transformar en estructurales las plazas que ocupaban a inicio de curso los docentes destinados a los desdobles de grupos y refuerzos educativos. Establecer un proceso de estabilización de las actuales plantillas para reducir la alta tasa de temporalidad del sector e incrementar el número de profesionales de todos los perfiles, desde el PAS, el personal de limpieza, docentes especialistas, perfiles de atención a la diversidad como PT, AL, compensatoria, orientadores, TE 3, etc.

Reducir la carga lectiva de los docentes de todas las etapas y niveles educativos.

Homologar las retribuciones de los y las trabajadoras de la enseñanza equiparándolas con el resto de CCAA, teniendo en cuenta el IPC de Madrid.

Establecer un proceso que garantice todas las condiciones laborales y retributivas del profesorado técnico de FP con titulación de FP, previas a la LOMLOE.

Regular el trabajo docente en línea. Negociación de un Acuerdo sobre el teletrabajo en la docencia, no solo por posibles confinamientos intermitentes sino porque la digitalización ha llegado para quedarse.

Publicar las RPT del personal docente de la Consejería de Educación.

Adaptar el puesto de trabajo al personal más vulnerable.

Dignificar el trabajo docente, mediante el reconocimiento del trabajo y el esfuerzo del profesorado. Ver en el docente parte de la solución no del problema, por tanto, ampliar la participación, la negociación, la contribución de los sindicatos en esta labor esencial, personal y social, que es la educación.

Implantar medidas que motiven al profesorado, mediante una carrera profesional que fomente las mejores condiciones posibles para su trabajo y la formación práctica.

Dotar de personal sanitario a todos los centros educativos.

Impulsar la participación y colaboración entre las familias y los centros.

Fomentar la labor de acompañamiento y orientación de la Inspección Educativa, que esuna buena herramienta para mejorar el sistema educativo.

3.-Respecto a LA DESIGUALDAD Y LA SEGREGACIÓN. – Proponemos elaborar un plan por la equidad en el sistema educativo, consensuado con la comunidad educativa, como elemento esencial para acabar con la segregación que sufrimos en Madrid. Ello, sin duda, exigiría:

Establecer un Plan de compensación de desigualdades, que aporte soluciones a la brecha social, emocional y digital que se ha incrementado durante la pandemia, y que sirva para impedir el incremento del abandono y fracaso escolar, consensuado con la comunidad educativa.

Asegurar la gratuidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Dotación de los recursos extra que sean necesarios para los centros con mayor concentración de alumnado vulnerable.

Garantizar la presencialidad en todos los niveles y etapas educativas para asegurar la igualdad de oportunidades para el alumnado, implementando todas las medidas de salud y seguridad necesarias.

Ampliar el número de plazas públicas ofertadas, fundamentalmente para el primer ciclo de Educación Infantil y para Formación Profesional.

Mantener las ratios del curso actual en los niveles donde se han reducido y reducirlas en etapas como Primer Ciclo de Educación Infantil, Escuelas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas o Escuelas de Personas Adultas, en las que no se ha llevado a cabo, con el consiguiente aumento de cupos y plantillas. Así mismo, habría que reducir la ratio del alumnado que atienden los profesionales de atención a la diversidad.

Incrementar los recursos para la atención a la diversidad. La escasez de recursos en materia de profesorado y de profesionales de atención a la diversidad es una cuestión esencial que dificulta la atención individualizada. Debemos profundizar en el concepto de inclusión educativa.

4.- Sobre los PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN. -  Sería necesario:

Supervisar y planificar dichos procesos a través de Comisiones de Escolarización, formadas por las organizaciones representativas legales de la comunidad educativa y nombrados por ellas, además de los miembros designados por la Administración.

Partir de los siguientes principios: garantizar una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad de apoyo educativo; adoptar las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza.

Impedir que los centros sostenidos con fondos públicos perciban cantidades de las familias por recibir enseñanzas obligatorias, de carácter gratuito, o les impongan a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establezcan servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos y alumnas.

Priorizar la proximidad al domicilio familiar o laboral de las familias, la existencia de hermanos o padres en el centro, las minusvalías del alumnado o familia y el nivel de renta.

Ampliar las plazas ofrecidas en las enseñanzas no obligatorias, sometidas a proceso de escolarización, a fin de ajustar la oferta a la demanda.

