D. CÉSAR LUACES FRADES, mayor de edad, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS FABRICANTES DE ÁRIDOS (ANEFA), con CIF G-28519858 y domicilio a efectos de notificaciones en Plaza de las Cortes nº 5, 7ª planta, 28014 Madrid, en su condición de Director General de la Asociación, comparece y, como mejor proceda en Derecho,

EXPONE

Primero.– Que mediante Resolución de la Dirección General de Economía e Industria se ha sometido a consulta pública previa el Anteproyecto de Ley de Medidas contra la Hiperregulación para el Impulso Económico de la Comunidad de Madrid, iniciativa normativa orientada a la simplificación administrativa, la reducción de cargas regulatorias, la mejora de la competitividad económica y el impulso de la inversión y la innovación en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Segundo.– Que ANEFA es la organización empresarial de ámbito estatal patronal de las las empresas dedicadas a la industria extractiva de áridos imprescindibles para la construcción de infraestructuras, la edificación, la conservación del territorio y el desarrollo económico y social de nuestro país. En este sentido, tiene la condición de interesada en el procedimiento de acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y siguientes de la ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. 

Tercero.– Que la Comunidad de Madrid constituye uno de los principales centros de actividad económica, logística e industrial de España y alberga un importante número de explotaciones y proyectos vinculados al aprovechamiento de recursos minerales, actividad cuya adecuada ordenación resulta esencial para garantizar el abastecimiento de materiales necesarios para la ejecución de infraestructuras, la construcción de vivienda, la transición energética, la economía circular y, en definitiva, el mantenimiento del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

En este ámbito, ANEFA actúa conjuntamente con la Asociación de Fabricantes de Áridos de Madrid (AFA Madrid), organización empresarial representativa del sector extractivo madrileño, compartiendo ambas entidades la defensa de los legítimos intereses colectivos de las empresas que desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid.

Cuarto.– Que ANEFA valora muy positivamente la iniciativa impulsada por la Comunidad de Madrid, al considerar que la simplificación administrativa, la mejora de la calidad regulatoria y la eliminación de cargas burocráticas innecesarias constituyen objetivos plenamente alineados con los principios de buena regulación, eficiencia administrativa, seguridad jurídica y competitividad económica que inspiran tanto la normativa nacional como las más recientes iniciativas promovidas por las instituciones de la Unión Europea.

Quinto.– Que, en ejercicio de la participación reconocida a las organizaciones representativas potencialmente afectadas por la futura norma y dentro del plazo conferido al efecto y de sus fines estatutarios de defensa de la legalidad, ANEFA procede a formular las siguientes observaciones, consideraciones y propuestas de mejora, con el objetivo de contribuir al éxito de una iniciativa que considera estratégica para el futuro económico e industrial de la Comunidad de Madrid.

Por todo ello, se formulan las siguientes

ALEGACIONES Y PROPUESTAS

I. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA OPORTUNIDAD Y NECESIDAD DE LA INICIATIVA

ANEFA desea comenzar estas alegaciones trasladando su reconocimiento a la Comunidad de Madrid por la puesta en marcha de esta iniciativa legislativa, que aborda de forma expresa una de las principales preocupaciones compartidas actualmente por las empresas, las Administraciones Públicas y las instituciones europeas: la creciente complejidad regulatoria y administrativa que afecta al desarrollo de la actividad económica.

La aprobación de una Ley de Medidas contra la Hiperregulación para el Impulso Económico constituye una oportunidad especialmente relevante en el contexto actual, marcado por una intensa competencia entre territorios para la captación de inversiones, el desarrollo industrial, la generación de empleo de calidad y la atracción de talento. En este escenario, la calidad regulatoria, la seguridad jurídica y la agilidad administrativa se han convertido en factores de competitividad tan importantes como la fiscalidad, las infraestructuras o la disponibilidad de recursos humanos.

La Comunidad de Madrid, por su condición de capital de España, principal centro económico del país y uno de los motores económicos más importantes del sur de Europa, se encuentra en una posición privilegiada para liderar este proceso de modernización administrativa. Las medidas que finalmente se incorporen a esta futura ley no solo tendrán un impacto directo sobre la economía madrileña, sino que podrán servir de referencia para otras comunidades autónomas y para futuras iniciativas estatales orientadas a la simplificación regulatoria y la mejora del entorno empresarial.

En este sentido, ANEFA considera especialmente acertado que la Comunidad de Madrid aspire a situarse a la vanguardia de las políticas de simplificación administrativa y buena regulación, impulsando reformas que permitan compatibilizar plenamente la protección del interés general con una Administración más eficiente, más ágil y más orientada a facilitar la actividad económica legítima.

La necesidad de avanzar en esta dirección no constituye una preocupación exclusiva del ámbito nacional o autonómico, sino que responde a una prioridad estratégica expresamente identificada por las instituciones de la Unión Europea. Durante los últimos años, diversos informes y comunicaciones comunitarias han venido advirtiendo de la pérdida progresiva de competitividad de la economía europea frente a otras regiones del mundo, señalando entre sus principales causas el exceso de cargas regulatorias, la fragmentación normativa y la complejidad administrativa que soportan empresas e inversores.

Así, iniciativas recientes como el Reglamento Europeo de Materias Primas Fundamentales (Critical Raw Materials Act), la Brújula para la Competitividad (Competitiveness Compass), el Pacto por una Industria Limpia (Clean Industrial Deal) o los denominados paquetes normativos Ómnibus parten de un diagnóstico común: Europa necesita reducir burocracia, acelerar procedimientos, simplificar cargas administrativas y facilitar la implantación de proyectos estratégicos si quiere preservar su competitividad, garantizar su autonomía estratégica y mantener su capacidad industrial.

Esta preocupación resulta especialmente intensa en el ámbito de las materias primas minerales. Tanto la Unión Europea como el Gobierno de España han reconocido expresamente que el acceso seguro y sostenible a los recursos minerales constituye una condición indispensable para el desarrollo económico, la transición energética, la transformación digital, la economía circular, la construcción de infraestructuras y, en definitiva, para el mantenimiento del actual modelo de bienestar.

En el ámbito nacional, esta realidad ha quedado reflejada en la Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales aprobada por el Gobierno de España, así como en el Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2025-2029, instrumentos que reconocen expresamente el carácter estratégico de los recursos minerales y la necesidad de adoptar medidas destinadas a mejorar la eficiencia administrativa y reducir los obstáculos regulatorios que dificultan el desarrollo de los proyectos extractivos.

Los áridos constituyen un ejemplo paradigmático de esta realidad. Se trata de la materia prima mineral más consumida por el hombre y la base física sobre la que se construyen viviendas, hospitales, colegios, carreteras, ferrocarriles, infraestructuras hidráulicas, instalaciones energéticas y redes de transporte. Su carácter esencial ha sido reconocido reiteradamente tanto por las instituciones europeas como por las Administraciones nacionales y autonómicas. Sin embargo, pese a su importancia estratégica, las empresas dedicadas a la extracción y aprovechamiento de materias primas minerales continúan soportando algunos de los procedimientos administrativos más complejos, extensos y fragmentados de toda la economía española.

Desde hace años, ANEFA y las asociaciones territoriales integradas en su estructura vienen realizando un seguimiento continuado de la situación administrativa de los expedientes mineros en distintas comunidades autónomas, incluida la Comunidad de Madrid. Fruto de este trabajo se han elaborado diversos informes de análisis y seguimiento que han permitido identificar de forma objetiva los principales obstáculos que afectan a la tramitación de autorizaciones, concesiones, prórrogas, modificaciones y demás procedimientos vinculados al aprovechamiento de recursos minerales.

