1.- Desde la Constitución de 1978 han sido varias las leyes estatales que han declarado dominio público géneros enteros de bienes, siendo así que con anterioridad se habían reconocido sobre ellos unos derechos reales (a veces, incluso con carácter dominical) con vigencia indefinida. En esos casos, lo que han hecho las citadas leyes es establecer para los titulares la subsistencia de esos derechos, aunque con un tiempo limitado y a contar desde ellas mismas.

Así sucedió, en 1985, con la Ley de Aguas: setenta y cinco años a partir de entonces, lo que nos lleva a 2061. O, en 1988, con la Ley de Costas: treinta años más treinta, por cierto, prorrogados en 2012.

Es en definitiva una suerte de prórroga de los derechos de uso, a modo de compensación por verse privados de esos derechos. Debe notarse que, si el TC dio por buena esa privación o expropiación fue precisamente por existir ese mecanismo compensatorio o, en cierto sentido, indemnizatorio, aunque lo fuese en especie y no en metálico.

2.- La Ley de Montes de 2003 (se va a cumplir un cuarto de siglo) declaró de dominio público todos los montes catalogados, pero, con respecto a los títulos preexistentes, establece lo siguiente en la Disposición Transitoria Primera:

“Servidumbres en montes demaniales. Las Administraciones gestoras de los montes que pasen a integrar el dominio público forestal revisarán, en el plazo de 10 años desde la entrada en vigor de esta ley, las servidumbres y otros gravámenes que afecten a estos montes, para garantizar su compatibilidad con su carácter demanial y con los principios que inspiran esta ley”.

Diez años que van de febrero de 2004 al mismo mes de 2014. Un arco temporal larguísimo (lo que se explica porque el autor de la norma parte de la base del carácter indefinido de esos títulos de uso) y que está más que vencido.

En el caso de la Comunidad de Madrid, no consta que, hasta febrero de 2014, haya empleado esa facultad de revisar títulos preexistentes a 2003, lo que sólo puede significar que considera que ninguno de los usos correspondientes resulta incompatible “con el carácter demanial (del monte) y con los principios que inspiran (la) ley (de 2003)”.

3.- Pero lo cierto es que es ese mismo carácter demanial el que puede hacer pensar que los títulos, aun otorgados con carácter perpetuo, no resulta lógico que sigan gozando de ese carácter ilimitado en el tiempo. Y ello sabiendo que el silencio sobre el alcance exacto del tiempo futuro -una laguna- se presta a todo tipo de interpretaciones, lo que sin duda provocará (o ya está provocando) litigiosidad y por tanto inseguridad jurídica. Cabe mantener en principio varias opciones. Al menos, las siguientes:

- Que el plazo sigue siendo indefinido.

- Que hay un plazo y la laguna se debe colmar aplicando analógicamente los 75 años de la Ley de Aguas de 1985, aunque sin saber cuándo empiezan a contar (¿2003?).

Debe destacarse, en cualquier caso, que no procede la interpretación de la “retroactividad máxima” de la demanialidad declarada sólo en la Ley de 2003, en primer lugar porque no se proclama en ella (entre otras, porque resultaría inconstitucional): no cabe entender que empezase a computar plazo alguno en el momento (anterior o muy anterior) del otorgamiento del título, en efecto.

4.- En materia de montes, las competencias legislativas están repartidas entre el Estado (las bases: lo incluido en la Ley de 2003, mediante las cuales el Estado delimita su propio espacio regulatorio) y las Comunidades Autónomas, para las cuales queda todo lo demás. Incluyendo la respuesta al interrogante que ahora nos concierne.

Se trataría de aprovechar la modificación de la Ley Forestal de la Comunidad de Madrid para zanjar esa controversia mediante una declaración expresa, que pudiera consistir en lo siguiente:

- Proclamar la subsistencia de dicho carácter indefinido.

- Subsidiariamente, hablar de 75 años (el plazo máximo establecido en la legislación general), a contar desde ahora. Es decir, hasta 2101.

- Subsidiariamente en segundo grado, ese mismo plazo pero a contar desde febrero de 2004, cuando entró en vigor la Ley de 2003. Lo cual nos llevaría a 2079.