5.- Respecto a LOS ESPACIOS Y LAS INFRAESTRUCTURAS. - Consideramos imprescindible:

Elaborar una verdadera planificación de la red de centros que contemple la construcción, mantenimiento y adecuación de las infraestructuras educativas.

Diseñar edificaciones dignas y eficientes, de acuerdo con criterios de sostenibilidad, defensa del medio ambiente y adaptación a la finalidad a la que están dirigidos.

Llevar a cabo la construcción de centros públicos en una sola fase (tenemos 90 centros en construcción por fases que afectan alrededor de 50.000 alumnos y alumnas).

Proporcionar a los centros una adecuada climatización y ventilación compatible con las temperaturas de la región.

Garantizar las medidas de seguridad sanitarias y salud con todos los recursos necesarios.

6.-En cuanto a LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EDUCACIÓN. - Es necesario:

Incrementar los bancos de recursos disponibles.

Mejorar y ampliar las plataformas educativas para trabajar con las familias y el alumnado.

Dotar de los recursos digitales necesarios para que los y las docentes puedan llevar a cabo la labor educativa a todo el alumnado, sin que esta modalidad de trabajo implique dejar a nadie atrás.

Mejorar y ampliar la conectividad.

Determinar los procesos de protección de datos y dotar de personal técnico cualificado a los centros para poder aportar el soporte técnico necesario para la transformación digital.

7.-En cuanto a la FORMACIÓN:

Incrementar significativamente la inversión en formación del profesorado. Formación digital, en salud laboral, en innovación y renovación pedagógica, en educación emocional, etc. No solo para los y las docentes, sino también para las familias que lo necesiten.

Fomentar la cooperación entre docentes, la innovación y la renovación pedagógica. Surge la necesidad de implantar nuevas metodologías, para lo que se requiere una formación adecuada.

Deberíamos aprovechar este momento excepcional para revisar los currículos, hacerlos más competenciales, definir procesos de evaluación, aprendizaje cooperativo, innovación pedagógica, etc.

8.- Respecto a la PARTICIPACIÓN. – La Administración autonómica debe:

Impulsar la participación y colaboración entre familias y centros.

Potenciar las redes de escuelas, de centros y de profesorado fomentando la cooperación entre los docentes.

Convocar las Mesas de negociación colectiva necesarias para la información, debate y negociación de cuantas medidas afecten a las y los trabajadores de la enseñanza en sus condiciones laborales, retributivas, de acceso a la docencia, carrera profesional y aquellas que afecten al objetivo propio de la función que desarrollan.

Pues bien, todo esto exige inversión y no solo del Ministerio. Sanidad y Educación son y deben ser servicios esenciales y públicos, por lo que se debe garantizar el acceso universal a los mismos dotándoles de los recursos necesarios.

PROPUESTAS DE UGT A LA LEY MAESTRA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Desde el principio de responsabilidad que tenemos en UGT con la calidad de la educación madrileña, con una actitud de colaboración, de búsqueda de consensos y acuerdos que sirvan para aunar esfuerzos y mejorar la educación madrileña y, ante el anuncio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid de llevar a cabo una Ley Maestra en Madrid tras la publicación de la LOMLOE, le trasladamos una serie de consideraciones y propuestas que habría que tener en cuenta en el proceso e elaboración de dicha Ley madrileña.

Antes de comenzar el debate respecto al articulado de la Ley, habría que hacer un análisis objetivo y una evaluación inicial de la situación actual de la educación madrileña detectando los aspectos que habría que mejorar, y partir de ahí para programar los objetivos que pretenda conseguir dicha Ley.

La situación de la educación madrileña, desde el punto de vista de UGT se caracteriza actualmente por:

Un importante déficit de inversión educativa: No llegamos al 2% del PIB cuando la media en España es en torno al 4,3%. Tenemos el mayor PIB del Estado y proporcionalmente la menor inversión en educación.

Una importante escasez de recursos en materia de personal docente y no docente, fundamentalmente de profesionales dedicados a la atención a la diversidad.

La menor inversión en formación del profesorado (pasamos de invertir 398 € por profesor a invertir 22 €.

Una significativa masificación en las aulas. Según un informe que publicamos el 28 de julio, más del 25% de las aulas superaban las ratios establecidas.