Las conclusiones obtenidas presentan una notable consistencia a lo largo del tiempo y evidencian la existencia de problemas estructurales que trascienden a expedientes concretos o circunstancias puntuales. Entre ellos destacan la excesiva duración de determinados procedimientos, la reiteración de requerimientos documentales, la duplicidad de informes y controles administrativos, la falta de coordinación entre órganos competentes, la sucesión de trámites que podrían desarrollarse simultáneamente y la creciente inseguridad jurídica derivada de procedimientos excesivamente complejos y prolongados en el tiempo.

La hiperregulación no solo se manifiesta cuando existen demasiadas normas. También aparece cuando las Administraciones incumplen sistemáticamente los plazos que ellas mismas han establecido para resolver los procedimientos. El retraso administrativo termina convirtiéndose en una forma indirecta de restricción de la actividad económica.

ANEFA desea reconocer expresamente los esfuerzos realizados por la Comunidad de Madrid durante los últimos años para reforzar los medios humanos y técnicos destinados a la gestión administrativa de los expedientes mineros. Sin embargo, la experiencia acumulada por las empresas del sector pone de manifiesto que el problema no puede resolverse exclusivamente mediante el incremento de recursos personales, sino que exige una revisión más profunda de determinados procedimientos, cargas administrativas y mecanismos de coordinación interadministrativa.

Precisamente por ello, ANEFA considera que la presente iniciativa legislativa constituye una oportunidad extraordinaria para acometer reformas estructurales que permitan avanzar hacia un modelo administrativo más eficiente, proporcionado y orientado a resultados.

No obstante, para alcanzar plenamente los objetivos perseguidos por la futura ley, resulta necesario evitar aproximaciones meramente cosméticas o limitadas a actuaciones de carácter formal. La simplificación administrativa no puede consistir únicamente en digitalizar procedimientos excesivamente complejos ni en trasladar al ámbito electrónico cargas burocráticas preexistentes. Es preciso analizar críticamente la necesidad, utilidad y proporcionalidad de cada trámite, informe o autorización, eliminando aquellas cargas que no aporten un valor real a la protección del interés general y racionalizando aquellas que puedan desarrollarse de manera más eficiente.

La Comunidad de Madrid dispone de competencias suficientes para impulsar medidas ambiciosas de simplificación administrativa compatibles con el ordenamiento jurídico vigente y plenamente respetuosas con los objetivos de protección ambiental, seguridad industrial, ordenación territorial y tutela del dominio público.

Desde esta perspectiva, ANEFA considera que la futura Ley de Medidas contra la Hiperregulación para el Impulso Económico debe convertirse en una auténtica herramienta de transformación administrativa, capaz de generar un cambio real en la relación entre la Administración y los operadores económicos, reforzando simultáneamente la competitividad, la seguridad jurídica, la atracción de inversiones y la confianza de ciudadanos y empresas en las instituciones públicas.

Sobre la base de estas consideraciones generales, se formulan a continuación las siguientes propuestas concretas de simplificación, agilización administrativa y mejora regulatoria.

BLOQUE I. PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN, PROPORCIONALIDAD Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA COMO FUNDAMENTO DE LA FUTURA LEY

ANEFA considera que la futura Ley de Medidas contra la Hiperregulación para el Impulso Económico de la Comunidad de Madrid debe configurarse como una norma de referencia en materia de mejora regulatoria, incorporando de forma efectiva los principios de buena regulación que inspiran el ordenamiento jurídico español y europeo y que constituyen el marco jurídico sobre el que necesariamente debe construirse cualquier política pública de simplificación administrativa.

La necesidad de avanzar en esta dirección no responde únicamente a criterios de oportunidad política o conveniencia económica, sino a la propia evolución del Derecho administrativo contemporáneo, que ha venido desplazando progresivamente los modelos basados en la intervención administrativa previa y el control sistemático de las actividades económicas hacia sistemas más eficientes, proporcionados y orientados a resultados, en los que la actuación administrativa debe concentrarse en aquellos ámbitos en los que resulte verdaderamente necesaria para la protección del interés general.

Este principio encuentra hoy una clara plasmación normativa en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria debe ajustarse a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Especial relevancia adquieren, a los efectos de la presente iniciativa, los principios de proporcionalidad y eficiencia. Conforme al primero, toda carga administrativa, requisito, autorización o limitación al ejercicio de una actividad económica debe ser adecuada para alcanzar el fin perseguido y no debe ir más allá de lo estrictamente necesario para su consecución. Conforme al segundo, las Administraciones Públicas deben evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar la gestión de los recursos públicos disponibles.

Estos principios han sido desarrollados igualmente por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que incorporó al ordenamiento español los principios derivados de la Directiva de Servicios y estableció que cualquier régimen de autorización debe justificarse por razones imperiosas de interés general, no ser discriminatorio y resultar proporcionado al objetivo perseguido.

En la misma línea, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, consagra la obligación de las Administraciones Públicas de evitar obstáculos o cargas innecesarias para el acceso y ejercicio de las actividades económicas, imponiendo la aplicación de los principios de necesidad y proporcionalidad en toda intervención administrativa que pueda afectar a la actividad empresarial.

Asimismo, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, incorpora entre los principios generales de actuación administrativa los de servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos, así como la cooperación y coordinación entre Administraciones Públicas.

Desde esta perspectiva, ANEFA considera especialmente acertado que la Comunidad de Madrid pretenda abordar de forma decidida el fenómeno de la hiperregulación, entendido no únicamente como una acumulación excesiva de normas, sino también como la existencia de procedimientos innecesariamente complejos, controles reiterativos, duplicidades documentales, exigencias desproporcionadas o mecanismos administrativos cuya utilidad real resulta difícilmente justificable a la luz de los principios anteriormente expuestos.

La simplificación administrativa no debe interpretarse, por tanto, como una reducción de los niveles de protección ambiental, territorial, urbanística o de seguridad industrial. Muy al contrario, supone reforzar la calidad regulatoria mediante la eliminación de aquellas cargas que no aportan un valor añadido efectivo a la protección del interés general y que únicamente generan costes, retrasos e inseguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para las propias Administraciones Públicas.

En este sentido, resulta especialmente relevante recordar que las instituciones europeas vienen identificando de forma reiterada la complejidad regulatoria y la carga administrativa como uno de los principales factores que explican la pérdida de competitividad de la economía europea frente a otras regiones del mundo. Tanto el Reglamento Europeo de Materias Primas Fundamentales (Critical Raw Materials Act), como la Brújula para la Competitividad de la Unión Europea, el Pacto por una Industria Limpia (Clean Industrial Deal) y las recientes iniciativas normativas de simplificación conocidas como paquetes Ómnibus parten de un diagnóstico común: la necesidad de reducir cargas administrativas, acortar plazos y facilitar la ejecución de proyectos estratégicos para garantizar la competitividad, la resiliencia industrial y la autonomía estratégica europea.

Particularmente en el ámbito de las materias primas minerales, la Unión Europea y el Gobierno de España han reconocido expresamente que la excesiva duración de los procedimientos administrativos constituye uno de los principales obstáculos para garantizar el abastecimiento seguro y sostenible de recursos minerales esenciales. Así lo reflejan tanto el Reglamento Europeo de Materias Primas Fundamentales como la Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales y el Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2025-2029, instrumentos que identifican expresamente la simplificación administrativa y la agilización procedimental como objetivos prioritarios de política pública.

