Las novedades normativas, muy especialmente, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que concede un papel fundamental tanto a la actividad de planificación, como a sus sistemas de evaluación periódica, por otra parte la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece los principios generales que deberán ser respetados por todas las administraciones en su actuación.  Esto ha supuesto no solo unas nuevas obligaciones que todas las administraciones tienen que asumir, sino que establece un nuevo marco de relación entre los ciudadanos y sus administraciones

La Comunidad de Madrid implicada desde sus inicios en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y en la mejora continua, publicaba en 1996, el Decálogo de Derechos de los Ciudadanos y los Decretos 27/1997, 44/1998, y 85/2002, que regulan el ámbito de la calidad en la Comunidad de Madrid. Dicha normativa necesita ser actualizada a la nueva realidad legislativa, conforme a las actuales necesidades y expectativas de los ciudadanos, teniendo en cuenta el desarrollo de las nuevas ideas y las mejores prácticas que en el ámbito de la calidad se han producido.

De esta forma, se da respuestas a las nuevas exigencias derivadas, tanto de la realidad social como de las novedades legislativas, estableciendo al mismo tiempo un sistema que facilite la coordinación de todas las políticas públicas de calidad que se desarrollan en la Comunidad de Madrid, permitiendo tener a disposición de los ciudadanos toda la información necesaria, introducir y potenciar la cultura de la evaluación, de la rendición de cuentas y de la trasparencia en el desarrollo de toda la actuación administrativa, con el fin de situar al ciudadano en el centro de la actividad administrativa.