Una alta precariedad en el personal de los centros educativos, en peores condiciones laborales y retributivas que los profesionales de otras CCAA y que la media de la Comunidad Económica Europea, con una alta tasa de temporalidad muy por encima del 8% establecido por acuerdo a nivel estatal.

Contamos con la mayor proporción de enseñanza privada respecto a la pública, y por tanto la mayor desigualdad y el mayor gasto familiar en educación.

Estamos a la cabeza en cuanto a segregación escolar y desigualdad social. Nos encontramos entre la décima y la decimotercera CCAA en promoción y titulación, según la etapa.

Unas infraestructuras deficientes por falta de inversión y mantenimiento durante décadas. Las últimas inclemencias meteorológicas han mostrado la fragilidad de las infraestructuras educativas.

Un importante déficit en inversión para la transformación digital de la comunidad educativa, que ha evidenciado aún más la pandemia y el consiguiente cierre de centros educativos. Escasez de recursos digitales, conectividad, formación, capacidad de las plataformas autorizadas, etc.

Una falta de planificación educativa para afrontar los nuevos retos en la enseñanza madrileña.

Una gran delegación de competencias de las responsabilidades de la Consejería de Educación en las direcciones de los centros sin aportar.

Estos indicadores proceden de datos públicos que se pueden verificar en los Informes del Consejo Escolar de Madrid y del Estado.

Ante esta situación, y con el objetivo de conseguir una educación de calidad con la nueva Ley Maestra, UGT considera que hay que plantear soluciones, planificando a corto, medio y largo plazo, para lo que presenta las siguientes PROPUESTAS:

1.- En cuanto a POLÍTICAS EDUCATIVAS E INVERSIÓN. - Proponemos

Poner en marcha unas políticas educativas que den solución a los problemas reales de la educación madrileña, reviertan los recortes y rebajen los indicadores mencionados en el análisis de la situación actual de la educación madrileña. Empezando por incrementar la inversión en educación de forma progresiva para aproximarnos al 7% del PIB.

.- En cuanto a la PRECARIEDAD DEL PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. - Docentes y no docentes. Consideramos imprescindible:

Negociar un Plan de empleo que reduzca la alta tasa de temporalidad mediante amplias ofertas de empleo público.

Transformar en estructurales las plazas que ocupaban a inicio de curso los docentes destinados a los desdobles de grupos y refuerzos educativos.

Establecer un proceso de estabilización de las actuales plantillas para reducir la alta tasa de temporalidad del sector e incrementar el número de profesionales de todos los perfiles, desde el PAS, el personal de limpieza, docentes especialistas, perfiles de atención a la diversidad como PT, AL, compensatoria, orientadores, TE 3, etc.

Reducir la carga lectiva de los docentes de todas las etapas y niveles educativos.

Homologar las retribuciones de los y las trabajadoras de la enseñanza equiparándolas con el resto de CCAA, teniendo en cuenta el IPD de Madrid.

Establecer un proceso que garantice todas las condiciones laborales y retributivas del profesorado técnico de FP con titulación de FP, previas a la LOMLOE.

Regular el trabajo docente en línea. Negociación de un Acuerdo sobre el teletrabajo en la docencia, no solo por posibles confinamientos intermitentes sino porque la digitalización ha llegado para quedarse.

Publicar las RPT del personal docente de la Consejería de Educación.

Adaptar el puesto de trabajo al personal más vulnerable.

Dignificar el trabajo docente, mediante el reconocimiento del trabajo y el esfuerzo del profesorado. Ver en el docente parte de la solución no del problema, por tanto, ampliar la participación, la negociación, la contribución de los sindicatos en esta labor esencial, personal y social, que es la educación.

Implantar medidas que motiven al profesorado, mediante una carrera profesional que fomente las mejores condiciones posibles para su trabajo y la formación práctica.

Dotar de personal sanitario a todos los centros educativos.

Impulsar la participación y colaboración entre las familias y los centros.

Fomentar la labor de acompañamiento y orientación de la Inspección Educativa, que en estos momentos puede ser una buena herramienta para mejorar el sistema educativo.