ANEFA considera que la Comunidad de Madrid dispone de una oportunidad excepcional para situarse a la vanguardia de este proceso de modernización administrativa, impulsando una ley que no se limite a introducir ajustes puntuales o medidas meramente formales, sino que incorpore auténticos mecanismos de revisión de cargas regulatorias, simplificación procedimental, coordinación administrativa y mejora de la calidad normativa.

Por ello, todas las propuestas que se formulan a continuación deben interpretarse a la luz de estos principios generales de buena regulación, proporcionalidad, necesidad, eficiencia y seguridad jurídica, que constituyen no solo una aspiración de los sectores productivos, sino una verdadera exigencia derivada del ordenamiento jurídico vigente y de las políticas impulsadas por las instituciones europeas, nacionales y autonómicas en materia de competitividad y mejora regulatoria.

BLOQUE II. ELIMINACIÓN DE DUPLICIDADES ADMINISTRATIVAS Y RACIONALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONTROL

Si existe un ámbito en el que el fenómeno de la hiperregulación se manifiesta con especial intensidad es el relativo a la concurrencia de autorizaciones, informes, controles y procedimientos administrativos que recaen sobre una misma actividad o proyecto sin aportar necesariamente una mejora proporcional en la protección del interés general.

Uno de los ámbitos donde la hiperregulación se manifiesta con mayor intensidad es la reiteración de controles administrativos sobre una misma realidad, esto es, reiteración de controles administrativos sobre cuestiones ya analizadas previamente por otros órganos o en el seno de otros procedimientos.

Los estudios de seguimiento de expedientes mineros realizados por ANEFA y por la Asociación de Fabricantes de Áridos de Madrid desde el año 2022 han permitido constatar que uno de los principales factores de ralentización administrativa viene determinado por la sucesión de informes, requerimientos y comprobaciones que recaen sobre aspectos ya evaluados con anterioridad, generando situaciones en las que una misma cuestión técnica, ambiental, territorial o urbanística termina siendo objeto de valoración reiterada por distintas unidades administrativas a lo largo de la tramitación de un mismo expediente.

Esta realidad resulta difícilmente compatible con los principios de eficacia, eficiencia y proporcionalidad que inspiran nuestro ordenamiento jurídico. Si una determinada cuestión ha sido ya objeto de análisis exhaustivo en el marco de un procedimiento sustantivo, ambiental o sectorial dotado de todas las garantías legales, carece de justificación que dicha cuestión vuelva a ser examinada sucesivamente por otros órganos administrativos salvo que concurran circunstancias nuevas, debidamente motivadas y relevantes para la protección del interés general.

Precisamente por ello, ANEFA considera que la futura Ley de Medidas contra la Hiperregulación debería incorporar expresamente el principio de evitación de duplicidades administrativas, estableciendo que ningún órgano de la Administración de la Comunidad de Madrid podrá exigir nuevamente la realización de estudios, informes, análisis o comprobaciones que ya hayan sido válidamente emitidos o realizados en el seno de otros procedimientos administrativos relacionados con el mismo proyecto, salvo que concurran circunstancias sobrevenidas que justifiquen objetivamente una nueva valoración.

Esta propuesta encuentra pleno respaldo en los principios recogidos en la Ley 39/2015 y en la Ley 40/2015, así como en la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado, cuyo objetivo esencial consiste precisamente en evitar la multiplicación innecesaria de cargas administrativas que dificulten el ejercicio de actividades económicas legítimas.

De igual modo, debería reconocerse expresamente el principio de "una sola vez" ("once only"), ampliamente consolidado en el ámbito europeo y cada vez más presente en las políticas de modernización administrativa. Conforme a este principio, los ciudadanos y empresas no deben verse obligados a aportar repetidamente documentación, información o datos que ya obren en poder de cualquier Administración Pública o que hayan sido incorporados previamente a procedimientos relacionados con la misma actuación.

Una parte importante de los retrasos administrativos tiene su origen en la reiteración de requerimientos documentales, solicitudes de aclaración o peticiones de información que ya constan en expedientes administrativos previos o incluso en expedientes tramitados simultáneamente por órganos pertenecientes a la misma Administración. Esta situación genera costes innecesarios para los promotores y supone igualmente una utilización ineficiente de los recursos públicos.

Por ello, la futura ley debería reforzar los mecanismos de interoperabilidad administrativa y de intercambio interno de información entre órganos de la Comunidad de Madrid, garantizando que la carga de coordinar la actuación administrativa recaiga sobre la propia Administración y no sobre los administrados.

Asimismo, ANEFA considera especialmente conveniente incorporar el principio de informe único por órgano administrativo. En numerosas ocasiones un mismo órgano sectorial interviene en distintas fases de un procedimiento o emite diversos informes sobre cuestiones estrechamente relacionadas entre sí, generando duplicidades que alargan innecesariamente la tramitación. La futura norma debería favorecer que cada órgano administrativo concentre en un único informe todas aquellas cuestiones sobre las que deba pronunciarse en relación con un determinado proyecto, evitando la emisión sucesiva de informes parciales o reiterativos.

En la misma línea, resulta aconsejable avanzar hacia la integración de trámites de información pública cuando varias autorizaciones o procedimientos afecten a un mismo proyecto. La apertura sucesiva de distintos periodos de información pública para analizar actuaciones sustancialmente coincidentes genera importantes demoras administrativas sin aportar beneficios apreciables desde el punto de vista de la participación ciudadana o de la calidad de la decisión administrativa. Siempre que resulte jurídicamente posible, debería favorecerse la realización de trámites conjuntos o coordinados que permitan satisfacer simultáneamente las exigencias de distintas normativas sectoriales.

Particular relevancia adquiere esta cuestión en el ámbito de las materias primas minerales, donde un mismo proyecto puede verse sometido a procedimientos mineros, ambientales, urbanísticos, hidráulicos, patrimoniales, forestales o de otra naturaleza, cada uno de ellos acompañado de sus correspondientes informes, consultas y trámites de participación pública. Sin una adecuada coordinación administrativa, esta acumulación de procedimientos termina generando una complejidad desproporcionada que difícilmente encuentra justificación en términos de protección efectiva del interés general.

Por ello, ANEFA propone que la futura Ley incorpore como principio rector de la actuación administrativa la máxima de "una evaluación, múltiples efectos", de manera que las valoraciones técnicas, ambientales o territoriales realizadas en el marco de un procedimiento puedan desplegar efectos en otros procedimientos relacionados, evitando la necesidad de repetir análisis ya realizados y favoreciendo una actuación administrativa más coherente, eficiente y predecible.

La simplificación administrativa no exige reducir garantías ni rebajar los niveles de protección existentes. Exige, sencillamente, que cada cuestión sea analizada una sola vez, por el órgano competente y con todas las garantías legales, evitando que la acumulación de controles reiterativos termine convirtiéndose en una carga desproporcionada para los ciudadanos, las empresas y la propia Administración. 

BLOQUE III. COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA, TRAMITACIÓN SIMULTÁNEA Y DISCIPLINA DE INFORMES

La realidad administrativa actual evidencia que una parte significativa de los retrasos acumulados en la autorización de proyectos económicos deriva de la sucesión de actuaciones administrativas que podrían desarrollarse de forma simultánea, de la falta de coordinación entre órganos competentes y de la dependencia secuencial de trámites que, en muchas ocasiones, carece de una justificación material suficiente.

Esta problemática resulta especialmente visible en el ámbito de las materias primas minerales. La ausencia de mecanismos efectivos de coordinación provoca que numerosos expedientes permanezcan paralizados durante largos periodos de tiempo a la espera de informes o actuaciones cuya tramitación podría haberse impulsado simultáneamente desde fases mucho más tempranas del procedimiento.

