Propuestas del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid al del Anteproyecto de Ley de creación de la Agencia Madrileña de Calidad de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

 “Planificación de los servicios sociales, ordenación y participación”

Título VI a la “Calidad, transparencia, inspección y formación”

1.- Problema que se pretende solucionar

El desarrollo de la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y la asunción de un modelo de atención integral centrada en la persona, exigen que el centro directivo que ostente las competencias mencionadas evolucione su forma jurídica a otra que le permita la flexibilización de funcionamiento requerida, así como la independencia y autonomía necesarias respecto al resto de centros directivos de la consejería, sin perjuicio de los controles que la normativa establece para este tipo de entidades, todo lo cual redundará en una mayor eficiencia en la actividad que realiza, y, en definitiva, en la mejora del servicio prestado a la ciudadanía.

El modelo de atención integral y centrada en la personal conlleva servicios prestados con criterios de requisitos y estándares de calidad, eficiencia y accesibilidad para que general un sistema coherente, planificado y organizado.

La nueva perspectiva metodológica conllevará que las prestaciones y servicios asistan y acompañen a la persona en la realización de su plan individualizado de apoyos. Los objetivos deberán estar alineados con las capacidades y necesidades de cada persona tomando como base el principio de individualización expresada en la necesidad de adecuar la intervención profesional a las particularidades específicas de cada persona, grupo o comunidad.

Además, las características del nuevo modelo requieren:

• Mayor flexibilidad y ductilidad al establecer modalidades de atención, de estancia y de presencia, así como en las prestaciones que desarrollan.

Para pasar de un modelo asistencialista a un modelo de atención integral y centrada en la persona, la flexibilidad es un requisito básico. En el modelo actual, las personas usuarias son las que se adaptan forzosamente a las características de los centros, servicios y programas que pretenden atender sus necesidades, mientras que el nuevo modelo de atención en los centros, propone que sean éstos los que se adapten a las necesidades de las personas usuarias y para que sus prestaciones profesionales y tecnológicas estén en función de los respectivos planes individualizados de apoyos. Es necesario abandonar prácticas institucionalizadoras y promover planes de vida independientes y autónoma dentro del entorno habitual de cada persona.

Es necesario una nueva concepción en cuanto a la organización y funciones de los centros como se hizo patente durante la pandemia de la COVID 19 y como viene siendo tendencia en el resto de los países europeos. (buscar igualdad de plazas). También resulta de vital importancia tener la organización territorial de los centros, toda vez que se pueda dar respuesta a las necesidades que surjan en todas las demarcaciones territoriales sin necesidad de sacar a las personas de su entorno habitual.

En cuanto al derecho de las personas usuarias de los centros:

• Las personas responsables de los centros y programas de servicios sociales garantizarán a las personas usuarias el derecho a recibir información veraz y accesible, a la confidencialidad, la privacidad y la intimidad personal y a que se utilicen todas las adaptaciones contempladas para la accesibilidad universidad para garantizar la correcta compresión de la información.
• Derecho de estas personas a participar en sus procesos tomando como base el principio de personalización que reconoce a la persona como sujeto activo en su proceso de intervención.
• Los centros residenciales deben disponer de órganos de participación que den voz a los/as residentes y sirvan como espacio de encuentro para la reflexión sobre las decisiones que afecten a su vida cotidiana dentro del centro. Para aquellas situaciones en la que la persona usuaria no cuenta con la capacidad para poder participar en estos procesos, podrá ser representada por la persona designada por el/la residente, sus familiares, allegados o entidad curatelar pública o privada.
• Cuando la persona ingrese en un centro de atención residencial deberá contar con la declaración manifiesta de ingresar voluntariamente o con el auto de ingreso no voluntario acordado por la autoridad judicial.
• Las personas usuarias de los centros de atención residencial y de atención diurna y nocturna tienen derecho al ejercicio de la libertad individual para ingresar, permanecer y salir del centro o residencia, así como a dar o denegar su consentimiento expreso en relación con una determinada intervención, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente para las personas sujetas a medidas judiciales de apoyo o exista una prescripción técnica que deba ser tenida en consideración por el bienestar de la persona.
• La persona usuaria tendrá derecho a que cuando ingrese en el centro residencial se recojan sus deseos, voluntades y preferencias.
• La persona usuaria tendrá derecho a recibir visitas ordinarias siempre que manifieste su consentimiento informado para ellas.
• La persona usuaria tendrá derecho a obtener los apoyos necesarios para realizar la declaración de voluntades anticipadas.

Los derechos y deberes de las personas familiares, allegadas y entidades curatelares públicas o privadas que ejerzan las medidas judiciales de apoyo.

• Tendrán derecho a recibir información sobre la situación de la persona dentro de la normativa sobre la protección de datos y siempre que la persona usuaria no se oponga de manera manifiesta previa consulta a esta.
• Tendrán de derecho a realizar visitas a las personas usuarias residentes en centros de servicios sociales. El régimen de entradas y salidas de residentes en los centros residenciales será libre, fomentándose la integración de los usuarios en el entorno normal de la comunidad. La dirección del centro garantizará que se puedan realizar visitas a los residentes, si es necesario durante las 24 horas del día. En función de las características y necesidades del residente, se podrá recomendar al mismo y a sus familiares las horas más convenientes de visitas, que los centros incluirán en su reglamento de régimen interior y publicitarán en el tablón de anuncios.
• En los casos de personas usuarias provistas de medidas judiciales de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica o con necesidad de las mismas, la persona responsable de un servicio o centro de servicios sociales podrá limitar o impedir el ejercicio de alguno de los derechos de sus familiares o personas allegadas, previo informe motivado del personal de atención directa, cuando entienda que es contrario a su bienestar, cuando considere que su actitud o su comportamiento afectan negativamente a la prestación del servicio, o cuando den lugar a situaciones de riesgo o molestas para otras personas usuarias.
• La adopción de esta medida deberá ser motivada y hacerse constar en el expediente, además de comunicarse expresamente a la persona interesada y al Ministerio Fiscal.
• Cuando la persona responsable de un servicio o centro de servicios sociales considere que la relación de una persona usuaria con alguna persona familiar o allegada es perjudicial para su bienestar o sus intereses, y esta sea una persona con una responsabilidad legal judicialmente adquirida sobre ella.