3.-Respecto a LA DESIGUALDAD Y LA SEGREGACIÓN. - Proponemos:

Establecer un Plan de compensación de desigualdades, que aporte soluciones a la brecha social, emocional y digital que se ha incrementado durante la pandemia y que impida el incremento del abandono y fracaso escolar, consensuado con la comunidad educativa.

Asegurar la gratuidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Dotación de los recursos extra necesarios para los centros con mayor concentración de alumnado vulnerable.

Garantizar la presencialidad en todos los niveles y etapas educativas para asegurar la igualdad de oportunidades para el alumnado, implementando todas las medidas de salud y seguridad necesarias.

Ampliar el número de plazas públicas ofertadas, fundamentalmente para el primer ciclo de Educación Infantil y para Formación Profesional.

Mantener las ratios del curso actual en los niveles donde se han reducido y reducirlas en etapas como Educación Infantil, donde no se ha llevado a cabo, con el consiguiente aumento de plantillas y cupos. Así mismo, habría que reducir la ratio del alumnado que atienden los profesionales de atención a la diversidad.

Incrementar los recursos para la atención a la diversidad. La escasez de recursos en materia de profesorado, de profesionales de atención a la diversidad es una cuestión esencial que dificulta la atención individualizada. Debemos profundizar en el concepto de inclusión educativa.

4.- Sobre los PROCDESOS DE ESCOLARIZACIÓN. -  Sería necesario:

Supervisar y planificar dichos procesos a través de Comisiones de Escolarización, formadas por las organizaciones representativas legales de la comunidad educativa y nombrados por ellas, además de los miembros designados por la Administración.

Partir de los siguientes principios: garantizar una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad de apoyo educativo; adoptar las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza.

Impedir que los centros sostenidos con fondos públicos perciban cantidades de las familias por recibir enseñanzas obligatorias, de carácter gratuito e impongan a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establezcan servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos.

Priorizar la proximidad al domicilio familiar o laboral de las familias, la existencia de hermanos o padres en el centro, las minusvalías del alumnado o familia y el nivel de renta.

Ampliar las plazas ofrecidas en las enseñanzas no obligatorias, sometidas a proceso de escolarización, a fin de ajustar la oferta a la demanda.

5.- Respecto a LOS ESPACIOS Y LAS INFRAESTRUCTURAS. - Consideramos imprescindible:

Elaborar una verdadera planificación de la red de centros que contemple la construcción, mantenimiento y adecuación de las infraestructuras educativas.

Diseñar edificaciones dignas y eficientes, de acuerdo con criterios de sostenibilidad, defensa del medio ambiente y adaptación a la finalidad a la que están dirigidos.

Llevar a cabo la construcción de centros públicos en una sola fase (tenemos 90 centros en construcción por fases que afectan alrededor de 50.000 alumnos).

Proporcionar a los centros una adecuada climatización y ventilación compatible con las temperaturas de la región.

Garantizar las medidas de seguridad sanitarias y salud con todos los recursos necesarios.

6.-En cuanto a LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EDUCACIÓN. - Es necesario:

Incrementar los bancos de recursos disponibles,

Mejorar y ampliar las plataformas educativas para trabajar con las familias y el alumnado.

Dotar de los recursos digitales necesarios para que los docentes puedan llevar a cabo la labor educativa a todo el alumnado, sin que esta modalidad de trabajo implique dejar a nadie atrás.

Mejorar la conectividad.

Determinar los procesos de protección de datos y personal técnico cualificado en los centros que aporte el soporte técnico necesario para la transformación digital.

7.-En cuanto a la FORMACIÓN:

-Fomentar la cooperación entre docentes, la innovación y la renovación pedagógica Surge la necesidad de implantar nuevas metodologías, para lo que se requiere una formación adecuada.

-Deberíamos aprovechar este momento excepcional para revisar los currículums, hacerlos más competenciales, definir procesos de evaluación, aprendizaje cooperativo, innovación pedagógica, etc.

8.- Respecto a la PARTICIPACIÓN. – La Administración autonómica debe:

Impulsar la participación y colaboración entre familias y centros.

Potenciar las redes de escuelas, de centros y de profesorado fomentando la cooperación entre los docentes.

Convocar las Mesas de negociación colectiva necesarias para la información, debate y negociación de cuantas medidas afecten a las y los trabajadores de la enseñanza en sus condiciones laborales, retributivas, de acceso a la docencia, carrera profesional y aquellas que afecten al objetivo propio de la función que desarrollan.