Los principios de eficacia, eficiencia, coordinación administrativa y servicio efectivo a los ciudadanos, consagrados tanto en la Ley 39/2015 como en la Ley 40/2015, exigen que la Administración configure sus procedimientos de forma que permitan alcanzar los fines perseguidos con el menor coste posible para los administrados y para la propia organización administrativa.

Desde esta perspectiva, ANEFA considera que la futura Ley de Medidas contra la Hiperregulación debería incorporar expresamente el principio de tramitación simultánea de actuaciones administrativas, estableciendo que todos aquellos informes, consultas y procedimientos que resulten compatibles entre sí deberán impulsarse de manera coordinada y paralela, evitando secuencias administrativas innecesarias que prolongan artificialmente los tiempos de resolución.

Con demasiada frecuencia, los promotores se encuentran ante procedimientos en los que un órgano administrativo espera la conclusión de otro procedimiento para iniciar sus propias actuaciones, generándose cadenas de tramitación que pueden extenderse durante años sin que exista una necesidad jurídica real que justifique dicha secuencia.

En este mismo sentido, ANEFA considera imprescindible reforzar la disciplina administrativa en materia de emisión de informes sectoriales. La experiencia demuestra que uno de los principales cuellos de botella existentes en numerosos expedientes viene determinado por los retrasos acumulados en la emisión de informes preceptivos por parte de distintos órganos consultados.

Aunque el ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos destinados a evitar la paralización indefinida de los procedimientos, la realidad evidencia que en numerosas ocasiones la falta de emisión de informes continúa generando importantes bloqueos administrativos.

Por ello, se propone que la futura ley refuerce el principio de continuidad procedimental, estableciendo expresamente que la falta de emisión de informes dentro de los plazos legalmente establecidos no podrá constituir un obstáculo para la continuación de la tramitación cuando el órgano competente disponga de elementos de juicio suficientes para adoptar una decisión fundada.

Esta propuesta encuentra respaldo directo en los artículos 22 y 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que permiten la continuación de los procedimientos una vez transcurridos los plazos previstos para la emisión de informes, así como en diversas normas sectoriales que han incorporado mecanismos similares para evitar bloqueos administrativos injustificados.

ANEFA considera igualmente conveniente que la futura ley establezca que los informes emitidos fuera de plazo puedan no ser tenidos en consideración cuando su demora haya impedido injustificadamente el normal desarrollo del procedimiento, especialmente cuando el órgano competente disponga ya de información suficiente para resolver.

Asimismo, debería preverse un sistema reforzado de requerimiento y escalado administrativo para aquellos supuestos en los que un órgano incumpla reiteradamente sus obligaciones de emisión de informes, de manera que la solicitud pueda elevarse al órgano jerárquicamente superior con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de celeridad, eficacia y buena administración.

La lucha contra la hiperregulación exige no solo simplificar procedimientos, sino también garantizar que los trámites existentes se desarrollen dentro de los plazos legalmente previstos. La demora administrativa no puede convertirse en un mecanismo indirecto de paralización de la actividad económica ni en una carga adicional para ciudadanos y empresas.

Especialmente relevante resulta igualmente la necesidad de evitar requerimientos sucesivos de subsanación. Los estudios realizados por ANEFA y por la Asociación de Fabricantes de Áridos de Madrid han puesto de manifiesto que uno de los factores que más contribuyen a la prolongación de los procedimientos administrativos es la formulación escalonada de requerimientos documentales, mediante los cuales la Administración solicita de forma sucesiva información o documentación adicional que podría haberse identificado desde las primeras fases de revisión del expediente.

Por ello, ANEFA propone que la futura ley impulse el principio de requerimiento único o de suficiencia documental inicial, de manera que, una vez analizada la documentación presentada, la Administración formule en un único acto todas las observaciones, deficiencias o necesidades de subsanación apreciadas, salvo que concurran circunstancias sobrevenidas o modificaciones sustanciales del proyecto que justifiquen actuaciones posteriores.

La aplicación de este principio permitiría reducir significativamente los tiempos de tramitación, aumentar la seguridad jurídica de los promotores y optimizar los recursos administrativos disponibles.

Por otra parte, ANEFA considera especialmente interesante que la Comunidad de Madrid aproveche esta iniciativa legislativa para reforzar y ampliar los mecanismos de acompañamiento y coordinación administrativa de proyectos estratégicos, tomando como referencia las experiencias más avanzadas desarrolladas en otras comunidades autónomas. Se desarrollo esta propuesta con mayor amplitud en el bloque V. 

BLOQUE IV. IMPULSO DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS COMO INSTRUMENTOS ORDINARIOS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA

Uno de los pilares fundamentales sobre los que debe asentarse cualquier estrategia moderna de simplificación administrativa consiste en revisar críticamente la necesidad de mantener regímenes de autorización administrativa previa en aquellos supuestos en los que los objetivos de protección del interés general puedan alcanzarse mediante mecanismos de control menos restrictivos para los ciudadanos y las empresas.

La evolución del ordenamiento jurídico español y europeo durante las últimas décadas ha estado presidida precisamente por este principio. Frente a modelos tradicionales basados en la autorización previa como instrumento ordinario de intervención administrativa, el legislador ha venido impulsando progresivamente sistemas más flexibles fundamentados en la responsabilidad del operador económico, el control posterior por parte de la Administración y la aplicación de criterios de necesidad y proporcionalidad.

Esta orientación encuentra una de sus principales manifestaciones en la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, cuya transposición al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, supuso un cambio profundo en la concepción de la intervención administrativa sobre las actividades económicas.

Dicha norma establece que los regímenes de autorización únicamente pueden mantenerse cuando resulten no discriminatorios, estén justificados por razones imperiosas de interés general y sean proporcionados al objetivo perseguido. En consecuencia, la existencia de una autorización administrativa previa deja de constituir una opción organizativa libre para la Administración y pasa a requerir una justificación específica basada en criterios objetivos de necesidad y proporcionalidad.

Este mismo planteamiento inspira el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado, que consagran el principio de menor intervención administrativa y la obligación de optar por los mecanismos menos restrictivos para el acceso y ejercicio de las actividades económicas.

Por su parte, el artículo 129 de la Ley 39/2015 exige que cualquier limitación o carga administrativa sea estrictamente necesaria para la consecución del interés general perseguido, evitando la imposición de obligaciones innecesarias o desproporcionadas.

ANEFA considera que estos principios deben desempeñar un papel central en la futura Ley de Medidas contra la Hiperregulación de la Comunidad de Madrid.

La experiencia práctica demuestra que en numerosos procedimientos administrativos la autorización previa se superpone a controles ambientales, urbanísticos, sectoriales o técnicos ya existentes, dando lugar a una acumulación de intervenciones administrativas que no siempre encuentra una justificación proporcional en términos de protección efectiva del interés general.

Por ello, ANEFA propone que la futura ley incorpore el principio de revisión sistemática de los regímenes de autorización existentes en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de identificar aquellos supuestos en los que dichos controles puedan ser sustituidos por declaraciones responsables o comunicaciones previas sin menoscabo alguno de las garantías públicas existentes.

La declaración responsable constituye actualmente uno de los instrumentos más eficaces para compatibilizar la agilidad administrativa con la protección del interés general. Mediante este mecanismo, el operador económico asume la responsabilidad de cumplir los requisitos exigibles por la normativa aplicable, pudiendo iniciar la actividad correspondiente desde el momento de la presentación de la declaración, sin perjuicio de las facultades de comprobación, inspección y control posterior que corresponden a la Administración.