2.- Necesidad y oportunidad de la norma

La Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, dedica el título IV a la “Planificación de los servicios sociales, ordenación y participación”, y el título VI a la “Calidad, transparencia, inspección y formación” e integra la organización territorial y funcional de los centros y servicios de atención social y los vincula con la garantía de calidad en la prestación, recogiendo en un solo texto normativo las distintas facetas de la ordenación de los servicios sociales.

Concertación de plazas con entidades privadas.

Es necesario que se primen las plazas públicas sobre las concertadas. Para la concertación de la plaza pública es importante contar con las entidades de la iniciativa social por su aportación al sistema público. Dichas entidades deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Presentar memorias anteriores de su actividad en el ámbito social.
• Presentar informe de auditoría de sus cuentas.
• Deberán computarse los años de experiencia acreditada en la prestación del servicio.
• Que cuenten con la valoración de las personas usuarias del propio servicio si lo han prestado anteriormente.
• Valoración de la calidad del servicio y atención prestada.
• Valorar el grado de inserción de la entidad en el ámbito comunitario donde se prestará el servicio.
• Valorar las buenas prácticas sociales en la gestión del personal teniendo en cuenta que el número de plazas reservadas en su plantilla para personas con discapacidad, que cuenten con planes de igualdad, que prioricen la estabilidad de sus profesionales.
• Implantación de procesos de participación de las personas usuarias en sus propios procesos de vida.

Todos estos requisitos tendrán que ser plasmados en el proyecto de licitación y en los pliegos de concurso público.

Los conciertos deberán tener una duración no superior de cuatro años pero no inferior a la misma siempre que se cumplan los requisitos.

Deberá solicitarse a la entidad un proyecto global de intervención social con referencia expresa entre otros aspectos:

• Objetivos generales y específicos.
• Programas de intervención.
• Perfil específico de las personas usuarias al que va dirigido.
• Cartera de servicios que dispondrá el centro o servicio.
• Recursos materiales y humanos con los que se dotará el centro o servicio.

Posibilidad de autorizar concertación de plazas para cubrir situaciones de emergencia por razones de obras, desastres naturales, pandemias u otras circunstancias excepcionales que impliquen la ubicación temporal de las personas usuarias.

La inspección de los centros tendrá que realizar una evaluación y seguimiento de cumplimiento del contrato programa pudiéndose basar en los criterios de evaluación que aparecen en el pliego como en otros indicadores que aporte el órgano de colaboración y coordinación interadministrativa.

La agencia deberá contar con un centro de innovación, investigación y formación destinado a la recogida de las buenas prácticas existentes, así como desarrollar proyectos de investigación en colaboración con los colegios profesionales y universidades que promuevan nuevos modelos de atención e intervención, así como formar a toda la red de profesionales.

Se considera necesario incluir la creación de la escala Superior de Trabajo Social (A1), como medida de mejora de la calidad de los servicios sociales, toda vez que el Trabajo Social ha sido una profesión clave en el desarrollo y construcción de los Servicios Sociales tanto de Atención Primaria como en los Especializados. El trabajo social es una ciencia imprescindible en el diseño de las políticas sociales. De ahí, que sea necesario facilitar el acceso de esta categoría profesional a puestos directivos desde los que se diseñan y gestionan las políticas públicas.

Además, también se deberá incluir en todos los pliegos de contratación de servicios y centros la figura de la trabajadora social por ser esta una profesión con competencias específicas y con una visión holística para el desarrollo de los planes individualizados de apoyo.

3.- Objetivos.

La ordenación de la actividad de los centros y servicios de atención social conlleva, una serie de competencias ejercidas de manera transversal, tales como la gestión de los registros correspondientes, la función inspectora, el impulso de la calidad de la atención prestada y de la mejora continua, la evaluación del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y la innovación en el mismo; por otro, una relación, también transversal, con el resto de centros directivos de la consejería, cuyas prestaciones se llevarán a cabo, fundamentalmente, a través de centros y servicios de atención social. Por ello, aglutinar todas estas competencias en una Agencia permitirá su ejercicio de una manera más eficaz y eficiente, y con un mayor grado de independencia y autonomía.

Las residencias para personas mayores en situación de dependencia no podrán superar las 100 plazas de capacidad, estando organizadas en unidades Convivenciales de 25 plazas máximas. Las plazas de atención diurna deberán estar en otras unidades diferenciadas de las de atención residencial.

Se creará un órgano de colaboración y coordinación interadministrativa con responsables de la CM y representantes de las entidades y centros que presten servicios y programas para establecer líneas comunes respecto a la prestación de servicios en sus centros.

Todos los servicios y centros deberán contar con ratios adecuadas de profesionales para prestar una atención de calidad.