Las agresiones contra los profesionales sanitarios han pasado, en muy pocos años, de ser algo anecdótico a un problema de muy seria entidad. La solución a este problema no está en una sola actuación, sino en un conjunto global de agentes y medidas dando a todas ellas el respaldo jurídico necesario.

La aprobación de una Ley de Autoridad de los Profesionales del SERMAS permitiría reconocer y apoyar su labor, reforzar su autoridad y proporcionarles la protección y el respeto que les son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. El objetivo de dicha Ley sería establecer la consideración de autoridad pública o de agentes de la autoridad pública de los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, en el ejercicio de las funciones propias de su categoría,gozando de este modo de la protección reconocida a tal efecto por la legislación vigente.

Entre los principios generales que regirían dicha Ley, cabrían destacar los siguientes: la humanización del sistema sanitario en todos sus ámbitos; la calidad permanente de los servicios y las prestaciones sanitarias para lograr la máxima eficacia y eficiencia en la asignación, utilización y gestión de los recursos, así como la satisfacción de los usuarios, fomentando la mejora continua de dichos servicios; el reconocimiento de las funciones de los profesionales de los centros sanitarios como factor esencial en la calidad de los servicios; y garantizar el ejercicio efectivo de las funciones de estos profesionales y el reconocimiento, tolerancia, y  respeto de los valores democráticos y de convivencia.

Del mismo modo, y entre los derechos de los profesionales que se contemplarían en dicha Ley cabe destacar, el de ser respetados y recibir un trato adecuado por los pacientes y usuarios del sistema sanitario; el desarrollo de sus funciones en un ambiente adecuado, donde sean respetados sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y moral; recibir el apoyo por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de modo que se garantice el respeto y el trato recibidos por estos profesionales y que sean conformes a la normativa vigente, así como el derecho a una protección jurídica adecuada en el cumplimiento de sus actos profesionales y de sus funciones.

PLAZO DE LA CONSULTA:

Hasta el 30 de marzo de 2018