Lejos de suponer una relajación de los niveles de control, este sistema desplaza el esfuerzo administrativo desde la revisión previa de expedientes hacia la supervisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones materiales, permitiendo una utilización mucho más eficiente de los recursos públicos disponibles.

Particularmente en el ámbito de las materias primas minerales, existen determinadas actuaciones de carácter accesorio, modificaciones de escasa entidad o actuaciones previamente evaluadas desde el punto de vista ambiental y técnico que podrían beneficiarse de mecanismos simplificados de intervención administrativa basados en declaraciones responsables o comunicaciones previas, evitando así la tramitación de procedimientos autorizatorios completos cuya aportación al interés general resulta limitada.

En este sentido, la futura ley debería promover expresamente la utilización de declaraciones responsables para aquellas modificaciones no sustanciales, actuaciones de mejora ambiental, actuaciones destinadas a incrementar la eficiencia energética, trabajos de modernización de instalaciones, actuaciones vinculadas a la economía circular o cualesquiera otras intervenciones cuya incidencia sobre los intereses públicos protegidos resulte reducida o haya sido ya objeto de valoración previa por parte de la Administración.

Igualmente, ANEFA considera que toda propuesta normativa futura que pretenda establecer nuevos regímenes de autorización administrativa debería venir acompañada de una memoria específica que justifique expresamente su necesidad, proporcionalidad y adecuación a los principios de buena regulación recogidos en la legislación estatal básica.

La regla general debe ser la libertad de acceso y ejercicio de las actividades económicas, correspondiendo a la Administración acreditar la necesidad de cualquier restricción o intervención administrativa adicional. Solo de este modo podrá avanzarse hacia un modelo regulatorio verdaderamente moderno, eficiente y alineado con las mejores prácticas europeas en materia de simplificación administrativa.

BLOQUE V. REFUERZO DE LOS MECANISMOS DE ACOMPAÑAMIENTO E IMPULSO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

La simplificación administrativa exige no solo la eliminación de cargas innecesarias o la racionalización de procedimientos, sino también la implantación de mecanismos organizativos que permitan a las Administraciones Públicas gestionar de forma más eficiente aquellos proyectos cuya relevancia económica, industrial, territorial o estratégica aconseje una especial atención administrativa.

La experiencia demuestra que una parte significativa de las dificultades que afrontan los promotores de proyectos complejos no deriva exclusivamente del contenido material de la normativa aplicable, sino de la fragmentación administrativa asociada a la intervención sucesiva de múltiples órganos competentes, cada uno de ellos con procedimientos, plazos y dinámicas propias.

La ausencia de una coordinación efectiva entre los distintos órganos que intervienen en el procedimiento genera con frecuencia retrasos acumulativos, duplicidades de actuación e importantes dificultades para los promotores. 

Consciente de esta realidad, diversas comunidades autónomas han desarrollado durante los últimos años instrumentos específicos destinados a impulsar la tramitación de proyectos de especial relevancia económica. Entre ellos merece destacarse la experiencia de la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía, concebida como un mecanismo permanente de coordinación administrativa y acompañamiento técnico de proyectos estratégicos mediante la asignación de personal especializado encargado de impulsar la tramitación de los distintos procedimientos administrativos afectados.

La principal fortaleza de este modelo radica en que no altera el régimen jurídico sustantivo aplicable a los proyectos ni reduce las garantías administrativas, ambientales o territoriales exigibles. Su finalidad consiste en asegurar que las distintas competencias administrativas se ejerzan de forma coordinada, eficiente y orientada a resultados, evitando que la complejidad organizativa de la Administración se traduzca en obstáculos innecesarios para la actividad económica.

ANEFA considera que la futura Ley de Medidas contra la Hiperregulación ofrece una oportunidad idónea para reforzar y ampliar los mecanismos actualmente existentes en la Comunidad de Madrid en materia de aceleración e impulso de inversiones, incorporando una estructura especializada inspirada en las mejores prácticas desarrolladas en otras comunidades autónomas.

En este sentido, se propone la creación o adaptación de una Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos con capacidad para intervenir desde las fases iniciales de tramitación de aquellos proyectos que, por su impacto económico, social, industrial o territorial, sean declarados de especial interés para la Comunidad de Madrid.

La principal función de esta unidad debería consistir en actuar como instrumento permanente de coordinación interadministrativa, facilitando la interlocución entre los promotores y los distintos órganos competentes, impulsando la tramitación simultánea de procedimientos, identificando posibles incidencias o cuellos de botella administrativos y promoviendo la resolución temprana de conflictos competenciales o interpretativos que puedan afectar a la evolución de los expedientes.

A tal efecto, debería preverse la asignación de un coordinador o responsable público de proyecto que actúe como interlocutor único durante toda la tramitación administrativa. Este coordinador no asumiría competencias resolutorias ni sustituiría las funciones de los órganos sectoriales competentes, pero sí tendría encomendada la función de impulsar el expediente, supervisar su evolución y promover la coordinación efectiva entre las distintas unidades administrativas implicadas.

La experiencia comparada demuestra que este tipo de figuras generan importantes mejoras en términos de eficiencia administrativa, previsibilidad de los procedimientos y seguridad jurídica para los promotores, contribuyendo además a una utilización más racional de los recursos públicos disponibles.

Asimismo, ANEFA considera que la futura ley debería ampliar los criterios de acceso a estos mecanismos de aceleración administrativa, permitiendo su aplicación no solo a grandes inversiones empresariales, sino también a proyectos estratégicos vinculados al abastecimiento de materias primas minerales, la producción de materiales de construcción, la valorización de residuos minerales, la economía circular, la transición energética o el desarrollo de infraestructuras esenciales.

Esta ampliación resulta plenamente coherente con las orientaciones impulsadas por la Unión Europea a través del Reglamento de Materias Primas Fundamentales (Critical Raw Materials Act), así como con los objetivos recogidos en la Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales y en el Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2025-2029, instrumentos que reconocen expresamente la necesidad de agilizar la tramitación de los proyectos vinculados al suministro de recursos minerales estratégicos.

No debe olvidarse que las materias primas minerales constituyen la base material sobre la que se asientan la construcción de viviendas, el desarrollo de infraestructuras, la transición energética, la digitalización y buena parte de la actividad industrial. Garantizar la disponibilidad de estos recursos exige necesariamente disponer de procedimientos administrativos compatibles con las necesidades de inversión y planificación propias de este tipo de actividades.

Por todo ello, ANEFA considera que la futura ley debería incorporar expresamente mecanismos reforzados de acompañamiento, coordinación e impulso administrativo para proyectos estratégicos, configurando una verdadera herramienta de aceleración administrativa capaz de transformar los principios de simplificación y buena regulación en resultados concretos y medibles.

BLOQUE VI. IMPULSO DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA MEDIANTE EL REFUERZO DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN MINERA

Uno de los principios inspiradores de la futura Ley de Medidas contra la Hiperregulación debe ser el aprovechamiento eficiente de todos los recursos técnicos disponibles para mejorar la calidad de la actuación administrativa y reducir las cargas burocráticas que soportan ciudadanos y empresas.

La simplificación administrativa no debe identificarse exclusivamente con la reducción de trámites o con el incremento de medios personales en las Administraciones Públicas. En numerosas ocasiones, la experiencia demuestra que los mayores avances en eficiencia administrativa se producen mediante fórmulas de colaboración público-privada que permiten optimizar recursos, mejorar la calidad técnica de los expedientes y concentrar la actuación administrativa en aquellas funciones que constituyen el verdadero núcleo de las potestades públicas.

