Enviado por PEDROAAG el Dom, 02/04/2023 - 10:43 Enlace permanente
UNA EVOLUCIÒN LÓGICA
Buenos días,
Relacionado con su proyecto de modificación, consciente de que la experiencia de otras comunidades me permite opinar y expongo:
Me parece poco apropiado delegar la actuación en Materia de BT en la Industria, a la avista del caos del portal del instalador.
1º El administrado autoriza a un profesional a registrar su instalación, en otras comunidades no debe ser el instalador, si no que suele ser el Ingeniero, en todo caso EL AUTORIZADO, no una profesión concreta.
2º Es obvio que ciertos grupos profesionales, presionan, lo que se observa una dejadez de la administración o trato de favor hacia esas presiones.
3º El portal de instalador contradice la ley de 2015, de procesos administrativos o cuando menos es limitante. Si la autorización no se hace a favor del Instalador, NO SE PUEDE TRAMITAR EL REGISTRO. En la mayoria de las Autonomias, se autoriza una persona o profesional sin distinción de profesión. Parece discriminatorio y favorece una asociación concreta.
4ª Se exige una trazabilidad sobre instalaciones imposible de cumplir. No se permite acceso al archivo regional bloqueando la busqueda de antecedentes y el Administrado tiene que cambiar toda la instalación si no se puede acreditar el origen de la instalación. En este sentido, hay cambios de titularidad o simplemente perdida documental del titular. ¿PORQUE SI TIENE ACCESO UNA OCA? es de libre acceso a los ciudadanos.
5º EL MODELO DE AUTORIZACION DILIGENCIADO POR EL PORTAL NO LO RECONCE NADIE. Tanto Arquitectos, como Compañias `comercializadoras de eléctricas, como otras administraciones vinculadas a ese documento o que es preceptivo para continuar el tramite, piden copia del documento diligenciado denominado Certificado de la Instalación. Sorprende que se exija tal cantidad de documentación para el registro y la aplicación y no devuelva un modelo normalizado denominado certificado, como Castilla y León, Valencia.
6 ¿ Que se puede esperar del paso propuesto? la LOGICA dice que la Administración debe mantener el control sobre el Registro Industrial, la Seguridad Industrial y lo que eso supone para el tejido industrial que necesita Madrid y que durante mucho tiempo ha hecho de las provincias próximas su nuevo hogar.
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