Como premisa ASEMFO entiende que es necesario incorporar un capítulo relativo al tejido empresarial forestal como eslabón de la cadena de valor sectorial.

Las empresas forestales representan uno de los agentes clave para la distribución de riqueza y empleo en el medio rural, impulsando la competitividad, la eficiencia y la innovación en la ejecución de los proyectos y trabajos forestales.

En este sentido, ASEMFO solicita la incorporación de la siguiente propuesta de texto:

Artículo xx. Empresas forestales.

1. Las empresas forestales constituyen un agente clave del sector forestal madrileño, por su capacidad para distribuir riqueza y crear empleo en el medio rural.

2. Se impulsará la colaboración de la Administración Forestal con las empresas forestales a través de los diferentes mecanismos de colaboración público-privada, como la licitación pública, los convenios o los acuerdos de colaboración, entre otros. 

3.- Se facilitarán proyectos de colaboración con las empresas forestales para impulsar la innovación, la aplicación de las nuevas tecnologías emergentes, así como la ejecución de las actuaciones que se enmarcan en las estrategias de sostenibilidad de las empresas.

4.- Se apoyará la creación de hubs empresariales de innovación abierta.

5.- Se impulsarán programas de atracción de talento y de formación para la realización de los trabajos forestales.

Por parte de ASEMFO se solicita a la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid que incorpore este artículo en la modificación de la de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza.

Comentarios al anteproyecto de ley de modificación de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid de WWF España 

Que WWF España ha tenido conocimiento, por su publicación en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid del jueves, 23 de abril de 2026, del sometimiento a información pública de proyecto normativo de referencia. 

Que, dentro del plazo al efecto conferido, que vence el 14 de mayo de 2026, WWF España tiene a bien en presentar los comentarios y observaciones que figuran en el anexo que adjunto se acompaña.   

Esperamos sirvan de ayuda a sus propósitos y sean estimados en la redacción definitiva del mismo.   

Atentamente, 

COMENTARIOS DE WWF ESPAÑA AL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LEY DE LA LEY 16/1995, DE 4 DE MAYO, FORESTAL Y DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.  

Comentarios generales sobre el documento en conjunto 

Treinta y un años después de la promulgación de la primera Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid era imprescindible llevar a cabo este proceso de actualización, más si cabe ante los acuciantes cambios socioeconómicos que han tenido lugar en las últimas décadas (intenso abandono de usos y aprovechamientos en el medio rural unido a la fuerte crisis climática y de pérdida de biodiversidad). Este hecho ha jugado un papel relevante en la configuración actual de los paisajes forestales lo que se traducía en la imperiosa necesidad de una política forestal acorde al nuevo contexto. 

WWF España valora positivamente la oportunidad de actualizar la Ley 16/1995, de 4 de mayo, con el fin de adaptarla al marco estatal vigente y responder a los retos actuales de los montes madrileños: cambio climático, incendios forestales, abandono de la gestión, pérdida de biodiversidad, presión recreativa, fragmentación territorial y necesidad de dinamización socioeconómica del medio rural. La propia documentación sometida a consulta pública reconoce la necesidad de adaptar la normativa autonómica a la Ley 43/2003, de Montes, clarificar obligaciones de propietarios y gestores y modernizar los instrumentos de gestión forestal.  

WWF considera que una mayor gestión forestal, siempre que sea planificada, sostenible y compatible con la conservación de la biodiversidad, constituye una herramienta necesaria para mejorar la resiliencia de los ecosistemas forestales, reducir el riesgo de grandes incendios, favorecer la adaptación climática, recuperar usos tradicionales compatibles y generar actividad económica en el medio rural. En este sentido, se valora positivamente que el Plan de Impulso del Sector Forestal de la Comunidad de Madrid, reconozca la necesidad de fomentar el aprovechamiento sostenible y multifuncional de los bosques (madera, pastos, leñas, biomasa, micología, uso público u otros recursos), así como incentivar la inversión en gestión forestal sostenible y la creación de empleo verde.  