Pues bien, todo esto exige inversión. Y no solo del Ministerio. Porque Sanidad y Educación son y deben ser servicios esenciales y públicos, única garantía de acceso universal a los mismos.

1

PROPUESTAS DE UGT A LA LEY MAESTRA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Desde el principio de responsabilidad que tenemos en UGT con la calidad de la educación

madrileña, con una actitud de colaboración, de búsqueda de consensos y acuerdos que sirvan

para aunar esfuerzos y mejorar la educación madrileña y, ante el anuncio de la Presidenta de la

Comunidad de Madrid de llevar a cabo una Ley Maestra para nuestra región tras la publicación

de la LOMLOE, le trasladamos una serie de consideraciones y propuestas que habría que tener

en cuenta en el proceso de elaboración de dicha Ley madrileña.

Antes de comenzar el debate respecto al articulado de la Ley, habría que hacer un análisis

objetivo y una evaluación inicial de la situación actual de la educación madrileña detectando los

aspectos que habría que mejorar, y a partir de ahí programar los objetivos que pretenda

conseguir dicha Ley.

La situación de la educación madrileña, desde el punto de vista de UGT, se caracteriza

actualmente por:

 Un importante déficit de inversión educativa: No llegamos al 2% del PIB cuando la media

en España es en torno al 4,3%. Tenemos el mayor PIB del Estado y proporcionalmente

la menor inversión en educación.

 Una importante escasez de recursos en materia de personal docente y no docente,

fundamentalmente de profesionales dedicados a la atención a la diversidad.

 La menor inversión en formación del profesorado (pasamos de invertir 398 € por

profesor a invertir 22 €).

 Una significativa masificación en las aulas. Según un informe que publicamos el 28 de

julio, más del 25% de las aulas superaban las ratios establecidas.

 Una alta precariedad en el personal de los centros educativos, en peores condiciones

laborales y retributivas que los profesionales de otras CCAA y que la media de la

Comunidad Económica Europea, con una alta tasa de temporalidad muy por encima del

8% establecido por Acuerdo a nivel estatal.

 Contamos con la mayor proporción de enseñanza privada respecto a la pública, y por

tanto, la mayor desigualdad y el mayor gasto familiar en educación.

 Estamos a la cabeza en cuanto a segregación escolar y desigualdad social. Nos

encontramos entre la décima y la decimotercera Comunidad Autónoma en promoción

y titulación, según la etapa.

 Unas infraestructuras deficientes por falta de inversión y mantenimiento durante

décadas. Las últimas inclemencias meteorológicas han mostrado la fragilidad de las

infraestructuras educativas.

 Un importante déficit en inversión para la transformación digital de la comunidad

educativa, que ha evidenciado aún más la pandemia y el consiguiente cierre de centros

educativos. Escasez de recursos digitales, conectividad, formación, capacidad de las

plataformas autorizadas, etc.

2

 Una falta de planificación educativa para afrontar los nuevos retos en la enseñanza

madrileña.

 Una gran delegación de competencias de las responsabilidades de la Consejería de

Educación en las direcciones de los centros sin aportar los recursos necesarios.

Estos indicadores proceden de datos públicos que se pueden verificar en los Informes del

Consejo Escolar de Madrid y del Estado.

Ante esta situación, y con el objetivo de conseguir una educación de calidad con la nueva Ley

Maestra, UGT considera que hay que plantear soluciones, planificando a corto, medio y largo

plazo, para lo que presenta las siguientes PROPUESTAS:

1.‐ En cuanto a POLÍTICAS EDUCATIVAS E INVERSIÓN. – Proponemos:

Poner en marcha unas políticas educativas que den solución a los problemas reales de

la educación madrileña, reviertan los recortes y rebajen los indicadores mencionados

en el análisis de la situación actual de la educación madrileña, empezando por

incrementar la inversión en educación de forma progresiva para aproximarnos al 7% del

PIB.

2.‐ En cuanto a la PRECARIEDAD DEL PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. ‐ Docentes y

no docentes. Consideramos imprescindible:

Negociar un Plan de empleo que reduzca la alta tasa de temporalidad mediante amplias

ofertas de empleo público.