La propia Comunidad de Madrid cuenta con una amplia experiencia en esta materia. En el ámbito minero operan desde hace años Entidades Colaboradoras de la Administración en Seguridad Minera, acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y autorizadas por la Administración competente para realizar actividades de inspección, certificación, auditoría y verificación del cumplimiento de la normativa de seguridad minera.

La experiencia acumulada por estas entidades ha puesto de manifiesto que la participación de organismos técnicos independientes y adecuadamente acreditados contribuye de forma significativa a reforzar la seguridad jurídica, mejorar la calidad de las actuaciones técnicas y optimizar la utilización de los recursos públicos disponibles, sin menoscabo alguno de las competencias de control, inspección y supervisión que corresponden a la Administración.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid dispone también de experiencias especialmente exitosas en otros ámbitos administrativos, como el urbanístico, donde la implantación de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUs) ha permitido reducir de forma notable los tiempos de tramitación de licencias y declaraciones responsables, mejorando simultáneamente la calidad técnica de los expedientes y la seguridad jurídica de los operadores.

ANEFA considera que la futura Ley contra la Hiperregulación ofrece una oportunidad especialmente adecuada para trasladar esta experiencia al ámbito de la actividad minera y de las materias primas minerales, desarrollando un modelo reforzado de colaboración público-privada que permita actuar sobre uno de los principales factores que actualmente generan retrasos en la tramitación administrativa: la sucesión de requerimientos de subsanación, aclaraciones documentales e incidencias técnicas derivadas de expedientes incompletos o insuficientemente estructurados.

En este sentido, se propone ampliar el ámbito funcional de las actuales Entidades Colaboradoras de la Administración en el ámbito minero o, en su caso, desarrollar una categoría específica de entidades colaboradoras habilitadas para intervenir en la preparación, revisión y verificación documental de determinados procedimientos administrativos mineros.

La finalidad de estas entidades no sería sustituir las competencias de la Administración minera ni participar en la adopción de decisiones administrativas, sino colaborar en la verificación previa de la suficiencia técnica y documental de los expedientes antes de su presentación formal ante la Administración.

De este modo, los promotores podrían someter voluntariamente sus proyectos, solicitudes de autorización, prórrogas, ampliaciones, modificaciones o demás actuaciones administrativas a una revisión técnica previa realizada por una entidad acreditada, la cual emitiría un certificado de suficiencia documental que acreditase que la documentación presentada cumple los requisitos formales y técnicos exigidos por la normativa aplicable.

La existencia de dicha verificación previa permitiría reducir significativamente el número de requerimientos de subsanación, mejorar la calidad de los expedientes presentados y facilitar una tramitación administrativa más ágil y eficiente.

Asimismo, debería reconocerse un valor jurídico reforzado a las comprobaciones efectuadas por estas entidades colaboradoras, de forma que la Administración pudiera concentrar sus esfuerzos en la valoración sustantiva del proyecto y no en la revisión formal de aspectos documentales ya verificados por organismos especializados e independientes.

Naturalmente, el desarrollo de este sistema exigiría el establecimiento de rigurosos requisitos de acreditación, independencia, cualificación técnica y control público.

ANEFA considera que únicamente deberían poder desempeñar estas funciones entidades acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y expresamente habilitadas por la Comunidad de Madrid, garantizando así el máximo nivel de solvencia técnica e independencia.

Igualmente, debería exigirse que estas entidades dispusieran de una estructura multidisciplinar adecuada a la complejidad de los procedimientos mineros, integrando necesariamente profesionales con formación y experiencia acreditada en los ámbitos técnico-minero, jurídico y ambiental. A título orientativo, podría exigirse la presencia permanente en su estructura de, al menos, un Ingeniero de Minas, un profesional especializado en Derecho minero y administrativo y un técnico con experiencia acreditada en evaluación ambiental y restauración minera.

Del mismo modo, deberían establecerse estrictos regímenes de incompatibilidad destinados a garantizar la independencia de estas entidades respecto de los proyectos sometidos a revisión, evitando cualquier conflicto de interés y preservando la objetividad de sus actuaciones.

La Administración conservaría en todo momento la totalidad de sus competencias de autorización, inspección, supervisión y control, así como la facultad de revisar y comprobar las actuaciones desarrolladas por las entidades colaboradoras. La función de estas últimas no consistiría en sustituir la actuación administrativa, sino en complementarla y reforzarla, permitiendo que los recursos públicos se concentren en las tareas de análisis sustantivo y toma de decisiones que constituyen el verdadero núcleo de la función administrativa.

La experiencia acumulada tanto por las Entidades Colaboradoras de la Administración en Seguridad Minera como por las Entidades Colaboradoras Urbanísticas demuestra que este tipo de mecanismos puede contribuir de manera decisiva a la reducción de los tiempos de tramitación, a la mejora de la calidad técnica de los expedientes y al fortalecimiento de la seguridad jurídica.

Por todo ello, ANEFA considera que el desarrollo de fórmulas avanzadas de colaboración público-privada en el ámbito minero constituye una de las medidas con mayor potencial para alcanzar los objetivos perseguidos por la presente iniciativa legislativa, permitiendo avanzar simultáneamente en la simplificación administrativa, la eficiencia pública y la mejora de la competitividad económica de la Comunidad de Madrid.

BLOQUE VII. TRANSPARENCIA, SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE CARGAS ADMINISTRATIVAS

La simplificación administrativa no puede considerarse un objetivo alcanzado únicamente mediante la modificación de normas o procedimientos. Para que las reformas produzcan efectos reales resulta igualmente necesario implantar mecanismos permanentes de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que permitan verificar el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos.

La experiencia demuestra que muchas iniciativas de mejora regulatoria fracasan no por falta de calidad técnica en su diseño, sino por la ausencia de instrumentos que permitan medir de forma objetiva su eficacia y corregir las desviaciones que puedan producirse durante su aplicación práctica.

Por ello, ANEFA considera que la futura Ley de Medidas contra la Hiperregulación debe incorporar un conjunto de mecanismos dirigidos a reforzar la transparencia administrativa, mejorar el seguimiento de los procedimientos y garantizar una evaluación continua de las cargas regulatorias existentes.

En primer lugar, resulta imprescindible avanzar hacia una mayor transparencia en la gestión de los procedimientos administrativos. Los promotores de actividades económicas deben poder conocer en todo momento el estado real de tramitación de sus expedientes, los trámites pendientes, los órganos responsables de cada actuación y los plazos estimados para su resolución.

La incertidumbre derivada de la falta de información constituye, en muchas ocasiones, una carga tan gravosa como el propio retraso administrativo. La posibilidad de conocer con precisión la situación de un expediente permite a las empresas planificar inversiones, organizar recursos y adoptar decisiones empresariales con mayores niveles de seguridad jurídica.

Por ello, ANEFA propone que la futura ley impulse el desarrollo de herramientas digitales de seguimiento integral de expedientes que permitan a los interesados consultar en tiempo real el estado de tramitación de los procedimientos, identificar los órganos que intervienen en cada fase y conocer las actuaciones pendientes de realización.

En segundo lugar, resulta necesario reforzar los mecanismos de control y evaluación del cumplimiento de los plazos administrativos. Los plazos legalmente establecidos constituyen una garantía esencial para los ciudadanos y las empresas, pero también un instrumento fundamental para asegurar el correcto funcionamiento de la Administración.