Finalmente, queremos referirnos específicamente al propio proceso de información pública. Para que los objetivos de la participación pública puedan cumplirse de manera efectiva, consideramos imprescindible que, una vez exista un texto más consolidado o definitivo, se impulse un proceso participativo más amplio, abierto y deliberativo, que facilite la implicación real de los distintos actores sociales, técnicos y territoriales afectados. En este sentido, sería especialmente conveniente promover jornadas o espacios de intercambio y debate que permitan contrastar enfoques, compartir aportaciones y enriquecer colectivamente el contenido final de la norma. Esta circunstancia favorecerá un análisis riguroso de sus contenidos y la formulación de propuestas coherentes y fundamentadas, especialmente en relación con el Plan de Impulso del Sector Forestal de la Comunidad de Madrid, que constituye el marco vertebrador de esta legislación de referencia sobre el territorio. 

Comentarios a necesidades y oportunidades de la norma 

WWF advierte de que las medidas de simplificación administrativa en materia forestal y de prevención de incendios no deben traducirse en una relajación de las garantías ambientales, por lo que recomienda que cualquier flexibilización procedimental vaya acompañada de salvaguardas suficientes para evitar impactos negativos sobre el medio natural. En particular, propone que las actuaciones simplificadas queden excluidas cuando puedan afectar a espacios protegidos, hábitats sensibles o especies amenazadas; que se vinculen a instrumentos de gestión forestal previamente aprobados y evaluados ambientalmente; así como regímenes sancionadores eficaces; y que las intervenciones sobre la vegetación respeten limitaciones técnicas y selvícolas orientadas a preservar la biodiversidad, el suelo y los recursos hídricos. De este modo, la agilización administrativa podría compatibilizarse con una adecuada protección ambiental y con el principio de proporcionalidad en el uso de las distintas formas de intervención administrativa. 

En materia de aprovechamientos forestales, WWF considera adecuado fomentar la movilización ordenada de recursos forestales, siempre que se realice bajo criterios de sostenibilidad ecológica, trazabilidad, certificación, planificación técnica y respeto a la capacidad de carga de los ecosistemas. La futura ley debería promover el aprovechamiento sostenible de madera, leñas, biomasa, pastos, micología y otros recursos, pero evitando modelos que conduzcan a la simplificación estructural de las masas, la pérdida de biodiversidad, la eliminación sistemática de madera muerta de interés ecológico, la degradación del suelo o la alteración de hábitats sensibles. La gestión forestal debe orientarse a generar montes más diversos, más resilientes y menos vulnerables al fuego, no únicamente a incrementar volúmenes de extracción. 

En este ámbito, WWF considera positivo que la futura norma fomente y promueva la certificación forestal como herramienta para acreditar la gestión forestal responsable y la trazabilidad de los productos forestales. En particular, se considera recomendable impulsar progresivamente estándares robustos y reconocidos internacionalmente, como FSC. 

En relación con los incendios forestales, WWF considera imprescindible que la modificación de la Ley 16/1995 incorpore las obligaciones derivadas del Real Decreto 716/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueban las directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Dicho real decreto configura los planes anuales como instrumentos de gestión integral que deben recoger, en un documento unificado, las medidas y actuaciones previstas durante el año de vigencia, incorporando la información más actualizada disponible.  

La futura ley autonómica debería establecer la obligación de aprobar, publicar y evaluar anualmente el plan autonómico de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, con cobertura para todo el territorio regional y con aplicación durante todo el año. WWF solicita que la ley dé especial relevancia a la interfaz urbano-forestal, por ser uno de los ámbitos donde confluyen mayor riesgo para la población, mayor complejidad de gestión y mayor presión sobre los operativos de extinción. 

En conclusión, WWF solicita que la modificación de la Ley 16/1995 impulse una gestión forestal más activa, profesionalizada y sostenible bajo los estándares FSC, reforzando al mismo tiempo la planificación, la trazabilidad, el control técnico, la prevención de incendios y la conservación de la biodiversidad. La futura norma debe permitir gestionar más y mejor los montes madrileños, garantizando que el aprovechamiento forestal se convierta en herramienta de conservación, resiliencia climática y prevención, y no en una reducción de las garantías ambientales.