Transformar en estructurales las plazas que ocupaban a inicio de curso los docentes

destinados a los desdobles de grupos y refuerzos educativos. Establecer un proceso de

estabilización de las actuales plantillas para reducir la alta tasa de temporalidad del

sector e incrementar el número de profesionales de todos los perfiles, desde el PAS, el

personal de limpieza, docentes especialistas, perfiles de atención a la diversidad como

PT, AL, compensatoria, orientadores, TE 3, etc.

Reducir la carga lectiva de los docentes de todas las etapas y niveles educativos.

Homologar las retribuciones de los y las trabajadoras de la enseñanza equiparándolas

con el resto de CCAA, teniendo en cuenta el IPC de Madrid.

Establecer un proceso que garantice todas las condiciones laborales y retributivas del

profesorado técnico de FP con titulación de FP, previas a la LOMLOE.

Regular el trabajo docente en línea. Negociación de un Acuerdo sobre el teletrabajo en

la docencia, no solo por posibles confinamientos intermitentes sino porque la

digitalización ha llegado para quedarse.

Publicar las RPT del personal docente de la Consejería de Educación.

3

Adaptar el puesto de trabajo al personal más vulnerable.

Dignificar el trabajo docente, mediante el reconocimiento del trabajo y el esfuerzo del

profesorado. Ver en el docente parte de la solución no del problema, por tanto, ampliar

la participación, la negociación, la contribución de los sindicatos en esta labor esencial,

personal y social, que es la educación.

Implantar medidas que motiven al profesorado, mediante una carrera profesional que

fomente las mejores condiciones posibles para su trabajo y la formación práctica.

Dotar de personal sanitario a todos los centros educativos.

Impulsar la participación y colaboración entre las familias y los centros.

Fomentar la labor de acompañamiento y orientación de la Inspección Educativa, que es

una buena herramienta para mejorar el sistema educativo.

3.‐Respecto a LA DESIGUALDAD Y LA SEGREGACIÓN. – Proponemos elaborar un plan por la

equidad en el sistema educativo, consensuado con la comunidad educativa, como elemento

esencial para acabar con la segregación que sufrimos en Madrid. Ello, sin duda, exigiría:

Establecer un Plan de compensación de desigualdades, que aporte soluciones a la

brecha social, emocional y digital que se ha incrementado durante la pandemia, y que

sirva para impedir el incremento del abandono y fracaso escolar, consensuado con la

comunidad educativa.

Asegurar la gratuidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Dotación de los recursos extra que sean necesarios para los centros con mayor

concentración de alumnado vulnerable.

Garantizar la presencialidad en todos los niveles y etapas educativas para asegurar la

igualdad de oportunidades para el alumnado, implementando todas las medidas de

salud y seguridad necesarias.

Ampliar el número de plazas públicas ofertadas, fundamentalmente para el primer ciclo

de Educación Infantil y para Formación Profesional.

Mantener las ratios del curso actual en los niveles donde se han reducido y reducirlas

en etapas como Primer Ciclo de Educación Infantil, Escuelas Oficiales de Idiomas,

Enseñanzas Artísticas o Escuelas de Personas Adultas, en las que no se ha llevado a cabo,

con el consiguiente aumento de cupos y plantillas. Así mismo, habría que reducir la

ratio del alumnado que atienden los profesionales de atención a la diversidad.

Incrementar los recursos para la atención a la diversidad. La escasez de recursos en

materia de profesorado y de profesionales de atención a la diversidad es una cuestión

esencial que dificulta la atención individualizada. Debemos profundizar en el concepto

de inclusión educativa.

4

4.‐ Sobre los PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN. ‐ Sería necesario:

Supervisar y planificar dichos procesos a través de Comisiones de Escolarización,

formadas por las organizaciones representativas legales de la comunidad educativa y

nombrados por ellas, además de los miembros designados por la Administración.

Partir de los siguientes principios: la obligatoriedad de garantizar una adecuada y

equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad de

apoyo educativo; adoptar las medidas necesarias para evitar la segregación del

alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza.

Impedir que los centros sostenidos con fondos públicos perciban cantidades de las

familias por recibir enseñanzas obligatorias, de carácter gratuito, o les impongan a las

familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establezcan

servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica

por parte de las familias de los alumnos y alumnas.