Los estudios de seguimiento realizados por ANEFA y por la Asociación de Fabricantes de Áridos de Madrid han puesto de manifiesto la existencia de diferencias significativas entre los plazos previstos por la normativa y los tiempos reales de tramitación observados en numerosos procedimientos. Esta situación evidencia la necesidad de disponer de sistemas objetivos que permitan identificar los factores que generan retrasos y adoptar medidas correctoras cuando resulte necesario.

A tal efecto, ANEFA considera conveniente que la Comunidad de Madrid publique periódicamente indicadores de gestión administrativa relativos a los principales procedimientos vinculados a la actividad económica, incluyendo información sobre tiempos medios de resolución, volumen de expedientes tramitados, cumplimiento de plazos legales y principales causas de demora detectadas.

La publicación de esta información contribuiría no solo a mejorar la transparencia administrativa, sino también a identificar oportunidades de mejora y a orientar las futuras políticas de simplificación regulatoria sobre la base de datos objetivos y verificables.

Asimismo, la futura ley debería contemplar la realización periódica de evaluaciones de impacto regulatorio orientadas a identificar cargas administrativas innecesarias, procedimientos obsoletos, duplicidades competenciales o requisitos cuya utilidad práctica haya quedado superada por la evolución tecnológica, normativa o administrativa.

La lucha contra la hiperregulación no puede concebirse como una actuación puntual o limitada en el tiempo. La propia naturaleza dinámica de la actividad normativa exige establecer mecanismos permanentes de revisión que permitan detectar de forma temprana nuevas cargas administrativas y evitar que el ordenamiento jurídico vuelva a reproducir los problemas que precisamente se pretenden corregir mediante esta iniciativa.

En este sentido, ANEFA propone la creación de un sistema estable de revisión y simplificación regulatoria basado en la colaboración entre la Administración y los sectores económicos afectados. La participación de organizaciones empresariales representativas, colegios profesionales, entidades colaboradoras y demás agentes implicados permitiría identificar con mayor precisión los obstáculos regulatorios existentes y formular propuestas de mejora apoyadas en la experiencia práctica de quienes deben aplicar diariamente la normativa.

Finalmente, ANEFA considera especialmente conveniente que la futura ley incorpore el principio de mejora regulatoria continua, de forma que toda nueva regulación autonómica susceptible de generar cargas administrativas significativas venga acompañada de una evaluación específica de su impacto sobre la actividad económica, así como de una justificación expresa de su necesidad, proporcionalidad y adecuación a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015.

La transparencia, la evaluación permanente y la rendición de cuentas constituyen elementos esenciales de cualquier estrategia moderna de simplificación administrativa. Solo mediante la medición objetiva de resultados y la revisión continua de los procedimientos será posible consolidar un modelo administrativo más eficiente, más predecible y más orientado a las necesidades reales de ciudadanos y empresas.

BLOQUE VIII. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PROTECCIÓN DEL ADMINISTRADO FRENTE A LAS DEMORAS ADMINISTRATIVAS

Uno de los efectos más perjudiciales de la hiperregulación no deriva únicamente de la complejidad normativa o de la acumulación de procedimientos administrativos, sino de las consecuencias económicas que pueden producirse cuando la Administración incumple los plazos legalmente establecidos para resolver solicitudes formuladas correctamente por ciudadanos y empresas.

La seguridad jurídica exige que quienes actúan diligentemente y cumplen con las obligaciones que les impone el ordenamiento jurídico no resulten perjudicados por circunstancias ajenas a su voluntad y, particularmente, por retrasos imputables a la propia Administración.

ANEFA considera que la futura Ley de Medidas contra la Hiperregulación debería incorporar expresamente el principio de continuidad de la actividad económica, conforme al cual la tramitación de un procedimiento administrativo no puede convertirse, por sí sola, en una causa de paralización de actividades legítimamente desarrolladas cuando el administrado haya presentado en plazo la correspondiente solicitud de renovación, prórroga, ampliación o continuidad de un título habilitante.

La actividad económica genera empleo, inversión, riqueza y desarrollo territorial. Su interrupción como consecuencia exclusiva de retrasos administrativos puede ocasionar perjuicios irreparables tanto para los operadores económicos afectados como para el interés general que la propia Administración está llamada a proteger.

Por ello, se propone que la futura ley contemple mecanismos que permitan mantener provisionalmente los efectos de determinados títulos habilitantes o autorizaciones cuando el interesado haya solicitado en tiempo y forma su renovación, modificación o prórroga y la Administración no haya dictado resolución dentro del plazo legalmente previsto.

Esta solución encuentra apoyo en los principios de buena administración, confianza legítima, seguridad jurídica y proporcionalidad, así como en consolidada jurisprudencia que rechaza que los ciudadanos puedan resultar perjudicados por incumplimientos imputables a la propia Administración.

Particularmente ilustrativa resulta la doctrina jurisprudencial conforme a la cual nadie puede beneficiarse de sus propios incumplimientos ni obtener ventajas derivadas de una situación de inseguridad jurídica generada por su propia inactividad. Este principio adquiere especial relevancia cuando la falta de resolución administrativa puede provocar la paralización de actividades económicas que venían desarrollándose de forma plenamente legítima.

La futura ley debería proyectar este principio sobre todos aquellos procedimientos administrativos cuya resolución pueda condicionar la continuidad de actividades económicas existentes, evitando que la mera pendencia de una resolución administrativa genere efectos paralizantes incompatibles con los principios de buena regulación y con los objetivos perseguidos por la presente iniciativa legislativa.

La hiperregulación no se manifiesta únicamente cuando existen demasiadas normas. También aparece cuando los retrasos administrativos terminan convirtiéndose en una restricción material al ejercicio de actividades económicas legítimas. Por ello, una política efectiva de simplificación administrativa debe garantizar que la tramitación administrativa no se transforme, de hecho, en una paralización administrativa.

En definitiva, ANEFA considera que la futura ley debería consagrar un principio básico de actuación administrativa: quien cumple con sus obligaciones y presenta en plazo las solicitudes exigidas por el ordenamiento jurídico no debe soportar las consecuencias negativas derivadas de la demora de la propia Administración en el ejercicio de sus funciones.

 

CONCLUSIONES

ANEFA valora muy positivamente la iniciativa promovida por la Comunidad de Madrid mediante la elaboración del Anteproyecto de Ley de Medidas contra la Hiperregulación para el Impulso Económico y considera que constituye una oportunidad excepcional para avanzar hacia un modelo administrativo más ágil, eficiente, coordinado y orientado al servicio efectivo de los ciudadanos y de la actividad económica.

Las propuestas formuladas en el presente documento tienen como finalidad contribuir a la consecución de los objetivos perseguidos por la futura norma mediante la aplicación efectiva de los principios de buena regulación, proporcionalidad, eficiencia, seguridad jurídica y colaboración público-privada, impulsando medidas concretas destinadas a eliminar duplicidades administrativas, mejorar la coordinación entre órganos competentes, garantizar el cumplimiento efectivo de los plazos administrativos, reforzar la transparencia y facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos para la economía madrileña.

ANEFA considera especialmente relevante que la futura ley tenga en cuenta las particularidades de los sectores vinculados al aprovechamiento sostenible de las materias primas minerales, cuya importancia estratégica ha sido expresamente reconocida tanto por las instituciones europeas como por el Gobierno de España y que resultan imprescindibles para la construcción de viviendas, el desarrollo de infraestructuras, la transición energética, la economía circular y el mantenimiento del bienestar de nuestra sociedad.

