A estas alturas, en 2017, se me hace difícil entender el por qué han de regularse conjuntamente en una ley conceptos totalmente distintos como son, por una parte, los archivos, su funcionamiento, funciones, estructura sistémica, etc.; y por otra parte, el patrimonio documental, como categoría del patrimonio histórico. Máxime cuando en el propio texto de la memoria se menciona "la superación del ámbito estrictamente cultural al que ha estado vinculada la disciplina archivística desde su configuración en el siglo XIX"...

La interpretación cultural del concepto archivo ha sido una constante que ha inspirado gran parte de las leyes y disposiciones, estatales o autonómicas, que se han aprobado hasta la fecha. En ellas los archivos han sido interpretados en clave cultural, esto es, como instituciones culturales indisociables del concepto “patrimonio histórico”, lo que ha supuesto la separación entre archivos administrativos e históricos. La perspectiva cultural de los archivos se impuso a la hora de entender el verdadero sentido de los artículos 148 y 149 CE, cuya complejidad estructural en cuanto a la distribución competencial en el nuevo Estado de las Autonomías es mucho mayor que la de un mero listado. Dentro de las materias enumeradas en el art. 148 CE, sobre las que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias, no aparecen los archivos junto a otras instituciones culturales (bibliotecas, museos, conservatorios de interés regional) porque los archivos no nacen como tales, sino como resultado de la gestión administrativa de las organizaciones y, por ello, no pueden interpretarse ab initio como instituciones culturales.

Por el contrario, los archivos de titularidad estatal sí se citan en el artículo 149.1.28ª. Se diferencia pues entre los archivos administrativos de las Comunidades Autónomas –en 1978 aún inexistentes, no se olvide- de los archivos históricos estatales, dispersos por todo el territorio español, sin perjuicio de la posibilidad de su gestión autonómica. Si las Comunidades Autónomas no existían resultaba prematuro cuando menos atribuir a sus archivos –esto es, a los de su futura documentación- el carácter de históricos y, por ello, de instituciones culturales.

Sin embargo, esto es justamente lo que sucedió y es la conceptuación que se halla presente en la Ley 16/1985, de 16 de junio, de Patrimonio Histórico Español (en adelante LPHE). Su mención parece obligada toda vez que ha sido una norma profusamente imitada, al menos en una primera etapa, por la normativa autonómica. Imitación que se traduce, entre otras cosas, en la creación de archivos regionales, nacionales o generales para la custodia de documentos históricos y no para la de la documentación que se empezaba a generar por su propia administración. Un ejemplo de esto lo constituyó la primera institución-edificio archivístico de la Comunidad de Madrid, el primitivo Archivo Regional, sito en la calle de Amaniel y conceptualizado básicamente como un contenedor de fondos históricos (incluso de titularidad estatal). Así, los sistemas autonómicos se configuraron plenamente regulando los archivos administrativos desde el área tradicional de los archivos históricos, quedando por resolver muchos, si no todos, de los problemas de los primeros (HEREDIA HERRERA, Antonia, “El sistema andaluz de archivos...” en Sistemas archivísticos y tratamiento de documentos en el Estado de las Autonomías, Consejería de Cultura y Deporte, Gobierno de Cantabria, Santander, 1997, p. 41.)

La confusión esbozada se aprecia en primer lugar en los propios Estatutos de las respectivas Comunidades Autónomas. Así, cuando en todos ellos se establece la competencia exclusiva sobre los archivos que no sean de titularidad estatal, estos figuran ineludiblemente junto a otros “depósitos culturales” como museos, bibliotecas, conservatorios, centros de bellas artes, etc. Bien es cierto que en los nuevos Estatutos que vienen aprobándose en los últimos años (desde 2006) los archivos aparecen mencionados también desde otra perspectiva: la de la buena administración como derecho ciudadano (Véase el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, elaborado en 2005 por el Defensor del Pueblo Europeo y disponible en la dirección http://www.euro-ombudsman.eu.int/code/pdf/es/code2005_es.pdf).

La nueva Ley 39/2015, de procedimiento administrativo, al regular el archivo electrónico, considera por vez primera el archivo en el contexto de la actuación administratica, remediando el famoso "lapsus" de la LPA de 1958 que refería Luis Sánchez Belda en un artículo que ya hace mucho devino en clásico. Quizá vaya siendo ya hora de separar ambas realidades, en los planos tanto normativo como organizativo...