Priorizar la proximidad al domicilio familiar o laboral de las familias, la existencia de

hermanos o padres en el centro, las minusvalías del alumnado o familia y el nivel de

renta.

Ampliar las plazas ofrecidas en las enseñanzas no obligatorias, sometidas a proceso de

escolarización, a fin de ajustar la oferta a la demanda.

5.‐ Respecto a LOS ESPACIOS Y LAS INFRAESTRUCTURAS. ‐ Consideramos imprescindible:

Elaborar una verdadera planificación de la red de centros que contemple la

construcción, mantenimiento y adecuación de las infraestructuras educativas.

Diseñar edificaciones dignas y eficientes, de acuerdo con criterios de sostenibilidad,

defensa del medio ambiente y adaptación a la finalidad a la que están dirigidos.

Llevar a cabo la construcción de centros públicos en una sola fase (tenemos 90 centros

en construcción por fases que afectan alrededor de 50.000 alumnos y alumnas).

Proporcionar a los centros una adecuada climatización y ventilación compatible con las

temperaturas de la región.

Garantizar las medidas de seguridad sanitarias y salud con todos los recursos necesarios.

6.‐En cuanto a LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EDUCACIÓN. ‐ Es necesario:

Incrementar los bancos de recursos disponibles.

Mejorar y ampliar las plataformas educativas para trabajar con las familias y el

alumnado.

Impulsar la formación en competencias digitales.

Dotar de los recursos digitales necesarios para que los y las docentes puedan llevar a

cabo la labor educativa a todo el alumnado, sin que esta modalidad de trabajo implique

dejar a nadie atrás.

5

Mejorar y ampliar la conectividad.

Determinar los procesos de protección de datos y dotar de personal técnico cualificado

a los centros para poder aportar el soporte técnico necesario para la transformación

digital.

7.‐En cuanto a la FORMACIÓN:

Incrementar significativamente la inversión en formación del profesorado. Formación

digital, en salud laboral, en innovación y renovación pedagógica, en educación

emocional, etc. No solo para los y las docentes, sino también para las familias que lo

necesiten.

Fomentar la cooperación entre docentes, la innovación y la renovación pedagógica.

Surge la necesidad de implantar nuevas metodologías, para lo que se requiere una

formación adecuada.

Deberíamos aprovechar este momento excepcional para revisar los currículos, hacerlos

más competenciales, definir procesos de evaluación, aprendizaje cooperativo,

innovación pedagógica, etc.

8.‐ Respecto a la PARTICIPACIÓN. – La Administración autonómica debe:

Impulsar la participación y colaboración entre familias y centros.

Potenciar las redes de escuelas, de centros y de profesorado fomentando la cooperación

entre los docentes.

Convocar las Mesas de negociación colectiva necesarias para la información, debate y

negociación de cuantas medidas afecten a las y los trabajadores de la enseñanza en sus

condiciones laborales, retributivas, de acceso a la docencia, carrera profesional y

aquellas que afecten al objetivo propio de la función que desarrollan.

Pues bien, todo esto exige inversión y no solo del Ministerio. Sanidad y Educación son

y deben ser servicios esenciales y públicos, por lo que se debe garantizar el acceso

universal a los mismos dotándoles de los recursos necesarios.

Como respuesta a la necesidad de inclusión de estudiantes con TDAH y otras dificultades de aprendizaje en entornos educativos, es necesaria la creación de departamentos específicos de apoyo a estos estudiantes y a los docentes para que puedan ayudarles a que desarrollen todo su potencial haciendo las adaptaciones curriculares necesarias para ello. La propuesta es la siguiente:

Objetivos:

Tratar el problema como oportunidad.
Impartir las asignaturas teóricas o de mayor memorización con otra metodología (adaptar los contenidos y evaluarles a de otros modos: más trabajos, no quitando puntos negativos en los exámenes, más investigación y experimentación, etc.)

Desarrollar talleres o actividades que potencien sus fortalezas como:
    - Talleres de habilidades sociales.
    - Talleres de creatividad.

Desarrollar talleres o actividades que les ayuden con sus debilidades como:
    - Talleres de desarrollo de estrategias (de estudio, de organización del trabajo, expresión oral, desarrollo de la atención, etc.)
    - Talleres de regulación emocional.