Asimismo, ANEFA reitera su plena disposición a colaborar con la Comunidad de Madrid en el desarrollo de cuantas iniciativas resulten necesarias para avanzar hacia un marco regulatorio más eficiente, competitivo y adaptado a las necesidades reales de la economía y de la sociedad madrileña.

Por lo expuesto,

SOLICITA

Que se tengan por presentadas las presentes alegaciones y propuestas en el marco del trámite de consulta pública previa del Anteproyecto de Ley de Medidas contra la Hiperregulación para el Impulso Económico de la Comunidad de Madrid, se admitan y tengan en consideración durante la elaboración de la futura norma y, en su virtud, se impulse su desarrollo teniendo en cuenta la posición y experiencia del sector de las materias primas minerales y de los áridos, por constituir una actividad esencial para el desarrollo económico, industrial y territorial de nuestra Comunidad Autónoma.

Todo ello se plantea desde el máximo respeto institucional, con ánimo plenamente constructivo y con la voluntad de contribuir al éxito de una iniciativa que ANEFA considera especialmente relevante para el futuro de la competitividad madrileña.

Asimismo, ANEFA manifiesta expresamente su disposición a participar en cuantos grupos de trabajo, foros de consulta, procesos de participación o iniciativas de colaboración público-privada puedan constituirse para la elaboración, desarrollo e implementación de la presente ley y de sus futuras disposiciones de desarrollo, poniendo a disposición de la Administración autonómica el conocimiento técnico y la experiencia práctica acumulada por las empresas del sector.

En Madrid, a 10 de junio de 2026.

ALEGACIÓN ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA LA HIPERREGULACIÓN

Con fundamento en la importancia estratégica de la explotación de los recursos minerales en la Comunidad de Madrid, se formula la siguiente propuesta para su inclusión en la parte que corresponda del anteproyecto de ley contra la hiperregulación y para el desarrollo económico:

Artículo X. La colaboración público-privada para la autorización de minas.

1.     La Administración de la Comunidad de Madrid ejercerá en colaboración con las entidades privadas colaboradoras, las funciones de otorgamiento de los permisos, autorizaciones y concesiones reguladas en la legislación de minas. 

2.     Las Entidades Colaboradoras para la Autorización de Minas (ECAMIN) tendrán carácter técnico, personalidad jurídica propia y dispondrán de los medios materiales, personales y financieros necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones.

3.     El régimen jurídico y el funcionamiento de las entidades privadas colaboradoras en materia de minas será el establecido en esta ley y en la correspondiente disposición reglamentaria."

Con esta propuesta se puede lograr un paso importante en el desarrollo de las ECAMIN ( Entidades de Colaboración para la Autorización de Proyectos Mineros) tengan un concreto reflejo legal con la correspondiente llamada para su desarrollo reglamentario.

Tal y como se detalla en el cuadro presentado en el registro de la DG Economía de la Comunidad de Madrid,  son evidentes los retrasos en todas las Comunidades Autónomas en la tramitación administrativa de proyectos mineros.

Los plazos y el coste elevado de estos proyectos pueden hacer poco atractivo su  desarrollo y ejecución, aunque alguno se trate de materias fundamentales para nuestra economía, por ello la eficaz intervención de las Administraciones públicas es fundamental para impulsar este tipo de proyectos en beneficio del interés general.

En este sentido, la colaboración público-privada ofrece en este sentido una buena oportunidad para mejorar la gestión administrativa de los proyectos de explotación minera. 

Alegación que presenta y firma, el 17 de junio de 2026,  Javier Colilla Peletero, (experiencia de mas de 25 años desarrollando puestos directivos en empresas mineras cotizadas en bolsas de valores, con proyectos en España, África y Sudamérica).

AEMED presenta sus aportaciones a la consulta pública sobre la futura Ley contra la hiperregulación de la Comunidad de Madrid

La Asociación Empresarial de Entidades Madrileñas en Defensa de Colectivos con Especiales Dificultades (AEMED) ha presentado sus aportaciones a la consulta pública previa del Anteproyecto de Ley de Medidas contra la Hiperregulación para el Impulso Económico de la Comunidad de Madrid.

AEMED agrupa a entidades que prestan servicios esenciales a personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y otras personas con especiales dificultades de inclusión social y laboral. Las entidades asociadas gestionan residencias, centros de día, centros ocupacionales, viviendas, centros educativos, programas de empleo y otros recursos fundamentales para la atención y la inclusión de miles de personas en la Comunidad de Madrid.

Principales aportaciones de AEMED

AEMED comparte el objetivo de simplificar la actividad administrativa y reducir cargas burocráticas innecesarias, pero considera imprescindible que este proceso tenga en cuenta las particularidades de los servicios sociales y de atención a personas con discapacidad.

Entre las principales propuestas presentadas destacan:

Aplicación efectiva del principio de “una sola vez”, evitando que las entidades tengan que presentar repetidamente documentación que ya obra en poder de la Administración.

Creación de un expediente único digital de entidad, que permita centralizar autorizaciones, acreditaciones, certificados y documentación administrativa para todos los procedimientos autonómicos.

Simplificación de autorizaciones y modificaciones no sustanciales mediante declaraciones responsables o comunicaciones previas cuando no existan riesgos para la calidad del servicio o los derechos de las personas usuarias.

Reducción de los plazos administrativos y establecimiento de procedimientos abreviados para ampliaciones de plazas, adaptaciones de centros y mejoras técnicas.

Protección de la continuidad de la actividad cuando los retrasos administrativos no sean imputables a las entidades, evitando que la falta de resolución en plazo genere perjuicios en la prestación de servicios.

Simplificación de los procesos de renovación periódica de acreditaciones, limitando la documentación exigible a aquellos aspectos que hayan experimentado cambios relevantes.

Implantación del principio de requerimiento único, evitando sucesivos requerimientos de subsanación sobre un mismo expediente.

Evaluación previa de las cargas administrativas y de los costes de cumplimiento asociados a nuevas normas, procedimientos o exigencias administrativas.

Impulso de la digitalización e interoperabilidad administrativa, facilitando la presentación única de documentación y el intercambio de información entre órganos públicos.

Simplificación de la gestión de subvenciones y ayudas públicas, reduciendo documentación, duplicidades y cargas de justificación.

Garantía de que la simplificación administrativa no reduzca la calidad de los servicios ni la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Adecuación de los sistemas de evaluación, control y certificación a la realidad del sector de la discapacidad, evitando cargas documentales o modelos diseñados para otros ámbitos asistenciales que no aporten mejoras reales en la calidad de vida de las personas.

Evaluación del impacto económico acumulado de las obligaciones de calidad, certificación, acreditación, auditoría y cumplimiento normativo, teniendo en cuenta su coste para las entidades y su repercusión en la financiación de los servicios.

Limitación de la hiperregulación derivada de instrucciones, criterios técnicos y requerimientos administrativos, promoviendo la transparencia, la estabilidad de criterios y la eliminación de obligaciones redundantes.

Creación de una Mesa Permanente de Simplificación Administrativa en los Servicios Sociales, con participación de la Administración y de las organizaciones representativas del sector.

Con estas aportaciones, AEMED defiende una simplificación administrativa que permita dedicar más recursos a la atención directa, refuerce la sostenibilidad de los servicios y garantice la calidad de los apoyos prestados a las personas con discapacidad.

TEXTO COMPLETO DE LAS APORTACIONES EN ESTE ENLACE: https://aemed.es/wp-content/uploads/2026/06/Aportaciones-AEMED-Ley-contr...